Respuesta al artículo de Carlos Fernández Liria

Aquí el articulo: https://www.cuartopoder.es/ideas/2017/10/19/cataluna-el-conflicto-entre-democracia-y-legalidad/. Y abajo la respuesta:

Estoy completamente de acuerdo con los principios teóricos que invoca Carlos Fernández Liria. Y eso, en los tiempos que corren, ya es mucho. Pero no lo estoy tanto en algunas apreciaciones que hace respecto a su aplicación en Cataluña.

No puedo compartir que haya “un claro conflicto entre dos legalidades”. El Govern se ha situado, como reconoce el TC, sencillamente al margen de la ley, incumpliendo no solo las leyes españolas sino las autonómicas, las parlamentarias y hasta sus propios compromisos. También al margen de cualquier tutela judicial. Esta inseguridad jurídica es incompatible con cualquier democracia o régimen jurídico, pues no supone sino consagrar la vía de hecho como modo de actuación.

Quizás sea entonces, como el propio autor conjetura, una cuestión de legitimidad. Ahora bien, le cito textualmente: “En un Estado de Derecho no hay derecho a la rebelión porque hay derecho a la reforma. Mientras haya derecho a cambiar la ley legalmente, ni siquiera la democracia puede desobedecer la ley.” Frase contundente e impecable. Pero a continuación contrarresta, al menos parcialmente, su alcance con este matiz: “Por algún motivo que habrá que reflexionar, los votantes catalanes y sus representantes legítimos no han visto muy claro los cauces por los que se les ofrecía esa posibilidad de cambiar las leyes”. Pues es lo primero que habría que exigirles: que explicaran con máxima detalle las razones para la embolia legal y no darla por buena sin más, presuponiendo que ha de existir una justificación justificable. Tampoco me parece acertada la expresión “los votantes catalanes y sus representantes legales”, sinécdoque muy extendida estos días. En realidad, muchos votantes (más de la mitad) y muchos representantes legales (casi la mitad) se han opuesto al “atajo”, aunque le impidieran poder expresarlo en el Parlament (por cierto, que parlamentarios no pudieran parlar en el Parlament también dice bastante acerca de la sinceridad del diálogo que solicitan). Es algo obvio: cualquiera que se sitúe al margen de la ley y considere, sin embargo, que su postura es legítima, está obligado como mínimo a ofrecer las razones que están detrás de esa postura. Una máxima en el debate racional es que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. No digamos en el caso de actuaciones extraordinarias y extra legem.

La única ley de suyo incompatible con el marco constitucional es el mal llamado derecho a decidir (no existe tal derecho). Ahora bien, resulta evidente que, de cara a impulsar un hipotético cambio constitucional que creara el derecho inexistente, no es lo mismo venir avalado con una significativa mayoría que con la mitad, al menos, de catalanes en contra. Es algo gravísimo, además, que se justifique la suspensión de la legalidad y la acción por la vía de hecho en un asunto que divide por la mitad a la población. Las consecuencias dramáticas las estamos viendo día a día.

Cuando tienes centenares de millares de ciudadanos en la calle, no puedes pretender arreglar las cosas con el Código Penal, desde la convicción de que están llamando a la sedición o la rebelión”, dice el profesor. Es evidente que la vía de la represión penal no supone el arreglo de la situación, pero tampoco esta puede provenir de “dar la razón” automáticamente a los centenares de millares de ciudadanos que se manifiestan en las calles. Por varios motivos, de los que destacamos tres: 1) Los centenares de millares de ciudadanos tienen las elecciones para hacer valer sus preferencias políticas (es, además, epistemológicamente débil y socialmente peligroso conceder a la calle la expresión directa de la voluntad popular); 2) Los centenares de millares de ciudadanos tienen como límite la ley (también fueron centenares de millares de ciudadanos, sin que quepa comparación, los que se lanzaron a las calles en “la noche de los cristales rotos”); nunca hemos de olvidar que en este conflicto entre catalanes, una mitad oprime a la otra; por tanto, únicamente podría atenderse las reivindicaciones populares de manera hemipléjica y anti-popular; 3) Frente a esos centenares de millares de ciudadanos en Cataluña están otros centenares de millares de ciudadanos que reivindican exactamente lo contrario (y no olvidemos que los primeros quieren decidir que los segundos pasen a ser extranjeros en su tierra). De hecho, impresiona más la cifra de un millón de manifestantes el 8-0 que la de dos millones de votantes el 1-0, suponiendo -y es muchísimo suponer- que esta cifra proporcionada por la Generalitat fuera aproximada).

Reconozco que la disquisición que se hace entre razón y sinrazón no la entiendo; o, mejor dicho, no entiendo la oportunidad en el tema que se discute. Este mundo “está montado con dinero y con armas”, sin duda, pero la herramienta que tenemos para civilizarlo es la razón (una razón bien acompañada cordialmente). Es precisamente la razón, una razón integral, hasta la raíz, no parcial y sujeta a intereses, la única posibilidad de que los desheredados dejen de serlo o lo sean cada vez menos. Puedo compartir el análisis de la hipocresía de muchos que están indignados por motivaciones que nada tienen que ver con la violación del derecho o de la racionalidad. Pero eso ni justifica los hiatos jurídicos ni tampoco ayuda a la causa de los desheredados. En todo caso, reclama su generalización más allá del ámbito concreto de controversia. El autor expone admirablemente en su excelente libro (con otros dos autores) Escuela o barbarie que es un error confundir el incumplimento de la Ilustración con su fracaso. La solución al oscurantismo no es sino más y más Ilustración. Pues lo mismo ocurre con la racionalidad y la ley. Está bien dar un tirón de orejas a quien se lo merece, pero, luego, procede centrarse en lo que importa. Por ejemplo, el inequívoco clasismo y supremacismo que está detrás del independentismo catalán.

O también la comprensión de por qué se ha llegado a la situación actual, con montañas de dinero -en la comunidad autónoma con recortes más drásticos y mayor corrupción- invertido durante décadas en hacer ingeniería social. ¿Acaso no consiguió Hitler, con muchos menos medios, resultados mucho más espectaculares en cuanto a seguimiento multitudinario? Desmontar esta estructura totalitaria, pavimentada con mentiras y coerciones, va a llevar tiempo, sin duda. La maquinaria de propaganda es sencillamente colosal. Pero a esta puesta en escena tan formidable le corresponde un argumento mínimo, a ratos demencial. Y es lo que se debe denunciar. El Código Penal no va a resolver el problema, claro, pero eso no significa que no pinte nada o que quede excluido de la cita. Es evidente que a un paciente con osteogénesis imperfecta (conocida como “enfermedad de huesos de cristal”) que se presenta en consulta con una fractura, no se le cura su enfermedad con las medidas traumatológicas al uso (inmovilización, enyesado, etc.). Ahora bien, ¿sería preferible no aplicarlas?

En definitiva, que nos enfrentamos a un problema complejo; por tanto, no caben soluciones simples. Será necesarias, sin duda, muchas dosis de imaginación y pedagogía políticas. Y también evitar la tentación de saltarnos la ley o recompensar la coacción, que, en el mejor de los casos, adormecería el conflicto para reaparecer, poco después, con mayor virulencia.

Carlos Rodríguez Estacio

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UNA RESISTENCIA IRRESISTIBLE. O CÓMO ACTUAR ANTE LA REVOLUCIÓN QUE-DA-RISA

Quizás no tenga el glamour ni la grandeur de la Résistance française, pero si hablamos de ingenio y gracejo ya es otra cosa… Los regímenes totalitarios se han llevado siempre muy mal con lo cómico. En el cuento “El traje nuevo del emperador” un niño revela que el emperador está desnudo. En el caso actual, se muestra no que los reyes Ubú están desnudos sino que dan risa.

Entonces mucho más preciso que “la revolución de las sonrisas” sería hablar de “la revolución que da risa”. Frente a ella, ha surgido `La Resistencia de las Carcajadas´. Una resistencia, por lo demás, irresistible, como Vds. mismos podrán comprobar.

