Explicación breve de qué es el republicanismo

2. El republicanismo

Si el liberalismo se erige a partir de la desconfianza a «la tiranía de la mayoría» y propugna como fundamento la preservación de los derechos individuales, el republicanismo se basa en el concepto de participación. Para el liberalismo el bien supremo es la capacidad individual de decisión; en cambio, para el republicanismo el bien supremo es el bien común. De ahí deriva su nombre: res publica, la «cosa pública» en latín (de hecho, es en Roma donde encontramos aplicado el primer modelo republicano; el liberalismo es históricamente muy posterior: en la época moderna).

Por eso, mientras el liberalismo diseña un modelo formal que funciona sin necesidad de virtud (o sea, vacío, para que cada individuo lo colme en su vida con los valores que quiera; el único contenido son las reglas de juego que permiten a todos los individuos poder jugar, por así decir), el republicanismo reivindica la virtud cívica como el sedimento mismo de la convivencia democrática (de donde se deriva la necesidad de participación, la mejor garantía democrática). También la concepción republicana de libertad es más «sustancial»: alguien es libre cuando está libre de cualquier forma de dominación (económica, ideológica, social…). Por tanto, una persona pobre, marginada o incapaz de entendimiento político, no sería libre.

De acuerdo con lo anterior, en el republicanismo adquiere un gran valor la ejemplaridad, tanto la de los dirigentes como la de los ciudadanos. A partir de estos principios generales, vamos a ir viendo otras diferencias.

2.1. Libertad positiva y negativa

Conviene distinguir entre libertad positiva y negativa. La primera apunta a la capacidad de cualquier individuo de ser dueño de su voluntad, y de controlar y determinar sus propias acciones, y su destino. Es la noción de libertad como autorrealización. Es ser libre para algo. Por ejemplo, únicamente quien ha aprendido el griego clásico dispone de la libertad positiva para leer a Platón en su idioma original.       

Se complementa con el concepto de libertad negativa, que considera que un individuo es libre en la medida en que nada o nadie restringe su acción, sea cual sea el carácter de esa acción. Mientras la libertad negativa de un individuo se refiere a que le permiten ejercer su voluntad, pues nadie se lo impide, la libertad positiva se refiere a que puede ejercerla, al contar con el necesario entendimiento de sí mismo, y la capacidad personal para ejercerla. La ley establece reglas para que no interfieran los derechos de otros individuos. Por ejemplo, que mi vecino no pueda hacer una fiesta a las 4 de la madrugada preserva mi libertad negativa a no ser molestado, que puedo aprovechar para ejercer mi libertad positiva de estar leyendo a Kant. La ley, naturalmente, no me puede garantizar que entienda a Kant sino únicamente concentración y, por tanto, ausencia de ruido. En otras ocasiones, sí legisla para garantizar libertades positivas (por ejemplo, la escolarización obligatoria).

Es importante entender que no son necesariamente compatibles, sino que pueden y suelen entrar en conflicto. Isaiah Berlin mostró que, históricamente, la utopía de la libertad positiva, en particular en regímenes caracterizados por el totalitarismo, ha sido utilizada a menudo como excusa para reprimir las libertades negativas de los ciudadanos. En la URSS, por ejemplo, se prohibió al arte burgués bajo la idea de que fomentaba la explotación del pueblo. Y se envió a los campos de trabajo forzados (Gulag) de Siberia a cualquier disidente.

Por otra parte, el olvido de la libertad positiva supone a menudo consagrar desigualdades estructurales. De nada me sirve que no haya ningún impedimento para elegir colegio, médico o vivienda si mis circunstancias concretas me hacen imposible ejercer esos derechos.

El liberalismo opta por la libertad negativa (con la mínima intromisión posible en mi vida), mientras que el republicanismo plantea una libertad positiva que se concreta en la virtud republicana (participación ciudadana y valores cívicos, como veremos).

Desde el liberalismo, no hay ninguna objeción a que cada uno haga lo que considere oportuno con su vida siempre que no afecte a la de los demás: puede drogarse, autoamputarse o suicidarse. En ese sentido, es el modelo político menos paternalista que existe. El republicanismo establece ideales de vida que pueden autorizar una intromisión estatal. Estamos hablando de modelos puros. En la práctica, hay una gran variedad de opciones en las que las diferencias son muy leves: liberalismo republicano, republicanismo liberal… También hay una amplia esfera compartida: primacía de la ley, división de poderes, etc.

2.2. La participación

El liberalismo parte, como vimos, de la desconfianza respecto a los ciudadanos. Desde esta perspectiva la democracia, entendida como autogobierno del pueblo, constituye un problema para el liberalismo. Parece exigir la participación de todos en decisiones que afectan a todos y eso supone una injerencia en la libertad negativa. El republicanismo reclama a los ciudadanos virtud, participación en la gestión de la vida colectiva, lo que no deja de ser —desde el pensamiento liberal— una forma de moralismo, una intromisión en los proyectos de vida.

2.3. Concepción del político y del ciudadano

En el liberalismo, el político tiende a ser profesional: un experto en la gestión de asuntos públicos. En el republicanismo, en cambio, tiende a conservar una dimensión amateur. Todos debemos ser políticos (en sentido etimológico, polités es el habitante de la polis, o sea, el ciudadano) y no debe existir una frontera rígida entre ocupar un cargo público y ser ciudadano de a pie. Lo ideal es que aquel, pasado cierto tiempo, pase a ser ciudadano. Incluso ve con buenos ojos el desempeño de un cargo por sorteo. Y también la renovación, de ahí que sean amigos de la limitación de mandatos (hablamos siempre de la teoría, claro, porque los mandatarios más longevos de la historia —Stalin, Mao, Fidel Castro…— fueron presidentes de República).

El ciudadano ha de estar permanentemente vigilante y con disposición a participar en los asuntos públicos para vigilar la legitimidad de las políticas públicas. Solicita entrevistas con sus representantes, escribe cartas al director, se moviliza colectivamente para expresar desacuerdos, forma organizaciones que defiendan sus intereses, etc. En el liberalismo nada de eso está «prohibido», pero tampoco se alienta al ciudadano a tomar un compromiso de esta naturaleza (al igual que tampoco se anima a nadie a dedicarse a la ciencia, al atletismo o a la pesca submarina).

La estrecha conexión que existe entre político y ciudadano podemos verla a través del ejemplo de representantes del alumnado en el consejo escolar. Un alumno que ejerza su cargo de manera republicana estará consultando constantemente a sus representados acerca de los temas que se vayan planteando (animándoles a estar informados). En el modo liberal, en cambio, gozará de cierta autonomía; más adelante rendirá cuentas y, a la hora de renovar cargos, los electores decidirán si lo ha hecho bien o no.

2.4. Importancia de la opinión pública

Una de las maneras privilegiadas de participación colectiva es a través de la opinión pública, que supone siempre un método de control de los gobernantes. No hay sistema político que pueda permitirse ciertas cuotas de impopularidad. Para ello, se necesita también una prensa libre. Naturalmente, es fundamental que la opinión pública sea capaz de manejar argumentos e ir más allá de la demagogia, de los planteamientos falaces o de la sentimentalización de la vida pública. Es decir, la cuestión educativa es vertebral en el republicanismo (condición sine qua non se podría decir). El liberalismo, en cambio, es capaz de soportar más la ignorancia colectiva.

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EXPLICACIÓN BREVE DE QUÉ ES `LIBERALISMO´

  1. El liberalismo político

El término `liberalismo´ no surgió hasta mediados del XIX para designar un proceso que había tenido lugar en los dos siglos anteriores. Esto ha generado cierta confusión sobre su contenido y aplicación. Sin embargo, todos los estados democráticos en la actualidad se erigen sobre los fundamentos del liberalismo (sería más correcto referirse a ellos, de hecho, como estados liberales-democráticos) y la mayor parte de nuestras instituciones provienen de esta doctrina política. Vamos a estudiarlo desde una doble perspectiva: la concepción de la convivencia humana y del poder.

1.1. Concepción del individuo y de la sociedad

a) El individuo goza de absoluta prioridad respecto a cualquier grupo o entidad colectiva. Sobre este aspecto, el liberalismo asume una herencia que se había ido desarrollando en Europa en los siglos anteriores y la erige como fundamento de su doctrina. El liberalismo reconoce que el ser humano se crea dentro de la sociedad y que, por tanto, la sociedad precede al individuo; sin embargo, este goza de primacía moral, pues solo el individuo sufre, muere, disfruta, etc.

Quizás no haya mejor expresión de este principio que este fragmento de El mercader de Venecia de Shakespeare en boca del judío Shylock:

Un judío ¿no tiene ojos, no tiene manos, órganos, dimensiones, sentidos, afectos, pasiones? ¿No se alimenta de lo mismo? ¿No lo hieren iguales armas? ¿Acaso no sufre de iguales males? ¿No se cura con iguales medios? ¿No tiene calor y frío en verano e invierno como los cristianos? Si nos pinchan ¿no sangramos? Si nos hacen cosquillas ¿no reímos? Si nos envenenan ¿no morimos? Y si nos ofenden ¿no nos vengaremos? ¡Si en todo somos semejantes también lo seremos en esto! Si un judío ofende a un cristiano ¿qué es o que hará este? ¡Vengarse! Si un cristiano ofende a un judío, ¿qué es lo que debería hacer siguiendo el ejemplo cristiano?

El Estado es un mero instrumento respecto al fin último, que es el de garantizar la existencia libre de las personas, es decir, lo político está al servicio del individuo, no al revés. Por eso el alcance de esta doctrina es universal, pues parte de situaciones concretas que afectan a todo individuo de cualquier parte del mundo: abuso de poder, sufrimiento, maltrato…

b) Podemos situar el origen histórico del liberalismo en el anhelo de evitar el sufrimiento. Las terribles guerras de religión del siglo xvi dejaron una huella profunda en Europa. Esto impulsó la articulación de un sistema de gobierno que evitase la cita siempre renovada con el horror. Nace, por tanto, más del sentido práctico (de la praxis) que de hallazgos teóricos.

c) No defiende ninguna concepción material del bien común. Por eso, no se puede considerar como una ideología más sino la defensa del marco en el que pueden convivir todas las ideas e ideologías (siempre que respeten una serie de valores básicos). Es inherente al liberalismo la cautela, el antidogmatismo, el carácter hipotético de toda idea, el recelo a eso que Isaiah Berlin definía como el `monismo´ (la creencia de que para cada cuestión hay una respuesta y una explicación, que además se transforma en un absoluto). La única verdad última sería la de la igual dignidad de los seres humanos.

d) El bien común es de naturaleza procedimental: El único “bien común” de la política es establecer reglas legítimas para la toma de decisiones colectivas y dejar que cada uno busque su bien individual a su manera. Es decir, defiende un bien común de naturaleza procedimental (la bondad está en los procedimientos, en los medios empleados) y no sustantiva. Son los procesos racionales a través de los cuales se aprueba una norma o se adopta una decisión los que las legitiman.

e) Posee un fuerte componente anti-utópico: promueve la “democracia posible” en la que los errores estén acotados y sean reversibles. Por lo demás, el Estado no tiene como misión hacer mejores o felices a sus ciudadanos, sino permitirles vivir según la peculiar manera de cada cual. No propone, pues, ningún ideal para la vida humana, sino que es marcadamente anti-perfeccionista. Los seres humanos son racionales y solo ellos saben qué es lo que más les conviene.

f) El único límite a la libertad es el daño a los demás, o sea, todo individuo tiene el derecho a actuar de acuerdo a su propia voluntad en tanto que tales acciones no perjudiquen o dañen a otros. Esta idea recibe el nombre de «principio del daño». Por tanto, si la realización de la acción solo atañe a la propia persona, la sociedad no tiene derecho a intervenir, incluso si cree que el sujeto se está perjudicando a sí mismo. Ahora bien, delimitar la cuestión del daño ajeno es cualquier cosa menos una cuestión clara y precisa.

g) Se valora positivamente el conflicto, incluso como elemento creativo. Frente a la concepción orgánica de la sociedad, que privilegia la armonía y el acuerdo, así como la subordinación de las partes al todo, el liberalismo establece el conflicto como estado normal de la sociedad; en primer lugar, como expresión de la libertad individual, pero también por su capacidad para hacer avanzar a la sociedad. Precisamente de la continua confrontación de ideas emergen las que consideramos, siempre de manera provisional (hasta que aparezcan otras mejores), como más fundadas, en un proceso sin fin. El liberalismo no es sino la institucionalización política del conflicto, proscribiendo, eso sí, cualquier tipo de violencia.

h) El liberalismo sostiene la unidad moral de la especie humana (universalismo) y concede una importancia secundaria a las asociaciones históricas específicas (pueblos, naciones…) y a las formas culturales. Se opone así expresamente al relativismo cultural, que considera todas las culturas equiparables, incomparables e imposibles de evaluar desde fuera.

i) Reconoce en el ser humano una naturaleza humana dual, tanto competitiva como sociable. Por un lado, el ser humano tiende al enfrentamiento (y es necesario fijar límites); por otro, tiende a la concordia y la paz. En este sentido, Kant habló de “la insociable sociabilidad humana”.

1.2. Concepción del poder

a) El objetivo es generar un Estado anti-despótico. Para lograrlo se buscan los artilugios institucionales que garanticen las condiciones materiales que lo hagan posible: una estructura de pesos y contrapesos (Estado de Derecho, imperio de la ley, división de poderes, libertad de expresión, la necesidad de una Constitución escrita…) que tienen la finalidad de someter a lo ideológico y a lo privado al interés común.

b) Propone reorganizar el poder mediante su limitación drástica. Esta es la idea política más genuinamente liberal: la limitación del poder para neutralizar la amenaza que siempre supone. El liberalismo siente miedo y desconfianza ante el poder, tal como expresó meridianamente Lord Acton con su aforismo: «El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente». Por tanto, ha de trocearse para que no invada al resto de la sociedad. Y es preciso entender al liberalismo más allá de un simple rechazo hacia el absolutismo monárquico para ampliarlo a la desconfianza de cualquier poder, sea del signo que sea, también del poder que emana de los ciudadanos.

c) El imperio de la ley. La primacía de la ley supone la primera limitación clara del poder político. Ya los griegos con su nomos basileus (“la ley es el rey”) se acercaron a este concepto. La consigna liberal por excelencia es el gobierno de las leyes (rule of law), no el gobierno de los hombres. Y es que la ley es un mecanismo anónimo, abstracto, general, para neutralizar los excesos y arbitrariedades de la voluntad, para despersonalizar el mundo. Ya vimos cómo el liberalismo busca la salvación en los procedimientos.

d) Separación clara entre el ámbito público y privado. La línea de lo privado está blindada y ningún poder puede sobrepasarla. No es fácil determinar esa raya que separa gobierno e individuo, pero la frontera debe existir siempre. Al principio, el ámbito privado protegido era mínimo (sobre todo, relativo a la libertad de conciencia religiosa), pero progresivamente se fue expandiendo.

e) El Estado ha de permanecer neutral respecto a cualquier ideal de la vida buena, lo que constituye una garantía de pluralismo y tolerancia. El liberalismo se opone, pues, frontalmente a la concepción paternalista que establece como misión del Estado la de hacer que los individuos realicen determinados ideales de excelencia humana.

f) Separación de poderes: Montesquieu parte de que «solo el poder frena al poder» y de ahí se sigue la necesidad de que los poderes del Estado se repartan en tres ramas completamente independientes y se vigilen entre sí: la de hacer las leyes, la de aplicarlas y la de juzgar conforme a ellas. O sea, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

h) Sistema representativo: La democracia directa es inviable en el momento en que aparecen sociedades hiperpobladas y complejas. El liberalismo propone entonces un modelo representativo. Para algunos, este fue el gran invento del liberalismo que hizo posible que la voluntad de los ciudadanos tomara parte efectiva en el gobierno. Existe el riesgo, sin duda, de que los representantes formen una casta aparte y actúen al margen de los intereses de los ciudadanos. No obstante, el hecho de que haya elecciones periódicas provoca que el representante anticipe el efecto futuro que sus decisiones puedan tener en los próximos comicios. Naturalmente para que este modelo funcione necesita una ciudadanía con una preparación suficiente y el establecimiento de controles efectivos. De lo contrario, pueden darse casos de nepotismo y corrupción. Es cierto, no obstante, que se tardó un tiempo en generalizar los derechos políticos a toda la población (en los primeros tiempos se promovió el sufragio censitario: únicamente una parte de la población podía votar). La historia real del liberalismo está llena de casos y ejemplos en los que se incumple flagrantemente sus propias verdades.

i) Ámbito de indecibilidad. El liberalismo blinda una esfera de cuestiones públicas que se declara al margen y por encima de los gobiernos y de las asambleas legislativas. Ninguna votación o decisión gubernamental puede afectarle. Son los Derechos Fundamentales que habitualmente se recogen en la Constitución. Más que limitaciones al juego se trata en realidad de las reglas que hacen posible ese juego. Aquí se incluyen los derechos a la libertad de expresión, de circulación, tutela judicial, inviolabilidad del domicilio, etc.

j) Igual libertad: puesto que confiere a todos los hombres el mismo status moral y los mismos derechos, deben gozar de la misma libertad, tanto en el ámbito jurídico como en el político (o sea, las mismas posibilidades de participar en la política). Es necesario, por tanto, una serie de medidas para que todas las personas tengan garantizado el ejercicio de la libertad en condiciones de igualdad. Y eso exige una labor de redistribución a través de la intervención estatal.

k) Libertad de expresión: además de un inalienable derecho individual, es una manera de limitar el poder y también —como vimos— un factor de desarrollo social. Es típicamente liberal la idea de que una mayor cuota de libertad redunda en un mayor nivel de bienestar, tanto en el ámbito personal (el ejercicio de la libertad individual conduce al bienestar del individuo), como en el político (como afirma Kant: «sólo el uso público de la razón traerá la Ilustración») o en el económico.

Se suele atribuir a Voltaire la frase, inequívocamente liberal, de «No estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo», pero en realidad la autoría corresponde a una biógrafa suya, Evelyn Beatrice Hall, en su obra de The Friends of Voltaire.

l) Áreas de intervención del Estado: El liberalismo defiende las instituciones como la clave que explica el éxito o fracaso de cada país. Es necesario que exista un Estado fuerte para promover las instituciones que garantizan la seguridad y reglas justas para todos. Ahora bien, a partir de ahí, es mejor que se inhiba en favor de la sociedad civil, pues cuando fomenta, entorpece, y cuando reglamenta, desorganiza. Esta concepción también supone la división entre Estado (estructura permanente) y Gobierno (dirección provisional). Si este último invade las competencias de aquel, entonces se está produciendo un viraje desde lo democrático hasta lo totalitario.

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LA VERDAD DE LAS MENTIRAS

Desembragando (digo, desenmascarando) al fascismo

No tuve estómago para seguir el debate de moción de censura, pero no he podido resistirme a leer este análisis de Escolar (valga el oxímoron): «Las mentiras de VOX» (https://www.eldiario.es/escolar/mentiras-vox-mocion-censura_132_6311374.html). Voy a intentar una réplica telegráfica y veloz, que tengo mejores huéspedes para mi tiempo.  Iré enumerando las «mentiras» de VOX según las expone el periodista, y en el mismo orden, para a continuación hacer balance de su mejor o peor fundamentación.

Antes de empezar, me detengo en la palabra elegida: `mentira´ y no falsedad o error. Es decir, Escolar atribuye a VOX una intención de engaño. Esto es muy coherente con la moralización del ámbito político tan típica de la dizque izquierda actual, pero no con otras afirmaciones vertidas en el texto que dan a entender que Abascal es un chalado, un idiota, un iluminado y otros cosas muy negativas pero que, al menos, atestiguarían que cree en lo que dice.

Por el imperio hacia VOX

-UNO. Se empieza criticando la afirmación de Santiago Abascal de que «El Gobierno de Pedro Sánchez es el peor Gobierno en 80 años de historia».

Pues aquí hay que dar toda la razón a Escolar: no se puede comparar nunca un Gobierno democrático con otro dictatorial. El primero puede ser catastrófico, infame, horrible, pablosanchesco, pero es el que han elegido los ciudadanos y esto lo sitúa en un horizonte moral totalmente distinto al de cualquier dictadura. La acusación a Abascal de «blanquear el franquismo» está aquí plenamente justificada. 1 a 0 para Escolar.

-DOS. Santiago Abascal dice que el Gobierno actual supone «el mayor fraude electoral de la democracia, el mayor engaño a un electorado que acudió a las urnas con una promesa de Pedro Sánchez de no pactar ni con Podemos, ni con los separatistas».

a) Escolar no está de acuerdo y cita otros precedentes (lo cual, por cierto, no cuestionaría que fuera un fraude electoral sino, en todo caso, que fuera el mayor): Aznar pactó con Pujol, «en contra de lo que dijo en campaña» y «Mariano Rajoy logró su segunda investidura con el apoyo de Albert Rivera, que prometió que nunca le votaría como presidente». Lo primero no es cierto: Aznar hizo una campaña muy dura contra el nacionalismo catalán, sin duda, pero nunca habló de no pactar con ellos (y las alternativas eran hacerlo con el PSOE o IU). Respecto al apoyo de Rivera a Rajoy, en primer lugar, no fue una coalición de Gobierno y, además, era la única manera de evitar unas catastróficas terceras elecciones consecutivas. De hecho, también fue necesaria la abstención del PSOE (a excepción del Doctor No y los de su negative club). Rivera planteó desde el primer momento que apoyaría al PP si el candidato no era Rajoy, pero no le quedó otra que abandonar esa postura. Nadie le reprochó ese cambio, pues sencillamente no había otra opción (y ojalá hubiera hecho lo mismo con Sánchez después de las elecciones de abril pasado).

b) Escolar se emplea aún más a fondo en salvar la honorabilidad electoral de Sánchez con respecto a su pacto de gobierno con Podemos. Usa palabras gruesas —manipulación «grosera y masiva»— para quienes interpretan que Sánchez prometió no pactar con Podemos: «Lo que dijo Sánchez no fue que pactar una coalición con Unidas Podemos le hubiera quitado el sueño –acababa de intentar una–, sino que “no dormiría tranquilo” si hubiera aceptado las peticiones de Iglesias y le hubiera entregado unos ministerios muy concretos para los que, a juicio de Sánchez, Unidas Podemos no tenía candidatos adecuados.»

No es cierto que Sánchez hablara de ministerios muy concretos. Sánchez se expresó exactamente así: «Tendría que haber aceptado, por ejemplo, que personas…». POR EJEMPLO. Es decir, que la objeción no queda circunscrita a unos cargos en áreas determinadas, sino que Sánchez hace una enmienda a la totalidad al proyecto de Podemos. Tampoco, que sepamos, se hablaron de nombres concretos; y no parece que Sánchez tuviera conocimiento de los cuadros de Podemos para diagnosticar si había o no personas adecuadas en esas áreas (y mucho más inverosímil es que, en ese caso, le importara).

De hecho, Sánchez declaró abiertamente que: «un Gobierno de coalición hubiera fracasado» y habló de las «serias discrepancias por ejemplo en política catalana». Aun más claramente solicitó reiteradas veces que su objetivo era «lograr una mayoría más amplia» que no necesitara de Podemos. Sin embargo, hubo Gobierno de coalición y no se ha detectado ninguna discrepancia en política catalana. Y esto puede calificarse de engaño.

Respecto al acuerdo al que llegaron horas después de las elecciones de noviembre es prácticamente calcado al que le hubiera «quitado el sueño». Esta era la petición original de Podemos (luego a última hora, como es sabido, Iglesias incluso la rebajó, lo cual no conmovió lo más mínimo a Sánchez):

«1) Una vicepresidencia de Derechos Sociales y Medioambientales, 2) un Ministerio de Derechos Sociales, Igualdad y Economía de los Cuidados; 3) una cartera de Trabajo, Seguridad Social y Lucha contra la Precariedad; 4) otra de Transición Energética, Medioambiente y Derechos de los Animales; 5) un Ministerio de Justicia Fiscal y Lucha contra el Fraude y el departamento de Ciencia, Innovación, Universidades y Economía Digital.»

Si cambiamos un poco los nombres es básicamente lo mismo que han conseguido en el segundo asalto: una vicepresidencia y cinco ministerios. Respectivamente: 1) Iglesias (vicepresidente y ministro); 2) Irene Montero; 3) Yolanda Díaz; 4) Garzón (en su caso, sí hay diferencias entre la cartera de la primera propuesta y la segunda); 5) Castells.

En cualquier caso, qué absurdo es plantear si Sánchez cumplió o no su palabra cuando prácticamente no hay afirmación suya que no tenga su simétrico revés en otro momento. No puedo recordar ningún político que se haya autodesmentido tantas veces; y eso que apenas si lleva cinco años en el «candelabro» político. Alguna vez espero que la Psiquiatría y la Psicología Social nos expliquen cómo hay gente que sigue creyendo en lo que dice Pedro, no solo en el «que viene el lobo fascista», sino cada vez que abre la boca.

-TRES. Ignacio Garriga: “La existencia de partidos separatistas, señorías, es una grave anomalía democrática, impensable en muchas de otras naciones europeas”.

