RESPUESTA AL COMUNICADO DE ADIDE

INSPECCIÓN A LA INSPECCIÓN

             La Junta Directiva de ADIDE anda molesta por las críticas que han recibido las últimas actuaciones de inspectores en sus visitas a los centros educativos. Por ello ha decidido publicar una nota de prensa, que está dirigida a la opinión pública en general y, “muy especialmente”, al profesorado. Y he aquí el primer sobresalto, pues los hechos objeto de controversia son bien conocidos (y padecidos) por el estamento docente. ¿Para qué entonces dirigirse a él? De acuerdo con el tono del documento -sobre todo, el último párrafo-, la interpretación más plausible no tiene nada que ver con intenciones comunicativas o dialógicas sino estrictamente conminatorias. Lo analizamos infra.Who watches...

ADIDE manifiesta que sus actuaciones “se ajustan a los criterios y procedimientos descritos en el Plan de Actuación de la Inspección de Educación”. En realidad, las voces críticas que se han alzado contra la inspección dan esto por supuesto: nadie piensa que los inspectores actúen por propia iniciativa, ojalá fuera así. El cuestionamiento es más profundo y afecta al propio modelo. Si hay un grado mayor de ánimo réprobo hacia los inspectores es únicamente porque constituyen el eslabón de la cadena que está en contacto directo con el docente.

A continuación, el comunicado nos habla de la necesidad de analizar los resultados de manera “colectiva y colaborativa” entre todos los sectores implicados. Salvo en el estilo, no podemos estar más de acuerdo. El problema es que esa reflexión “colectiva y colaborativa” tiene fijadas de antemano las conclusiones. La Consejería impone, como en el chiste del borracho, buscar las llaves donde hay más luz (para ella) y los inspectores afanosamente velan y desvelan para que los profesores escudriñen sólo bajo las faldas homologadas (por la AGAEVE, por ejemplo). Pero siempre hay docentes que aman su profesión o sencillamente el trabajo bien hecho, y se resisten: quieren decir la verdad, vaya por Dios. Tal como ese testigo, en época de caudillo, que fue llamado a declarar en el proceso contra Julián Marías. Comoquiera que sus palabras eran de inconveniente encomio hacia el acusado, el juez le recriminó: “Oiga, le recuerdo que usted ha sido llamado como testigo de cargo”, a lo que contestó con inocente arrojo: “Ah, yo creía que se me había llamado para decir la verdad”. Algo así le pasa al docente de hoy que no ha renunciado a serlo de manera cabal. “Oiga, le recuerdo que usted está aquí para mejorar los rendimientos escolares”. “Ah, yo creía que estaba aquí para enseñar y decir la verdad sobre los aprendizajes alcanzados”. Pues eso.

Pero hoy en día está feo censurar a alguien por sus ideas o por la praxis derivada de ella (la libertad de cátedra, no se olvide, es derecho constitucional). Los métodos de `normalización´ han de ser más sutiles. Uno de ellos aparece en el documento de los inspectores: la abrumadora burocracia que recae sobre el profesorado que presenta el peor de los síndromes: suspender al que no sabe.

Volvamos inmediadamente a las palabras de los inspectores: “La solicitud de informes al profesorado y a los Centros en ningún caso constituye una medida de presión como se ha manifestado por algún colectivo sindical y ha sido recogido en distintos medios de comunicación, sino que forma parte del trabajo habitual de la Inspección de Educación”. Que forme parte del trabajo habitual, eso es seguro; que no suponga una medida de presión, evidentemente no. ¿Qué conexión oculta puede haber, si no, entre resultados académicos y solicitudes como la realización de un inventario del departamento o las instrucciones prolijísimas acerca de cómo rellenar el libro de actas (por parte, además, de quienes rarísima vez dan una instrucción por escrito)?, ¿de dónde sacar tiempo para realizar programaciones de aula (con 20 horas lectivas) o para los interminables seguimientos individualizados? Tal ánimo de exhaustividad documental nos recuerda a aquel Imperio borgiano donde el mapa coincidía exactamente con su geografía física. No serían suficientes las 37´5 horas semanales, ni el doble, para dar cumplida cuenta a estas pesadillas oficinescas; porque, en realidad, no se ordenan para que se lleven a cabo sino que su finalidad es bien otra: servir de viagra curricular para que el profesor empine sus notas. Por eso, y he aquí lo verdaderamente revelador, sólo se prescriben al profesor que suspende.