Síguelos aquí: http://www.resistenciacatalana.es/

Colocamos aquí el enlace a su primer vídeo, que recoge el momento absolutamente histórico en el que ejercen, por fin, en su balcón el derecho a decidir: https://www.youtube.com/watch?v=aS8bl1zB5Rw&sns=em

Y aquí la primera entrevista que conceden a una cadena de televisión (no, no está previsto que la Sexta les llama a alguno de sus programas de bate) : http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/Ana-Rosa-declaracion-independencia-Jaume_2_2449680052.html

¡Ánimo, valientes, y a seguir con las mandíbulas bien puestas!

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EL SUEÑO DE LA RAZÓN PRODUCE LÁGRIMAS

Viendo ayer las lágrimas de Junqueras, no pude evitar acordarme del libro “Sentimentalismo tóxico. Cómo el culto a la emoción pública está corroyendo nuestras sociedades” de Theodor Dalrymple.

El secesionismo catalán ha hecho bien su trabajo al forjar una mitología en la que cualquier irracionalidad, que favorezca a sus intereses, encuentra inmediata acogida. La utopía de una “Catalunya llibre” justifica todos los medios (mentiras, manipulaciones, extorsiones, acosos, ilegalidades, violencias…). Al lado de la exuberante mistificación emocional, se esgrime el “votar es democracia” como un lema imbatible en su simpleza (apto para todos los públicos, pues). En efecto, votar es democracia, pero eso no significa que toda votación sea democrática; no lo es cuando están en juego derechos fundamentales (por ejemplo, un hipotético referéndum acerca de si debe aplicarse la pena de muerte a los etarras) o cuando se deciden cosas que afectan a otros miembros y que, por tanto, pertenecen a un ámbito de decisión más amplio (como ocurría con varios artículos del Estatut).

Pero no quiero, al menos ahora, escribir sobre esta cuestión de democracia elemental sino, al hilo del libro citado arriba, del efecto “velatorio” que provoca el imperio de la emotividad. Las demandas secesionistas en Cataluña tienen exactamente el mismo signo que las de la Liga Norte en Italia, es decir, una rebelión de los ricos contra los pobres: egoísmo, insolidaridad y también racismo de los ricos que se creen superiores. Por qué una causa tan claramente reaccionaria pasa por progresista es un misterio difícil de entender (aunque, claro, el problema es precisamente que no se trata de `entender´ sino de `sentir´). Es cierto que Franco prohibió el catalán (y bastantes cosas más; por eso era un dictador), pero, al margen de que lleva 40 años muerto, sus herederos en la actualidad son precisamente quienes prohíben el castellano.

Si el objetivo último es retrógado (estrictamente propio del Ancien Régime: que las posibilidades vitales dependan del lugar de nacimiento), los procedimientos son a menudo fascistas: quien no comulga con la hoja de ruta independentista se ve expuesto al “linchamiento” público (y espero poder seguir escribiendo esta palabra entre comillas), incluso -sobre todo- desde los propios poderes establecidos. Cualquier cosa está legitimada de antemano si favorece la dirección “correcta”. Por ejemplo, una presidenta del Parlament arengando a quienes acosan a un tribunal de justicia. Montesquieu muerto y su cadáver profanado.

En España nunca caló de verdad la Ilustración, así que no deja de ser comprensible que se produzcan este tipo de “espasmos románticos” de índole insolidaria (y a veces racista). Pero, a juzgar por lo que leo en la prensa internacional, sorprendentemente el relato resulta atractivo más allá de nuestras fronteras. A pesar de los numerosos gestos autoritarios y grotescos no solo contra “el resto del Estado”, como dicen ellos, sino contra los catalanes que piensan de manera diferente. Así, todo un conseller de la presidencia de la Generalitat afirma tranquilamente que “los que no están a favor del referéndum no son ciudadanos”. O las falsificaciones históricas y esencialistas (según ellos, Cataluña una entidad pre-existente a la Constitución y la democracia más antigua de Europa; por supuesto, quien piense otra cosa es un traidor). O las declaraciones de Junqueras de que, después de la independencia, todos los catalanes tendrían la hipoteca pagada. O la utilización impúdica de niños y adolescentes. O, en fin, convocar unas elecciones bananeras para decidir sobre un asunto trascendental en las que ni siquiera se establece un mínimo de participación. El toque berlanguiano (ay, con su inconfundible aire de familia español) no aligera una expresión tan nítida de extrema derecha.

Hasta la prensa francesa -que, por la peculiaridad de su territorio (con varias potenciales “cataluñas”) y por su ideario republicano, habría de estar horrorizada con lo que está pasando tan cerca- muestra cierta simpatía. Dado que la Liga Norte no goza de prestigio alguno, hay que reconocer que sus `gemelos catalanes´ lo han hecho muy bien, persuadiendo incluso a quienes como Antonio Saviano, en su calidad de napolitano y de víctima del fascismo “doméstico”, debería sentir una natural enemistad por la causa. Es cierto que se trata de una propaganda generosamente subvencionada desde la Generalitat (incluso con servicio de catering para los manifestantes), pero hay que admitir su alto grado de funcionalidad (nadie habla ya en Cataluña del 3%, de la corrupción de los Pujol o de los recortes). La invención del enemigo está completada. Qué difícil es, en estas circunstancias, hacer pedagogía racional (algo que, por cierto, ni siquiera se ha intentado desde ningún gobierno español).

La tesis de Theodor Dalrymple es muy clara: la sustitución de la lógica racional por el sentimentalismo pseudocompasivo no depara más que injusticia, violencia y brutalidad, es decir, la corrosión de nuestras sociedades. Lo leí hace unos meses y estuve de acuerdo con el diagnóstico. Lo que no podía imaginar entonces es que la tarea estuviera tan avanzada.

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SI QUIERES LA GUERRA, PREPARA LA “PAZ” (Respuesta a Fernando Puyó)

  1. Entiendo que la tesis que defiendes es la siguiente: “el valor de una ley proviene fundamentalmente de la aceptación social excepto en casos de Derechos Humanos y dignidad humana”. Pero el problema no está en la tesis, sino en cómo la aplicas. Recordemos lo obvio: en democracia, los ciudadanos eligen a sus representantes y estos hacen las leyes. Por tanto, la aceptación social más que deseable es inevitable. “Si no haces leyes que nos gusten, entonces elegimos a otros que sí lo hagan”.

  2. Presumir lo que quiere la ciudadanía por otra vía que no sean elecciones (legales y con garantías, obvio es decirlo) es un ejercicio siempre arriesgado y, sobre todo, innecesario. Los mismos que interpretan a la ciudadanía se niegan a convocar elecciones. ¿Para qué -se preguntaran-, si ya somos portavoz de la auténtica catalanidad? (Rufián lo dijo muy claro: los que se manifestaron el domingo no son catalanes).

  3. Una y otra vez te colocas en el ángulo de los independentistas disconformes con la ley española (¿crees de verdad que es una reclamación de la población mayor niveles de autogobierno o más bien de sus élites golfas?, ¿de verdad es un problema? Y si lo fuera, ¿justifica la violencia invertida?). Pero nunca te pones en la perspectiva de los catalanes no independentistas que están sufriendo un acoso de inequívoco sesgo totalitario. Aquí sí que hay derechos fundamentales vulnerados. A diario. Sin embargo, al parecer, no tienen derecho a ser escuchados ni a dialogar. No han sido suficientemente violentos. ¿Deben dejar de cumplir las leyes que no les gustan, empezar “a tomar las calles”, reventar algún vehículo de la policía que les “ocupa” (los mossos), a organizar una policía privada, etc., para ganarse el derecho a dialogar? Ya puedes imaginar qué efectos tendría eso en la paz que declaras. Su nombre es guerra civil. Si no se ha producido, al igual que en el País Vasco, es porque solo un bando ha recurrido ahora a la violencia.