«Falso. La verdadera anomalía democrática, impensable en toda Europa, sería dejar a la mayoría de los ciudadanos catalanes y vascos sin derecho a la representación política.»

En primer lugar, no son mayoría ni siquiera en el País Vasco (al menos hasta que el PNV no se defina como partido separatista; y será difícil que lo haga, pues según las últimas encuestas solo un 14% de los vascos está a favor de la segregación). En Cataluña son mayoría parlamentaria, por una Ley Electoral injusta (anti-aritmética), pero no son mayoría ni en votantes ni en la población. Pero lo importante es que, en todo caso, esa hipotética superioridad numérica, de haberla, solo plantearía un problema de pedagogía política. El mismo que si una mayoría de la población aprobara la agresión a las mujeres. En Alabama eran también mayoría los partidarios de linchar a personas de raza negra, pero eso no puede implicar que se acepte la existencia del partido político Ku Klux Klan. En Baviera tampoco faltan los que quieren separarse de Alemania (¿será causalidad que este sentimiento arraigue en las regiones más ricas?), pero no les queda otra que aguantarse. Las barriadas más ricas de las ciudades también les gustaría mayoritariamente emanciparse fiscalmente del resto, pero 1) es ilegal; 2) es antidemocrático; 3) es profundamente clasista. Estas tres mismas características las cumple las reivindicaciones de la burguesía más reaccionaria española: la catalana y la vasca. Por qué nuestra izquierda defiende esto constituye uno de los grandes misterios a «revolver».

-CUATRO. Ignacio Garriga: «Estos partidos, responsables del golpe de Estado en Cataluña, ya han demostrado que su único objetivo es destruir la democracia».

«Falso. No hubo golpe de Estado, a juicio del Tribunal Supremo. Por mucho que Vox lo repita.»

Sorprende la rotundidad del aserto escolar cuando no existe en nuestro Código Penal el concepto de `golpe de Estado´. El Supremo, por tanto, nada ha dicho —ni puede decir— al respecto (al igual que tampoco sobre cuestiones de estética o psicológicas, que podrían llenar varias enciclopedias Espasa, de los protagonistas del procès).

La sentencia dictaminó que los comportamientos eran clasificables jurídicamente dentro del concepto de Sedición, o sea, «Alzamiento público y tumultuario para impedir a las autoridades o a funcionario público, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de leyes o la ejecución de actos».

El Supremo no aplicó el delito de Rebelión, debido a la modificación del Código Penal, a través de la Ley Orgánica 10/1995, exigida por los partidos nacionalistas al debilitado último gobierno de Felipe González. El Supremo reconoce que en los hechos juzgados hubo «indiscutibles actos de violencia», pero que esa violencia no fue «instrumental, funcional y preordenada de forma directa para el logro de la independencia». Es decir, que no cree los encausados hubieran ido en serio sino de farol. No sé si confiere más dignidad concederles el estatuto de `golpistas´ que el de `bocazas mentirosos´, la verdad, pero ya se sabe que la épica no ha sido uno de los rasgos más definitorios del procès. Esta consideración del Supremo ha sido muy criticada por expertos juristas, para los cuales hubo claramente Sedición y Rebelión. Y precisamente esta semana ha salido a la luz documentos de Tsunamic Democràtic en el que habla abiertamente de «guerra», no en sentido metafórico, y un cargo de CDC reconoce que Rusia había ofrecido 10.000 soldados si el expresidente catalán proclamaba la independencia.

En cualquier caso, puesto que no pertenece a la terminología jurídica, uno puede considerar que lo que dice el Supremo (Sedición en toda regla y Rebelión only de boquilla) fundamenta sobradamente la adscripción de los hechos dentro del concepto coloquial de «golpe de Estado». Que este haya sido posmoderno, diferido y alevoso no le resta enjundia golpista.

-QUINTA. Santiago Abascal: “Nosotros consideramos que los partidos políticos que aspiran a destruir la soberanía nacional, y por lo tanto la ley y por lo tanto la Constitución y por lo tanto la convivencia, no deben ser legales en este hemiciclo que representa a la soberanía nacional. Así de claro”.

A lo que Escolar replica: «Entre todos los partidos independentistas catalanes y vascos representan a 2,4 millones de españoles. Si sumamos a Unidas Podemos –como partido que, según Vox, “aspira a destruir la soberanía nacional”– estamos hablando de 5,5 millones de ciudadanos.»

Cuatro consideraciones:

  1. ¿Por qué suma a Unidas Podemos? ¿Tan claro tiene que este partido pretende destruir la ley, la Constitución y la convivencia?
  2. Una vez más: no es un problema de aritmética: sencillamente no cumplir la ley no es —no debería ser nunca— una opción.
  3. Cabe la posibilidad de que el aviso de interdicto a quien no cumpla determinados requisitos haga a los partidos amoldarse a ellos, sin necesidad de ilegalizarlos. La «promesa» de Hacienda de que si no declaras lo que has ganado te hará una paralela suele convencer a los más escépticos de las bondades tributarias de pagar lo que deben. El 155 también obró milagros. Y hasta Sabino Arana se moderó muchísimo después de pasar por la cárcel.
  4. No deja de resultar paradójica esta «réplica aritmética» en el diario que nunca se ha quejado por las solicitudes de Podemos de ilegalizar a VOX (el tercer partido parlamentario, ya saben) o que insiste en la necesidad de establecer un cordón sanitario alrededor de este mismo partido, a pesar de que cuenta con un millón doscientos mil votos más que Podemos y que multiplica varias veces los de los partidos nacionalistas (4 veces más que ERC, 7 veces más que JxCat, 10 veces más que el PNV…).

-SEIS. Santiago Abascal: “No puede representar a la nación quien ha matado o aplaude a los que han matado para destruirla”.

Réplica escolar: «No hay un solo diputado en el Parlamento condenado por nada lejanamente parecido a un asesinato. Y la organización criminal con más muertos en su expediente de la historia reciente de España no es ETA, por mucho que sean execrables sus crímenes. Es la dictadura de Franco, con la que Abascal contemporiza»

1. Respecto al tema de la ausencia de diputados asesinos:

-a) Solo hay cinco diputados de Bildu en el Parlamento, pero su portavoz es fundadora del diario Gara (y directora entre 1999 y 2004), después del cierre por orden judicial del diario Egin al dictar la Audiencia Nacional (decretado por Baltasar Garzón, ¿eh?) que el diario actuó bajo la «dependencia absoluta» de la banda y que estaba integrado en la estructura de ETA. En 2001 tuvo que declarar en la Audiencia Nacional (otra vez citada por Baltasar Garzón). También ha escrito una biografía del líder de ETA Argala.

-b) Si no hubiera sido inhabilitado por el Supremo, su líder en el Congreso sería, como en otros tiempos, Otegi, condenado por pertenencia a banda armada y secuestro.

-c) En el Parlamento Vasco (que es, les guste o no, un parlamento español) encontramos entre los diputados de Bildu nada menos que a tres expresos de ETA.

2. Tratar al régimen de Franco como «organización criminal», al estilo del ISIS, resulta ridículo. En 1950 la Asamblea General de la ONU permitió a España integrase progresivamente en sus organismos, y finalmente (en diciembre de 1955) fue admitida como miembro de pleno derecho de la ONU. En 1964 se celebró la Eurocopa en nuestro país. También resulta un contrafáctico importante que esta hipotética organización criminal (y fascista) fuera visitada hasta tres veces por el icónico Ché Guevara, al que se vio en todo momento muy relajado; sobre todo, puro en boca, en la plaza de toros de las Ventas. Lo obvio para cualquiera no ideologizado hasta la idiocia pura: hay una enorme diferencia entre una dictadura (sin duda, muy sangrienta en los primeros años) y una simple organización criminal.  

3. Por último, `contemporizar´ significa «Acomodarse una persona al gusto o deseo ajeno por respeto o interés». A mí no se me ocurre cómo se puede contemporizar con alguien que lleva 45 años muerto (ni siquiera habla de franquismo sino directamente de Franco). A lo mejor si hubiera terminado alguna carrera habría elegido otra palabra más ad hoc.

-SIETE. Santiago Abascal: “No se puede culpar al Gobierno de la fabricación del virus chino, pero desde luego sí se le puede acusar de no haber pedido responsabilidades al país, China, que o bien lo produjo artificialmente o bien permitió que se propagara por todo el mundo entre ocultaciones y entre engaños”.

«Falso. No hay una sola evidencia científica que apunte a que el virus fuese creado artificialmente en China. Tampoco de que Bill Gates pretenda inocular nanorrobots en toda la población mundial con la vacuna. Ni de que nos gobiernen alienígenas reptilianos, por citar otras teorías de la conspiración con las que tal vez nos ilustrará Abascal en próximas entregas.»

Abascal plantea una disyunción. Y en una disyunción basta con que un elemento sea verdadero para que la fórmula también lo sea. Si digo «o me llamo Carlos o soy el rey de España», la proposición es verdadera. Esta es una disyunción excluyente (un dilema). La que usa Abascal es incluyente (los dos términos pueden ser simultáneamente verdaderos), pero igualmente basta para que sea verdadera con que uno de sus dos elementos lo sea. «Para trabajar aquí hay que saber inglés o ser hijo del jefe». Si yo sé inglés puedo trabajar ahí, aunque el jefe no sea mi padre. En consecuencia, todas las derivaciones que hace Escolar se quedan sin pie. Típicas falacias de hombre de paja y de pendiente resbaladiza. Una ridiculización boomerang, muy marca de la casa.

Es obvio que no hay ninguna prueba de que el virus haya sido sintético y muchas en sentido contrario. Pero es también inequívoco que el Gobierno chino ha mentido y ocultado información. Lo que dice, por tanto, es correcto. En fin, se le puede reprochar —yo lo haría— la referencia a un coronavirus de diseño, que introduce confusión, es innecesaria y también contraproducente. Al igual que con el cambio climático, VOX debería callar y dejar que hablaran los científicos exclusivamente. Pero Escolar no plantea su crítica en esos términos.

-OCHO. Santiago Abascal: “Su Gobierno, señor Sánchez, es el único Gobierno de la democracia que ha atacado al Jefe del Estado”.

«Falso. Y es justo al contrario. Si la monarquía aún permanece en España es, en gran medida, porque el PSOE aún la apoya. Sin el respaldo de Pedro Sánchez y sus diputados, la mayoría absoluta del Congreso sería republicana. Y los políticos que más ponen en peligro la continuidad de Felipe de Borbón como jefe del Estado no son los de Unidas Podemos. Son Santiago Abascal y Pablo Casado, que están deteriorando la ya tocada imagen del rey al asimilarlo con esta derecha cavernaria.»

Lo que dice Abascal es incuestionable. Nunca ningún Gobierno español había atacado, caceroleado y menospreciado a la Corona. Eso no significa que todos los miembros del Gobierno hayan atacado al jefe del Estado (aunque, a excepción de Margarita Robles, la división principal se da entre quienes le atacan y quienes callan). La información que proporciona no desmiente nada. Es obvio que el PSOE permite una degradación controlada de la institución, sin secundar el peronismo incendiario y antimonárquico de sus socios. Nada de eso resta ni un ápice de verdad a lo que dice Abascal.

Por último, el trasvase que plantea entre los defensores y el defendido es gratuito, burdo e infundado. Con la misma lógica, Podemos se estaría falangizando (por la militancia de Saenz de Ynestrillas) o convirtiéndose en un partido frívolo, de salsa rosa y garrafón (por los apoyos de JJ Vázquez, Mercedes Milá, Paula Vázquez…). O aún peor: el apoyo de Irán determinaría que fueran partidarios del feminicidio, del teocentrismo y de la persecución de cualquier mínimo conato izquierdista o liberal.

-NUEVE. Santiago Abascal: “Ni siquiera sabemos cuántos españoles han caído con esta enfermedad. ¿58.000, 60.000, 62.000? Y no lo sabemos porque el Gobierno ha incumplido con el deber moral de dar cifras y de contar unos muertos que son nuestros muertos”.

«Falso. No lo sabemos porque no hay un solo país en el planeta que tenga esa cifra con exactitud».

Una vez más, la falacia del hombre de paja. De «no saber con exactitud» a los malabarismos con las cifras que hace este gobierno hay una franja en la que entra la casi totalidad de los países del mundo. ¿Quién se fía en el ámbito internacional de nuestros datos? El Gobierno tampoco ha escuchado la petición de decenas de organizaciones científicas para llevar a cabo una auditoría independiente de la gestión de la pandemia. ¿Por qué será?

-DIEZ. Santiago Abascal: “Muerte y destrucción de las que Pablo Iglesias es directamente responsable en su peor aspecto: en el que trata del inhumano abandono a decenas de miles de ancianos en las residencias”.

«Falso. La competencia sobre la Sanidad y las residencias es de las autonomías.»

Desde el momento en que está declarada la pandemia la responsabilidad recae en el Gobierno central. A las autonomías en todo caso corresponde materializar las medidas que el Gobierno adopte.

En el Real Decreto-Ley con medidas para hacer frente al impacto económico y social de la crisis, publicado el 17 de marzo en el BOE, se incluyó una partida de 300 millones de euros para «financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales en comunidades autónomas, diputaciones provinciales o corporaciones locales». Entre otros, se aseguraba que financiaría el refuerzo de las plantillas de las residencias de mayores y la adquisición de equipos de protección individual y recursos sanitarios. Su coordinación recayó en Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, de la misma manera que se le encomendó la labor de coordinar las labores de desinfección llevadas a cabo por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las residencias de mayores. Él mismo lo anunció personalmente en rueda de prensa y la cuenta twitter de su ministerio hizo lo mismo el 22 de marzo

-ONCE. Ignacio Garriga: “No hicieron nada, a pesar de que tenían la información (sobre la pandemia). Prueba de ello es que ustedes si se protegieron con guantes morados en la manifestación del 8 de marzo”

«Falso. Es un bulo que hace meses propaga Vox y del que también se ha hecho eco Isabel Díaz Ayuso. Es mentira porque se trata de un símbolo feminista que se ha usado en otras manifestaciones del 8M, porque las ministras solo lo llevaron durante un tramo de la marcha y porque ni siquiera utilizaban dos guantes, solo uno.»

Tiene razón Escolar en que se trata de un bulo lo de los guantes protectores, aunque lo que dice (solo durante un tramo y solo un guante) no es cierto en todos los casos. Más significativo hubiera sido mencionar la grabación del 8M en que se dan instrucciones a la cabecera de la manifestación: «Que no se besa, que hay virus». O el off the record de Irene Montero difundido por la televisión vasca.

En cualquier caso, eso solo contesta a una parte de lo que plantea el diputado y no precisamente a la más importante: tenían información sobre la preocupante expansión del virus desde bastante antes de la manifestación. Dejamos la documentación de esta conclusión para otro momento.

-DOCE. Santiago Abascal: “El vicepresidente ha dicho que la oposición ya nunca llegará al poder por medios democráticos, y eso sólo quiere decir una cosa: que los comunistas se mantendrán en el poder exclusivamente por medios antidemocráticos y que hurtarán las urnas a los españoles, hasta que lo tengan todo controlado y todo atado y bien atado”.

«Falso. Iglesias dijo algo muy diferente: que la derecha “ha condenado su futuro” por “caminar con la ultraderecha”, y que por eso “nunca volverán a ocupar el Consejo de Ministros”. Es un diagnóstico acertado, que también comparte, a su manera, alguien poco sospechoso de comunista: José María Aznar. Hace tiempo que el presidente de la FAES advierte al PP de que la fragmentación de la derecha “les condena a la derrota”. El único que hurtó las urnas durante décadas no fue ni será Iglesias: fue Franco, ese dictador cuyos gabinetes Abascal considera mejores que el actual Gobierno democrático. Y solo desde la teoría de la conspiración más extrema –como la del virus fabricado en China– se puede creer que este Gobierno pretende imponer una dictadura comunista.»

Franco aparece mencionado hasta 5 veces en el artículo (4 con su nombre y 1 como franquismo). Curioso, ¿no?

En cuanto a las palabras de Iglesias, es más que comprensible que no suenen bien viniendo de alguien que reivindica la memoria de Stalin, de Chávez, de Fidel Castro… y la «política» actual de Maduro. ¿Qué pensaría Escolar si esas palabras las hubiera dicho VOX en situación inversa? Lo que dice Aznar no tiene nada que ver; más bien debe interpretarse como una llamada a la unión, al estilo de un entrenador que comenta a sus jugadores: «hasta que no juguemos en equipo no ganaremos». Que un vicepresidente manifieste que ya no volverán al Gobierno, sin siquiera circunscribirlo a un periodo concreto (no sé, diez años, por no quedarnos corto), es un gesto como mínimo autoritario; mucho más, viniendo de alguien que tiene mando en plaza y que está en la comisión que controla al CNI. Ciertamente en su admirada Venezuela, no hay manera de desalojar a los suyos desde que llegaron al poder. En definitiva, se trata de una afirmación democráticamente indefendible.

-TRECE. Santiago Abascal: “El señor Soros también es enemigo declarado de las fronteras europeas del presidente norteamericano y también del Estado de Israel. Ese especulador multimillonario, enriquecido con el sufrimiento de millones de personas, nunca recibe el ataque de la izquierda, sorprendentemente, ni de la izquierda política, ni de la izquierda mediática, aunque incluso ha reconocido que hizo dinero con las víctimas del Holocausto”.

No vamos a hablar ahora de Míster Soros. Me limito a señalar que, paradójicamente, la defensa encendida que, a continuación, hace Escolar de él supone lo contrario de una refutación de lo que expone Abascal.

-CATORCE. Santiago Abascal:  “Y por eso se lanzan a la ocupación del Poder Judicial”.

«Falso. La única ocupación del Poder Judicial es la que está aplicando el PP, al incumplir la Constitución y negarse a renovar el CGPJ para mantener artificialmente una mayoría conservadora que emana de la mayoría absoluta de Rajoy de 2011 y que han perdido en las urnas. La propuesta de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que han hecho el PSOE y Unidas Podemos es imperfecta e indeseable, pero bastante más democrática que el bloqueo que aplica el PP a la renovación cada vez que pierde las elecciones, y que sirve a la derecha para nombrar jueces casi vitalicios en el Supremo con un CGPJ caducado.»

Este tema es demasiado denso para abordarlo ahora. Pero sinceramente describir lo que está ocurriendo como «ocupación del Poder Judicial» resulta bastante preciso (por supuesto, hay bastantes precedentes okupas en los gobiernos anteriores, todos, aunque ninguno de tanta gravedad como el actual).

-QUINCE. Santiago Abascal: “El Gobierno ha promovido y promueve públicamente el odio contra Vox y, por lo tanto, actos de acoso contra Vox y contra otros partidos de la oposición que han terminado en violencia y en agresiones”.

«Falso. El acoso más flagrante e indecente contra unos dirigentes políticos que se está produciendo en estos momentos en España es el que sufren desde hace meses en su casa Irene Montero, Pablo Iglesias y sus tres hijos por parte de los partidarios de Abascal.»

Antes del escrache galapagarino, hubo otros muchos que afectaron a otros dirigentes (negando a Rosa Díez la libertad de palabra nada menos que en el templo de la palabra, la Universidad, o en el domicilio particular de la vicepresidenta Soraya). La gran diferencia es que estos escraches estaban alentados y dirigidos por los actuales líderes de Podemos, mientras que no se conoce ninguna exhortación —al menos, yo no— por parte de los dirigentes de VOX para el escrache de Galapagar.

Las exhortaciones contra VOX también han sido alentadas por los mismos líderes podemitas. Son tantos los ejemplos. Pero seleccionamos uno muy significativo: la «alerta anti fascista» que Pablo Iglesias decretó contra lo que había votado la ciudadanía en las elecciones andaluzas, que se saldó —¿podía ser de otra manera?— con agresiones y vandalismo.

-DIECISÉIS. Santiago Abascal: “Hay que perseguir a las mal llamadas ONG que han hecho del drama humanitario que se vive en África un auténtico negocio (…) deben ser perseguidos por colaborar con las mafias del tráfico de personas”.

«Falso. Abascal se refiere a los numerosos bulos que relacionan a las ONG que rescatan a inmigrantes de una muerte segura en el Mediterráneo, como Open Arms, con las mafias que se aprovechan de su desesperación para cobrarles por una plaza en las pateras. Es el mismo discurso de la extrema derecha italiana o húngara, y es completamente falso. Donde estas ONG no actúan, también hay pateras. Solo cambia que las cifras de muertos son aún mayores.»

Este es un tema demasiado complejo para abordarlo aquí. No obstante, concedo la categoría de hecho a la sincronía no casual entre rescatadores «humanitarios» y mafias que hacen negocio con las pateras.

-DIECISIETE. Santiago Abascal: “¿De verdad creen ustedes que la mayoría del pueblo español va a permanecer paralizado mientras les roban sus libertades, su nación y su futuro?  Que sus medios de comunicación subvencionados, bien subvencionados, oculten las multitudinarias manifestaciones que se han producido contra este Gobierno no quiere decir que no existan”.

«Falso. Las manifestaciones de Vox aparecen a diario en la prensa –en ocasiones, como con las protestas en Núñez de Balboa, por encima de la importancia que tienen–. Existe un desequilibrio en el panorama mediático en España, pero a favor de la derecha, no de la izquierda. Y los medios más favorecidos por “subvenciones” desde el Estado han sido, históricamente, los agraciados por el dinero y favores que repartía a dedo la Comunidad de Madrid en la que Abascal era alto cargo, con Esperanza Aguirre al frente…».

Esto es o un juicio de valor o una síntesis global que requiere de muchísima información comparativa para sostenerla (algo que ni intenta Escolar). Es una cuestión que desborda las pretensiones de este texto. Apuntaremos solo que hay fundamentos de sobra para concluir lo contrario: los medios de comunicación y las redes sociales están dominadas por la izquierda. Después de la caída del muro de Berlín, la izquierda (o lo que se denomina como tal) se atrinchera en la hegemonía cultural y el discurso identitario, y eso implica volcarse en la propaganda (de hecho, el único ámbito donde el proyecto de la URSS tuvo éxito). Centrándonos en España, no olvidemos que fue fundamental para echar al Gobierno de Rajoy la enorme campaña mediática organizada con ocasión de la sentencia de la Gürtel (gracias, en gran medida, a un juez que redactó unos párrafos sin apoyo jurídico, como se ha demostrado ahora). Dada la trascendencia de lo que había en juego, fue una buena ocasión para medir el peso respectivo de la derecha y la izquierda en los medios.

Llama, por último, la atención que Abascal hable de España y Escolar le responda con consideraciones sobre la Comunidad de Madrid.

-DIECIOCHO. Santiago Abascal: “Un proceso que empezó con Rodríguez Zapatero sumando a ETA a un frente común contra toda la derecha democrática”.

«Falso. Rodríguez Zapatero fue el presidente que enterró a varios militantes socialistas, asesinados por ETA. Y también el presidente que acabó con ETA, a pesar de todas las trabas que puso entonces la oposición a un proceso de paz que todos los anteriores Gobiernos democráticos habían intentado antes, que fue clave en el final del terrorismo y que no supuso concesión política alguna.»

La verdadera persona responsable del fin de ETA fue Mayor Oreja, que yuguló las vías de financiación del terrorismo etarra. También influyó la respuesta ciudadana al vil secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco («el miedo cambió de bando», como gusta decir a Iglesias). El horror del 11-S además quitó bastante glamour al terrorismo. Todos estos factores decisivos se dieron durante el gobierno de Aznar, no de ZP, cuya acción más destacada en este ámbito fue chivarse a ETA de que Francia estaba preparando una operación contra ella (y que en un país mediamente serio hubiera provocado la inmediata solicitud de declaración ante un juez y una investigación a fondo).

-DIECINUEVE. Ignacio Garriga: “ETA no ha sido derrotada”.

«Falso. ETA ya no existe. No mata desde hace más de diez años y no logró ni uno solo de sus objetivos políticos.»

En primer lugar, Garriga no dice que ETA siga asesinando, sino que no ha sido derrotada (hombre de paja again). Otegi declaró el pasado verano que la lucha había merecido la pena (o sea, que no habían sido derrotados). Si no se consiguieron los objetivos políticos, al menos se avanzó tanto en ellos que ahora solo queda disfrutar de las nueces (conciertos y cuponazos) y, en todo caso, rematar la faena. Bildu tiene 22 diputados en País Vasco (la segunda fuerza política) y 5 en el Congreso de España.

Por lo demás, los homenajes a ETA se cuentan al año por centenas: no hay etarra —no importa el crimen que cometiera— salido de la cárcel al que no le espere celebraciones, reconocimientos y festejos. Hay más de doscientos asesinatos sin aclarar. El Gobierno no exige colaboración a la hora de concederles beneficios o excarcelaciones. Sin duda, se trata de una victoria de ETA y una derrota del Estado de Derecho y de las víctimas. Para completar el distópico panorama, la kale borroka reaparece de vez en cuando (como en Alsasua).