Continúa el comunicado: “Es un ejercicio saludable que, como funcionarios públicos, expliquemos a los principales usuarios de los centros educativos, a las familias y a la sociedad en general, la razón de ser de los resultados escolares que obtenemos, sobre todo si éstos se desvían, de forma evidente, de las medias local, provincial y regional (e incluso de las de los centros con un índice socioeconómico similar)”. Sin duda, es ejercicio saludable (al igual que repasar las normas de la Real Academia de la Lengua sobre la tilde diacrítica). Lo negativo es pretender el monopolio de las explicaciones y exigir luego, además, unanimidad a fortiori. El profesorado también es funcionario público, precisamente el único que está en contacto directo con los alumnos. Quizás tenga algo interesante que decir al respecto de dónde se hallan las causas de los malos resultados.

Lo de las medias estadísticas se ha constituido en una suerte de furor, muy a tono con el `amor censual´ que por las cumbres torretrianeras gusta de se practicar. También es de sobras conocido cuál es el tremendo liguero para tanta media: el incremento de las cifras del éxito escolar. A tal punto que una de las iniciativas más originales de la inspección ha sido establecer en los centros “porcentajes de conformidad”. Lo explicamos: el profesor cuyo porcentaje de suspensos se desvíe un 15% de la media del resto de asignaturas (incluyendo la religión y las marías laicas) deberá tomársele declaración. Por tanto, se decreta que todos los centros han de estar en la misma media, como si los evaluados en vez de sujetos fueran  melones (vaya, acaso debimos elegir otro ejemplo). A nosotros, hemos de reconocer, que más que el tema de los tantos por ciento nos preocupa el de los tontos por cientos que el sistema fabrica sin desmayo (“borriquitos con chándal”, según la sagaz y condensada fórmula de Sánchez Ferlosio), pero, claro, nosotros somos simples profesores de a pie y no esclarecidos inspectores o expertos en evaluación. Ahora bien, en esta gran epifenomenía del igualitarismo mediano (y del peritaje según el mismo ras cero) sobrevive y cómo la regla de que unos sigan siendo “más iguales” que otros: los centros han de estar en la media según el índice socioeconómico (ISC) que les corresponde. Una declaración así, que supone el reconocimiento de que los más pobres deben aprender menos, en otra época más despejada de hipnotismos pedagógicos, hubiera constituido un escándalo mayor de clasismo; sin embargo, pasa ahora por el non plus ultra de enseñanza democrática. Vivir para ver (y para aprobar).

Extraordinariamente significativo (aunque nada sorprendente) es que, en ningún momento, el documento se refiera a la mejora de los conocimientos (o competencias) sino únicamente de los resultados. Y uno comprende que el político desee siempre el mejor escaparate, estadísticas recién peinaditas y bien perfumadas, pero precisamente la razón de ser de los “funcionarios públicos” es, en gran medida, servir de freno a estas pretensiones pro doma sua, ya que tienen la obligación legal de actuar según criterios exclusivamente técnicos al servicio del interés general. Esto es justo lo que necesita la educación: labor callada, a largo plazo y en la dirección correcta.

Y, sin rodeos, uno de los problemas más serios de la educación actual es precisamente la pérdida de este horizonte público en la inspección educativa, que funciona cada vez menos según criterios profesionales y cada vez más según la lógica de cargos de libre designación (fidelidad incondicional al que manda), por tanto sensible a directrices que van más allá (o más acá) de su estricto cometido profesional. Aquí está el núcleo de la queja del profesorado: la percepción del inspector como una avanzadilla del dominio ilegítimo que sobre la enseñanza anhelan los dirigentes políticos. Atendamos a lo que dice sobre esta cuestión un inspector jubilado hace poco, José Luis Luceño: «El gobierno andaluz ha multiplicado por tres el número de inspectores educativos en la última década a base de inflar la nómina con profesores en comisión de servicio, afines al partido, que han ingresado en el cuerpo por cooptación. Y después de triplicar su número, los ha enterrado en papeles y burocracia inútil a la vez que vaciaba de contenido sus funciones, delegando cuestiones tan importantes como la evaluación en una administración paralela».

Y claro que visitan “muchas aulas”, pero únicamente las de aquellos docentes que suspenden más de lo “reglamentario” (a veces, por cierto, poniéndolos en evidencia delante de sus propios alumnos). ¿Por qué se concede, en cambio, inmediata presunción de buenadocencia al que aprueba mucho o todo? Puesto que el docente que suspende, a fin de cuentas envía a sus alumnos el mensaje de que deben estudiar más, ¿no debería la inspección centrarse más bien en el club de los que aprueban al por mayor cuyos alumnos, sin embargo, naufragan del todo en el piélago de la ignorancia?, ¿quién hace más daño a la sociedad? Un médico que te prescribe muchas pruebas puede resultar enojoso pero es, sin duda, preferible al que te da el alta cuando estás gravemente enfermo.