  4. Por supuesto que no debe “haber límites a las peticiones democráticas de la ciudadanía, salvo si estas atentan contra la dignidad humana o los derechos humanos”. Pero el problema no es lo que piden, es lo que hacen. Yo puedo solicitar a una mujer yacer con ella, y no es nada ilegal; lo que no puedo hacer es violarla.

  5. Si cumplir una ley depende en Cataluña del porcentaje de personas a favor o en contra, tenemos un problema, pues la sociedad allí está dividida casi por la mitad. ¿Cada bando está exento de cumplir las leyes no aceptadas socialmente? La ley preserva de la guerra entre las dos facciones. ¿Debe la policía consultar la opinión popular en un barrio gitano antes de cualquier operación? ¿Se cumplen las mismas reglas en Derecho Internacional? ¿Es democrático que España deje de pagar una deuda a un país extranjero si una mayoría de su población considera que es preferible no pagar nada? ¿O es obligatorio cumplir con lo que ha pactado?

  6. Por lo demás, en Cataluña se han saltado no ya la ley española sino también la ley catalana, la ley del Parlament, los informes jurídicos de sus asesores, y hasta sus propios compromisos. Esta inseguridad jurídica es profundamente anti-democrática y se traduce en un “hago lo que quiero cuando quiero”, más propio del Antiguo Régimen. La ley es lo que limita el margen de acción del que manda. Si se suprime el referente legal, el mandatario queda con las manos peligrosamente libres. De ahí la incertidumbre total cada vez que anuncian que van a hacer declaraciones: puede pasar absolutamente cualquier cosa. Como Kim Jong-un, otro enemigo de la ley. El ministro de Justicia nazi, Franz Gürtner, dijo que “la Ley renuncia a su pretensión de ser la única fuente para decidir lo que es legal y lo que es ilegal”. En vez de ello la base moral de la ley tenía que ser el “orden ético del pueblo”, fundamentado en un “sano sentido común” racial.

  7. Las actuaciones de los (des)gobernantes han creado situaciones peligrosísimas para la población, han incitado al odio, han animado a tomar las calles y a ejercer la violencia (tienen hasta un exiliado político: Boadella), han utilizado las instituciones para una manipulación gobbelsiana, han reconvertido a los mossos en policía privada, han prevaricado continuamente, han mentido de manera radical y tóxica (España ens roba), han malversado fondos públicos, han utilizado las subvenciones a modo de compra de voluntades para su proyecto excluyente y totalitario, han violado aspectos básicos parlamentarios (no concediendo la palabra a la oposición), han inventado un referéndum que ni Berlanga pudo soñar (con intención de convertir en extranjeros a la mitad al menos de sus ciudadanos), etc., etc., etc. ¿Cómo es posible siquiera plantear que no van a responder por eso? ¿No somos todos iguales ante la ley? No hay nada menos democrático que la impunidad. Ni nada que tenga consecuencias más catastróficas a corto, medio y largo plazo.

  8. Nadie dice que el conflicto se pueda “resolver con la mera aplicación de la ley”. Pero es el insoslayable punto de partida y fija los límites por donde pudiera discurrir cualquier posible diálogo.

  9. Los argumentos que expones son los mismos que escuchábamos cuando ETA. La realidad es que ETA se diluyó como azucarillo cuando empezó a aplicarse el Derecho, además de estrangular las vías de financiación. Siempre fue el camino más corto. Ni atajos GAL ni indigna concesiones a asesinos. Los etarras pensaban que “cuanto más muertos, mayor poder negociador tenían”. Es lo mismo que piensan los independentistas ahora: “a mayor violencia, mayores ventajas”. Si les damos gusto, estaremos literalmente incentivando la violencia. Si se les apacigua ahora con mayores prebendas (y convertimos así, ante su gente, a estos delincuentes en héroes), ¿qué nos hace pensar que no volverán por más con más de lo mismo (violencia)?

  10. La ruptura y la enemistad en la sociedad catalana hace tiempo que existe. La manera de irlas desactivando es con ejercicios graduales de pedagogía política. Y lo primero será actuar sobre las incumbadoras del huevo de la serpiente: TV3 (y medios de comunicación subvencionados para fanatizar) y las escuelas. O entidades suprafinanciadas hasta la desvergüenza (Ómnium y ANC). Es incompatible con cualquier proyecto democrático este continuo suministro de odio financiadísimo con dinero público. Se trata de desmontar una estructura totalitaria y eso solo se puede hacer con el derecho y con determinación democrática.

Me resulta además inaceptable en tu planteamiento que se le dé carácter de urgencia a sus “reivindicaciones de ricos” e incluso nos creamos que son problemas reales de la ciudadanía, e ignoremos el derecho a negociar o dialogar a “la mayoría invisible”.

Lo que ocurre -lo que viene ocurriendo- es sencillamente intolerable: una parte de la población ejerza un totalitarismo -a veces soft, a veces hard- sobre la otra mitad. En Cataluña impera la violencia desde hace mucho tiempo. El no nacionalista es un súbdito, como dijo claramente el consejero. Se preguntaba Borrell el domingo por qué las empresas no habían avisado de que se iban a ir. Es muy fácil: porque no querían quedar señaladas y, por tanto, abiertas a cualquier tipo de marginación. Han esperado a ver si se libraban y, al final, los indepes frenaban. Y esto es lo que ocurre en Cataluña: quien se señala por no tener el entusiasmo debido por el proyecto nacional es un fascista que se merece cualquier rechazo posible. Lo que sufren a diario los ciudadanos no nacionalistas es sencillamente inaceptable y brutal. Por eso, incluso los políticos del PSC, se muestran muy comprensivos con las demandas nacionalistas (a costa de una continua pérdida de votos). De lo contrario, ellos y sus familias pasarían a ser fascistas y a sufrir todo tipo de consecuencias. Lo podemos llamar el síndrome “Odón Elorza”.

En resumen, en Cataluña la violencia marca el rumbo. ¿Por qué siendo menos de la mitad, y mucho menos de la mitad hace algún tiempo, están siempre en el foco y mueven el destino de Cataluña a su antojo? Por la violencia.

Ni siquiera tienen el recato de retirar la violencia encima de la mesa a la hora de solicitar diálogo (el elemento de amenaza estaba omnipresente en el “ofrecimiento” de ayer de Puigdemont). Entonces, no hablemos de diálogo sino abiertamente de chantaje y, lo que es peor, de un chantaje para extorsionar más y mejor a los ciudadanos disidentes (que cada vez son menos porque cada vez se van más).

Frente a la violencia, nos queda la ley y la obligación de que nuestros representantes políticos no sucumban a la violencia, de que no saquen partido los violentos, porque el desenlace no puede ser sino más violencia.

Carlos Rodríguez Estacio

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El texto del profesor Carlos Rodriguez Estacio argumenta una postura que considero correcta pero insuficiente. Grosso modo, se trata de una acérrima defensa del Estado de derecho y una pedagogía de la democracia y sus límites. Asimismo, se alerta de los peligros de negociar con los que incumplen la ley y, además, hacerlo precisamente por ese incumplimiento, por ese jaleo montado. También se argumenta del peligro que puede suponer sentar un precedente de este tipo con respecto a las otras comunidades.