-VEINTE. Ignacio Garriga: “Las mociones de censura sirven para cambiar Gobiernos, pero también sirven para dejar constancia en la sede de la soberanía nacional, de la falta de la confianza de los diputados en el Gobierno, así como expresar el malestar que asola a la nación y además, la posibilidad de una alternativa”.

«Falso. Lo que va a dejar claro esta moción de censura es que la confianza en el Gobierno es rotundamente mayoritaria en el Congreso y que Vox no es, afortunadamente, ninguna alternativa».

Aquí hay un simple juego de interpretaciones; por tanto, es un terreno resbaladizo y, sobre todo, refractario para sentenciar falsedades. Si hacemos caso a las encuestas o a las afiliaciones, no parece que la moción le haya ido muy mal a VOX.

Por lo demás, Escolar confunde una moción de censura con una moción de confianza. Derivar una confianza en el Gobierno del hecho de que el parlamento por abrumadora mayoría rechace la propuesta presidencial de Abascal es absurdo. En cualquier caso, ni los más optimistas voxeros plantearon en ningún momento que la moción tuviera la menor posibilidad de prosperar.

Quizás convenga recordar que el PSOE cimentó la mayoría más absoluta en democracia (202 diputados en 1982) con la moción de censura a Adolfo Suárez en 1980, sabiendo perfectamente que la iban a perder. No digo que la historia se vaya a repetir, sino que hay en juego múltiples perspectivas y eso casa mal con el tono dogmático y concluyente.

En fin, Escolar sigue con la matraca, pero yo aquí llegué a mi límite por puro hastío y conciencia de inutilidad. Que sigan otros más esforzados… o más masoquistas.

No me gusta tu actitud, Carlos

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MEDITACIONES CARTESIANAS SOBRE LA POLÍTICA EN NUESTRO PAÍS

Archivo:Descartes diagram.png - Wikipedia, la enciclopedia libre

Uno de los grandes males de nuestra vida pública es, sin duda, la simplificación: se pretende reducir a causas simples lo que es intrínsecamente complejo. Pero esa constatación no debe impedirnos elevar la mirada y abstraer los elementos clave que hay en juego. Es justo lo que pretendemos en este artículo.

Desde mi punto de vista, la disputa política en España puede comprenderse a partir del siguiente eje de coordenadas.

EJE VERTICAL: CIVILIZACIÓN O BARBARIE

-Arriba del punto O estaría lo que llamaré CIVILIZACIÓN. Los que se sitúan aquí defienden las reglas del juego democrático, es decir, aquellos artilugios institucionales que impiden, al mismo tiempo, que nos matemos unos a otros y el despotismo. Abogan por la primacía de la ley, la separación de poderes, los mecanismos de control, el Estado de Derecho, una Administración independiente a la que se accede por mérito y al servicio del interés general…; en definitiva, el sistema de pesos y contrapesos con el que se edifica una democracia. Otra manera de caracterizarlo sería decir que cultivan un laicismo integral (usaría el nombre de republicanismo si no fuera por las connotaciones —antirepublicanas— que tiene en nuestro país). Este enfoque rigurosamente laico se extiende mucho más allá del estricto contexto religioso para aplicarse a fenómenos como el nacionalismo, las ideologías salvíficas o cualquier credo que pretenda administrar la esfera estrictamente individual. El espacio de la ciudadanía es el del «lugar vacío», en tanto que vaciado a priori de toda particularidad. Cada individuo tiene como tarea propia e intransferible la de elegir sus fidelidades y afectos, o sea, sus adscripciones identitarias. No caben jerarquías en tanto que ciudadanos, ni nadie está nunca legitimado para establecer quiénes son o qué deben sentir.

-Por debajo del punto 0 se encontraría lo que llamaré BARBARIE. Lo conforman aquellos que pretenden suplantar el Estado de Derecho por otras instancias trascendentes: Nación, Pueblo, Lucha de Clases, Identidades Colectivas (relacionadas bien con el Género, la Raza, las Creencias, etc.). En esta opción se legitima la violencia en distintos grados (desde el escrache o el acoso digital hasta el crimen político). Una praxis «tan fuerte» (por no decir pre-política) necesita del apoyo de teorías conspirativas que planteen un escenario de lucha contra el Mal: el heteropatriarcado, la mentalidad franquista de jueces, la «policía patriótica», el España ens roba, la Casta organizada, el Contubernio judeo-masónico, el IBEX-35, entre un largo tontietcétera.   

El verdadero drama de nuestro país es que la gran mayoría de los partidos —entre los que figuran todos los considerados de izquierda— pertenecen a la opción bárbara, y el resto milita en la civilizada de manera tímida, deficiente o con significativas «lagunas». El PP, por ejemplo, dista mucho de ser un garante leal de las reglas democráticas. Y tampoco, ya saben, existen demasiadas razones para ilusionarse con Cs y VOX… ¡si no fuera por el contraste con los «bárbaros»!

EJE HORIZONTAL: DERECHA O IZQUIERDA

Vayamos con el segundo eje. A contracorriente de lo que es habitual en nuestro país, tiene una importancia muy inferior. Hacernos creer lo contrario es una gran `astucia de la sinrazón´, por decirlo a la manera para-hegeliana. De hecho, aunque hemos recurrido gráficamente al eje de coordenadas, en realidad, hablamos de dos niveles correlativos; es decir, más que de una disposición espacial se trata de una sucesión temporal. En primer lugar, debe instituirse un marco donde se garantice la igualdad de derechos y el disenso civilizado; y solamente luego adquiere sentido examinar las diferentes concepciones para organizar lo común. Sin lo primero, esto último posee un carácter necesariamente adjetivo, contingente, accidental. No recuerdo quién dijo que una clave para el conformismo con que los españoles aceptaron el franquismo fue la certeza de que, ganara quien ganara la guerra civil, era seguro que después vendría una dictadura. ¿Stalin o Franco? ¿Maduro o Bolsonaro? Pues mire Vd., mejor paso turno.

En la anómala hora actual, que concede simultánea acogida a ambos niveles, la militancia civilizada hermana a personajes tan heterogéneos como Félix Ovejero, Cayetana Álvarez de Toledo, Joaquín Leguina, Mario Vargas Llosa, Jon Juaristi, Adolfo Suárez Illana o Andrés Trapiello. Todos pertenecen al mismo bando esencial, definitorio: están a favor de la civilización.

Una vez dicho lo anterior, casi no quedan ganas de deslindar el eje horizontal derecha-izquierda (o progresismo-conservadurismo). Además, no es tarea fácil. En primer lugar, porque no está claro el objeto de la distinción: depende en gran medida de lo que queramos entender por derecha e izquierda. En segundo lugar, porque distan de ser conceptos estáticos. Así, la intransigencia respecto a la «pluralidad de concepciones del bien» (por decirlo con John Rawls) está adscrita tradicionalmente a la tradición de derechas; sin embargo, es la izquierda la que actualmente gusta de imponer ortodoxias de pensamiento y de estilos de vida (por poner un ejemplo reciente, la prescripción por parte de Podemos de lunes «cuaresmales» sin carne).

No obstante, resulta necesario abordar también este segundo eje, precisamente porque se utiliza para justificar o solapar la decisión verdaderamente trascendental: la de ser políticamente bárbaro o civilizado. Lo haremos ahora de manera breve y deteniéndonos únicamente en el aspecto que se presenta como nuclear: la mayor o menor intervención del Estado en los asuntos económicos. La izquierda defiende lo primero: un Estado fuerte y redistribuidor de riqueza. La derecha, por el contrario, confía en la espontaneidad de los mercados para generar riquezas y considera que la intervención estatal genera disrupción y «entropía». No es el momento, como decíamos, de desarrollar estas ideas, sino únicamente de apuntar lo siguiente:

  1. Importa entenderlo como un asunto meramente instrumental, sin que quepa derivar de él valoraciones morales (y mucho menos de índole supremacista). Según nuestra más oligofrénica tradición izquierdista, la derecha está a favor de los ricos y la izquierda de los pobres. Este relato solo funciona con incautos, que desgraciadamente no escasean en nuestro país. Se excluye a priori la posibilidad de que pueda haber alguien muy interesado en la justicia social y en la igualdad que, al mismo tiempo, piense que la mejor fórmula para alcanzarlas pase por dar la máxima libertad a los mercados. Creer que el «izquierdista» Maduro se preocupa más por los desheredados que la conservadora Ángela Merkel se parece mucho a un delirio clínico. Pocas tareas hay más necesarias en nuestro país que deconstruir esta trama mitológica, lo cual exige indudablemente saldar la sobredosis de moralina que posee.  Albert Camus se declaraba de izquierdas, pero añadía que sería de derechas si creyera que la derecha estaba en lo cierto. Ahí se resume todo.  
  2. También constituye un error plantearlo como una cuestión de blanco y negro. En muchos ámbitos el mercado libre funciona como un reloj; en muchos otros, es imprescindible la intervención del Estado (para paliar externalidades negativas, redistribuir, imponer reglas más afinadas…; en definitiva, para garantizar el bien común). Solo los fanáticos o integristas plantean que la actividad económica haya de pivotar exclusivamente sobre el mercado o el Estado.
  3. Es especialmente importante diferenciar dos planos: por un lado, la generación de riqueza y la detección de necesidades sociales, y por otro, la redistribución de recursos. La historia ha demostrado que en el primero el mercado es imbatible. Los modelos de planificación central sencillamente han fracasado. No deberían, pues, formar parte ni de la derecha ni de la izquierda (ya sabemos que este precepto normativo dista mucho de ser realidad). Ahora bien, eso no resuelve la tarea de determinar qué áreas han de quedar excluidas de la lógica mercantil (por poner un ejemplo que suscite poca polémica: el trasplante de órganos). Y luego, por supuesto, está la cuestión trascendental de la redistribución. Nos interesa ahora únicamente subrayar la compatibilidad de defender el mercado como eje vertebrador de la producción de riqueza con la acción vigorosa del Estado a la hora de redistribuir dicha riqueza. En esencia es lo que ha dado en llamarse socialdemocracia, que tendría su concreción histórica en el Estado del Bienestar.

Obra completa de Albert Camus llega a MéxicoPara mí, existen razones justificadas para una decidida intervención del Estado en ciertos ámbitos clave. Debería haber más y mejor sanidad pública, más y mejor enseñanza pública, una generosa política pública de la vivienda… En ese sentido, pienso que el Gobierno actual no puede considerarse de izquierdas bajo ningún criterio relevante, pues abandona negligentemente la tarea de mejorar estas áreas decisivas con el propósito, casi exclusivo y casi excluyente, de perpetuarse en el poder (para lo cual no duda en promover propaganderías pueriles y falaces o aliarse con las élites más reaccionarias de Cataluña y el País Vasco). En el tema de la vivienda, por ejemplo, nunca dejaré de asombrarme de que toda su iniciativa al respecto se limite a otorgar una suerte de carta blanca para la okupación.

Por otro lado, sobran las razones para oponerse al omnipresente subvencionismo estatal (nada menos que 122.000 millones de euros al año se destinan para pensionar iniciativas sociales, culturales, humanitarias, etc.), tenga o no intenciones clientelares (que casi siempre las tiene). Por limitarnos a la dimensión en apariencia más noble e inocente, la cultural, sencillamente el Gobierno no puede decidir qué libro, película o espectáculo teatral merece la pena subvencionar. Eso no significa que carezca de responsabilidad en el fomento de la cultura. Por supuesto que la tiene. En primer lugar, estableciendo un sistema educativo de calidad (o sea, justo el contrario del que padecemos desde hace al menos dos décadas) y, en segundo lugar, a través de medidas indirectas (indirectas en el sentido de que no dictaminan acerca de la calidad de la creación cultural): a través de instrumentos como la supresión o reducción del IVA, la exención o aminoración de impuestos, etc. Y en aquellos contadísimos casos en que sea necesaria, además, una ayuda directa —como es el caso de una orquesta—, la resolución ha de recaer exclusivamente en un comité técnico sin ningún vínculo con la política. De otras anomalías contumaces, como las relacionadas con los estatus sindicales, los subsidios agrarios y agrestes, las ONGs que continúan la propaganda gubernamental por otros medios, o el síndrome que Octavio Paz llamó «el ogro filantrópico», hablaremos otro día.

Concluyo ya mi autoubicación y también el artículo. En el eje vertical me situaría claramente —confío en que sin hiatos o excepciones— en el cuadrante civilizado. Respecto al eje horizontal, me hallaría más bien en el lado estatista o de izquierdas (con todas las precauciones que, en el distópico contexto actual, acreditan mi posicionamiento como intempestivo o heterodoxo): la máxima desregulación compatible con la más eficaz protección social (que no cabe confundir en absoluto con ningún paternalismo de ogro usurpador). El mercado ha de estar especialmente acotado en asuntos relacionados con la enseñanza, la justicia o la sanidad (nadie puede tener más derecho al conocimiento, a la protección jurídica o a la salud). Y también ha de estarlo, de otra manera más laxa y específica, en el acceso a la vivienda. Ahora bien, conviene dejar claro que eso no me eleva moralmente ni un milímetro de quien prefiere conceder mayor margen al mercado, no informa sobre mi calidad personal, ni tampoco me concede ventaja epistémica (nada dice sobre las posibilidades de estar acertado o equivocado). Es justo aquí donde empieza el debate, no donde acaba. Si alguien me demuestra que los fines descritos se consiguen mejor dejando los mercados a sus propias inercias, entonces, a la manera de Camus, sencillamente cambiaré de bando.

Quizás recordar estas cosas pudiera suponer un cierto punto de partida para evitar la polarización que tantos réditos procura a ciertas formaciones políticas, pero que nos lleva directos a la discordia civil.

Carlos Rodríguez Estacio

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LA OTRA OTRA PANDEMIA

«Una verdad a medias es la más cobarde de las mentiras» (Mark Twain)

Desde que era joven (ay, hace ya demasiados lustros) sigo la obra de Muñoz Molina. Como novelista, articulista e incluso ensayista (Todo lo que era sólido me parece un meritorio intento de comprensión de algunas derivas hispanas). A veces me distanciaba sus conclusiones precipitadas o su tono vehemente (recuerdo cuando, en los años más duros de terrorismo etarra, escribió: «al País Vasco habría que darle la independencia e inmediatamente después declararle la guerra»), pero siempre me pareció que aportaba elementos interesantes al debate público. También pienso que no sería injusto si le dieran el premio Nobel. Valga esta introducción para dejar claro que nada tengo contra personaje y obra.

No ha sido nunca un hombre de acción (aunque me aseguran que apoyó la fundación de UPyD), pero con cierta regularidad ha ido publicando artículos que pasaban revista a la actualidad política. De un tiempo a esta parte, estas publicaciones se han ido haciendo más esporádicas y, sobre todo, más acogedoras a los relatos hegemónicos (por ejemplo, se ha mostrado recientemente partidario de un referéndum «bien planeado» en Cataluña). Hay quien defiende que la clave de esta evolución se halla en el ofrecimiento de Pedro Sánchez a Elvira Lindo para que fuera su ministra de Cultura. Esta lo declinó, pero quedó más que halagada y agradecida (ascender, en no muchos años, de guionista de mamachicho en Tele 5 a ser la titular de Cultura es —a pesar de que hasta mí sobrevuela, zascandil, cierta cita de Groucho— un progreso notable). No nos interesa entrar en cotilleos ni tasar la conjetura de que una declinación llevó a la otra (y tampoco hay forma de saberlo, al menos yo). El objetivo de este texto pretende ser más serio: analizar el artículo «La otra pandemia», que Muñoz Molina ha publicado esta semana en su diario de siempre: El País. La otra pandemia, naturalmente, es la pandemia política. Vayamos, pues, a él.

El artículo empieza con una introducción acerca de lo mal que estamos y de la pésima calidad de nuestra clase política. Es imposible no estar de acuerdo, pero de inmediato aparece la primera afirmación controversial: «Los científicos nos dicen que nuestro país tiene vulnerabilidades mayores que otros». Cualquiera que lea eso, pensaría que son razones objetivas, naturales (orográficas, demográficas, quizás genéticas), las que provocan que nuestro país esté a la cabeza en todos los parámetros negativos. Ya Carmen Calvo, en su estilo de maruja-ficción, dijo en su día que «el coronavirus venía del este» y por eso Portugal, que está «un poco más al oeste», tenía mejores estadísticas que nosotros. El virus, para la segunda ola, ha debido darse la vuelta justo en la frontera inter-ibérica, pues la historia se repite. Pero dejemos a nuestra indiosincrásica vicepresidenta y volvamos a lo que dice Molina, que, por razones obvias, es más digno de consideración y, por tanto, de refutación. Por supuesto, los científicos nada dicen sobre esta cuestión. Son los datos los que hablan (¡gritan!), sin que se haya identificado ninguna vulnerabilidad natural asociada a ellos. Si uno recorre la frontera portuguesa va encontrando dos «vulnerabilidades» muy distintas a un lado y otro, a veces con escasos kilómetros de distancia. Y eso únicamente apunta a la gestión política.

Poco después afirma: «Una generación entera tiene en suspenso su porvenir porque no se sabe si podrán seguir abiertas las escuelas». Tengo que volver a leer esta frase para creerla. España tiene un 43´9% de paro juvenil, lo que casi triplica la media europea, 17,6% (y nonoplica la de Alemania: 5´8%), ¿y un porvenir tan romo va a depender ahora de unos meses con las escuelas cerradas? ¿Qué vale un título en España?, ¿qué porvenir garantiza? Más radicalmente aún: ¿qué se enseña en nuestras escuelas? No sé cuántos artículos he leído al autor denunciando la destrucción de la enseñanza en nuestro país. Así en 2013 denunciaba en RTVE que «Lo que ocurre en España con la Educación es una vergüenza». Y en un artículo de algunos años antes había señalado claramente el origen: «Las leyes educativas de este Régimen, que se revisten de una bochornosa capa progresista, suministrada por el interés o la ceguera de los sindicatos, y la llamativa complicidad de la denominada “Izquierda Unida”, son el atentado más dañino contra el saber y la instrucción pública que se ha perpetrado en España desde el triunfo del franquismo». Si hay algo seguro es que, en 2020, todo es mucho peor. Los jóvenes están a merced de un adoctrinamiento sin más adobo que el de la prístina ignorancia. La presión para que abran las escuelas en estos tiempos pandémicos no proviene —con las debidas excepciones— del afán por aprender o por labrar un porvenir, sino únicamente para que cumpla su sobrevenida función de guardería. Sin esto, y sin el título que ya casi garantiza la ministra Celaá con la matrícula, las escuelas no habrían abierto.

El segundo párrafo se abre con una afirmación contundente y acertada: son razones de tipo político las que provocan que el virus mate más en nuestro país. No puedo estar más de acuerdo. Y se enumeran algunas causas (incompetencia, corrupción, clientelismo, privatizaciones…). Todas ellas pueden achacarse a los principales partidos, si bien la privatización suele cargarse exclusivamente en el debe del PP (por cierto, ¿seguro que no puede haber privatizaciones justificadas en el bien común?). Y añade: «Un logro tan necesario como el ingreso mínimo vital queda empantanado por la indigencia de una administración desbordada». Es un logro de este gobierno, claro está. Ahora bien, el arte de la política es el arte de lo posible: proponer una medida que no se puede cumplir, no es un logro sino, en todo caso, la expresión de un ideal. También es un indiscutible logro que todos los españoles tengan una aceptable cultura o un nivel de renta como el suizo. Pero eso no se consigue a despecho de lo real, con un decreto o una declaración pública. Nos guste o no, entre el 1 y el 3, siempre está el 2. Y no entro, para no cansar, en algunos problemas que el «logro» ha supuesto, en el peor momento, para los sectores más desfavorecidos.

Casi a continuación habla «de dirigentes políticos que prometen el paraíso de la independencia o la igualdad». Quizás me pase de suspicaz, pero colocar al mismo nivel la independencia (por cierto, es mucho mejor hablar de `secesión´ o `segregación´; Cataluña no depende de España sino que es España) que la igualdad, por mucha ironía que haya en ese `paraíso´, a mí me parece desafortunado.

Y, por fin, el primer ejemplo claro de lo que denuncia: «La Comunidad de Madrid tiene el ritmo de contagios más alto del mundo y su pomposo vicepresidente inaugura un dispensador de gel hidroalcohólico en una estación de metro». La primera frase no es cierta ni siquiera para España. Actualmente Navarra supera a Madrid. Seguramente no fue así cuando escribió el artículo, pero esa misma incertidumbre, sabiendo que el texto se publicaría días después, debería haberle llevado a la cautela. Madrid dista mucho de ser un caso aislado en nuestro país. Nueve de las diez regiones europeas con la mayor incidencia acumulada en septiembre se encuentran en España (Navarra, Castilla-La Mancha, La Rioja, Euskadi, Murcia, Aragón…). Únicamente la francesa Provence-Alpes-Côte d’Azur impide un top-ten exclusivamente español al ocupar el décimo lugar. Cualquiera de las regiones de arriba están en condiciones de ponerse a la cabeza en cualquier momento (o Cataluña, que ya lo hizo en diversos momentos de la primera ola). Por otro lado, los demás países del mundo no llevan su contabilidad por comunidades o regiones. En consecuencia, la comparación carece de sentido y da la impresión de estar motivada únicamente por intereses políticos (o sea, que el autor incurre en lo mismo que censura).

Respecto a la anécdota del vicepresidente madrileño es ciertamente ridícula, pero, a diferencia de otras «ocurrencias», es también perfectamente inocua. Compárese con el lema 8M: «el machismo mata más que el coronavirus» (cuando compareció la realidad resultó que, desde mediados de marzo hasta mediados de junio, el día con menos muertos por Covid ha multiplicado varias veces los fallecimientos anuales por violencia de género). O, por limitarnos, a las de recientísima cosecha septembrina y citando de memoria: la solicitud de lunes sin carne, el informe del Ministerio de Igualdad cuestionando aquellas series con actrices de belleza extraordinaria, el Plan para las mascotas de mujeres denunciantes de maltrato (Proyecto Viopet, con generosa dotación económica), la retirada de honores a antiguos franquistas (¡antes de que se mueran!…, si es que queda todavía alguno), la revisión de juicios de hace 80 años o más (como el de Companys, responsable del asesinato de más de 8.000 personas), la solicitud de celebrar cuanto antes un referéndum sobre la monarquía (no olvidemos que ministros del Gobierno actual saludaron el inicio del confinamiento con sendas caceroladas al rey actual), la solicitud para que España pida perdón a las víctimas de los «crímenes colonialistas» con programas de ayuda incluidos, la dizque-ley de Demoria Memocrática, etc., etc. Estamos a diario en el alambre de lo inverosímil, de lo estúpido y de lo tóxico, en comparación con lo cual la idiotez del vicepresidente de Madrid solo puede mover a una sonrisa condescendiente, y no a conferirle la categoría de ejemplo en un artículo que pretende denunciar atentados graves de lesa ciudadanía. No me suscita la menor simpatía el vicepresidente Aguado, ni personal ni política, pero quizás haya mejores ejemplos de «pomposidad» en el Gobierno actual (como el inefable Castells).

Justo a continuación afirma: «Ciento cincuenta científicos de primer rango publican en The Lancet un manifiesto en el que solicitan que las administraciones españolas hagan un examen completo, riguroso e independiente de la gestión de la pandemia en nuestro país». Leyendo esta frase uno pensaría que los científicos se dirigen a algo así como una confederación de naciones sin Gobierno central que las coordine (como la CEI pos-soviética). Pero ese sueño húmedo nacionalista todavía no se ha hecho realidad (si España continúa siendo un país democrático, nunca se hará realidad). Y la normativa establece que es el Gobierno central el responsable sanitario en caso de pandemia, con independencia de las competencias transferidas (de hecho, la OMS informa exclusivamente al Gobierno central y no al de cada una de las autonomías).

La misma idea aparece en la frase que sigue: «El manifiesto aparece a principios de agosto, cuando la curva de contagios ya está ascendiendo: ni una sola institución se hace eco». Habla de «institución», así, a secas. Como si apelara igual al Consejo de Ministros que a una peña del Real Betis Balompié. Obviamente el destinatario exclusivo de la solicitud solo puede ser el único con competencias para llevar a cabo ese «examen completo, riguroso e independiente»: el Gobierno de España. Escuchen al doctor Pedro Cavadas, uno de los pocos científicos que se han atrevido a ejercer la responsabilidad derivada de su condición de experto, y atiendan a quién se dirige: a Sánchez, a Simón y, por decirlo a la manera almodovariana, a otros cargos del montón.  

En este mismo párrafo, sobrepasado ya el meridiano del artículo, aparece la primera mención a un miembro del Gobierno: el ministro de Sanidad. Hasta ese instante, para hablar de las dos pandemias, no le ha hecho falta dirigirse en ningún momento al Gobierno o a alguno de sus ministros.

El siguiente párrafo se inicia denunciando cómo la clase política «se ha convertido en un obstáculo no ya para la convivencia civilizada, sino para la sostenibilidad misma del país, para la supervivencia de las instituciones y las normas de la democracia». Ya se sabe que donde todos son culpables no le es nadie. En ningún momento, el autor hace el menor esfuerzo por individualizar la culpa o identificar responsabilidades, trámite bastante necesario para proponer luego remedios. Y ello a pesar de que un partido, Podemos, se ha propuesto precisamente como objetivo la división, la legitimación de la violencia con fines políticos (sus fines políticos, claro), la alianza con quienes declaran abiertamente que su intención es «romper el país» y la permanente invención del enemigo, según las más elementales consignas populistas. Nada de eso anima al autor a recogerlo en su escrito.