Una breve digresión ahora para detenernos en un síndrome transversal a profesiones, países y culturas: quien ofrece un acatamiento acrítico y pasivo a las directrices de arriba actúa luego de manera despótica con los de abajo. Y esto se observa especialmente bien en los “mandos medios”: inspectores y directores. Por eso es tan interesante que no se tomen como ofensas personales las críticas y juicios desfavorables a su labor, e incluso que valoren en ellos una oportunidad de salir de la lógica de la opresión (bien hacia arriba o hacia abajo). Les puede ayudar mucho en esta tarea autodesmitificadora y profiláctica contra el sentimiento de sentirse importantes tener presente que en un sistema educativo tan envidiadísimo como el de Finlandia, ¡no existen inspectores! (por el contrario, no tenemos todavía noticias de un sistema educativo sin profesores; quizás en la próxima modernización cejijunta).

Y nos acercamos al final. Se dice que un escrito ha de tener un colofón contundente. El de ADIDE lo tiene, aunque de manera heterodoxa. Dice exactamente así: “Por ello, denunciamos por cobardes, inapropiadas, injustas y demagógicas las descalificaciones genéricas que de la actuación de la Inspección de Educación de Andalucía se hacen desde estas organizaciones y que, en algunos casos, podrían ser constitutivas de delito por lo que esta Asociación, si procediera, emprenderá las acciones legales oportunas”.

La acusación es, en primer lugar, paradójica, pues acusan de cobardes a quienes no se menciona (“algún colectivo sindical”, se indica laxamente). ¿No hubiera sido más valiente dar nombres concretos? Tampoco se citan sus posibles delitos (¿de qué “descalificaciones genéricas” se trata?), nada menos que susceptibles de pena de cárcel. En esto son imitadores, seguramente involuntarios, del gran Gila y su método infalible para cazar a Jack el Destripador: “aquí hay alguien que se mete mucho con los inspectores, ¿eh?…”. Todo el documento gira, pues, en torno a una cuestión de fe. El comunicado no puede ser, por tanto, más vacío para la opinión pública. Para el profesorado es diferente: una suerte de advertencia general, en esa línea tan hispánica del cuidadito-con-nosotros y el usted-no-sabe-con-quién-está-hablando. O sea, el tono de quien está acostumbrado a mandar y a que le obedezcan. De esta manera prodigiosa el comunicado viene a confirmar exactamente lo mismo que pretendía desmentir.

Terminamos con un poco de humor, que suele ser buen antídoto cuando la prosopopeya impera. Un europeo pregunta a un profesor andaluz: “¿Qué tal la educación en Andalucía?” y este le responde: “Pues… no nos podemos quejar”. Y el otro: “Ah, entonces, ¿la educación andaluza goza de buena salud?”. “No, no, es que no nos podemos quejar.”

La Directiva ADIDE reconocía al principio como destinatarios de su nota a la opinión pública y al profesorado. Ante la primera, declara dulzonamente que los docentes no se pueden quejar; a los segundos, les requiere amenazante: ¡no os podéis quejar! Por ello quizás vaya siendo hora de recuperar la vieja sabiduría libertaria: las libertades ni se suplican ni se exigen, sencillamente se toman.

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5 respuestas a RESPUESTA AL COMUNICADO DE ADIDE

  1. uno mas... dijo:

    Excelente análisis de un típico caso de “escrito de advertencia-amenaza desde el poder establecido”.

    Y totalmente de acuerdo con el final: no nos podemos quejar. Te mean encima y hay que decir que llueve.

  2. Begoña dijo:

    Estupendo artículo, como siempre.

  3. No he visto por ningún lado que a la hora de la evaluación se pregunte como afecta el que el profesorado tenga dos horas más lectivas, no se cubran las bajas hasta después de 10 días lectivos (dos semanas como mínimo en días naturales), aumente la ratio (este año en mi centro la inspección sabe que había clases con 44 alumn*s). Ni como influye el que no haya dinero ni para fotocopias, ni para ampliar y renovar una muy obsoleto equipamiento informático, ni para tener una red de banda ancha suficiente, ni para reemplazar muchos libros de texto que ya están vapuleados en lo físico y desfasados, doy geografia, en exceso en los contenidos….
    Ya esta bien de que nos tomen por imbéciles.

  4. Johne198 dijo:

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  5. Johnb485 dijo:

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