¿Por que afirmo la insuficiencia de esta postura (la cual es similar a la de otros filósofos compañeros o amigos de Facebook)? Por varias razones. Trato de explicarlas a continuación:

1. Es obvio pero, en una democracia avanzada, el valor que tiene la ley proviene, fundamentalmente, de la legitimidad de que goce entre la ciudadanía sujeta a la misma. Ya esta legitimidad no puede provenir de otro lugar que no sea el de su ajuste a los valores y principios derivados de la dignidad humana y la DUDH, así como otros tratados internacionales. La ciudadanía debe aceptar como “justas” las leyes a las que se somete.
2. Hay una parte importante de la sociedad catalana disconforme con la legalidad a la que se somete.
3. Hay otra parte conforme con esa legalidad.
4. En una democracia avanzada, no debería haber límites a las peticiones democráticas de la ciudadanía, salvo si estas atentan contra la dignidad humana o los derechos humanos.
5. La ley, en democracia, debe ser respetada, pues existen mecanismos para su modificación de modo pacifico y legítimo.
6. El Gobierno catalán se ha saltado esos mecanismos de legitimidad. Pero lo ha hecho con el apoyo importante de una importante parte de la sociedad catalana.
7. Hay que resolver el conflicto.
8. Un conflicto de millones de personas no se puede resolver con la mera aplicación de la ley. Tratándose de una problema de legitimidad (millones de personas consideran ilegítimas determinadas leyes) esto no se puede resolver solo judicialmente. Es necesaria una reconciliación basada en la palabra y el diálogo desde diversas instancias y a nivel masivo. La solución meramente legalista corre el enorme riesgo de agravar el problema de legitimidad existente.
9. Empecinarse en una solución de tipo legal, en la que solo una parte tiene razón y la otra está equivocada (cada parte, no lo olvidemos, consta de millones de personas) pone verdaderamente en peligro (en mayor, todavía) de ruptura la cohesión social y agranda la enemistad entre los sectores más exaltados.”

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Los límites del diálogo. O cuando la solución es el problema

El diálogo forma parte, sin duda, del imaginario democrático. Nace en Grecia, como la Filosofía y la Democracia, y son tres expresiones de un mismo intento por fundar la convivencia y la explicación del mundo en la razón. Ninguna de estas creaciones humanas por separado tiene sentido sin la compañía de las otras dos. Por tanto, la apelación al diálogo cabe recibirla, prima facie, como expresión de salud democrática.

Ahora bien, conviene reconocer los límites del diálogo: no es la varita mágica que soluciona todos los problemas (entre otras cosas, porque no se puede dialogar con quien no quiere). Es más, puede servir para perpetuarlos o agravarlos (imaginemos un grupo faccioso que solicita diálogo para ganar tiempo y rearmarse). Por otro lado, la democracia supone el imperio de la ley. El cumplimiento o no de la ley nunca puede ser `objeto´ del diálogo.

A partir de estas aclaraciones previas, conviene hacer una elucidación del concepto `diálogo´, no fuera a ocurrir que se esté haciendo un uso espurio (como ha ocurrido con la palabra `democracia´, adulterada por los regímenes totalitarios en las expresiones “democracia real”, “popular”, “orgánica”…).

Expondré primero qué concepción del dialogo creo que se está reivindicando (y que llamaré `diálogo blanco´) y, a continuación, cuáles deberían ser las bases de un diálogo genuinamente democrático.

  1. DIÁLOGO `BLANCO´

1.a) ¿Qué se entiende por diálogo desde la perspectiva `blanca´?

Se entiende como negociación, como una concesión recíproca, un ni para ti ni para mí. Para ello se solicita un “culo de hierro”: que se sienten a negociar las dos partes hasta que lleguen a acuerdos. Eso plantea varios problemas prácticos: lógicamente, cada parte maximizará su posición, hasta límites irracionales, para sacar la mayor tajada. Y es un mecanismo que repetirán cada cierto tiempo, para seguir avanzando en sus conquistas. Es decir, este tipo de `diálogo´ coloca las bases para el eterno retorno del problema.

Si, además, establecemos que la respuesta a un delito ha de ser el diálogo con el delincuente, estamos incentivando el delito. Es decir, el diálogo sería la herramienta para una suerte de transición del Estado de Derecho (basado en la fuerza del derecho) a la Ley de la Selva (basada en el derecho a la fuerza).

En esta concepción, el diálogo se desvincula del contenido de lo que se dialoga y queda determinado por la posición de fuerza de los “dialogantes”. Esto es justo lo contrario del ideal de democracia deliberativa, que intenta crear las condiciones para que el mejor argumento pueda triunfar. Lo defienda Agamenón o dos millones de porqueros (o al revés).

1.b.) ¿Con quién se ha de dialogar (o sea, negociar)?

 Ignacio Escolar lo deja clarísimo en un artículo de esta misma semana: con el enemigo. El enemigo del Estado es quien tiene más capacidad de perturbar el orden y violar más leyes. De ahí que nadie plantee que haya que dialogar con los catalanes que llevan décadas sufriendo la férula nacionalista, recibiendo distintas modalidades de marginación y violencia cotidiana, etc. No hay que dialogar con ellos porque no han creado problemas.

Ya Arzallus enunció con claridad este principio en su día: “unos mueven el árbol y otros recogen las nueces”. La consecuencia, de nuevo, es premiar la fuerza en detrimento del derecho o del verdadero diálogo. El terrorismo empezó a declinar cuando los etarras comprendieron que el presupuesto que habían manejado (que la violencia era el camino hacia la consecución de sus metas y que el único enigma era cuántos muertos había que poner encima de la mesa) era falso. Y eso exigió, antes, que el Estado mostrara su firmeza, con ministros como Mayor Oreja (por fortuna, el PSOE entonces desempeñó un papel muy distinto al actual).

En el tema que nos ocupa, esta posición la expresa con meridiana claridad el periodista e historiador Toni Soler en eldiario.es: “Sin este pollo era imposible que España negociase con Catalunya”. Y vaticinó “un cambio en el estatus de Catalunya” tras al 1-O. Este es justo el tipo de pensamiento que hay que desarmar: en democracia, los `pollos´ se arman en votaciones legales y con garantías.

El Estado no puede ceder a ningún tipo de chantaje y lo que se está planteando es exactamente eso. Por lo demás, el uso de las palabras sagradas de la democracia (el diálogo, el derecho a decidir…) para promocionar el uso de la fuerza recuerda mucho aquella pancarta del joven estudiante musulmán en Londres: «usaremos vuestra democracia para destruir vuestra democracia».

  1. EL DIÁLOGO DEMOCRÁTICO

Solo se puede dialogar -en sentido democrático- cuando hay disposición a entenderse en un marco común. Y ese marco común, en democracia, es el respeto a las leyes y a los procedimientos, sin que quepan atajos. No puedes obligar a nadie a adoptar esta postura razonable (por ejemplo, si prefiere guiarse por sus sentimientos o instalarse en la irracionalidad; ya lo advertía Jonathan Swift, “no se puede conseguir que alguien abandone por el razonamiento una convicción a la cual no ha sido conducido por el razonamiento”). Pero, sin ninguna duda, el hecho de que exista un marco jurídico claro, defendido con firmeza democrática, crea las mejores condiciones para que los individuos quieran entenderse (principalmente porque excluye de raíz la impunidad). Esta dimensión educativa es esencial al proyecto democrático.

La situación a la que hemos llegado es, salvando todas las distancias, muy parecida a la de la Europa de 1939: las continuas concesiones han alentado a la fiera en vez de aplacarla. Y el nacionalismo lo ha aprovechado para poner en marcha un programa identitario donde no cabe la disidencia (lo cual, entre otras cosas, les garantiza la fidelidad de la clientela). Es hora de cambiar el guion. Para ello, quizás fuera el momento de proponer un diálogo muy otro, que podríamos llamar `cartesiano´, esto es, una tabula rasa, un partir de cero. Los ítems a incluir en ese diálogo son muchísimos. He aquí una minúscula muestra:

  • ¿es democrático que en este país no valga la máxima “un hombre, un voto” y que la Ley electoral conceda una sobrerrepresentación desproporcionada a los partidos nacionalistas (a pesar de que ya existe una cámara, el Senado, para las cuestiones territoriales)?
  • ¿es lícito que no puedas escolarizar a tus hijos en el idioma oficial del Estado (que provoca, entre otras cosas, que haya doble fracaso escolar en Cataluña en los castellanoparlantes)?
  • la financiación autonómica, ¿no debería basarse en el número de habitantes en vez del carácter indefinido y graciable actual (un tercio para Cataluña en el último reparto del Fondo de Liquidez Autonómico)?
  • ¿es admisible que las instituciones catalanes y su televisión se ocupen únicamente de satisfacer las demandas de una parte de la población?
  • ¿es aceptable el adoctrinamiento de las escuelas catalanas y su inoculación del odio a lo español?
  • ¿es sensato el diseño actual de las autonomías?