Y más adelante: «Por perjudicar al adversario son capaces de sabotear lo que sería beneficioso para la mayoría.» ¿De verdad piensa Muñoz Molina que esto ha de predicarse igual de todos? Entender el escenario actual como una suerte de pelea de gallitos sorprende, también, por la falta de finesse. En realidad, perjudican al adversario porque, al carecer de un programa constructivo para el país, es la única forma que tienen de llegar al poder y de mantenerse después. Y esto no solo se aplica a Podemos sino también al partido sanchista (no le llamaremos ahora PSOE por respeto a su pasado), que ha comprendido perfectamente que solo puede gobernar uniéndose a la morralla filoetarra, peronista, racista, etnomaníaca y golpista. No encuentro ninguna justificación racional para que no haya ni una sola referencia a esto en el artículo. Por supuesto, eso no legitima a la derecha que padecemos, es cierto, pero son dos niveles completamente distintos. Una cosa es vampirizar del Estado y otra intentar destruirlo (o, como mínimo, ponerlo en peligro).

Continúa con una alusión crítica al Gobierno actual: «Ya nadie se acuerda, pero hace un año tuvimos que repetir elecciones, porque los partidos más favorecidos por la ciudadanía en las elecciones anteriores de abril fueron incapaces de llegar a un pacto de gobierno, lo cual nos obligó a una larga interinidad de la que solo empezábamos a salir, de manera vacilante, cuando irrumpió la pandemia y nos puso delante sin excusa todas las fragilidades que llevan muchos años arrastrándose por la incuria y la incapacidad de la clase política».

Ahora bien:

  1. No se hace ninguna mención concreta a personas ni partidos, como si fuera un acontecimiento impersonal.
  2. No es cierta la expresión «los partidos más favorecidos por la ciudadanía», pues en las elecciones de abril de 2019 tanto PP como Ciudadanos superaron ampliamente a Podemos (y VOX obtuvo casi el mismo número de votos).
  3. Se abunda en la impersonalidad e indefinición: son fragilidades que llevamos muchos años arrastrando. Se deja así abierta la opción para que cada uno complete, a su gusto, bien con Rajoy, Aznar, González, ZP… ¡o con el Mismísimo Franco!
  4. Afirma también que el coronavirus nos ha sorprendido cuando empezábamos a salir de la interinidad. Y es cierto que la toma de posesión de Sánchez como presidente fue dos meses antes (enero). Pero también lo es que esta interinidad ha sido el intervalo más tranquilo que hemos tenido en el último año y medio. La investidura elevó significativamente el nivel de sobresaltos. Sin ánimo de (imposible) exhaustividad: Ábalos y Delcy; las purgas de Marlaska; Dolores Delgado como Fiscal General del Estado; prostitución de niñas tuteladas por el Consell de Mallorca y la consecuente negativa de Podemos-PSOE a cualquier investigación; los nombramientos de Irene Montero, racializados y sui degéneris; el increíble affaire en la embajada de Méjico en Bolivia; las siempre penúltimas concesiones a los nacionalismos, etc., etc., etc.

Inicia Molina el penúltimo párrafo exponiendo que pensó que la realidad brutal de la pandemia obligaría a los partidos al entendimiento. A la hora de explicar por qué no ha ocurrido eso, arma, ahora sí, el dedo acusador: «Pero yo recuerdo que en los días más oscuros la derecha española daba tanto miedo en su saña destructiva como el coronavirus, y se confabulaba perfectamente con esa otra derecha integrista que a algunos les parece de izquierdas tan solo porque se declara antiespañola: a quienes más se parecen ahora los independentistas catalanes en su insolidaridad y en sus ganas de gresca y de aprovechamiento del desastre es a los patriotas españolistas que malgobiernan la Comunidad de Madrid». Según el «santo» de Elvira Lindo (así lo llama ella en sus tintos de vegano), la derecha daba entonces tanto miedo como el coronavirus (no es necesario señalar el paralelismo —en énfasis y realidad— con el mantra «el machismo mata tanto o más que el coronavirus»). En un país donde golpistas, terroristas y racistas gobiernan o están en las instituciones; donde se amenaza y escracha a jueces; donde la kale borroka se considera un medio legítimo de lucha política; donde se agrede a representantes políticos por un dar un mitin; donde centenares de crímenes terroristas siguen sin aclarar; donde, con total impunidad, se cortan carreteras, calles y se zambulle a una ciudad en el caos; lo que da miedo es… la derecha. Ahora bien, con los resultados electorales en la mano, una de dos: o Muñoz Molina debe analizar ese miedo (y mirar si acaso no fuera personalísima fobia) o hemos entrado en un escenario de guerra civil. Tertium non datur.

Pero aún va más lejos: añade que esa derecha está «confabulada perfectamente» con los independentistas (ya saben, secesionistas) catalanes. Puesto que no da la impresión de que estos últimos deseen un cambio de gobierno, sería estupendo que nos aclarara cuáles son los objetivos últimos de esa confabulación perfecta. Debo reconocer que mi inteligencia no es capaz ni de adivinarlos. Por lo demás, la comparación entre golpistas xenófobos y los patriotas españolistas del Gobierno de Madrid es sencillamente una difamación; bastante «ligera» e inverosímil, por cierto. ¿Se aporta alguna prueba de que estos patriotas hayan promovido algún tipo de violencia, desobediencia a la ley, supremacía, desigualdad o expresado su deseo de hacer extranjeros a quienes no piensan o no tienen apellidos como ellos? Una vez más se escamotean los puntos de apoyo para lo que se afirma. Todo adquiere, pues, un carácter a priori como en la peor metafísica. Por eso la palabra que describe su análisis, para mí, solo puede ser «fraude intelectual».

En la misma línea la frase que viene a continuación: «A unos y a otros, el daño que puedan hacer al Gobierno central les importa más que el perjuicio de todos». La responsabilidad queda, por fin, acotada: corresponde a la derecha (la madrileña y la catalana). En un momento en que muchos socialistas históricos han abandonado el Titanic gubernamental (que no tiene orquesta, pero que, a cambio, cuenta con egregios representantes de la canción prostata como Pablo Hasel, Valtonic o Ramonsín), Muñoz Molina, con una trayectoria acreditada de crítica al PSOE, hace algo que se parece mucho a salir en su defensa; precisamente del peor PSOE de siempre.

Como el artículo empieza ya a resultar excesivamente panegírico e incluso maniqueo, el autor arria velas y retoma un tímido hilo de crítica gubernamental: «… en el Gobierno mismo, mal avenido y desnortado, los bocazas y los irresponsables entorpecen el trabajo de los que sí saben lo que hacen». Hace tiempo que expuse cómo la bipolaridad del Gobierno resulta muy útil para que las dos familias (no necesariamente en sentido siciliano) que lo constituyen carguen las culpas alternativamente a la otra de lo que no quieren asumir ante su gente. La misión histórica (jajaja) de «parar a la extrema derecha» obliga a seguir gubernamentalmente juntos y eso exige hacer concesiones inevitables a la otra parte, sin asumir nunca que son los «nuestros» los responsables de los dislates. Esta quincallería hemipléjica asombrosamente les funciona, y aún es más asombroso que su eficacia alcance a alguien de la talla de Muñoz Molina. A mí me encantaría preguntarle quién en este Gobierno sabe lo que hace, no en el sentido cínico sino en el de servicio a la ciudadanía. Quizás, por contraste, podría ser Calviño. Pero, ¿quién más? ¡Uno más!

El artículo termina con este párrafo: «No sé, sinceramente, qué podemos hacer los ciudadanos normales, los no contagiados de odio, los que quisiéramos ver la vida política regida por los mismos principios de pragmatismo y concordia por los que casi todo el mundo se guía en la vida diaria. Nos ponemos la mascarilla, guardamos distancias, salimos poco, nos lavamos las manos, hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos. Si no hacemos algo más esta gente va a hundirnos a todos». En primer lugar, no comparto el victivismo que aureola a esta coda: estos políticos están ahí porque les hemos votado. Pero, sobre todo, no comparto la mención, de nuevo sin definir, a «esta gente» que «va a hundirnos a todos» (bueno, quizás él, que vive bastantes meses al año en Lisboa y tiene ingresos asegurados —como articulista de El País, para empezar— es posible que se hunda menos que cualquier otro ciudadano normal). Al repasar los ejemplos y adjetivos descalificativos de este artículo, parece justificado concluir que esta gente que hunde es mayormente la derecha madrileña, por lo que una regla de acción posible sería: «Hay que echar a Ayuso». Y casi lo mismo valdría para la oposición en su conjunto, que tiene la osadía de oponerse al desmantelamiento del Estado que no cesa.

No encuentro, por desgracia, ningún asidero para creer que la expresión «esta gente» incluya a aquellos que indultan a golpistas, pactan con (filo)etarras, pretenden cargarse la independencia del Poder Judicial, y a la única institución que la defiende (la monarquía), fomentan (o permiten) la desigualdad entre regiones, patrimonializan los bienes públicos, desembarcan sin pudor en los medios, siembran la discordia, imponen o apoyan la inmersión lingüística obligatoria, sacan a pasear a Franco cada vez que conviene, aumentan la crispación entre españoles para quedar impunes, vetan investigaciones parlamentarias por asuntos gravísimos (como las niñas prostituidas de Mallorca, el caso Delcy o los hechos ocurridos en la embajada de México), instrumentalizan las instituciones, confunden interesadamente Gobierno y Estado, destituyen a cualquier cargo público que no se pliega a sus intereses partidistas, despilfarran en subvenciones clientelares, envuelven a todo el país en una espiral peronista de la que no se vislumbra el fondo ni el final, y un interminable etcétera.

Vayamos terminando. El 19 de marzo de 2019 la Vanguardia publicaba una entrevista a Muñoz Molina en Barcelona. En ella, nuestro autor decía «Hay un prestigio de la acción y la inmediatez que me parece exagerado. En el taoísmo hay un concepto muy interesante que es el “no hacer” ¡porque el no hacer es una cosa activa!». No sé si la Cataluña actual es el mejor escenario para reivindicar el no hacer; quizás tenga su importancia la posición social, el nivel de ingresos, vivir fuera o el origen de tus apellidos (al menos de los dos primeros). Pero tengo que darle la razón, de manera parcial, en que es preferible no hacer nada a escribir artículos que contribuyen a prolongar la hegemonía de los mismos principios teóricos y práxicos que nos han llevado en volandas à la merde.

PD: No creo que haga falta, pero por si acaso. Defiendo y defenderé con todas mis energías que Muñoz Molina escriba lo que quiera… con las mismas energías que mi derecho a criticarlo.

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¿ESCUELAS SEGURAS O ESQUELAS SEGURAS?

I. ¿Qué sabemos del Covid19?

Sobre todo, dos cosas:

-1) Que es altamente contagioso, muy especialmente en espacios cerrados: el riesgo de contagio del coronavirus es 19 veces más alto que al aire libre. De ahí la normativa que prohíbe las reuniones de 10 personas (y en algunos países incluso menos: en el Reino Unido solamente 6).

-2) Que los niños y adolescentes son los que más contagian, principalmente porque pueden llevar durante semanas el virus en su organismo sin presentar síntomas.

En un principio se pensó que los niños (especialmente los más pequeños) contagiaban menos, pero varios estudios científicos han determinado justo lo contrario. Así, por ejemplo, el equipo dirigido por Laura Battisti y Pirous Fateh-Moghadam en la provincia de Trento, determinó que las personas menores de 15 años transmitieron de manera más eficiente la enfermedad, con 22.4% más contagios que la población entre las edades de 30 a 49 años.

De acuerdo con estas dos premisas, no hay peor idea que reunir a niños y adolescentes por decenas en espacios cerrados.
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Criterios para determinar la peligrosidad de una actividad:

Del análisis de los expertos cabe extraer seis parámetros para evaluar la peligrosidad de una práctica:
1. ¿Dónde se realiza? (al aire libre / en interior con buena ventilación / en interior con mala ventilación)
2. ¿Cómo se realiza? (en silencio / hablando en voz baja / hablando en voz alta)
3. ¿Con cuántas personas se realiza? (pocos / hasta 10 / más de 10)
4. ¿A qué distancia? (más de dos metros / entre 1 y 2 metros / menos de un metro)
5. ¿Durante cuánto tiempo se realiza? (poco tiempo / mucho tiempo)
6. ¿Con qué medios de protección se realiza? (aquí hay una amplia gradación dependiendo de varios factores: uso de mamparas, control de temperatura, gel, mascarilla…).

La enseñanza tal como está establecida para este curso arroja unos datos difícilmente empeorables: en 5 de esos parámetros se encuentra en el extremo más peligroso (en el parámetro 5, por ejemplo, el alumno está cinco horas en el colegio de Primaria y seis horas y media en el Instituto de Secundaria). Únicamente en el parámetro 6 estamos en una situación intermedia: sin mamparas, pero sí con gel y mascarillas… al menos mientras los alumnos se decidan a usarlos y no a jugar con ellos. Vamos a verlo con más detalle en el apartado II. ______________________________________________________________

II. El contexto español

En nuestro país concurren además circunstancias que agravan la situación de reunir bajo techo a muchos jóvenes:

-1) Prácticamente no se ha producido una disminución de la ratio.

  • a) Se suele señalar como excepción la Comunidad Valenciana. Y, en efecto, es la que ha hecho un esfuerzo mayor en la contratación de docentes: cuatro mil. Ahora bien, una vez repartidos por los dos mil centros educativos de la comunidad, arroja una media de dos profesores por centro, lo que solo puede tener una incidencia muy modesta a efectos de rebaja del número de alumnos por clase.
  • b) La comparación con Italia resulta elocuente: ellos han contratado 84.000 docentes, nosotros no llegamos a 25.000.
  • c) Un equipo de expertos de la Universidad de Granada realizó el pasado junio un estudio matemático que concluía que meter a 20 niños en un aula suponía un total de 808 contactos cruzados en dos días y 15.000 contactos en tres días. Como la inmensa mayoría de las aulas de este país supera la media de los 25 alumnos (e incluso la treintena), el ritmo de contagio será aún más alto que el descrito.
  • d) Desde el inicio de curso, los profesores están subiendo a las redes sociales fotografías de sus aulas en las que puede comprobarse que no hay siquiera un metro de distancia entre pupitres (contraviniendo así la distancia interpersonal de seguridad de al menos 1,5 metros, recogida en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio). En algunas ocasiones, los alumnos comparten además mesa (distancia cero).
  • e) En la ESO y bachillerato la situación es aún peor, pues, debido a la optatividad de asignaturas, los alumnos cambian de aula con bastante frecuencia, incrementando así las posibilidades de contagio.

-2) La importancia —ignorada— de la calidad del aire.

  • a) El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (Cogiti) advierte de que «una mala calidad del aire, como la de los centros educativos, puede ser decisiva en la propagación del coronavirus», y pide que intervengan expertos en calidad de aire en la elaboración de los planes de cada centro.
  • b) Cogiti citaba un estudio de la Universidad de Sevilla publicado en abril de 2020 (Calidad del aire en las escuelas andaluzas) establece que sólo el 17% de los casos estudiados cumplían con los valores de concentración de CO2 recomendados por la OMS. Por lo que se recomendaba «la implementación de sistemas de ventilación mecánica controlada según recogen tanto la reglamentación actual para edificios nuevos, como las normas de ergonomía ambiental desarrolladas en Europa». En la misma línea, la Organización Médica Colegial (OMC) considera necesario «realizar una evaluación de las condiciones reales de nuestros centros de enseñanza en lo referente a la calidad de su aire interior y su influencia en el riesgo de transmisión entre personas por vía aérea del Covid-19».
  • c) Nada de eso se ha producido en ninguna comunidad. Y muchos docentes no dudan en describir sus aulas como auténticos zulos.

-3) Todas las decisiones se han delegado a los propios centros educativos. Han sido los docentes los responsables de tomar decisiones y establecer protocolos acerca de una cuestión tan trascendental de salud pública de la que lo ignoran todo. Se trata de un disparate peligroso que solo puede entenderse como un intento ilícito de esquivar responsabilidades, en primer lugar, ante posibles contagios, pero también ante el previsible enfado de padres (bien por adoptar fórmulas de enseñanza no presencial o por lo contrario). Los docentes no tendrían que haber aceptado jamás esta responsabilidad. La secuencia hot potato ha sido esta: el ministerio delega en las comunidades autónomas; las comunidades autónomas en los equipos directivos y estos en el claustro. En algún centro circulan formularios —para profesores y/o para familias— que se parecen muchísimo a un consentimiento informado. El papel de la Administración andaluza se ha limitado a nombrar a un docente como coordinador Covid (que, como es natural, nada sabe de coronavirus ni pandemias) y a un enfermero de referencia. En todos los casos que conozco, este enfermero no ha aparecido por el centro, nunca ha cogido el teléfono ni ha devuelto la llamada.

-4) España es el país con peores cifras de contagio, tanto en la primera ola como en la segunda. Los estudios señalan que la seguridad de la reapertura de los colegios está más vinculada al éxito en el control epidemiológico del entorno que en las acciones preventivas que puedan implantar los centros. En buena lógica, pues, España debería haber sido el país que adoptara las medidas más radicales y claras. Sin embargo, lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario: las decisiones adoptadas no son sino apaños de ultimísima hora (a finales de agosto o, en algún caso, comienzos de septiembre), poco concretas y sin apenas inversión pública. La falta de liderazgo del Ministerio es evidente y la respuesta de las consejerías autonómicas ha ido en la misma línea marinera.

-5) Dinamarca es un país que ha hecho los deberes con mucha solvencia. Su ministra de Educación, Pernille Rosenkrantz-Theil, le dijo al Gobierno que «las medidas de seguridad eran ‘no negociables’ y que todo debía estar preparado antes de reabrir». Y continuaba con esta advertencia: «La lección es no reabrir antes de que el virus esté controlado. Cuando las cifras van a la baja, la reapertura puede comenzar. Entonces, se debe escuchar a las personas que tienen que hacer el trabajo y ayudarlas a hacerlo. La cooperación es clave». Una vez más, aquí se ha hecho justo lo contrario de lo que ha demostrado funcionar: se abren los colegios cuando las cifras de contagio están en subida libre y sin consultar a los docentes.

-6) En nuestro país se ha cultivado un modelo educativo basado en —por así decir— la «espontaneidad» y el repudio a la disciplina (en el doble sentido de la palabra). Pensar que el alumno ahora va a tener un comportamiento responsable y ajustado a norma, que centenares —en muchos centros, miles— de adolescentes, con un sentimiento de normatividad más bien endeble (por decirlo de manera amable), van a cumplir durante 10 meses los protocolos de seguridad nos conduce más que a los dominios de lo real a los de donde pasta el unicornio. Mucho más indiciario de la realidad juvenil son las denominadas «fiestas del Covid», donde los jóvenes tosen en los vasos para contagiar a los demás, el partido de fútbol organizado entre infectados y negativos, o aquellos, deslumbrados por el nuevo poder de intimidación sobrevenido, que hablan muy cerca de la cara de policías que han osado recriminarles cualquier conducta (y hablamos de policías, no de docentes, cuya autoridad para el alumno no alcanza el rasante de sombra de humo).

-7) Resulta muy instructivo darse una vuelta, poco antes del inicio de la jornada o poco después de su finalización, por los alrededores de un centro educativo: pandillas de jóvenes interactúan desenmascarillados, no ya sin respetar el espacio de seguridad sino en estrecho contacto físico entre ellos. El mensaje de que esta enfermedad afecta solo a los «viejos» tampoco ayuda. Ni el sistemático ocultamiento de las imágenes más duras de la pandemia, cuya difusión hubiera hecho más fácil la toma de conciencia.

-8) No resulta difícil anticipar que va a ser un curso con muchas bajas docentes (ya se ha percibido un incremento significativo en las prejubilaciones). La consigna compartida es no ir al centro educativo al menor síntoma. Y el miedo es libre y liebre. El resultado será más hacinamiento y descontrol.

-9) Llama mucho la atención el contraste con las medidas que se adoptan en otros ámbitos. Algunos ejemplos extraídos de la función pública:

  • a) No hay institución más esencial en una democracia que el Parlamento, pues allí se encuentran los representantes legítimos del pueblo. Y su tarea nunca es más necesaria que en momentos como los actuales, en los que se discuten y se toman decisiones cuyas consecuencias van a marcar los próximos años o quizás décadas. La norma establece, sin embargo, que solo puedan asistir la mitad de los diputados, un 50% de reducción de ratio nada menos. Pero aún un parlamento con el 100% de asistencia sería mucho más seguro que centros educativos que concentran en menos espacio a la población potencialmente más contagiosa.
  • b) Otro pilar insoslayable de la democracia es el Poder Judicial, que tiene como atributos esenciales la transparencia y la publicidad. Pero aquí de nuevo se produce un recorte que ni siquiera se cuantifica: se concede al juez la potestad de determinar a quién se le permite la entrada en la sala de vistas.
  • c) Para entregar un simple papel en cualquier oficina de registro de la Administración (que suele llevar menos de un minuto) se requiere cita previa, enorme mampara interpuesto e ingreso individualizadísimo. Lo mismo cumple para cualquier trámite en consejería o delegaciones, que han pasado los lugares urbanos con menos personas por metro cuadrado.
  • d) Muchas piscinas municipales están cerradas (a veces con la excusa de obras de mejora); y para usar instalaciones deportivas se establece un horario restringido, cita previa y DNI de los participantes, incluso para deportes de tan escaso nivel de contacto como el tenis.

-10) El uso constante de mascarilla en clase, por otro lado, provocará una calidad de enseñanza muy baja por las siguientes razones:

  • a) nos escucharemos muy poco y muy mal (ni siquiera se ha dotado a los centros de un micrófono para que la voz del docente llegue con cierta claridad al final de la clase).
  • b) se incrementarán los casos de faringitis e infecciones de garganta (al estar continuamente respirando el agente patógeno tras la mascarilla).
  • c) toda la dinámica de aula será extremadamente artificial (con movimientos controlados y sin que los alumnos puedan salir a la pizarra).
  • d) aumentarán exponencialmente las posibilidades de sabotear la clase: ¿cuántos ruidos anónimos pueden hacer los alumnos amantes de la disrupción amparados en la máscara?

III. ¿Y cuáles son las razones para, a pesar de lo anterior, defender la presencialidad?

1. La enseñanza presencial es lo primero. Desde la Consejería se deja bien claro: «Deseamos que la enseñanza sea presencial porque la educación tiene que ser prioritaria». Ahora bien, ¿prioritaria respecto a qué? La ministra ahonda en la misma línea: «merece la pena el riesgo». Pero un riesgo puede merecer la pena cuando lo asume uno mismo y no se hace asumirlo a otro (y el riesgo del que estamos hablando puede significar la pérdida de la vida o importantes secuelas). En ese sentido no deja de resultar significativo que consejero y ministra se hayan prodigado únicamente en reuniones telemáticas y reconozcan no haber visitado ni un solo centro educativo. No resulta nada anecdótico que, por primera vez, el consejero andaluz diera por inaugurado el curso en una comparecencia virtual, en lugar de asistir a un colegio en compañía del presidente andaluz, como era la costumbre.

2. Los jóvenes ya están de botellona, de fiesta, de discoteca, etc.; por tanto, no van a estar en peor situación en los centros educativos.

  • En primer lugar, son actividades, en efecto, con alto índice de contagio… y que están prohibidas. Por tanto, el principio de acción correcto es establecer controles más eficaces y no extender la permisividad. En cualquier caso, estas observaciones obvian un detalle que se nos antoja relevante: en el centro educativo hay adultos involuntariamente implicados (los docentes y PAS). Teachers lives matter.
  • La misma perspectiva de «invisibilidad profesional» y de pivotaje exclusivo sobre los alumnos la hallamos no solo en los políticos («los niños estarán más seguros en el colegio que en la calle», Imbroda de nuevo), sino también en expertos médicos, como la vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría (AEP), Inmaculada Calvo, a la que le parece absurdo que los padres no tengan miedo cuando sus hijos están sin mascarilla en la playa o piscina y sí lo tengan a la hora de llevarlos al colegio. Ella aboga por «no tener más tiempo a los niños encerrados porque al final aparecerán otras enfermedades derivadas de esto». La respuesta es obvia: 1) Cualquier actividad al aire libre —playa, piscina— es mucho menos peligrosa que en el aula (vid supra); 2) No tiene sentido plantear como única alternativa a estar encerrados la asistencia al colegio (que tampoco tiene como función servir de «terapia ocupacional» o afines); 3) La vida de los profesores (también) importan.
  • El desprestigio que se ha hecho recaer sobre la función docente en los últimos años ha sido extenso e intenso, así que no hay demasiados motivos para extrañarse de que su salud no cuente socialmente. Sin embargo, es claro el incumplimiento del artículo 25 de la Ley de Riesgos Laborales 31/1995, que dice así:

«Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa, ponerse en situación de peligro

  • El Covid19 afecta a todos, pero especialmente a adultos de cierta edad. No es exagerado afirmar que ahora mismo, y como vimos al principio, no existe actividad laboral más expuesta al coronavirus que la de dar clase a decenas de adolescentes en un espacio cerrado (téngase en cuenta además que la enfermedad será tanto más grave cuando mayor sea la carga viral a la que uno se expone). Ni siquiera se han instalado mamparas de separación. Tomar la temperatura es una solución a todas luces insuficiente, pues la inmensa mayoría de los alumnos son asintomáticos («propagadores silenciosos» los califican los investigadores de los hospitales de Massachussetts, que han determinado la mayor carga viral de los niños y el papel decisivo que juegan en la propagación del Covid19; véase la revista virtual Redacción Médica, 20/08/2020: https://www.redaccionmedica.com/secciones/pediatria/covid-ninos-propagadores-silenciosos–9701).
  • El hecho de que el docente mire por su salud (y/o por la de su familia) ya ha sido calificado por cargos públicos como «insolidario y egoísta», y se nos compara negativamente con enfermeros y médicos. Ahora bien:

a. El personal sanitario trabaja con EPIS, es decir, con equipos fiables de protección individual. En la mayoría de los centros docentes, el profesor solo cuenta con mascarillas y gel (cuestión aparte es la negligencia, presuntamente de naturaleza penal, de los poderes públicos a la hora de suministrar protección a los sanitarios; pero eso ha de ser una actuación a erradicar —con condena judicial— y no a exportar a otros colectivos).

b. Son profesiones distintas: los sanitarios tratan con enfermedades, nosotros no. Y las consecuencias también son distintas: los alumnos no se mueren si no van al colegio.

c. Asumir un riesgo de salud solo puede ser una opción libre, individual, intransferible, o sea, no exigible profesionalmente. Desde nuestra perspectiva, es absurdo e inaceptable aceptar este riesgo cuando existen alternativas viables, cuando ha habido tiempo de sobra para haberlas implementado y cuando la razón para no hacerlo estriba únicamente en se prioriza otro tipo de gastos e intereses.

3) Los niños tienen que ir al centro para que los padres puedan ir a trabajar. Este argumento expresa de manera meridiana una triste realidad: los centros educativos se han convertido, de facto, en guarderías. Sin embargo, su función no es esa sino ser el espacio propio de la transmisión de conocimiento (eso es lo que hace a la escuela la institución social más valiosa). Esto no significa que no deba darse respuesta social a la problemática que plantea el cierre (parcial o total) de los colegios, sino que no es tarea que corresponda asumir a los centros educativos.

4) Los jóvenes necesitan socializar. En gran medida, vale lo expresado en el anterior apartado. Por otro lado, conviene reivindicar intempestivamente la diferencia entre la realidad y el deseo. Un niño necesita hacer ejercicio físico, pero si ha sufrido un politraumatismo severo es mejor (es menos malo) que guarde reposo. No se trata de elegir lo ideal (siguiendo el más inane wishful thinking) sino la opción más razonable de las posibles.

5) La enseñanza telemática aumenta la brecha escolar. Nuestro sistema educativo es profundamente clasista (dejamos para otro momento la fundamentación de este aserto). Acabar con la desigualdad estructural en la escuela supone analizar cabalmente las causas que la provocan, como inevitable paso previo para proponer remedios eficaces. Lo que genera la brecha escolar es un mal sistema educativo como el que tenemos. Las dificultades que plantea la enseñanza telemática, si hubiera una enseñanza a la altura de su misión, serían fácilmente salvables con un mínimo de voluntad política.

IV. Qué se puede hacer

  1. La única manera de continuar con la enseñanza presencial es contratando a muchos docentes. Es un esfuerzo económico que no se ha querido hacer (ni se ha planteado siquiera). Hay que reconocer que el desembolso económico hubiera sido enorme en un momento de crisis y, sobre todo, que no es compatible con dispendios como el Estado de las autonomías, la sobreabundancia de cargos políticos, el Gobierno más hipertrofiado de nuestra historia (tanto en ministerios como en altos cargos), la elefantiasis de la Administración, la política de subvenciones (nada menos que 122.000 millones al año), el Senado, etc. Los recursos son finitos y es necesario establecer preferencias. Nuestra clase política, con alguna contada excepción, ni siquiera ha manifestado la menor intención de recortar en las partidas enumeradas arriba. También en esto Italia ha seguido otra senda y votará próximamente en referéndum si reduce en un tercio el número de diputados.
  2. La enseñanza presencial, en condiciones normales, es muy superior a cualquier enseñanza telemática, eso debe quedar claro. Pero en las condiciones actuales, y por las causas que hemos descrito, no es así. Se puede aprender mucho más con medios tecnológicos a distancia (principalmente si existen unas bases educativas firmes) que con el modelo confuso e inseguro por el que se ha optado. Naturalmente esta afirmación requiere la garantía de que todos los alumnos han de tener acceso virtual garantizado. Sin una sola excepción.
  3. La tarea es difícil, en cualquier caso, porque esta pandemia actúa sobre otra pandemia previa: un modelo que minusvalora los contenidos y una concepción formalista de la enseñanza que considera a los centros educativos como un espacio lúdico más próximo a la asistencia social que a la adquisición de conocimientos. La crisis actual, como todas las crisis, puede suponer una oportunidad para tomar conciencia de los lastres y deficiencias de nuestro sistema educativo.
  4. Un centro educativo, ya lo hemos dicho, no ha de tener como tarea la guarda legal de niños y adolescentes. Eso no significa que no se puedan usar sus espacios para tal fin y permitir así a los padres desarrollar su actividad laboral en las mejores condiciones. Se puede usar cualquier otro espacio con las condiciones requeridas: parques, polideportivos, zonas recreativas…, incluso, por qué no, parlamentos, diputaciones, ayuntamientos o patios anejos a dependencias políticas, en los que, a diferencia de los centros educativos, suelen sobrar los metros cuadrados. Por lo demás, la tarea de custodia no puede recaer sobre los docentes, que están para otra cosa. En Alemania se ha contratado a un gran número de jóvenes (ya se sabe, el colectivo al que menos afecta el Covid19) para, en espacios preferentemente abiertos, atender a los menores. Ello permite además que su sueldo sea inferior y públicamente asumible.
  5. La enseñanza propiamente dicha, en la situación actual, ha de ser básicamente telemática. He aquí un esbozo de los aspectos principales:
    1. Establecer un sistema de tutorías individualizadas presenciales, especialmente para guiar a alumnos con problemas de aprendizaje.
    2. La Administración tendría que desarrollar un modelo bien vertebrado y con abundantes recursos virtuales de calidad; ello exigiría contratar a personas competentes para la creación de contenidos (o llegar a acuerdos con editoriales del ramo).
    3. El docente habría de adaptarse a la nueva situación y está obligado a aprovechar los medios que ponga a su disposición la Administración, para empezar aprendiendo cualquier herramienta que pueda resultar útil: grabación de podcasts, edición de vídeos, manejo de aplicaciones internáuticas para interactuar mejor con sus alumnos, etc. No caben excusas.
    4. El alumno debe entender que el esfuerzo es condición ineludible para el éxito educativo y que en ningún caso el inevitable cambio metodológico acarreará una rebaja de contenidos (ya de por sí exiguos).
    5. Los exámenes serían todos presenciales con especiales medidas de seguridad (por ejemplo, fraccionando la clase en distintas aulas).
    6. Resulta desolador constatar los meses que se han perdido sin haber avanzado nada. Es un síntoma más de lo poco que importa la enseñanza en nuestro país. La preocupación de los políticos ha estado más bien en no disgustar a los padres y en hacer como que hacen.
  6. Entre las respuestas peores de los políticos se encuentra, sin duda, la del consejero andaluz. En plena alza de la ola, con aulas escasamente ventiladas y superpobladas, la «solución» del consejero pasa por amenazar a los padres que no quieren llevar a sus hijos al colegio. Por fortuna, empiezan a vislumbrarse en la sociedad civil reacciones prometedoras:
    1. Rafael Budo, director del Instituto Andaluz Para la Prevención del Acoso Escolar, avisa del peligro, anima al absentismo (sus hijos no van al colegio) y recluta a padres-policías para que certifiquen en los centros educativos, no solo en Andalucía sino en toda España, el carácter inadecuado de las medidas sanitarias adoptadas.
    2. Manuela Biedma, por su parte, es abogada y ha ofrecido su despacho de forma totalmente altruista a cualquier padre que sea denunciado por no llevar a sus hijos al colegio.
    3. Save The Children, por su parte, ha pedido una mayor inversión económica para que las medidas sean realmente seguras.
    4. La Plataforma Estatal de Enfermera Escolar ha informado a la Fiscalía de Menores del «grave riesgo» que sufren los niños y jóvenes en los centros educativos. El Foro Español de Pacientes (FEP) se ha sumado a la denuncia.
    5. No deja de ser también expresivo, que la Federación de Fútbol recomiende a los futbolistas dejar a sus niños pequeños en casa para evitar contagios.
  7. A título individual, un docente puede hacer lo siguiente:
    1. En primer lugar, negarse a dar clase en cualquier aula donde no se respete el metro y medio de distancia o concurra cualquier otra circunstancia de inseguridad. Lo mismo si se trata de una guardia.
    2. Entregar por registro las razones de la negativa.
    3. Solicitar la recepción por escrito, debidamente firmada, de cualquier instrucción que pueda suponer un riesgo para la salud. Determinar quién se hace responsable es fundamental en un modelo que se ha diseñado para anublar ese aspecto.
    4. Entregar en cualquier oficina de registro un escrito detallando: a) los peligros a los que se expone en su centro; b) el incumplimiento del precitado artículo 25 de la Ley 31/1995; c) y el consecuente exhorto a que la Administración, primero, enmiende el estado de cosas y, en su caso, asuma la responsabilidad legal ante cualquier contagio en el centro de trabajo.

Carlos Rodríguez Estacio

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ALFALFA PARA EL PUEBLO

ALFALFA PARA EL PUEBLO

Decía Thomas Mann que «con el tiempo, es mejor una verdad dolorosa que una mentira útil». La Administración educativa, a juzgar por las instrucciones que ha hecho llegar a los centros educativos, no debe estar nada de acuerdo. Eso explica que promueva una evaluación global, proscriba que la 3ª evaluación pueda bajar la nota u obligue al profesor a valorar «las dificultades» del alumnado (sin aclarar qué ha de entenderse por `dificultad´ ni cómo se tasa en la nota). Lo más significativo, sin embargo, es el importante incremento de burocracia que se hace recaer sobre el docente. Hasta 16 apartados —y según cálculos modestos, no menos de 100 páginas— ha de cumplimentar el informe por una reclamación. Uno de estos apartados solicita copia digital de todo lo que ha producido el alumno a lo largo del curso (una tarea de muchas horas); otro la transcripción de todas las anotaciones privadas (exigencia poco compatible con el derecho a la intimidad del docente… y del alumno). En contraste con este fárrago, al denunciante se le facilita un modelo en el que basta redactar unas pocas palabras para dar inicio el proceso.

Resulta difícil sustraerse a la interpretación de que se está promoviendo el aprobado general de manera solapada. Y considero que el asunto merece una reflexión que, a mi entender, habría de abordar estos diez puntos clave:

  1. La sociedad española, en general, percibe la enseñanza no como una oportunidad de desarrollo personal (y social, profesional…) sino como un obstáculo para obtener la titulación deseada.
  2. La Administración educativa, en consecuencia, aplica recetas populistas con el objeto de generar el máximo contento social. Y en este propósito el papelorio se revela como una herramienta muy eficaz: a) por el efecto disuasorio de los abrumadores informes; b) porque brindan muchas oportunidades de atender las reclamaciones.
  3. Detengámonos en esto último: basta la detección del menor defecto formal para trocar, de manera casi taumatúrgica, la nota más baja en un aprobado. En un Instituto de gran solera, la Inspección aprobó a una alumna, en una asignatura troncal de 2º de bachillerato, que no había aprobado nada durante el curso y que no se presentó al examen final de recuperación. El motivo alegado fue que la alumna no había sido informada del contenido del examen. Lo más extraordinario es que no tiene nada de extraordinario: estas «enmiendas» se repiten una y otra vez. Si se aplicara este modus operandi al ámbito médico, un error en una prueba diagnóstica habría de conllevar, independientemente de la enfermedad, ¡el alta inmediata del paciente y la certificación oficial de su salud! No hace falta vivir tiempos de pandemia para echarse a temblar con la perspectiva.
  4. Esta política de `contentamiento´ la practican todos los partidos. La tendencia la instauró la LOGSE, pero todas las formaciones políticas se han adaptado a ella ante la expectativa —probablemente acertada— de que los votantes penalizarían al partido que propusiera una evaluación objetiva (en paralelo a una enseñanza seria y exigente).
  5. No obstante, sí hay diferencias entre regiones. La ex ministra del PP Isabel García Tejerina generó una enorme polémica cuando afirmó que los alumnos de Andalucía estaban dos cursos por debajo de los de Castilla-León. No era una opinión personal sino la mera trasposición de datos objetivos. La entonces presidenta andaluza, Susana Díaz, la acusó de «supremacista», «clasista» e «ignorante». El PP andaluz también se desmarcó con rotundidad. Allí donde no hay respeto por la enseñanza, ¿cómo va a ser oída la verdad?
  6. Una cosa es ser humanamente comprensivo ante una situación extraordinaria y otra muy distinta es tenerla en cuenta a la hora de evaluar, que solo generaría nuevos perjuicios: la ignorancia y la injusticia. A mis alumnos les puse el siguiente ejemplo: «Imagínate que estoy en 6º de Piano en el Conservatorio y tengo un accidente que me deja inmóvil en la cama durante meses. Sería muy cruel que alguien me reprochara mi abandono de la práctica del piano. Pero sería muy absurdo que yo solicitara una calificación positiva por mi situación convaleciente. La realidad es así: no está hecha para moldearse a nuestros deseos, necesidades o gustos». Este tipo de discurso es extraordinariamente raro en la enseñanza actual.
  7. La respuesta del gremio, como cabía esperar, ha ido por muy otros derroteros: facilidades de todo tipo, prevalencia del enfoque subjetivo-sentimental y, sobre todo, una muy acusada bajada de nivel. No creo que haya peor mensaje educativo: en vez de enseñar la necesidad de crecer con los problemas, se les allana el camino hasta lo imposible. Como en una suerte de principio sui degeneris de Arquímedes, el alumno ya cuenta que: «toda nota experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso de los problemas que se declaran». Se refuerza así una lección tan popular como tóxica: el victivismo reporta beneficios. Sin duda, habrá situaciones muy complicadas, pero desvincular resultados académicos y niveles de conocimiento solo demuestra un acusado menosprecio por la enseñanza.
  8. El mensaje para el docente es claro: o apruebas o quedas inexorablemente empapelado (quizás también en un segundo sentido). Y provoca una asimetría (suspender solo trae problemas; aprobar todo lo contrario) incongruente con el contexto de imparcialidad en el que el funcionario ha de desarrollar su labor.
  9. El valor educativo de las calificaciones objetivas es doble: a) orientan acerca del rendimiento alcanzado; b) suponen un estímulo para el alumnado, pues reconocen su buena labor o le instan a esforzarse más (o a trabajar de otra manera). Sin esta herramienta educativa, las posibilidades de aprendizaje se disipan rápidamente. Y es justo lo que está ocurriendo, casi siempre tapizado con clichés como los de «enseñanza personalizada», «adaptación al entorno», «atención afectiva», «evaluación integradora, inclusiva y atenta a la diversidad», que no son sino signos de la ignorancia y la barbarie.
  10. Arreglar la educación es asunto muy complicado, entre otras razones porque no hay manera de hacerlo en un plazo razonablemente corto. Un Gobierno improbable que asumiera esta tarea digna de Hércules —que ya empezaría con el gafe de ser la decimotercera— habría de asumir un importante coste electoral… para una cosecha que sería recogida, años después, por otro Sencillamente nuestro país carece de mecanismos institucionales que garanticen la atención al bien común más allá de intereses partidistas y cortoplacistas. Se opta, pues, por el escaparate. Solo hay una medida que pudiera surtir beneficios inmediatos: las pruebas objetivas externas. Pero el rechazo que generan es muy alto (ni siquiera son bienvenidas por la mayoría de los docentes). No hay nada de extraño: nuestro sistema de producción masiva de «borriquitos con chándal» (según la cruda pero atinada descripción de Ferlosio) es del todo incompatible con un diagnóstico certero de lo que nuestros alumnos verdaderamente aprenden.

No hay razones para el optimismo. Las nuevas hornadas docentes ya han sido educadas en la LOGSE y, salvo honrosísimas excepciones, llevan incorporadas de serie todos estos tics, chips y shits. Del opio para el pueblo hemos pasado a la alfalfa para el pueblo. ¿Cómo extrañarnos entonces de que los rebuznos y las coces sean el coro y la coreografía de nuestro país?

Carlos Rodríguez Estacio

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CONCIERTOS Y CONCERTINAS

CONCIERTOS Y CONCERTINAS

Este artículo consta de dos partes: la primera explica que el hipotético incumplimiento por parte del Estado del artículo 27.3 de la Constitución («Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones») no sería por defecto sino por exceso (al colisionar con otros derechos). La segunda parte revisa críticamente las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza concertada en nuestro país.

-I-

Algunas observaciones preliminares acerca del artículo 27.3:

  1. Este artículo —como el 35 (derecho al trabajo) o el 47 (derecho a disfrutar de una vivienda digna)— es una norma programática, es decir, se limita a orientar sin llegar a ser imperativa (por eso su incumplimiento no se puede denunciar en los tribunales).
  2. El derecho a elegir no implica la subvención de esa elección. Tengo derecho a la libre circulación, pero no a que el Estado me pague el AVE o los aviones de Iberia que quiera tomar.
  3. No se trata de un derecho absoluto: no hay derecho, por ejemplo, a elegir para los hijos enseñanzas racistas, antidemocráticas o terraplanistas.
  4. Lesiona el derecho de los hijos a no ser prolongación de sus padres. La continuidad educativa total, en lo relativo a dogmas y creencias, entre el ámbito familiar y el civil, priva al alumno del contacto con la pluralidad de maneras de interpretar la realidad, que es clave para construir su singularidad y para fundamentar una convivencia democrática.
  5. Atenta contra el principio de igualdad: un barrio con una escuela pública y otra concertada católica ofrece el doble de posibilidades de elección a las familias que profesan esta religión.

El Estado cumpliría de sobra con el artículo constitucional incluso si decidiera suprimir la enseñanza concertada, pues: a) queda la opción de la enseñanza privada; b) concede ayudas (IRPF y exenciones fiscales varias: la concertada no paga IVA y, si es religiosa, tampoco IBI) que, indirectamente, subvencionan cualquier catequesis religioso-moral; c) paga a los docentes que elige la Conferencia Episcopal —o el organismo que corresponda en otras confesiones— para impartir sus doctrinas.

En realidad, el Estado no solo cumple con el precepto constitucional sino que lo hace de una manera excesiva e injusta. La asignatura de religión es la única que ostenta el privilegio de estar presente en todos los cursos del sistema educativo: desde el primer curso de Enseñanza Infantil hasta el último curso de Bachillerato (por tanto, antes y después del tramo obligatorio de enseñanza). Por otro lado, su presencia en el horario escolar genera un perjuicio para los alumnos que no la cursen, pues la alternativa no puede ser hora libre, ni actividad lúdica, ni versar sobre contenidos académicos (la LOMCE añade la condición de ser evaluable al mismo nivel que las demás).

Pretender, además, que los padres tienen derecho a que el Estado les sufrague una instrucción global con perspectiva de dogma (¿Matemáticas católicas?, ¿Filosofía según la fe islámica?, ¿Biología al modo de los Testigos de Jehová?…) no encuentra acomodo ni en la Constitución ni en el sentido común. Por eso no nos puede extrañar la escasa presencia de este tipo de enseñanza en los países de nuestro entorno (y allí donde existe, se desarrolla con reglas muy distintas). España, por cierto, es el segundo país con más alumnos en colegios concertados y privados (solo detrás de Bélgica).

-II-

Digámoslo sin rodeos: la enseñanza concertada constituye un poderoso ariete contra la escuela pública. En consecuencia, subvencionar aquella equivale a financiar la demolición de esta. Luego serán los matices, ahora expliquemos qué justifica una afirmación de este tenor.

  1. Se suele olvidar que, antes de las grandes leyes socialistas, la enseñanza verdaderamente prestigiosa y solicitada era la pública (sobre todo en las Enseñanzas Medias). El panorama viró 180º con la combinación de dos novedades: el establecimiento del régimen de conciertos (LODE) y la comprensividad (LOGSE). Según esta última, todos los alumnos, con independencia de su nivel académico, quedaban escolarizados en el mismo curso hasta la edad tardía de 16 años. Esto provocaba inevitablemente un descenso de la calidad educativa, en relación directamente proporcional al porcentaje de alumnos con bajo nivel académico o escaso deseo de aprender. Como los entornos menos pudientes son también los más endebles culturalmente, la medida provocó de inmediato efectos clasistas. En muy pocos años, Institutos de extrarradio que habían tenido un excelente rendimiento, quedaron irremediablemente hundidos; o, si prefieren, reconvertidos en una suerte de guardería asistencial que, en el mejor de los casos, adiestra para producir una fuerza laboral de baja cualificación.
  2. Este contexto favoreció extraordinariamente a los colegios religiosos, cuya supervivencia en los años 80 estaba severamente comprometida. La razón de su alza es muy sencilla: en cualquier sistema donde se pone en marcha una degradación por la presencia de elementos disruptores, la capacidad para cribarlos supone una invencible baza ganadora. Se instaló así una dinámica de concentración de los alumnos más motivados académicamente en los concertados y exactamente lo contrario en la pública. Es una dinámica que se retroalimenta con fuerza: no es raro que, a partir de cierta asimetría y para huir del gheto, el padre más ateo y anticlerical termine matriculando a su hijo en la concertada. Igual que, si tuviera una enfermedad que no se pudiera tratar en los hospitales públicos, lo llevaría a la mejor clínica aunque fuera del Opus Dei.
  3. La elección de la enseñanza concertada no se basa en una cuestión de creencia religiosa o estilo de enseñanza, sino de simple selección social. Vayan un domingo a la salida de cualquier parroquia y tendrán una medida bastante exacta de la demanda real que existe de adoctrinamiento religioso. De hecho, una de las prácticas utilizadas para conseguir los puntos por familia monoparental es la del divorcio (que, ya saben, no es reconocido por la Iglesia católica).
  4. Los padres tampoco eligen los colegios concertados porque piensen que en ellos se imparte una mejor docencia. Los docentes suelen ser peores, no solo porque no han pasado el tamiz de calidad de las oposiciones, cobren menos y den más horas de clase, sino porque es habitual que impartan materias de las que no son especialistas. Lo verdaderamente relevante en la elección paternal es la búsqueda de compañeros para sus hijos con aptitudes y actitudes académicas. Y es muy razonable: a partir de cierta edad, el grupo empieza a tener una importancia determinante en los gustos y las conductas del adolescente.
  5. Se podrá objetar que el mismo baremo se aplica a la enseñanza concertada y a la pública. Y es verdad. Hasta hace unos años el proceso era bastante opaco, pero últimamente los padres se han ocupado de fiscalizarlo, incluso contratando a detectives privados. No obstante, perviven diversas maneras de mantener el espíritu selectivo, verdadera razón de ser de la concertada (dejamos intencionadamente a un lado aquellos procedimientos que transcurren al margen de la ley):
  • a. La selección suele empezar con la ubicación: la gran mayoría se hallan en barrios residenciales de nivel socioeconómico entre medio y alto.
  • b. Los colegios suelen ofertar líneas no concertadas de enseñanza infantil bastante costosas (no las puede pagar todo el mundo), que permiten el ingreso en el centro sin pasar por ningún baremo.
  • c. El ideario católico de la mayoría de estos centros excluye a priori el colectivo de inmigrantes magrebíes, que no es precisamente el más disciplinado ni interesado.
  • d. Existen filtros eficaces que evitan el desembarco de «familias inadecuadas»:
    • El uniforme (que incluye ropa de abrigo, de deporte, etc.) suele ser bastante caro.
    • Las actividades extraescolares (visitas culturales, viajes fin de curso, fotos y vídeos de primera comunión…) son igualmente onerosas. Siempre queda la opción de no participar en ellas, pero reconocerán que quedar `distinguido´ en el grupo como pobre no es la mejor situación para un niño.
    • And last but not least, el pago de matrículas. Como están prohibidas por ley se presentan como `donación´, pero son obligatorias, mensuales y nada baratas.