Y un larguísimo etcétera.

Dialoguemos, sí. Pero con conciencia clara de los límites infranqueables y, principalmente, dialoguemos sobre los asuntos de verdad importantes, los que nos conciernen a todos.

 

Epílogo ad hoc: la continuación de la guerra por otros medios:

No es inocente -aunque participe mucha gente inocente- esta fervorosa solicitud de diálogo una vez que el procès ha entrado en fase de abierto descalabro. ¿No hubiera sido más conveniente la invocación a dialogar en cualquiera de las sucesivas etapas del golpe de Estado a cámara lenta? ¿Por qué la izquierda ha esgrimido la bandera blanca justo cuando los balcones se han llenado de rojigualdas y no con la invasión abrumadora del espacio público catalán por una bandera sediciosa (en colegios, bibliotecas, plazas, ayuntamientos e incluso niños)? Lo que corresponde hacer ahora es restituir el Estado de Derecho y que los delincuentes paguen por lo que han hecho. Lo contrario serviría para que, a través del diálogo, los golpistas impunemente “retiraran las ganancias” (a la espera de nueva propulsión) y, en ese sentido, no sería más que la continuación de la guerra por otros medios.

Carlos Rodríguez Estacio

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JAQUE A LA DEMOCRACIA (2): SOBRE LA ACTUACIÓN POLICIAL EL 1-0

1. La ley existe como limitación de la libertad de cada uno, precisamente para dar cabida a la libertad de todos. De ahí proviene la fuente de su legitimidad y también la necesidad de que sea efectiva, porque lo que está en juego nos afecta a todos. El Derecho sin amenaza de violencia para el infractor no es Derecho sino Moral. Este elemento coactivo es consustancial al Derecho; por ello pagamos multas o impuestos, y lo hacemos justamente en el plazo debido para evitar la “represión” de que nos impongan recargos. Como consecuencia de lo anterior, en un Estado de Derecho, la violencia legítima que se emplee dependerá de la resistencia del infractor. Lo que no es democráticamente aceptable es que un grupo de personas (da igual el número) que decide, por ejemplo, arrojarse a los pies de un vehículo policial o ponerse delante de un colegio electoral para impedir la acción de la Justicia, tenga mayor peso factual que una orden de un juez. No hay alternativa democrática al cumplimiento de la ley y al acatamiento de lo que deciden los jueces (salvo situaciones en las que se trata de evitar consecuencias peores, y siempre de manera provisional; por el ejemplo, de alguien atrincherado con rehenes). El domingo concurrieron dos tipos de violencias: una legítima, a favor de la ley, y otra ilegítima, en contra la ley. Cualquier debate sobre el asunto debería empezar por el reconocimiento de este hecho fundamental.

2. Constituye un principio legal insoslayable el de respuesta policial ajustada a la proporcionalidad. ¿Fue desproporcional la actuación de la policía? Las imágenes que he visto muestran a unos agentes intentando cumplir un mandato judicial ante grupos numerosos (y, en muchos casos, organizados) que se lo impide o les agrede. He entrado en webs, blogs y en los muros de facebook de independentistas, y veo escenas duras, desagradables, como son todas las escenas de violencia, pero siempre una violencia exigida para cumplir la tarea judicial que tenían encomendada. Ni un solo caso de ensañamiento, de abuso de autoridad o de violencia injustificada. Incluso hay escenas de la guardia civil que dialoga con máxima delicadeza con un padre “irresponsable”, que lleva a su hijo en brazos,para invitarle amablemente a que lo saque del centro del huracán. También me he encontrado, claro, muchas manipulaciones, con imágenes que correspondían a otros escenarios, lo cual supone reconocer, implícitamente, que no tenían material suficiente de violencia policial y había que “importarlos”.

Naturalmente no puedo descartar que hubiera abuso policial. Pero, en ese hipotético caso, denúnciese y que recaiga el peso de la ley sobre esos agentes.

Al mismo tiempo, he visto imágenes de ataques brutales a la policía y guardia civil. En una de ellas se puede ver cómo arrojan una silla a un policía nada más entrar en un colegio (o sea, sin ninguna posible “provocación” previa). En otras, fueron rodeados u obligados a replegarse bajo una lluvia de piedras. Los insultos también son agresiones y fueron constantes. En el Anexo incluyo el relato de un policía. Merece la pena leerse.

3. Según los datos facilitados por la Generalitat, más que respuesta desproporcionada habría que pensar que hubo respuesta “in-proporcionada”, pues la inmensa mayoría de los colegios electorales pudieron abrir, en contra de lo dictaminado por los jueces. O sea, que la policía fue ineficaz. Testimonios como el de esta magistrada arrojan luz sobre lo que allí pasó (https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20171001/251094890_12.html). Y no quiero ignorar otros testimonios en dirección diametralmente opuesta (https://www.elconfidencial.com/autores/juan-soto-ivars-203/).

4. Vayamos con las cifras: según la Generalitat hubo 844 civiles heridos. El lunes, el propio servicio de Salud fue más preciso que los líderes independentistas y habló de personas “que han sido atendidos por los médicos”, no personas heridas. En el listado se incluye casos de ansiedad, e incluso -según fuentes fidedignas- bastantes intoxicaciones etílicas. También cabe mencionar engaños, como la de quien hizo un minucioso relato de cómo la policía le fue rompiendo dedo a dedo, además de pegarle y abusar sexualmente, y que se ha demostrado ser completamente falso. Es interesante este caso para valorar el nivel de enajenación e imprudencia alcanzados. El testimonio lo recogió la Vanguardia, en su versión escrita y digital (con una grabación donde la chica explicaba el comportamiento sádico de la policía: “Esto es mucha maldad” -concluía). Guardiola mostró su absoluta indignación. Y la alcaldesa Ada Colau, a partir de él, manifestó: “Nos han llegado diversos testimonios de mujeres que denuncian agresiones sexuales”. Todo ello en plena algarada con mucha gente en la calle dispuesta a cualquier cosa. Sin comentarios.

Sigamos con las cifras. Únicamente cuatro personas fueron hospitalizadas. Dos con carácter leve y otros dos graves: uno porque le dio una pelota de goma en el ojo y el otro porque sufrió un infarto mientras se producía una de las intervenciones policiales.

Por parte de guardias civiles y policías, el Ministerio del Interior cifra en 431 los agentes lesionados. Supongamos -y es muchísimo suponer- que las cifras (844 vs. 431) fueran cercanas a la realidad: la proporción 2:1 es más propia de guerra entre dos bandos que de un abuso policial. Y así fue en gran medida. Solo que uno de esos bandos actuaba en cumplimiento de un mandato judicial (“impidan Vds. ese referéndum” fue la orden del juez) y, por tanto, defendiendo a la sociedad en su conjunto (los ataques a la policía son, por ello, ataques a la sociedad en sentido estricto). Se nos ha vendido que una policía terrible (además de “extranjera”) vino a maltratar a ciudadanos pacíficos que solo querían votar. Es evidente que no fue así. En primer lugar, los actos violentos no solo fueron contra la policía sino también contra otros ciudadanos que se atrevían, por ejemplo, a llevar una bandera de España. Y, desde luego, no encaja dentro del estereotipo de “policía terrible” una policía que no para de recibir insultos, gestos obscenos e innumerables provocaciones, cuando no directamente intentos de linchamiento o escraches agresivos (también sus hijos: https://elpais.com/ccaa/2017/10/03/catalunya/1507046381_457165.html?id_externo_rsoc=FB_CC).