6. Conviene precisar que la enseñanza concertada dista de ser un bloque homogéneo. Hay colegios que no son religiosos, incluso los hay de inspiración progresista. Los católicos suponen la inmensa mayoría (70% respecto del total), pero dentro de ellos se abre un amplio espectro cuya coloración varía según el sector socioeconómico al que se dirige (también hay, muy excepcionalmente, colegios religiosos en barriadas marginales). En función de ello, oscilará el precio de matrícula, extraescolares y uniforme (la matrícula más baja supone 60 € al mes y la más cara corresponde al colegio Saint Paul’s School, en Barcelona: 850 € mensuales). Pero en todos los casos el dinero público sirve para pagar un porcentaje —un descuento sufragado por todos— de una plaza escolar cuyo sentido es segregar. De esta forma, sus usuarios obtienen un servicio exclusivo a un precio inferior y la empresa incrementa clientela y ganancias por encima de sus posibilidades de mercado.

7. Más allá de esta financiación pública injustificada (solo rinde beneficios privados), la relación entre enseñanza pública y concertada a) se plantea a partir de una competencia desleal; b) es un juego de suma a cero: lo que una gana, la otra lo pierde; c) se trata de una relación parasitaria: el éxito de la concertada vive del fracaso de la escuela pública. Como decíamos arriba, se plantea una combinación letal de dos elementos aparentemente opuestos: mientras que la comprensividad unifica lo que es en sí diverso, el concierto diversifica lo que es en sí único. El resultado es la sustitución de la selección académica por la selección social. Y esto, en términos democráticos, es gravísimo. Por eso no puede extrañarnos que en las poblaciones donde no existe concertada, la pública funciona mucho mejor, al no existir fuga de sus mejores alumnos. Ni que los lugares con mayor proporción de enseñanza concertada sean Barcelona, País Vasco, Navarra, Madrid y La Rioja.

8. Nuestro sistema educativo, a partir de la LOGSE, funciona muy mal. Tan mal que hubiera sido derogado a los pocos años de no ser por el factor de estabilidad que proporciona la fuga subvencionada a los conciertos. Son pateras de lujo, pues sus beneficiarios son aquellos sectores que tienen capital humano e influencia social. De esta manera: a) el malestar nunca se generaliza y, sobre todo, nunca llega al sector más dinámico de la sociedad; b) se genera una neutralización de toda iniciativa crítica por el hecho de que tus hijos estudien en ese tipo de enseñanza (neutralización que alcanza no solo a periodistas, a políticos y agentes sociales sino también a los profesores de la pública y a sus sindicatos). Por si fuera poco, el modelo facilita alianzas estratégicas con otros intereses —muy claramente, los nacionalistas—, y así el nivel de blindaje que alcanza es prácticamente inexpugnable.

9. De la mano de la concertada, se abre un negocio tan vasto como ilícito:

  • Muchos de los colegios religiosos tienen editorial propia. Como cabía esperar, en todoslos grupos de todos los cursos tienen como libros de texto los de «producción casera» (una derogación de facto de la libertad de cátedra). Se trata de un pingüe beneficio. Pingüe e irregular: el Estado subvenciona la plaza escolar (y en algunas comunidades, como Andalucía, también la gratuidad de los libros) para que el empresario obligue a adquirir sus La situación es idílica para ellos: cada libro que editan estas editoriales tiene garantizada de antemano una cuota significativa de mercado.
  • Esa fortaleza (subvencionada) le permite competir en condiciones más que ventajosas en la enseñanza pública. De esta manera, realiza una muy lucrativa inversión mercantil al tiempo que expande sus valores religiosos.
  • Por supuesto, estas editoriales tienen también colecciones de lecturas obligatorias que proporcionan importantes beneficios.
  • En aquellas comunidades con libros gratuitos es muy frecuente que el alumno tenga dos libros de texto, uno que deja en el colegio y otro en casa, así se ahorra la plebeya mochila. Doble negocio, pues.
  • Estos colegios concertados, además, se ocupan de vender los libros en sus dependencias. Pasamos, pues, de la competencia desleal a las editoriales a la competencia desleal a las librerías. A menudo lo hacen directamente, sin necesidad de ningún requisito legal; en otras ocasiones, se dan de alta como librería por un mes (o poco más) y luego cierran.
  • Por lo general, estos colegios «hacen seguimiento» acerca de quién compra y quién no los libros en el propio centro (sin descuento), y trasladan con diferentes métodos a sus clientes que «no se mira igual» a unos y a otros (ni a sus hijos).
  • En España rige la ley del precio fijo en los libros, que supuestamente protege al libro y a los libreros. Pero esta ley tiene una excepción: los libros de texto. Lo asombroso es que esta excepción no se utiliza, como cabría pensar, para rebajar el precio sino para aumentarlo. Obvio es decir que esta práctica se produce allí donde no hay competencia posible. No es extraño encontrar, por ejemplo, un cuaderno de actividades (desechable) con pocas páginas y a una tinta por 30 €.
  • Como conclusión, no puede extrañar que la Iglesia Católica sea el primer grupo empresarial en volumen de negocio, con una maraña de empresas omnipresentes en el ámbito educativo. Impone los libros de texto de sus editoriales en los más de 2.600 centros educativos, subvencionados públicamente, que gestiona de manera directa. Y, como queda dicho, con ese potencial se lanza hacia los centros públicos con una fortaleza excepcional.
  • Por otro lado, la titularidad privada permite a estos centros habilitar otras vías de financiación sin control público: alquilan sus instalaciones, hacen aparcamientos subterráneos en sus campos de deporte, etc. Todos estos factores proporcionan ventajas competitivas. En el barrio donde yo vivía hace no mucho «competían» unas aulas prefabricadas de uralita (las famosas caracolas), en la pública, y un centro concertado con 40.000 m2, pabellón cubierto y piscinas climatizadas. ¿Qué preferiría Vd. para sus hijos?

10. Por todo lo explicado, la enseñanza pública ha terminado desempeñando un papel subalterno de la concertada, y eso democráticamente es inaceptable, pues:

  • a. Solo la enseñanza pública —cuando funciona de acuerdo a sus principios— garantiza un espacio de encuentro interclasial y plural: con docentes seleccionados no por sus creencias sino por sus conocimientos y con alumnos de cualquier extracción social (conviene aquí recordar que hay centros concertados que incluso segregan por sexo).
  • b. La fortaleza de la enseñanza pública es indispensable para articular una verdadera igualdad de oportunidades.
  • c. Únicamente el funcionario docente puede atender a los intereses generales sin ceder a la presión de ideologías o de negocios particulares.

La situación educativa en España cabe denominarla como democráticamente suicida (no solo por lo explicado, pero es el tema que ahora toca). Revertirla exige, entre otras medidas, la derogación de la enseñanza concertada (al menos en su planteamiento actual). Hay quien la defiende por su menor coste, algo que no debería sorprendernos teniendo en cuenta que se trata de un descuento. En cualquier caso, la clave no es la cuestión económica sino la necesidad de interrumpir las muchas externalidades negativas que provoca este tipo de enseñanza. Naturalmente, la supresión de la concertada no podría abordarse de golpe sino de manera gradual (y el descenso de natalidad genera unas condiciones más que propicias). No entro ahora en detalles de cómo se desmontaría una estructura de tan colosal envergadura; me limito a describir el atentado de lesa democracia que, en los términos actuales, implica su existencia. Y, por supuesto, no se trata de sustituir unas ideologías por otras (es lo que, en gran medida, ocurre ahora en la pública), sino de impedir por completo el paso a los que mercadean con adoctrinamientos o adoctrinan con mercancías. Y, de esta forma, poder instaurar el único reino que enseña el alfabeto de la libertad: el del conocimiento.

 

Carlos Rodríguez Estacio

 

 

 

 

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CAYETANO SOY

CAYETANUS SUM

Style: “Portrait B&W”

Ya saben el uso denigratorio que se ha hecho del término «cayetano» por parte de la izquierda más oligofrenética. Atendamos, pues, a la memoria de la palabra: cayetano significa «natural de Gaeta». Y el origen de esta población, según Virgilio (Eneida, VIII), se encuentra en Caieta, nodriza de Eneas, que murió en esa ciudad. No es mal referente Eneas para tiempos de refundación democrática. En Caieta, por cierto, nació Antonio Gramsci, cuyo concepto de «hegemonía cultural» es magreado hasta lo imposible en los círculos más retráctiles de Podemos (en realidad, su práctica se nombra mejor con la locución «dominación analfabética», pero no entremos en sutiles futilezas).

Segunda referencia (o digresión imperfecta). En su día, los partidarios del Antiguo régimen llamaron peyorativamente «marianos» a los revolucionarios representantes del pueblo, debido a la influencia que sobre ellos ejercía el español Juan de Mariana. A los revolucionarios aquello les gustó (también porque enfatizaba el simbolismo de la «madre patria»), y de ahí surgió nada menos que Marianne, la alegoría más emblemática de la República Francesa. Me atrevería a hacer un paralelismo entre nuestra Cayetana y la Marianne de Delacroix si no fuera por la soledad con que la primera, a diferencia de la segunda, ejerce la labor marchons, marchons contre la tyrannie… (¿cuántos en su propio partido celebrarían su defenestración?).

En cualquier caso, el hecho es que en esta hora funesta, una más, de la historia de España existe una mujer que encarna la inteligencia, el coraje cívico y la defensa de los valores civilizatorios. Ahora mismo la posibilidad de recuperar una España reconciliada y habitable depende de que sus palabras —translúcidas y transitivas, verdaderas y valientes— se abran paso entre la maleza de mediocridad, resentimiento y estupidez que regenta las cortes, los medios de comunicación y la calle.

Así que conviene declararlo sin tibiezas: yo soy un cayetano. Añadiré que nunca he votado al PP, ni en municipales, ni autonómicas, ni generales (ni tampoco, por si hiciera falta, vivo en el barrio de Salamanca ni soy rico o grande de España). Porque, no se equivoquen, la contienda real no es ya entre izquierda y derecha (signifiquen lo que signifiquen estos conceptos), sino entre civilización y barbarie, entre democracia y populismo (un populismo totalitario, etnicista, sensiblero, peronista, supremacista, intrínsecamente reaccionario).

Intentaré explicar en este decálogo las razones de mi cayetanismo:

  1. No hay actualmente nadie en la esfera pública que defienda con mayor brillantez el valor de la racionalidad y la argumentación. Para aquellos que pensamos que la expresión `democracia deliberativa´ constituye una redundancia, no podemos hallar un referente mejor.
  2. Todo lo que dice Cayetana tiene contenido preciso y transparente, a despecho del tacticismo, de la convicción apocada, o del miedo a la maquinaria propagandística; o sea, a despecho de la mediocridad campante y rampante.
  3. Y luego está cómo lo dice. Lo verdaderamente «insultante» no es que llame hijo de terrorista a alguien que presume de tener un padre terrorista sino el contraste sideral entre sus intervenciones y las de sus «oponentes». Ante la recurrente irrupción de la demagogia marrullera, siempre exhibe, parafraseando la canción, «la palabra precisa, la ironía perfecta…». Ojalá fuera verdad que los españoles nos merecemos a una líder así.
  4. Malgré lui, y en un sentido opuesto al que él pretende, acierta Pablo Iglesias al airear su genealogía. Puede, en efecto, estar orgullosa de su estirpe, no por su condición de marquesa sino por ser hija de alguien que se alistó con 18 años para luchar contra el fascismo (el fascismo de verdad, no el de proyección). Hay, pues, una línea directa que va del padre a la hija: ambos luchadores contra los fascismos de su tiempo.
  5. En un contexto anegado por el sentimentalismo tóxico, el cliché, los dogmas, la estupidez, los prejuicios y, en general, todos los venenos liquidadores de democracias, esta mujer no solo les hace frente sino que además desvela, con perseverante lucidez, que esos reyezuelos arbitrarios y despóticos andan desnudos.
  6. Hace unos años se hizo popular en nuestro país el término indignados, sin reparar en la necesaria distinción entre la `indignación indigna´ y la `indignación ante lo indigno´. Por desgracia, hemos tenido sobradas muestras de la primera (una indignación que, en última instancia, proviene de la rabia de saberse mediocre); y muy pocas de la segunda, que es la noble rebeldía contra lo indigno. No hay nadie en la vida pública que personifique mejor que Cayetana esta segunda modalidad; y también aquella famosa estrofa de Quevedo: «No he de callar por más que con el dedo, / ya tocando la boca o ya la frente, / silencio avises o amenaces miedo».
  7. Frente al victivismo que promueve el feminismo oficial (como el lobo caperucito: para comerte mejor… y para subvencionarme mayor), nada hay más genuinamente feminista (en el sentido magnánimo de la palabra) que una mujer que, por sí misma, irradia poder e inteligencia… Y además sabe parar los pies a los matones más zafios que le salen al paso, ya provengan del rufianismo más villano o de la púrpura de iglesias.
  8. Cayetana es una persona con una exquisita formación académica que podría dedicar sus trabajos y sus días a muchas actividades gratificantes. Le sobran «motivos, medios y oportunidad». Todo lo contrario que sus compañeros ábalos, monteros, garzones y lastreros. En consecuencia, el gesto de adentrarse en la caverna para enfrentarse a los cromañones menos sapiens de la hominidad, exponiéndose además al coro mediático de resentidos, paniaguados y cenutrios (no son categorías excluyentes), es de una valía cívica excepcional. Contrasta también con la legión de exquisitos que rehúsan todo compromiso y no se exponen más allá de los lindes narcisos de sus zozobrados egos. Por si fuera poco, no duda en presentarse en Alsasua (para el acto de España ciudadana con Savater, otro del mismo molde raro e indispensable) o como candidata en la Cataluña comanche.
  9. Precisamente su vocación de servicio público, en la que aúna la máxima exposición a la jauría con el nulo deseo de trepar, le hicieron en su día apartarse de su partido cuando este inició una línea Chamberlain respecto al secesionismo. Demostraba así su ausencia de sectarismo y su total desapego a la erótica del poder. Si tu partido no sirve para hacer frente a estas acometidas gravísimas a la democracia, ¿qué razones hay para seguir considerándolo tu partido?
  10. Sin embargo, no se abandonó a la pasividad, a la melancolía o a la queja, sino que buscó otros cauces para resistir la debacle y fundó la plataforma «Libres e iguales» (dos principios severamente amenazados en nuestro país). Cumplía así el ideal republicano de Hannah Arendt: la política, producto de la praxis y del discurso, constituye lo más propiamente humano de nuestra condición y la actividad más digna de la vita activa.

Es una verdad elemental que admiramos con lo que de admirable hay en nosotros. Por eso mismo quienes la atacan con saña, lo sepan o no, solo consiguen autorrefutarse. Naturalmente, se puede estar de acuerdo o no con sus ideas, pero es imposible, sin que medie autoimpugnación, no asentir (¡no admirar!) los principios que defiende y el talante con que los defiende. En ese sentido esencial, cayetanus sum.

 

Carlos Rodríguez Estacio

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DECONSTRUYENDO LA DEMOLICIÓN. A propósito de la condena a Isabel Serra

Los movimientos de masas pueden surgir y extenderse sin creer en un dios, pero nunca sin creer en un demonio.

Eric Hoffer

-ÍNDICE-

Previo

I. UNA SENTENCIA IMPOPULISTA

  1. Hechos probados
  2. Medios de prueba
  3. Testimonios desechados
  4. Contenido de la sentencia
  5. Otras legislaciones

II. REACCIONES EN EL CÍRCULO DE PODEMOS

  1. Irene Montero
  2. Yolanda Díaz
  3. Echenique
  4. Jaume Assens
  5. Monedero
  6. … Y María Victoria Rossell

III. REACCIÓN DE ISABEL SERRA

  1. Tuit con vídeo
  2. ¿Es verosímil la existencia de un interés político espurio?
  3. Otras manifestaciones públicas de Isabel Serra

IV. PODEMOS Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

V. LA REACCIÓN DEL GOBIERNO

  1. Reacciones más destacables:
    1. Pedro Sánchez
    2. Juan Carlos Campo
    3. Grande Marlaska
    4. María Jesús Montero
  2. El Gobierno y la libertad de expresión
  3. Por qué se equivoca el Gobierno al apelar a la libertad de expresión

VI. EL MANIFIESTO DE «PRESTIGIOSOS» JURISTAS EN APOYO DE PABLO IGLESIAS

VII. REACCIONES DE MEDIOS SUPUESTAMENTE OBJETIVOS

VIII. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA SENTENCIA Y EL PODER JUDICIAL

  1. Sobre la sentencia
  2. Sobre el poder judicial

IX. EL ATAQUE A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL COMO PARTE DE UNA ESTRATEGIA TOTALITARIA

  1. Apreteu, apreteu
  2. Obstáculos para el control totalitario de la sociedad

X. EPÍLOGO

 

…………………………………………………………………………………………….

PREVIO

A despecho de la pandemia, de los centenares de muertos diarios, de la ausencia de medios de protección eficaces y de una economía que se va al garete, arden las redes podemitas con motivo de la sentencia contra Isabel Serra. Han tocado a uno de los suyos y corresponde movilizar la artillería dialéctica más gruesa (en el doble sentido).

Ante esta pleamar indignada, una de tantas, cumple el análisis racional de principios y hechos en juego. No porque el asunto reúna muchos aspectos controvertibles o suponga un desafío intelectual, más bien todo lo contrario; pero merece la pena ocuparse de él por lo que tiene de radiografía de unos tiempos que parecen empeñados en echar por la borda todas las conquistas civilizatorias. Es un poco largo, pues son muchas, y sobre todo significativas, las personas que han participado en este aquelarre posmoderno. Así que de vez en cuando nos dejamos llevar por el espíritu de la ironía y/o de la chuscada para hacer más amena su lectura (y, en mi caso, la escritura).

I. UNA SENTENCIA IMPOPULISTA

  1. Hechos probados

Los hechos se produjeron sobre las 7:30 horas del 31 de enero de 2014, cuando agentes de la Policía Nacional y Municipal de Madrid acudieron a dar cumplimiento a una resolución judicial de desahucio. Era la segunda vez que se ordenaba, después del aplazamiento del Juzgado para que el afectado tuviera tiempo de encontrar una solución.

En el lugar de los hechos había unos 50 miembros y simpatizantes de la Plataforma Stop Desahucios que gritaban, insultaban y se encaraban con los agentes (ver insultos y demás detalles en el texto de la sentencia: https://www.publico.es/sociedad/documento-sentencia-isa-serra.html). Cuando ya había culminado el desahucio, apareció Isabel Serra  que, de inmediato, se unió al coro de insultos y acosos.

A partir de un determinado momento, un grupo empezó a provocar «fuertes enfrentamientos». «Procedieron a sentarse en la calzada para impedirles salir [a los policías], resistiéndose pasivamente, hasta el punto de que hubo que ir desalojándolos uno a uno, arrastrándolos hasta ambos lados de la calzada». Con una «actitud violenta», insultaron a los agentes («hijos de puta», «asesinos», «vergüenza me daría ser policía») al tiempo que «les escupían, les lanzaban botellines, macetas, papeleras, piedras y adoquines» [todos los entrecomillados son contenido literal de la sentencia].

Isabel Serra «profirió insultos» a la Policía, se encaró con una agente municipal diciéndole: «eres cocainómana, mala madre, hija de puta», «no te quieren ni tus propios compañeros» y a otra agente: «hija de puta, puta, zorra, que te follas a todos los policías municipales, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro». «La acusada Isabel Serra, además de proferir insultos a los agentes, procedió también a dar empujones y a lanzar objetos contundentes a los mismos». O sea, a partir de un determinado momento un grupo —liderado por Isabel Serra— empieza a «dar empujones y lanzar objetos contundentes» a la policía.

Como resultado de esta acción conjunta de lanzamientos de objetos contundentes, uno de los policías es alcanzado por uno de los objetos, lesionando su mano izquierda (contusión del 4º dedo que tardó 8 días en curar). Una agente recibe el impacto de un objeto contundente impactándole en el casco «desvaneciéndose y teniendo que ser ayudada por otro compañero para introducirse en el vehículo policial» (resulta significativo de la violencia empleada que, a pesar de impactar en el casco, la policía perdiera el conocimiento). Sufrió una lesión cervical con mareos y vértigos que supuso una convalecencia con seguimiento médico y rehabilitación de 68 días (29 días de ellos sin asistir al trabajo). Dos de los vehículos policiales sufrieron daños por valor de 7.230 euros.

  1. Medios de prueba
  1. Testimonios de los agentes, principal prueba de cargo contra Serra.
  2. Vídeos que —según la sentencia— coinciden con la descripción que hacen los policías de los hechos; es decir, su versión queda «corroborada de manera fidedigna»
  3. Informes periciales acerca de daños en los vehículos e informes médicos sobre las lesiones en las agentes. De nuevo, coincidentes con los testimonios.

Centrémonos, pues, en dichos testimonios. Seis policías reconocieron a Isabel Serra, «sin ninguna duda», como «instigadora» de la agresión, la que llevaba «la voz cantante» y una de las personas que «les insultaba y lanzaba objetos». Los magistrados afirman que las declaraciones de todos los agentes que declararon «no adolecen de vicio alguno» que impida darles credibilidad. «Ningún motivo espurio se aprecia ni ha sido puesto de relieve por la defensa» (es decir, tampoco la defensa de Isabel Serra señaló ninguna razón para restar validez a estos testimonios). «Unos testigos [policías] declararon que reconocieron a Serra y otros no, manifestando cada uno su vivencia de los hechos de forma individualizada, lo que evidencia la falta de acuerdo previo o concierto que pudieran desvirtuar o matizar su testimonio». Se trata, por tanto, de testimonios coherentes y fiables.

Las dos policías objeto de daños —que declararon no como testigos de cargo sino como víctimas— manifestaron lo siguiente: «Me impactó que dos chicas fueran quienes atacaran a una mujer policía», dijo una de ellas. La otra, que fue la que resultó herida en el cuello por el impacto de un adoquín, manifestó que Serra «me llamó de todo» y era «la que más increpaba». 

  1. Testimonio desechados

Por otro lado, declararon los testigos de la defensa, que habían participado en la iniciativa anti-desahucio. El Tribunal considera que su testimonio presenta «falta de objetividad» que la Sala deduce de la «versión meliflua a la par que inexacta» que pretendieron dar de los hechos ocurridos, «minimizando» la agresión a los agentes. Así, los testigos de la defensa redujeron los ataques al lanzamiento de «una zapatilla, frutas, tierra, una papelera» cuando «el simple visionado de los vídeos refleja que, además de dichos objetos, lo que se arrojó, con especial inquina en algunos casos, fueron otros mucho más contundentes y peligrosos, como botellas, adoquines, piedras y tiestos». Así lo demuestra la grabación. Aunque no se ha podido determinar quién lanzó los objetos que hirieron a los dos agentes lesionados, la Sala considera que hubo una actuación «coordinada y conjunta» (más adelante analizaremos este punto), a la que Isabel Serra contribuyó con sus propios actos de arrojar objetos, asumiendo así el resultado lesivo producido.

  1. Contenido de la sentencia

La condena, decidida de manera unánime por el Tribunal, se basa en tres motivos:

  • Por atentado contra la autoridad (19 meses de cárcel).
  • Por delito de lesiones (5.400 € a las dos policías)
  • Por daños

Además, se la absuelve del delito de desórdenes públicos, al considerar que la acusación no ha acreditado que, pese a la violencia desarrollada, la intención de la acusada fuera atentar contra la paz pública, presupuesto básico para aplicar ese delito.

El artículo 550 del Código Penal establece que las penas por agredir, intimidar, oponer resistencia grave a agentes de la autoridad van de 1 a 4 años. Por tanto, la condena impuesta está mucho más cerca del mínimo que del máximo. Y ello a pesar de que la sentencia reconoce que, tras un primer momento de una protesta «legítima» y amparada por la libertad de expresión, se pasó a un «acometimiento [a la Policía] y una intimidación grave palmarios», con el lanzamiento de objetos que «por sus características y potencial deben calificarse de peligrosos».

  1. Otras legislaciones

En Francia, por irnos a un país vecino, su Código Penal estipula tres tipos de delito tipificados como agresión a un policía:

  1. Cuando una persona o un colectivo emite un insulto, amenaza o agresión verbal ya sea en persona o por escrito, la justicia establece seis meses de cárcel y 7.500 euros de multa. Este acto es considerado leve y se le llama ultraje [aquí, en cambio, ni siquiera se han contemplado como delito los insultos graves, ni tampoco el posible elemento de amenaza que puede haber en la frase «si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro»].
  2. Cuando los hechos pueden ser entendidos como desobediencia a la autoridad, la sanción es de un año en prisión y multas de hasta 15.000 euros. Si la desobediencia es en grupo, las condenas pueden elevarse hasta los dos años de cárcel y sanciones económicas de 30.000 euros.
  3. Por último, cuando se emplea la violencia física sobre los agentes de seguridad, la persona responsable puede enfrentarse a tres años y 45.000 euros.

No obstante, desde que Manuel Valls fuera ministro del Interior, hay planteado un debate acerca de la necesidad de aumentar estas penas. Sin duda, Isabel Serra hubiera corrido mucha peor suerte si se le hubiera aplicado la normativa republicana francesa. Y no digamos si recurrimos a otros países más expeditivos, como la legislación republicana de los EEUU, donde la agresión a un policía se considera «delito mayor» y puede suponer una pena de 10 años de cárcel.

II. REACCIONES EN EL CÍRCULO DE PODEMOS

Las reacciones de Isabel Serra, del vicepresidente y del partido Podemos las abordamos en sección aparte, al hilo de otras cuestiones de relieve. Ignoramos, para no hacer el documento interminable, las de muchos otros de cargos de segunda fila, que además no son sino distintas versiones de lo mismo.

  1. Irene Montero

Tuitea Irene Montero: «Isa Serra ayudó a parar un desahucio de una persona con discapacidad. Actuó en defensa de los Derechos Humanos y del Art.47 de la Constitución, que protege el derecho a la vivienda. Ni Isa ni ninguna persona que en España luche contra las injusticias estaréis solas. Somos más.»

No sé si esto es técnicamente un bulo para el Ministerio, pero no hay ni una línea que resista el análisis:

1) Isabel Serra llegó tarde y cuando el desahucio se había consumado (o sea, en ningún sentido posible «ayudó a parar un desahucio»).

2) Lo de actuar «en defensa de los DDHH» es de una simpleza y puerilidad que ni siquiera alcanza al nivel de asamblea estudiantil. Obviamente los derechos a tener en cuenta, y que resultaron severamente lesionados, son los de las dos policías a no ser injuriadas ni agredidas.

3) La respuesta a su apelación a la Carta Magna la desplegamos en cuatro momentos:

  1. El artículo 47 de la CE no establece un derecho fundamental que vincule a todos los poderes públicos ni que habilite, en caso de vulneración del mismo, a interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Se trata de un simple principio rector de la política social y económica, o sea, una suerte de desideratum o pauta.
  2. En el caso de que el Estado garantizara realmente una vivienda para todos, obviamente el sufragio de ese derecho no puede recaer en el propietario de la vivienda, pues eso sería técnicamente una expropiación y requiere requisitos especiales (que no se dan) e indemnización (tampoco). Tampoco puede recaer tal responsabilidad en la policía que, en un Estado de Derecho, se limita a cumplir las instrucciones del juez (no puede además hacer otra cosa). La responsabilidad recae exclusivamente sobre el Gobierno. Por eso es tan «extraordinario» que integrantes de ese poder —con amplias posibilidades para regular y habilitar presupuestos ad hoc— se sumen airados a las críticas en vez de ponerse manos a la obra a crear nuevos marcos normativos.
  3. El desahucio fue decidido por un juez. La jerarquía normativa establece que el mínimo incumplimiento de la Constitución convierte a cualquier norma o resolución en nula de plena derecho (o sea, como si nunca hubiera existido). El hecho de que el desahucio no haya sido impugnado judicialmente sino que solo se intentara frenar por la vía de hecho es bastante elocuente respecto de lo que pensaban acerca de la inconstitucionalidad del desahucio.
  4. No hay legislación más garantista en el mundo que la española en todo lo relacionado con okupaciones y desahucios; de hecho, suele provocar situaciones claras de abuso. El Estado desplaza o permite desplazar, de manera completamente ilícita, los costes de este «garantismo» a los propietarios o arrendadores (que tiene, entre otros efectos indeseables, la contracción de la oferta de alquileres). Nada tiene que ver la obligación de auxilio a personas necesitadas —y en la sociedad española existe un amplio consenso acerca de la obligación de este amparo—, que corresponde al Estado, con la subvención de un «modo alternativo de vida» o sencillamente de free riders o gorrones, que se hace recaer sobre particulares o entidades bancarias (que derivan luego los costes a los clientes).

4) La última frase es el típico alegato populista al uso: UP tiene el monopolio de la lucha contra las injusticias sociales. Es curioso, pues, el hecho de que las dos agredidas sean mujeres y que los insultos que se vertieron sobre ellas, además de muy agresivos («si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro»), tuvieran un inequívoco cariz sexista («puta, zorra, que te follas a todos los policías municipales») podrían haberle dado otra perspectiva; por ejemplo, de género o sencillamente humana.

5) «Somos más». Ya sabemos de la afición de Podemos a las sinécdoques, pero teniendo en cuenta que representan al 6% de la población y al 8% de las personas con derecho a voto resulta una afirmación muy atrevida. De hecho, sus votantes «son menos» que los de VOX (600.000 menos).

  1. Yolanda Díaz

La ministra de Trabajo, licenciada en Derecho, tuiteó lo siguiente: «Defender el derecho a una vivienda digna no es un delito, es una obligación constitucional recogida en el artículo 47».

Su apología tiene el mismo peso argumental que si la persona que, hace unos meses, entró pasada la medianoche en un club de Kansas y se puso a tirotear a la parroquia manifestara que «me han detenido por entrar en un bar de madrugada». Con el mismo soporte retórico, podemos afirmar que Roldán fue condenado por coger un avión y Bárcenas por hacer anotaciones a mano en la contabilidad de su partido. Tampoco es un tic nuevo: lo hemos visto repetido hasta la saciedad con los presos políticos catalanes. Se trata de la falacia del accidente, que consiste en confundir la esencia con el accidente, lo sustancial con lo adjetivo. Da igual lo que estuvieras haciendo (defender la secesión catalana, entrar en un bar, protestar por un desahucio…), lo que judicialmente interesa es que, además y aparte, estabas cometiendo delitos (dar un golpe de estado, pegar tiros, agredir a policías…).

Pero hay una novedad respecto a la línea abierta por Montero: constituye una obligación. O sea, que si Vd. no está defendiendo ese derecho —por ejemplo, nunca ha ido a una manifestación «stop desahucios» a insultar y/o golpear policías— está faltando nada menos que a la norma suprema. Ministra, licenciada en Derecho… en fin, no haré más comentarios.

  1. Echenique

Con este tuit saludó la sentencia: «El TSJ de Madrid ha condenado sin pruebas a @isaserras por manifestarse pacíficamente para intentar parar un desahucio de una persona con discapacidad. Obviamente recuriremos, pero yo pensaba que los jueces estaban para impartir justicia. Qué vergüenza.»

El adjetivo que corresponde a un juez que condena «sin pruebas» ya sabemos cuál es. Prosigue con la matraca falaz de la condena por manifestación pacífica, pero a continuación nos sorprende: «yo pensaba que los jueces estaban para impartir justicia». A pesar de que lleva años derramando estiércol dialéctico hacia toda sentencia que no sea de su agrado o el de su partido, nos confiesa que es ahora cuando ha perdido su confianza en los jueces. Creatura.

[Por cierto, interesante lapsus calami ese «recuriremos» en quien ejerce de cura y re-cura, laico pero insorportable].

  1. Jaume Assens

Tuiteó lo siguiente: «Cualquier comunicado de una cúpula judicial con el mandato caducado y al servicio de la derecha es ilegítimo».

Puesto que no hay otra cúpula judicial que esta, cabe pensar que lo que Assens solicita en realidad es que quede neutralizada cualquier iniciativa en defensa de los jueces. Esto, sin duda, lesiona directamente el equilibrio de poderes, característico de la democracia desde Montesquieu, pero hemos de reconocer que está muy en sintonía con la línea de su partido y con la suya propia, que tanto ha insistido en la inmediata puesta en libertad de todos los delincuentes del procés (según ellos, su condición de políticos les exime no ya de ser condenados, también de ser juzgados). Por lo demás, podría pensarse que precisamente por su condición cesante están en condiciones idóneas para juzgar con objetividad (y, por cierto, abundan las «entidades» con fechad de caducidad vencida en nuestro país: la administradora de RTVE, el defensor del pueblo, los presupuestos generales ¡de Montoro!…, ¿les aplicará la misma sospecha de ilegitimidad?)

Por supuesto, ningún indicio o argumento se presenta para la tremenda afirmación de que está «al servicio de la derecha», contraviniendo así el imperativo de Hume (afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias). He aquí algunos datos que apuntan justo en la dirección contraria:

  • El sistema de elección es muy defectuoso, pero al elegir cada bloque —el progresista y el conservador— a 10 miembros, se hace imposible que esté al servicio de la derecha (o de la izquierda). Al menos por ahora.
  • El CGPJ dio recientemente el plácet como Fiscal General a Dolores Delgado. Podríamos rellenar un tomo de la antigua Espasa exponiendo los motivos, no solo jurídicos sino políticos y éticos, para haberlo denegado.
  • El ministro de Justicia con el que más enfrentamientos han tenido jueces y CGPJ pertenece a la derecha: Ruiz-Gallardón (incluso salieron a las calles a manifestarse contra él, algo sin precedentes ni postcedentes).
  • El último ministro que recibió un fuerte tirón de orejas del CGPJ fue Rafael Alcalá, también del PP.
  • Quizás tampoco sea ocioso recordar que el último Gobierno del PP cayó por una sentencia judicial.
  • Y en la nómina de personas en prisión tenemos a Rodrigo Rato, al cuñado del Rey, a Jaume Matas, a Bárcenas… Blesa se libró de estar a la sombra porque se suicidó. La desproporción con el otro bando, al menos en los últimos 20 años y en lo que atañe a líderes, es más que notable y notoria.

Por cierto, Assens, abogado de profesión, sonó muy seriamente como ministro de Justicia de Sánchez, así que consolémonos al menos con la idea de que, aunque parezca mentira, podríamos estar peor.

  1. Monedero

Siempre puntual con la mugre, si el tono de partida es ya de por sí alto, no duda en superarse para reivindicar su «liderasco». Su tuit era probablemente el más proactivo: incitaba al linchamiento del juez, poniendo su foto y su nombre con este textículo introductor: «Los jueces son humanos. A veces, incluso, demasiado humanos. Algunos, incluso tropiezan más de dos veces en la misma piedra. Será que no les gustan las piedras.». En fin, no hay ningún motivo de sorpresa en alguien que ha manifestado abiertamente su admiración por Bildu y sus entornos (imposible no reconocer el aire de familia de la estrategia; aunque en su caso, quizás, le falten «realizadores» para llevar a la práctica lo que sueña con sus ideologías).

Su tuit era además contenedor de un artículo infame. Mejor que comentarlo, cedemos la palabra a María Jesús del Barco, decana de los Juzgados de Madrid:

-Sí, con su fotografía, poniéndole en la diana. En ese artículo, o en ese panfleto, no sé cómo llamarlo, se hablaba de Rodríguez Padrón como un juez antifeminista. He trabajado con él y no le conozco un solo acto que pueda tachar de machista. Conoce el derecho penal al dedillo y es tan trabajador que en una situación concreta por lo que estamos viviendo por el coronavirus, he llegado a tener que pedirle que pare de trabajar ya porque si no va a acabar enfermando. No me parece justo poner a los jueces en la diana como están haciéndolo.

En fin, tampoco merece la pena prestar atención a quien, en cualquier país medianamente serio, no alcanzaría ni el nivel de personajillo de fallida ópera bufa de hermano de Pedro Sánchez.

  1. María Victoria Rossell

En este coro insidioso, cabe destacar la intervención de la secretaria de Estado, Victoria Rossel, precisamente por ser jueza de profesión. En su calidad de tal, proporciona ropaje jurídico para encapotar las mentiras que se han vertido. Este es su tuit:

«Leída la sentencia, considero inconsistente y subjetiva la PRUEBA de la AUTORÍA: la acusada empujó -no dice a quién-; lanzó objeto contundente -no cuál-. La declaración “conjunta” de los agentes lesionados es inadmisible en Derecho». (https://twitter.com/VickyRosell/status/1253078121550618627)

En este caso, cedo la palabra a Tsevan Rabtan (recopilación de tuits):

La magistrada dice que no se especifica en la sentencia qué objetos se lanzan (falso: macetas, adoquines, piedras, una papelera, frutas, una zapatilla) ni a quién (pues a los agentes que van declarando uno a uno en el juicio; dos resultan lesionados).

Añade que no se explicita esto respecto de Serra. Pero lo cierto es que el tribunal aplica la doctrina jurisprudencial sobre actos en masa (se comunica la autoría a todos los que voluntariamente participan) y hay testimonios de agentes que declaran que Serra participa y lanza …… objetos. No solo es que la magistrada sepa esto (que seguro), es que la sentencia cita la jurisprudencia que aplica.

Pero en lo que la deshonestidad se revela más claramente es en la supuesta validez de una declaración conjunta.

Entresaca una página de las setenta para dar a entender que el tribunal ha considerado prueba de cargo una declaración conjunta de los agentes. Esto es falso.

Esa referencia es respuesta a la alegación de la defensa de que los reconocimientos fotográficos realizados quince días después habían sido inducidos por la policía nacional.

Es muy habitual en los atestados narraciones iniciales conjuntas de agentes intervinientes que describen los hechos indiciariamente delictivos. Ni el atestado ni esas narraciones pueden ser prueba de cargo.

Y lo que la defensa hace es estirar lo que ahí se lee (mejor, lo que no se lee) para dar a entender que hubo una especie de acuerdo entre la policía nacional y los municipales para «dirigir» los reconocimientos.

Normal: la defensa embarra a ver si saca algo. El problema es que los agentes declararon que hicieron los reconocimientos individualmente y que no todos reconocieron a todos.

Y que la prueba de cargo es la DECLARACIÓN EN EL JUICIO de cada agente (sometida su declaración a contradicción). Por cierto, la propia Serra admite haber estado allí, en el momento de violencia. Niega haber participado.

Todo esto aparece en la sentencia. En la que se razona por qué la prueba de cargo (incluidos vídeos aportados por la defensa) se valora de determinada manera y por qué la de descargo no sirve para absolver.

Y, naturalmente, en la sentencia no aparece ninguna supuesta declaración conjunta como prueba de cargo. Esto lo sabe la magistrada perfectamente. Pero dice lo que dice. Porque quienes leen su tuit no tienen por qué saber derecho ni haber leído la sentencia.

La sentencia, en efecto, reconoce que no se sabe quién lanzó cada objeto y provocó los daños y lesiones acreditados. Pero explica también que no hace falta saberlo. Hay sobrada doctrina jurisprudencial sobre la coautoría para este tipo de delito de participación plural. Cuando existe una actuación coordinada y conjunta, los resultados son asumidos por todos; en consecuencia, aunque se pudiera individualizar cada acción, ello sería intrascendente. La sentencia cita la del Tribunal Supremo de 15 octubre de 2014 que dice exactamente lo mismo: son coautores todos los que se han sumado a una iniciativa conjunta agresiva con independencia de su contribución concreta o de quien haya provocado cada una de las lesiones. No es, por tanto, un problema probatorio, sino que son razones dogmáticas las que establecen que todos son responsables.

Imaginemos un grupo que se pone de acuerdo para tirar al suelo a alguien y patearle provocándole lesiones de diversa consideración. Hay testigos que identifican sin ninguna duda —como en la sentencia que nos ocupa— a los ocho participantes. No es necesario determinar quién pegó la patada que, por ejemplo, rompió el bazo y provocó daños gravísimos, y quién solamente causó heridas de menor entidad o se limitó a inmovilizar a la víctima. La intervención de unos hizo posible que otros pudieran actuar con mayor capacidad de daño. Se trata de una acción colectiva y responden todos por igual.

Tsevan Rabtan acusó a Victoria Rossell de «deshonestidad intelectual» y, como hemos visto, desmintió con rotundidad punto por punto todas sus afirmaciones (que solo podían ser, por su condición de experta, intencionadamente falaces). Rossell solo replicó para desmentir que hubiera borrado su tuit, que era curiosamente la única afirmación de Rabtan que no era categórica ni dura ni significativa («Me dicen que está borrado. A mí, me aparece. En todo caso, esta es la captura»). Obviamente quien sale a la palestra pública a formular una crítica debe estar abierto al debate posterior; de lo contrario, no es crítica, sino infundio, arremetida con un objetivo distinto al de establecer la verdad.

III. REACCIÓN DE ISABEL SERRA

  1. Tuit con vídeo

En este tuit, que lleva vídeo incorporado, nos explica la propia Isabel Serra su versión de los hechos: https://twitter.com/isaserras/status/1253006190289793029?s=21

Una vez más, lo obvio: no la han condenado por manifestarse contra un desahucio. Si así fuera no sería una sentencia «desproporcionada» sino directamente ilegal y gravísima por atentar contra el derecho a la libertad de expresión (en la sentencia aparece en varios momentos el reconocimiento explícito del derecho a la protesta como un derecho fundamental). Además, habrían encausado a las 60 personas que participaron en las protestas y no únicamente a 4 o 5. Una vez más: la han condenado por atentado a la autoridad, agresión con lesiones y daños.

Hay varias cosas que no merecen comentario, por ser demasiado elementales (o directamente tontas), por estar ya respondidas (lo del delito-masa) o bien quedar fuera de nuestra capacidad de comprobación. Otras cuestiones las responderemos en otros apartados, pues han sido también planteadas por otros actores (no es cierto que se haya dado un «plus de credibilidad» a los policías —en otro momento Serra habla de «absoluta credibilidad»—; no es cierto que no se hayan tomado en cuenta los vídeos; es imposible que esos vídeos muestren «todo lo que pasó»). Habla de que no fue detenida ni identificada en el lugar de los hechos, como una suerte de violación a sus derechos procesales. Quizás la lluvia de adoquines tuviera algo que ver en la dilación.

Me quedo solo con su afirmación de que la sentencia «se basa en la criminalización de las protestas sociales» y de que «hay intereses políticos por parte del Tribunal». Son afirmaciones, sin duda, extraordinarias que, según citamos arriba, requieren de «pruebas extraordinarias». Nada de eso ofrece Isabel Serra. Y es a ella a quien le corresponde la carga de la prueba. Es decir, la presunción de inocencia no alcanza al propio Tribunal, sus integrantes quedan reducidos al papel de simples marionetas de oscuros intereses. La acusación que formula, por lo demás, es un simple juicio de intenciones, de suyo incomprobable. Ni siquiera deja a los magistrados la posibilidad de simple error o de haber sido víctimas del engaño tramado por los policías. Siempre el planteamiento dicotómico: la Gente vs la Casta.

  1. ¿Es verosímil la existencia de un interés político espurio?

He aquí algunas razones para dudar de que exista un interés político ilegítimo en esta sentencia:

-1) Esos jueces y esos policías saben que van a ser auscultados al milímetro, probablemente también en su vida personal (como ha ocurrido siempre que una sentencia ha disgustado a los UP). Ya se ha puesto en marcha, a instancias de Monedero, el linchamiento del presidente, a imagen y semejanza de cuando la sentencia de la Manada. Un gran sacrificio —delinquir para favorecer esa trama política de la que no se nos dice nada— que solo cobraría sentido con una gran compensación. ¿Cuál podría ser? Ni siquiera se nos ofrece una hipótesis.

-2) Saben que Podemos recurrirá, llegado el caso hasta Estrasburgo. Cualquier defecto en el procedimiento (aunque sea meramente formal) desembocará en inmediata rectificación. ¿Hay posibilidades de que esos intereses políticos salten los respectivos niveles —¡hasta Europa!— y sigan imponiendo sus fechorías? Todo esto adquiere un aire aún más denso de delirio por el hecho de que su partido esté gobernando.

-3) ¿Qué malvado Lobby puede estar interesado en sobornar jueces y policías para «meter miedo a los activistas antidesahucios»? La gente realmente poderosa no arrienda y si arrienda no lo hace a personas desahuciables. Esta es la «explicación» que nos ofrece Isabel Serra en una entrevista: «El PP, que tenía el poder político en ese momento (…) tenía un clarísimo interés en criminalizar a las personas que se movilizaban a favor de la vivienda digna. Esta sentencia evidencia que se intenta criminalizar la protesta social al aplicarse una doctrina como la de masa de acoso. Se pretende condenar a las personas simplemente por haber ido a manifestar.»

  1. a) Lo que dice, en todo caso, serviría para explicar que la procesaran en su día, pero no la condena, pues la sentencia ha ocurrido en 2020 cuando el PP está en la oposición. Quien gobierna en España (una parte del Gobierno, al menos) es su partido que, con el PSOE, ha expresado una «sensibilidad especial» con las protestas sociales y, específicamente, con las protestas anti-desahucios, así que hay más razones para considerarla como una sentencia «a contracorriente» que lo contrario.
  2. b) El valor probatorio de lo que dice es sencillamente nulo y basado en juicios de intenciones a las que no se aporta siquiera un marco mínimamente verosímil o racional.
  3. c) Existen muchas protestas anti-desahucio al año y se saldan casi todas sin detenciones ni procesos judiciales. En alguna de ellas han participado actores de mayor rango (cuyo escarmiento hubiera sido más útil a los fines malévolos que, según ella, están detrás). Otro tipo de «protestas sociales», como los escraches a domicilio, han tenido como damnificados a personas de la jerarquía de una vicepresidenta del Gobierno en ejercicio, Soraya Sainz de Santamaría, que dan ocasión mucho más propicia para ejemplarizar o disuadir, pues si la intimidación llega hasta el domicilio privado de la nº 2 del Gobierno, el mensaje de «empoderamiento» a los movimientos sociales es obvio.
  4. d) Desde esta perspectiva, y en continuación con lo anterior, el botín se antoja más bien magro: cuando ocurrieron los hechos Isabel Serra era simple militante de base. Ni siquiera ahora cabe considerarla como líder principal de nada. ¿De verdad merece tanta energía conspirativa por una condena que, al no tener antecedentes, no va a cumplir en la cárcel y por una multa de cuantía menor?
  5. Otras manifestaciones públicas de Isabel Serra

En primer lugar, ha dejado muy claro que «Repetiría absolutamente todo lo que hice, y lo seguiré haciendo». También que «No voy a dimitir», lo que presenta además como un mérito: «Demuestro mi decencia, precisamente, manteniéndome firme frente a un ataque como este, y siendo fiel a lo que creo, a la verdad y a mis convicciones políticas, por las cuales me ha puesto en las instituciones la gente que me ha votado». Cloacas del Estado vs. Isabel Serra, sin duda, un combate singular. Hay quien ha planteado que está violando el Código Ético de Podemos, pero sinceramente no creo que sea así: el Código habla de renunciar a cualquier cargo en caso de imputación, procesamiento o condena, pero solo para delitos que se especifiquen reglamentariamente y entre los que, sospecho (no conozco el reglamento), no se incluyen las agresiones a policías.

También habla Serra del carácter «ejemplarizante» de la sentencia. Ahora bien, teniendo en cuenta que los delitos tipificados que se le imputan acarrean penas que van desde los 12 meses a los 4 años, somos incapaces de ver el vigor ejemplarizante de una condena que está 4 veces más cerca del mínimo (a 7 meses de distancia) que del máximo (a 29 meses de distancia).

Más interesante es lo que dice del Poder Judicial en su conjunto, que amplía y profundiza lo expuesto supra: «Esta sentencia demuestra que en este país los corruptos a veces no son ni siquiera juzgados y las personas que estamos defendiendo el derecho a la vivienda, que nos manifestamos frente a un desahucio, somos condenadas». Además, censura la «resistencia» del Poder Judicial «a todo avance democrático», afirmando que en este ámbito la Transición fue «muy superflua o muy débil» y que aplica «la disciplina social» en vez de «garantizar el ejercicio de los derechos por parte de la ciudadanía». Este discurso de inspiración foucaultiana dista muchísimo de ser aceptado científicamente, pero lo de verdad relevante, una vez más, es que hace afirmaciones de una extraordinaria gravedad sin aportar la mínima prueba. Y, de nuevo, es fácil encontrar contraejemplos: la Justicia española condenó a la cúpula de Interior en el caso GAL (y a punto estuvo de llegar al mismo presidente del Gobierno); no es menos extraordinario el procesamiento de una infanta real y la condena a cárcel de su marido; también es digno de reseñarse que la judicatura actualmente es uno de los sectores de la Administración más feminizados (63% en la última promoción), etc.

Más inquietud genera su afirmación: «falta mucho para que la justicia en España sirva a los intereses de la mayoría» que solo puede denotar ignorancia o una mentalidad totalitaria (o, tertium non datur, las dos cosas). El Poder Judicial no está para servir a los intereses de la mayoría, sino para impartir Justicia. Esta evidente confusión entre el interés del público y el interés público forma parte de la línea de flotación del populismo jurídico, cuya recusación es el principal interés de este texto.

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, manifiesta en otra entrevista que «No esperaba esta sentencia y la realidad es que me ha sorprendido». ¿Cómo podía no esperar esta sentencia después del análisis conspiranoico que hace del Poder Judicial? Es tan sinsentido como si yo manifestara mi estupor ante alguna nueva trastacanada (permítaseme el eulogismo) de Pedro Sánchez.

IV. PODEMOS Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Desde la cuenta oficial de Podemos se tuiteó: «La presunción de inocencia queda degradada si se da más peso a la versión de los agentes que a la de cualquier otro ciudadano».

En primer lugar, llama la atención —en realidad, no— que el mismo partido que ha expresado su fervor y hervor por el #HermanaYoSíTeCreo, que ha insultado con saña a los jueces de la Manada (especialmente a uno), o va repitiendo mantras del tipo «a la mujer hay que creerla sí o sí», etc., nos hable ahora de presunción de inocencia. Sería, no obstante, una novedad muy bienvenida si no fuera por el sesgo selectivo que suele aplicar a todas sus proclamas. De hecho, el uso de la inocencia presunta no es más que catapulta para la presunción de culpabilidad de la policía y de los jueces implicados, que están al servicio sempiterno de oscuros intereses políticos. En fin, ya se sabe que la coherencia no es el fuerte de este partido político. Ni otras cosas.