5. El líder de la ANC, Jordi Sánchez, asegura que una cifra así “no existe en Europa desde la II Guerra Mundial”. O sea, lo que pasó en la antigua Yugoslavia o en Ucrania, a juicio de esta persona, fue menos grave que lo del domingo. Este tipo de excesos que insultan a la inteligencia antes que a la memoria se ha convertido en tónica habitual. Cabe recordar que en las protestas del G20 en Hamburgo en mayo hubo casi 1.000 heridos. Y la carga de los mossos en la Plaza de Cataluña de 2010 -pueden encontrar en Internet algunas escenas de una dureza descomunal- arrojó el saldo de 121 personas heridas (en una sola plaza) por un solo mosso lesionado (proporción 121:1). Por cierto, el desalojo se justificaba para dejar la plaza libre a una posible celebración de la Champions del Barcelona. Sin embargo, el equipo no denunció absolutamente nada. Ni tampoco registran las hemerotecas ninguna declaración de Piqué o Guardiola: ese día fue de risas y no de lágrimas. Por lo demás, el historial de denuncias contra abusos de los mossos es de los más nutridos de Europa (véase: http://www.abc.es/espana/abci-historial-abusos-impunidad-201710030349_noticia.html#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=fb&ns_linkname=noticia.foto&ns_fee=0 ). Precisamente una de las imágenes que se difundieron falsamente fue la del menor herido en la cabeza por los mossos, en Tarragona, en la jornada de huelga general (y donde una mujer, Esther Quintana, perdió un ojo).

6. Ahora bien, en un contexto tan emocional y con la gigantesca maquinaria de propaganda puesta en marcha (que incluye el pago a periodistas), cabe plantear si no hubiera sido más inteligente actuar de otra manera. Esto es justo lo que estaban esperando: fotos que alimenten el delirio de la opresión estatal. Sin el menor escrúpulo se utilizó a la gente, muchas de ellas bienintencionadas, como carne de cañón para escenificar el gran simulacro (no hay necesidad de comentar el uso de niños como escudos humanos). Se trataba de aprovechar la oportunidad de revertir el esperpento electoraloide en algo serio por la vía de la tragedia. Ahora bien, como dice JL Pardo, “No es que `ellos´ hayan ganado la batalla de la imagen. Es que esa es la única batalla en la que `ellos´ peleaban”.

7. Conviene recordar, no obstante, que la policía no sigue instrucciones del gobierno sino de la jueza que les encomendó impedir la jornada electoral. Pero es inevitable concluir que se actuó con máxima torpeza (así lo han reconocido fuentes policiales). Sin duda, la deslealtad democrática de los mossos los colocó en una situación complicadísima. No obstante, era la crónica de una deslealtad anunciada y tendría que haberse contado con ella. Así, una línea de actuación más inteligente probablemente hubiera sido entrar en los colegios electorales en distintos momentos de la madrugada sin avisar. O incluso a lo largo del fin de semana procurando algún tipo de precinto. O encomendar a los mossos una tarea como dedicarse a identificar fehacientemente a todos los miembros de la mesa (para su posterior enjuiciamiento penal). Etcétera. Es evidente que las organizadísimas “fuerzas insurrectas” no iban a dejar pasar la oportunidad de provocar a la policía, pero es difícil pensar en un escenario peor que el que hubo. Han obtenido exactamente lo que querían, y encima pudieron votar. Es elemental, por otro lado, que, antes de emplear la fuerza, tendría que haberse hecho un esfuerzo gigantesco por explicar con serenidad y raciocinio por qué el referéndum era anti-democrático e ilegal. En este sentido, la responsabilidad del gobierno de Rajoy es enorme (y también de los gobiernos anteriores). Pero una cosa es la torpeza en términos políticos y otra la legitimidad democrática y jurídica para hacer lo que se hizo.

8. Las consecuencias son terribles: a) el disidente es presentado ahora como un defensor de la violencia, dando así coartada a su señalamiento y acoso; b) el sentimiento de impunidad campa a sus anchas (acorralamientos e intentos de linchamiento a las fuerzas del orden incluidos); c) Puigdemont y compañía, que deberían estar en la cárcel, son ahora intocables: cualquier acción contra ellos llevaría a una situación de violencia (más) descontrolada: d) el proyecto totalitario adquiere renovados bríos, según la conocida maniobra de ejercer de verdugo con la máscara de víctima (así se intentan linchar a agentes, se rodean las sedes de partidos políticos, etc.).

9. La puesta en escena les ha salido de maravilla. En vez de estar hablando del referéndum bananero (tantos detalles que harían de Berlanga un escritor costumbrista), de una policía autonómica reconvertida en policía privada del secesionismo, de las amenazas de hacer listas negras, de la increíble y cobarde felonía de alcaldes chantajeando a hoteles para que expulse a los agentes, de los intentos de linchamiento a la policía y guardia civil, del acoso a los medios de comunicación no afines, de los ataques a ciudadanos no independentistas (incluyendo representantes políticos o su familia, como Albert Rivera), del totalitarismo que avanza sin respetar edades (por ejemplo: http://www.ideal.es/nacional/denuncian-instituto-catalan-20171003122352-ntrc.html), de las constantes incitaciones al odio y, en definitiva, del golpe de Estado en marcha, estemos hablando de la “respuesta desproporcionada” de la policía. Es francamente sorprendente. Incluso en la prensa extranjera aparece esa inmensa tontería de “la policía golpea a votantes” en vez de “policía garantiza el Estado de Derecho frente a quienes pretenden obstaculizar la acción de la justicia” (como si el titular después de los disturbios del G20 hubiera sido: “la policía golpea a ecopacifistas, miembros de la comunidad LGTB y colectivos de inmigrantes”).

Ignasi Guardans, diputado durante años de CiU y nieto de Francisco Cambó (por tanto, nada sospechoso de `españolismo´), escribía esto en su cuenta de twitter: “ayer me contó el responsable de un medio europeo la importante cantidad de dinero q se les ofreció para defender el “Procés”. Lo rechazaron”. Y a continuación: “Esa persona me dijo que solo en otra ocasión habían tenido idéntica experiencia e insistencia (pero menos dinero sobre la mesa: el Brexit)”. Detrás de lo que estamos viendo hay mucho, mucho dinero. El nivel de manipulación de la prensa catalana (subvencionada por la Generalitat en su inmensa mayoría) ha llegado a niveles inaceptables. Es urgente que el gobierno, en nombre de todos los españoles, se tome en serio la labor de contrarrestar esta inmensa propaganda y explique con claridad qué es lo de que de verdad pasa en Cataluña; no solo ahora sino desde hace décadas.

10. Acabemos con un caso práctico. Dentro de unos días se celebrará el Atlético de Madrid-Barcelona. Imaginemos que un grupo numeroso de exaltados rodean y apedrean el autobús de su equipo, ¿cómo le gustaría a Piqué que actuara las fuerzas de seguridad, como los mossos o como la policía nacional? Se me objetará que no son situaciones análogas porque en Cataluña solo había gente que quería votar. Bien, ya hemos hablado de las agresiones a los cuerpos de seguridad; y que la obstrucción a la Justicia es violencia ilícita; también debe recordarse que la policía no cargó en ningún momento contra los votantes sino contra quienes impedían, usando sus cuerpo (y, ay, a veces los de sus hijos), el cumplimiento de una sentencia judicial. No obstante, demos por bueno el argumento. Vamos a suponer la mentira de que en Cataluña únicamente se manifestó gente pacífica y planteemos este otro escenario: miles de madrileños que rodean el autobús pacíficamente porque entienden que, dada la actitud inequívocamente independentista del club catalán, no debería jugar la liga española. Y ejercen su derecho a decidir en su ciudad (les da igual que otros muchos aficionados quieran disfrutar del partido). Se dialoga con ellos pero no deponen su actitud. ¿Lo democrático sería esperar a que quieran irse?

ANEXO: El testimonio de un policía

Juan Fernandez
2 de octubre a las 14:12 ·

No soy muy dado a pronunciarme sobre política en las redes, pero en este caso me hierve la sangre. Soy uno de agentes de policía que participó ayer en los desalojos y cierre de los supuestos colegios electorales.
Desde la TV solo se ha mostrado los momentos más dramáticos de cada intervención, y se ha criminalizado la actuación de las ffccss del estado.
Cuando juramos el cargo como funcionarios públicos juramos acatar y defender el ordenamiento jurídico, (cosa que por cierto han olvidado los mossos) y esa fue nuestra actuación de ayer, defender el ordenamiento constitucional, con proporcionalidad, congruencia y oportunidad. El objetivo de ayer era impedir el desarrollo de una consulta electoral ILEGAL, no atacar a la ciudadanía de Cataluña.
Nadie que estuviera en la puerta de un colegio, inmediaciones, ni siquiera dentro de los colegios fueron agredidos a menos que ofrecieran una resistencia activa, algunos de ellos con mucha violencia y una irá verbal que me parecía inusitada en boca de jóvenes y mayores. Muchos gritos de ser “gente de paz” entre huevos que caían de los balcones y gente que haciendo barricadas y piña humana en la puerta e interior de los colegios impedían el legítimo mandato de abortar la celebración de las votaciones.
Entrar no fue fácil, los compañeros de la UIP con paciencia y mucha profesionalidad se vieron obligados a retirar a la gente como si fueran sacos, entre insultos de fascistas, asesinos, hijos de puta y otros improperios. El objetivo solo era retirar las pruebas de la celebración de un referéndum ilegal, censos, manuales y soportes informáticos para la celebración del mismo. Llegamos a la puerta, nos encontramos barricadas con sillas y mesas que obligaron a romper la puerta para poder acceder. Una vez dentro de nuevo retirar a gente que ofrecía resistencia activa. Dentro encuentro gente atemorizada con sus pequeños llorando, a los que se les facilita y protege hasta la salida, así como todo aquel que quiera abandonar el colegio de forma pacífica. Toca el desagradable trabajo de seguír apartando gente y se hace con determinación y profesionalidad, esquivando y repeliendo. Evidentemente hay algunos heridos, pues se repelen las agresiones y pregunto a los indignados con nuestra actuación …. Los sacamos con rosas ??
Una vez dentro y sin resistencia de los asistentes que aún quedan (a los que se les permite permanecer en el colegio), se procede a buscar los efectos que según el auto judicial hay que intervenir, encontrando todas las puertas cerradas y efectos escondidos. Una vez terminada la actuación, abandonamos el colegio entre insultos a escasos centímetros de la cara, en un clima de muchísima agresividad delante de multitud de menores.
Y a toda esta gente de paz, yo le pregunto?
Habéis reparado que vuestra consulta es ilegal y contraviene la carta Magna que aunque os pese es vuestra también? Sabéis que es la jerarquía normativa?
Habéis tenido en cuenta la integridad de vuestros hijos y mayores al encerrarse con ellos en un colegio sabiendo las ffccss iban a entrar y desalojar?
Que habéis entendido por ser gente de paz? Hacer barricadas en colegios e impedir el cumplimiento de la ley?
Quien os dijo que democracia es votar cuando y lo que os sale de los cojones?
Vuestros politicos han conseguido provocar una situación de caos y violencia para tener un rédito de imagen que legitime vuestras demandas y poder venderos al mundo entero como pueblo oprimido.
Os podéis apuntar una victoria, nos tenéis donde queréis para vuestros intereses, pero seguiremos siendo fieles al imperio de la ley y la defensa de todos los españoles.

Actualización del comentario a las 0:00 horas:No pensaba que este comentario se pudiera hacer viral, ni era la intención, pero quiero agradecer las muestras de apoyo no solo de los que defienden la actuación de los compañeros de Policía y Guardia Civil, sino de aquellos que teniendo una opinión diametralmente opuesta, exponen su postura desde el respeto, esa es la vía. Aquellos que se afanan en amenazar, insultar, y violentar, pueden seguir, ese tipo de conductas son inherentes a mi puesto de trabajo y desgraciadamente va en el sueldo, así que seguid, yo os leeré y os ignoraré.
He recibido el consejo de amigos para que cierre el facebook, cambie mi nombre o elimine el comentario. No lo haré, expreso libremente mi opinión, y dejar de hacerlo supondría darle otra victoria a los que después de apoyar un acto ilegal e irresponsable, y al grito de “no tinc por” ahora coarten la libertad de los que no piensan como ellos. Buenas noches y gracias a todos por vuestro apoyo, que nos llega a todos los compañeros de las ffccss que estamos aquí.

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JAQUE A LA DEMOCRACIA (1). EL DERECHO A DECIDIR… ¿QUÉ?

JAQUE A LA DEMOCRACIA – I

El “argumentario” independentista gira alrededor de dos “puntos fuertes”: el derecho a decidir y el uso desproporcionado de la fuerza empleado por las fuerzas de seguridad nacionales. Y hay que reconocer que les está funcionando estupendamente porque muchas personas bienintencionadas, incluso nada independentistas, están convencidas de su carácter irrefutable. Es un buen momento de revisarlos. Empecemos por el primero.

EL DERECHO A DECIDIR… ¿QUÉ?

Sin duda, el momento soberano en una democracia es el de la votación. Sin embargo, es falso pensar que una democracia consiste únicamente en votar y es también falso que todo pueda ser votado.

Hay al menos dos excepciones:

  1. No cabe plantear votación cuando están en juego Derechos Fundamentales. He aquí el alma liberal de toda democracia moderna: el blindaje de unos derechos infraqueables a la voluntad colectiva. De esta manera, sería ilegal y antidemocrática una hipotética votación para expulsar a un grupo social o suspender algunos de sus derechos, aunque viniera avalada por el 100% de los votos. Resulta pintoresco que alguien como Otegi se atreva a manifiestar que “La democracia consiste en respetar lo que decide la gente. Después las leyes”. Si se planteara un referéndum sobre la aplicación de la pena de muerte a los etarras (es decir, si se respetara lo que decide la gente), me atrevo a presumir que saldría el Sí por amplia mayoría; por tanto, son precisamente las leyes las que le salvan el cuello.

  2. Tampoco cabe plantear votación cuando el objeto a decidir excede el ámbito de competencia de decisión. Yo tengo derecho a decidir qué ropa me pongo cada día, pero no tengo derecho a decidir la que ha de vestir el vecino. De manera paralela, una votación en España por la que se decidiera formar parte como miembro permanente de la Comisión de Seguridad de la ONU no tendría ningún efecto legal. O un referéndum de cualquier comunidad autónoma que aprobara que no va a pagar impuestos al Estado central, alegando por ejemplo una deuda histórica o cualquier delirio nacionalista al uso.

Son dos restricciones bastante obvias. Pasemos, pues, al aspecto controvertido de su aplicación a la realidad. El Estatut excedía el ámbito de competencia autonómica e ingresaba claramente en las del Estado (es decir, afectaba a otros actores). Por tanto, no cabía sino su reprobación legal, no para restringir derechos de los catalanes sino para amparar los derechos de los demás españoles. Y no posee la menor relevancia el que fuera o no la expresión de la voluntad de la mayoría de los catalanes (por cierto, no llegó al 50% de participación). De hecho, lo que tendría que explicar el PP no es por qué impugnó el Estatut sino por qué no lo hizo antes, y por qué no lo hizo nunca el PSOE. Tampoco es cierto que esa impugnación diera alas al independentismo, que de hecho bajó en las siguientes elecciones. El independentismo es una obra de ingeniería social de Pujol, cimentada a partir de un adoctrinamiento brutal en las aulas, que acelera el paso por la conjunción de crisis económica y de grandes protestas contra los recortes, que culminan con las manifestaciones de “rodea el parlamento”. En ese instante, saltan las alarmas y se hace necesario desviar la violencia, y qué mejor que España para eso, después de décadas de inoculación del odio a lo español.

Pero, en fin, no toca ahora hablar del Estatut sino del referéndum. ¿Tienen derecho los catalanes a decidir acerca de su permanencia en España o no? That´s the question.

El Derecho Internacional es muy claro: el derecho de autodeterminación solo tiene cabida en supuestos de descolonización o de pueblos oprimidos por violación masiva y flagrante de sus derechos. Nada de esto puede aplicarse a Cataluña, la región de Europa con mayor nivel de autogobierno y un alto nivel de riqueza, después de reiteradas cesiones de, sin excepción, todos los gobiernos españoles.

El Derecho Internacional es aún más explícito: el derecho de autodeterminación no autoriza ni fomenta “acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes (…) dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color”.

El Derecho Nacional es igualmente claro: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (artículo 2). El referéndum requeriría, pues, un cambio en la Constitución. Y tendríamos de nuevo una parte decidiendo por el todo, lo cual es cualquier cosa menos democrático.

Pero, en fin, pudiera tratarse de un derecho que, aunque no esté sancionado por ninguna norma positiva, fuera de Justicia reconocer; una suerte de derecho natural a decidir sobre el territorio donde vives (esta misma mañana leía a alguien compararlo con la reivindicación del voto femenino antes de que fuera legalmente instituido). Veámoslo desde esa perspectiva.

1) Dar a los catalanes el derecho a decidir supone concederles una unidad legítima de decisión y es esto precisamente lo que no es susceptible de decidirse. ¿Cómo se decide una unidad de decisión? ¿Y quién lo decide? La CUP ya propuso que el referéndum fueran en todos los Països catalans. Perpiñan respondió con un Vive la France, pero, claro, no deja de ser una minoría en los países catalanes, así que… ¿tendrían que aguantarse?

Pero volvamos al referéndum tal como se ha planteado: imaginemos que fuera aprobado por un 70%, ¿por qué habría de tener ese 70% más poder de decisión sobre el conjunto de Cataluña que, por ejemplo, el 80% de los españoles sobre el conjunto de España? Félix Ovejero lo explica con brillante concisión: “Las fronteras no se deciden, sino que se decide dentro de las fronteras. No se deciden democráticamente porque antes hay que decidir cuál es el conjunto de individuos que puede tomar la decisión. Uno puede elegir si se apunta a un club deportivo, pero no si se apunta a una comunidad política. Por supuesto, puede marcharse, pero no llevarse “su parte”. Un territorio político no es una comunidad de propietarios. Las comunidades políticas que se forman con las naciones políticas constituyen una empresa colectiva de la que los conciudadanos son copropietarios en un régimen de pro indiviso: todo es de todos sin que nadie sea dueño de nada en particular. No hay nada que sea “mío” antes de lo que es de todos: el territorio político. La propiedad de cada cual no es previa, sino posterior, en sentido lógico y empírico, al territorio común, jurídico y político.”

2) Derivado de lo anterior: si se defiende el derecho a decidir como un absoluto, en el supuesto de que en tres provincias saliera el Sí a la independencia y en una No, esta tendría el derecho a seguir siendo española. El Valle de Arán ya ha manifestado su intención de seguir perteneciendo a España. ¿Se respetaría su derecho a decidir? Y hay un movimiento denominado Tabarnia, que reivindica que Tarragona y Barcelona, más ricas e ilustradas, se independicen de Gerona y Lérida. Y lo mismo cabría plantear respecto a una comarca, un barrio… El resultado sería caos, inestabilidad y desigualdad (las zonas más ricas siempre interesadas en independizarse). Sería necesario, pues, establecer un límite. Pero, ¿con qué criterio? Si se apela a que Cataluña es una unidad natural (que además debería incluir a la Cataluña francesa), ¿por qué no vale el mismo argumento aplicado a España? Lo obvio: no hay una unidad natural cuando hablamos de ámbito político.

3) En la misma línea de reducción al absurdo, emergen otras cuestiones irresolubles, como quién tendría derecho a votar en una elección de este tipo. Por ejemplo, ¿podría votar una persona que estuviera de paso en Cataluña?, ¿y alguien nacido allí que hubiera ido a trabajar fuera? Contrasta la trascendencia enorme de la decisión con la inexistencia de un censo preciso (o de un criterio objetivo para configurarlo). Este censo está perfectamente claro para España, pero no así para ninguna comunidad autónoma. Y no se trata de unas simples elecciones autonómicas, donde se elige un parlamento por pocos años, sino de una decisión histórica que marca a las generaciones siguientes.

4) Por otro lado, un referéndum favorable a la independencia supondría que catalanes que quieren seguir siendo españoles dejarían de serlo. Ahora bien, los derechos adquiridos no pueden ser removidos. Por tanto, un hipotético cambio en la Constitución (España dejaría de ser insoluble) no podría tener efectos retroactivos sobre ellos. ¿Cómo se hace? Este es un aspecto poco comentado: los votantes a favor de la independencia están votando en contra de los derechos de sus conciudadanos a seguir siendo españoles. La solución ya la ha proporcionado algún independentista: que hagan las maletas y se vayan a España.

5) España ha hecho fortísimas inversiones en Cataluña desde hace siglos. Por ejemplo, un billón de pesetas únicamente en las obras vinculadas con las Olimpiadas de 1992, que transformaron la ciudad de Barcelona y su entorno (Cataluña jamás habría tenido posibilidad de organizar un evento de esta magnitud por sí misma). Esos recursos, que han servido para financiar AVE, aeropuertos, infraestructuras…, pertenecen a todos los españoles.

¿Quedan resquicios para un referéndum en Cataluña? Sencillamente no. Por tanto, no se puede invocar ningún derecho a decidir. Y ello por estrictas razones de democracia. El derecho a decidir, como todo derecho, está limitado por reglas superiores, como la que establece que la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Por ello, sería mucho más preciso hablar de derecho a la secesión. Un derecho que no tiene el menor amparo ni en la ley ni en la justicia ni en la razón. Es ciertamente peculiar, por lo demás, que los mismos que han prohibido el derecho a decidir en qué lengua vehicular puede tu hijo recibir enseñanza (el único lugar del mundo donde no puedes decidir escolarizar en la lengua oficial del país) o rotular en tus comercios, aparezcan como adalides del derecho a decidir.

También conviene recordar a Boadella (he aquí una reciente aparición televisiva: https://www.youtube.com/watch?v=hzgS5lWPRXk), que se define como exiliado político de Cataluña y que por disentir del nacionalismo obligatorio ha visto su propiedad atacada varias veces (la razón la explica él mismo: “quieren imponer el pensamiento único”). Nada más natural que las mutuas simpatías del independentismo con el terrorista Otegi o el apoyo de los líderes ultraderechistas europeos (Farage, Wilders y Heinz-Christian). Lo verdaderamente extraño es que pretendan -y les dejemos- darnos lecciones de democracia.

He hablado del referéndum en general, no del que nos han presentado, plagado de gravísimas irregularidades que lo acercan más a la comedia que a la política (sin la menor garantía, con una ley de referéndum elaborada en secreto, a espaldas del Parlament y aprobada de forma exprés, sin establecer un mínimo de participación, relegando y silenciando a las fuerzas políticas de la oposición, sin posibilidad de presentar enmiendas, sin censo, con urnas opacas y sin precinto, de hecho, algunas llenas de votos antes de dar inicio la jornada electoral, etc.).

Esta iniciativa, que ha dividido de manera brutal a la sociedad catalana y provocado cuantiosos perjuicios a España, la han promovido fuerzas que no representan más que al 36% del censo electoral. Ciertamente hay muchísimas cosas que revisar para que, con mimbres tan endeblísimos, hayan puesto en jaque al Estado.

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