Aclaremos antes de nada que el principio de presunción de inocencia está intacto hasta que haya condena firme. Y esta es exactamente la situación actual, puesto que Isabel Serra (o su partido) va a recurrir la sentencia.

Respecto al conflicto que el tuit denuncia entre presunción de inocencia y presunción de veracidad (principio legal y jurídico que se concede a las personas con autoridad pública), he aquí algunas observaciones:

  1. Todos los regímenes democráticos establecen este principio en sus códigos legales. ¿Tiene acaso Podemos como modelo otro tipo de regímenes? Sería bueno que lo declarara abiertamente, aunque para muchos no es necesario, pues ya lo dejan bastante claro en su cotidiano obrar.
  2. Sin este principio, sería inviable buena parte de las acciones que desarrollan los agentes de autoridad: por ejemplo, una conducción temeraria sin cámaras que la graben. La palabra del infractor contra la del policía. Empate. Absolución.
  3. Profesiones como la de notario deberían desaparecer, pues no tiene otra base que la presunción de veracidad (Nihil Prius Fide es el lema que rige la profesión).
  4. Naturalmente, no es un principio que rija de manera absoluta (y mucho menos en el ámbito penal, donde prevalece el «derecho del reo», o sea, donde se interpreta cualquier duda siempre de manera favorable al acusado). Por eso es una presunción y supone una declaración iuris tantum, ya que admite prueba en contra.
  5. Por tanto, no se aplica de manera automática sino que el juez, en función de las pruebas disponibles y de la apreciación de la veracidad (firmeza, coherencia, etc.) de los testimonios, decide en cada caso acerca de su valor probatorio (yo mismo solicité en una ocasión un careo ante el juez por una actuación policial arbitraria; a resultas de lo cual el policía retiró la denuncia; y era una simple multa, es decir, un contexto administrativo, no penal).
  6. No existe en derecho procesal penal ningún tipo de presunción de veracidad en las declaraciones que prestan los policías. Cuando acuden a los juicios, sus manifestaciones deben ser interpretadas exactamente igual que cualquier otra prueba testifical,en la forma en la que establece el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aún más, cuando estos agentes se ven perjudicados por los hechos denunciados: sus declaraciones tiene  el mismo valor que las del resto de los  testigos y partes.
  7. Una de las maneras para neutralizar la posibilidad de abuso de este principio es precisamente a través de las muy diferentes consecuencias que tiene la actuación injusta a sabiendas o mendaz en un funcionario (delito de prevaricación, pena de cárcel) y en un ciudadano de a pie (simple falta, que se solventa con multa). Aquí tampoco hay simetría. Ni debe haberla.

Pues bien, la sentencia establece de manera inequívoca que el Tribunal no ha aplicado el principio de presunción de veracidad a los policías. Al ser víctimas de los hechos, les concede el mismo valor testifical que a cualquier otro testigo. Y en calidad de tales, de simples testigos, el Tribunal considera sus declaraciones veraces y fidedignas. De todo esto ya hablamos en el primer apartado.

En otros tuits, Podemos ha ensayado otras líneas exculpatorias:

-La propia Isabel Serra ha manifestado que «muchos de ellos no me reconocían y no me quisieron culpar». Esto más bien acredita que no hubo acuerdo previo entre los agentes ni, por tanto, existencia de un interés espurio en perjudicarla. Lógicamente en una situación de violencia y caos donde un grupo acosa a la policía y le agrede con objetos contundentes, es fácil que algunos de los 17 agentes que participaron no repararan en ella; lo contrario sí hubiera sido sospechoso. Ahora bien, derivar de ahí una supuesta inocencia resulta, bueno, algo ingenuo, por llamarlo amablemente.

– Los vídeos aportados por su defensa la muestran «con una actitud pacífica y tranquila». Me ha sido imposible no acordarme de Les Luthiers y su «Visita a la Universidad de Wildstone»:

Estas escenas, cuyo objeto es desmentir la fama de decadencia que han endeudado a la Universidad de Wildstone, son estrictamente documentales y han sido filmadas en la Universidad de Columbia.

O sea, que la defensa presenta vídeos en los que su defendida no hace nada delictivo. Hubiera sido realmente extraordinario que Bárcenas, para demostrar su inocencia, hubiera aportado vídeos en los que no roba, no apunta en caja B, sino que pasea amablemente con su perro, da una lismona a una persona en la calle, ayuda a cruzar a una abuelita el semáforo…. En fin, nivel Mortadelo y Filemón.

En consecuencia, más que de degradación de la presunción de inocencia, de lo que hay que hablar es de la degradación imparable a la que estamos asistiendo de las instituciones y de los principios democráticos que la vertebran. Sin precedentes desde que estrenamos democracia hacia casi medio siglo.

V. LA REACCIÓN DEL GOBIERNO

En este tema, hay tres posturas en el Gobierno:

  • Aquellos que han emprendido una feroz crítica al Tribunal Superior de Madrid: un vicepresidente y dos ministras.
  • Los que guardan silencio: muy significativamente el ministro de Justicia.
  • Aquellos que defienden esos ataques amparándose en la libertad de expresión.
  1. Reacciones más destacables:
  2. a) Pedro Sánchez ha recurrido a la línea de explicación esquizofrénica que popularizó su favorita Carmen Calvo, si bien no en dimensión temporal (antes/después de ser presidente del gobierno) sino espacial o funcional (aquí/allí, dentro/fuera, al más puro estilo Koko de Barrio Sésamo). «Las críticas las hizo como secretario general de Podemos» —han sido sus sagaces palabras. Pues ya nos quedamos más tranquilos. Ya se sabe que el desdoblamiento es una característica peculiar del personaje (por ejemplo, cuando habla de sí mismo en tercera persona), pero deberían tener el detalle para la ciudadanía de aclarar quién habla en cada instante; por ejemplo, con un rotulito o chapita, no vayamos a reprochar al vicepresidente 2º lo que dice el secretario general de Podemos, o Pablo Iglesias, o el Coletas, o Pablenín o el azotador a primera sangre de Mariló Montero.
  3. b) El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha guardado el más hermético de los silencios, como si la cosa no fuera con él. Así que corre turno.
  4. c) El ministro del Interior, Grande Marlaska, también resta gravedad a las críticas a la Justicia del vicepresidente del Gobierno. Según él, «lo importante es el respeto entre los Poderes del Estado y la división de poderes» y, en su ducha opinión, Iglesias no faltó a ese «respeto debido». Aún va más lejos: «No hubo ninguna posibilidad de entender que la independencia al poder judicial quedara atacada por las manifestaciones del vicepresidente». Es decir, aquellos que hemos entendido exactamente eso pasamos a ser una suerte de imposible metafísico. Este tipo de lenguaje absoluto, apodíctico, es propio de determinados contextos nada acogedores a la pluralidad democrática. Verbi gratia, cuando Fernando VII, vivan las caenas, retornó al reino de España por obra de la Restauración, decretó que la Constitución de 1812 nunca había existido. Era también un imposible metafísico (no había ninguna posibilidad de entender lo contrario). Burt Simpson lo decía con más gracia: «multiplícate por cero».
  5. d) María Jesús Montero, la portavoz gubernamental, deja clara la posición del Gobierno a este respecto: hay que respetar su libertad de expresión. Lo que nos da pie al próximo subapartado.
  6. El Gobierno y la libertad de expresión

No es el momento de exponer todas las iniciativas de este Gobierno contra la libertad de expresión. Este retroceso nos sitúa, según el V-Dem Institute, al nivel de Rusia, Hungría, Polonia, Turquía, Colombia, Argelia, Tanzania y otros países africanos, etc. (https://www.v-dem.net/media/filer_public/52/eb/52eb913a-b1ad-4e55-9b4b-3710ff70d1bf/pb_23.pdf?fbclid=IwAR3knTQKdc8CNq8_2Dn19H3FzKdv3ZHnkcywHR0ZnNIyoyPa9gj7YFTRpGo). Entidades independientes, como Reporteros sin frontera, han denunciado los frenos a la libertad de prensa en España. Las ruedas de prensa del presidente eran como las partidas de billar de, vaya, otra vez, Fernando VII (ya se sabe, «así se las ponían») hasta que varios medios importantes se plantaron. Etcétera, etcétera.

Pero no se trata solo de amordazar a los medios; el mismo propósito se despliega respecto a la ciudadanía de a pie. Este Gobierno ha puesto en marcha un dispositivo en las redes sociales para controlar «elementos que tratan de intoxicar, causar desasosiego y de manipular a la opinión pública» (cita literal del Ministerio del Interior). Estamos, pues, ante la típica asimetría totalitaria: la población no puede cuestionar al Gobierno (sin más límites que los que impone el Código Penal a la libertad de expresión), pero el Gobierno tiene bula (y, como veremos, bulo) para cuestionar nada menos que al Poder Judicial.

  1. Por qué se equivoca el Gobierno al apelar a la libertad de expresión

Y por qué me equivoco yo al hablar de equivocación, que es una palabra extraída de contextos epistemológicos (donde se trata de obtener la verdad) mientras que el Gobierno está únicamente interesado en los contextos pragmáticos (qué tiene que hacer para seguir mandando). En esto, es verdad, no se diferencia de muchos otros gobiernos. La distinción proviene del precio que paga y el continuo salto y asalto de rubicones rojos (aunque esto también habla, ay, de la calidad deliberativa de nuestra nación).

Sea como sea, he aquí un ramillete de razones para contradecir las afirmaciones de los responsables precitados (incluyendo el silencio del ministro de Justicia). No ya solo en lo que se refiere al vicepresidente —que analizamos pormenorizadamente en la siguiente entrada— sino en general a su partido (que ha hecho explícito todo lo que había latente en su tuit):

-1) Abundan las informaciones objetivamente falsas y de abierta mala fe (que se ha vulnerado la presunción de inocencia, que se la condena por manifestarse pacíficamente, que es una sentencia sin pruebas, etc.).

-2) Se acompañan de expresiones emotivas sin contenido («vergüenza», «injusticia») o de vaguedades pueriles como que la han condenado por luchar por los derechos humanos (que, a su parecer, incluyen el insulto y la agresión con lesiones a las fuerzas del orden).

-3) Estas declaraciones incendiarias se suelen usar para predisponer a «la Gente» contra «la Casta judicial»: un modo coactivo de «encauzar» las sentencias en beneficio del pueblo, o sea, del suyo (el caso de la Manada sigue siendo paradigmático). Esto no es una interpretación sino que los mismos protagonistas han reconocido que esa era su intención, lo cual constituye una quiebra, al menos en grado de tentativa, del Estado de Derecho.

-4) Podemos no ha entrado a discutir los argumentos del tribunal, o su interpretación de los hechos, sino que ha acusado a los jueces de actuar injustamente a sabiendas (o sea, de haber delinquido), pues criminalizan la simple protesta, persiguen judicialmente a quienes defienden los derechos humanos o condenan sin pruebas porque son de derechas. Algunos lo dicen abiertamente (Isabel Serra o Echenique) y otros, como Iglesias, hablan de la doble vara de medir, según el típico esquema de la Casta frente a la Gente. Por eso es preciso distinguir claramente la diferencia entre una crítica (que puede ser muy dura: respecto a cómo se han valorado las pruebas, o la doctrina jurisprudencial que se aplica, etc.) y una acusación de que se ha condenado sin pruebas, para perseguir fines políticos o de forma arbitraria. Esto no es ya opinión sino la nuda atribución de un delito. Y puesto que no presentan pruebas, es una calumnia, que lógicamente no puede ampararse en la libertad de expresión. Es, además, una calumnia alevosa, puesto que los jueces, como veremos, no pueden defenderse.

-5) Ha habido un señalamiento personal, según el modelo linchamiento de jueces «contra el Pueblo» que ya se puso en práctica cuando la sentencia de la Manada.

-6) No menos significativa es la difusión del término lawfare, que se traduce como guerra jurídica o judicial, que se refiere al uso abusivo de los procedimientos legales con la intención de perseguir o provocar desprestigio contra un oponente. Así se presenta el caso de Isabel Serra. ¿Hay una acusación peor contra un juez? En tanto que juez, desde luego que no.

-7) La persona de a pie no conoce la sentencia ni tampoco sabe de Derecho. Así que es fácil presa de un relato donde intervienen elementos emocionales (una persona minusválida a la que se desahucia) y unas fuerzas del Mal institucionalizadas (jueces al servicio de renegridos intereses políticos que quieren «criminalizar las luchas sociales» y policías sicarios). Smog chapopítico para ocultar la nuda realidad: unas personas que cumplen con la Ley y otras que las agreden e insultan por eso. Cumple, pues, los tres requisitos que, según el Ministerio del Interior, legitiman su intervención contra los bulos: intoxicación, desasosiego, manipulación.

8) Este hooliganismo alevoso (pues que sacan pingües intereses) lo ejercen además desde la total impunidad. Es impensable que algunos de los jueces atacados se animen a interponer una denuncia por imputación falsa de delito; el Poder Ejecutivo, por su parte, o participa o calla o justifica (al mismo tiempo que avanza en su proyecto de arrasar la independencia judicial). Quedan, pues, únicamente el CGPJ (cuyos miembros son elegidos por los dos partidos mayoritarios) y las asociaciones de Jueces que, ya se sabe, según relato, forman parte de la Casta. Esta indefensión de los jueces es un signo inequívoco de la transición hacia otros modelos políticos no democráticos, como saben muy bien en Venezuela o en Bolivia (por poner dos ejemplos muy caros a los «críticos»).

Hablamos de reglas, de las reglas que vertebran un Estado de derecho. Y es obligación del Gobierno garantizarlas. Si todo lo anterior no anima a este Gobierno a defender una institución fundamental de democracia, sin la cual esta no es, entonces es que está rendido a otro tipo de intereses.

VI. EL MANIFIESTO DE «PRESTIGIOSOS» JURISTAS EN APOYO DE PABLO IGLESIAS

Este es el tuit que escribe Pablo Iglesias «Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso». Comparado con los anteriores, existe un elemento de cautela (o de alevosía), pero abunda inequívocamente en una de sus ideas-fuerza: hay una justicia para los ricos y otra para los pobres. Y repite el mismo mantra mentiroso: se la condena por protestar.

Por tal motivo, el CGPJ manifestó enérgicamente su rechazo, pues «generan una sospecha inaceptable». De inmediato, una treintena de —extraigo la noticia de un titular de periódico— «prestigiosos juristas, encabezados por Garzón y Martín Pallín, respaldan en un Manifiesto a Pablo Iglesias frente al CGPJ».

No me detendré en la cuestión de si cabe aplicar el término «prestigioso» a quien ha sido expulsado de la carrera judicial por prevaricación judicial y condenado por el Tribunal Europeos de Derechos Humanos por dictar sentencia «con parcialidad», «no ajustada a derecho» y fruto de «un proceso totalmente irregular». No se me ocurre ninguna degradación mayor en un juez (por eso, es ya ex juez). Sobre M. Pallín, bueno, cualquiera puede escuchar sus opiniones que siempre percuten en el blanco correcto y se presentan escoltadas de la pertinente gestería indignada; ello le garantiza protagonismo mediático en los medios pro clives. Lean (mayormente en eldiario.es) o escuchen (mayormente en La Sexta) lo que dice sobre el procés, la Corona, la condena a Chaves y Griñán… Por mi parte, como en las películas americanas del género, solo me queda añadir: «señor juez, no haré más preguntas».

En cualquier caso, todo esto no son más que ad hominem y, por tanto, sin valor para la cuestión a debate. Aquí tienen el contenido íntegro del Manifiesto: https://www.20minutos.es/uploads/files/2020/04/24/MANIFIESTO%20a%20raiz%20de%20la%20nota%20emitida%20por%20el%20CGPJ%20.pdf. Ocupa apenas una carilla. Por eso resulta llamativo el uso de la palabra Manifiesto, que posee unas resonancias altilocuentes que quizás hubiera sido preferible reservar para mejor ocasión. El DRAE define el término como: «Escrito en que se hace pública declaración de doctrinas o propósitos de interés general». Dado que aquí se trata de la expresión de un punto de vista sobre una cuestión muy particular, hubiera sido probablemente más adecuado titularlo Comunicado, Declaración, Notificación, Nota de prensa, aunque quizás no tan ajustado al perfil psicológico de algunos de los suscribientes.

Pero vayamos a los dichos y a los hechos. Estos firmantes consideran el comunicado del CGPJ «grave, muy grave» (este recurso de lenguaje oral en todo un Manifiesto requiere de hermenéutica auxiliar que posponemos, para no agotar al lector). Y añaden —imaginamos que con el más ceñudo de los semblantes— que es «una interferencia inadmisible en un Estado de derecho», pues que «confunde la independencia judicial» y no respeta la libertad de expresión de Iglesias, el cual «ha ejercido la libre crítica a las resoluciones judiciales, aunque al CGPJ le parezca inadmisible ‘cuestionar una actuación judicial’». Acusan además al CGPJ de tergiversar las palabras de Iglesias: afirmar que de su comentario se deduce «una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, resulta una presunción infundada para cualquiera que haya leído el mensaje».

No sé si considerarán legítimo criticar a quien critica al que critica la sentencia, pero, en cualquier caso y sin permiso, allá voy:

  • La libertad de expresión es, según los manifestantes, una propiedad inherente al vicepresidente, pero que no corresponde en absoluto a los integrantes del CGPJ. Al parecer, se puede criticar una sentencia, pero no criticar al que critica una sentencia. El sentido común, sin embargo, nos informa de que es más justificado criticar una decisión `política´ (por definición, susceptible de valoración general) que una decisión `técnica´ (donde uno se expone, en el mejor de los casos, al `marujeo´).
  • Según el Manifiesto, lo segundo —criticar al que critica— es una interferencia inadmisible; en cambio, lo primero es un legítimo ejercicio de libertad de expresión. Las razones de esta metafísica asimétrica no la explican y nos dejan así en la perplejidad más surreal (aunque, eso sí, está en armonía con sus posicionamientos asimétricos sobre el procés y otros).
  • Si uno lee el comunicado del CGPJ comprende que lo que se cuestiona no es tanto la crítica (o sea, la mera ocurrencia de un lego absoluto —pero con muchos galones—) como la «sospecha» que lanza sobre la falta de imparcialidad de los jueces (en realidad, el CGPJ es muy amable: no hay tal sospecha sino afirmación directa de su parcialidad por amor de Casta).
  • Los manifestantes decretan que el CGPJ ha ejercido una hermenéutica desafortunada, pues que Iglesias no anima en absoluto a la sospecha (a quién se le podría ocurrir tal cosa de él, por favor). Basándonos en lo que afirma el tuit de marras («en España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso»), lanzo aquí mis razones de hermeneusis:
    1. La interpretación de que los poderosos, «gracias a sus privilegios y contactos», obtienen una justicia favorable (y de ahí su impunidad) parece bastante sólida, y eso solo puede significar que trata a los jueces como prevaricadores. ¿Qué está diciendo si no, que Isa Serra ha tenido mala suerte con los jueces que la han juzgado?
    2. En rigor, no hay crítica a la sentencia (vid supra, sección anterior) sino que, más allá de ella, se formula una suerte de ley general de la corrupción judicial.
    3. Aparte de esta acusación, en el tuit no hay más que efusión sentimental («me invade una enorme sensación de injusticia», tan característico del populismo peronista que practica) y una mentira objetiva: no se ha condenado a Serra por protestar un desahucio.
    4. Por si fuera poco, el contexto interpretativo que proporcionan todas las personas de su partido, y su propio partido en sus cuentas oficiales, refrenda la misma dirección: condena sin pruebas, vulneración del principio de inocencia, sometimiento a intereses políticos espurios…
    5. Un simple repaso a las hemerotecas nos confirma que lo que «interpreta» el CGPJ es exactamente lo mismo que el propio Iglesias viene declarando desde que a-saltó a la vida pública.
    6. La condenada Isabel Serra avala la misma línea interpretativa, pues en una entrevista ha declarado que «Pablo fue muy comedido» y que le había confesado que «no digo todo lo que pienso sobre esa sentencia porque trato de respetar al máximo mi posición dentro del Ejecutivo».
    7. Y, por último, si el CGPJ le hubiera atribuido una intención errónea (infundir sospecha sobre la clase judicial), correspondería al propio Iglesias salir a desmentirlo. ¿Por qué no lo habrá hecho? ¿Está dispuesto a declarar públicamente su confianza en la institución judicial? Hasta Pallín y Garzón son capaces de adivinar la respuesta.
  • Hay algo que se llama «responsabilidad institucional», que encaja dentro de lo que Max Weber llamó ética de la responsabilidad, justo la que debe regir en un cargo público (no de manera exclusiva, pero sí preponderante). Eso significa que, cuando se ocupa un cargo, es necesaria una actitud de contención y mesura para así velar por el buen funcionamiento de la institución. Es impensable o indeseable, por ejemplo, que un director de Instituto formulara una crítica a un profesor delante de padres y alumnos. No importa cuál sea su opinión personal; su papel es el de garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para resolver cualquier posible situación conflictiva. El caso de Iglesias ciertamente no es igual, pues ese director sería profesor (o sea, experto en enseñanza) y porque un vicepresidente es un cargo infinitamente superior; en consecuencia, la irresponsabilidad dolosa se dispara y, en la situación actual, se torna casi explosiva.
  • Critican los manifestantes que en otras ocasiones similares el CGPJ ha callado. No es cierto. El CGPJ ha tenido encontronazos memorables, entre otros, con Corcuera, con Bermejo y, hace un par de años, con el ministro del PP Rafael Catalá, por sus declaraciones (ciertamente infames) respecto de uno de los jueces de la Manada.
  • Los términos que se utiliza para criticar a jueces de un Tribunal Superior son durísimos: «responde a un modelo irracional de valoración de la prueba, a un esquema impresionista donde campa el subjetivismo del intérprete» (aunque eso sí, con inequívoca —y fallida— voluntad de estilo; también aquí «…el CGPJ haya juzgado conveniente alzar su voz tonante»). El resultado de esta doble prosopopeya, formal y material, es la descalificación tajante del CGPJ y de los jueces de la sentencia; a unos y otros despachan categóricamente en muy pocas líneas. Y concluyen: «La sentencia incurre en graves errores de paradigma probatorio. Y cualquier ciudadano, incluso un vicepresidente del Gobierno, tiene derecho a opinar sobe ello». No entendemos por qué se concatena una cosa con la otra: ¿si no tuviera graves errores de paradigma probatorio no habría podido —o hubiera estado feo— criticarla?
  • Manifiesta el Manifiesto que únicamente «puede ser objeto de limitación [la libertad de expresión] cuando concurran circunstancias especialmente relevantes». Esto podría llevar a pensar que estos paladines indesmayables de la libertad de expresión estarán ahora batiéndose el cobre contra las restricciones graves e injustificadas impuestas por el Gobierno; sin embargo, no tenemos noticia no ya de Manifiesto sino ni siquiera de comentario, mensaje o resquemorcillo al respecto. Aún más, el ubicuo Garzón ataca ferozmente a la derecha por televisión, radio y prensa, precisamente por ejercer la libertad de expresión… en dirección equivocada. Extraigo frases literales de la charla con el director de eldiario.es., Ignacio Escolar:

«El magistrado [será ex magistrado, ¿no, Escolar?] se ha mostrado muy crítico con algunos políticos, sobre todo con la “derecha y la extrema derecha” que están “abusando hasta la extenuación de las noticias falsas” (…) reflexionaba en voz alta y hacía patente su cabreo con la situación. “¿Qué buscan exacerbando críticas, manipulando? Es un alarido permanente. No puede ser. Se están riendo de los ciudadanos”».  Además, «… ha recordado que hay que exigir a los políticos “mayor rigor porque son servidores públicos”».

Nada de eso (noticia falsa, manipulación, exacerbación de crítica…), al parecer, encuentra en el tuit de Iglesias. Y aclara para el vulgo ignaro:

La peste está ahí, pero no la del coronavirus, sino la del fascismo.

Si para evitar la no-peste del Covid19, ingresó en la elitista clínica Ruber (lo cual certifica aún más, si cabe, su militancia izquierdista), ¡qué no hará para luchar contra la verdadera peste! ¡Hemos de declarar el estado de alerta anti-fascista ya! (aunque, eso sí, con reserva de habitación en la Ruber —y barra libre de cloroquina, respirador y cama UCI—, por si acaso).

  • Volviendo a las escasísimas excepciones legales al ejercicio de libertad de expresión, a los del Manifiesto se les olvida mencionar la prohibición legal que tienen los jueces de realizar felicitaciones o censuras por sus actos a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones. ¿Se imaginan al presidente del Supremo elogiando a un partido político? ¿Se lo imaginan criticando al Gobierno o a Iglesias por sus ideas políticas? ¿Cuántos contenedores arderían ese día en las calles? Por lo demás, el lapsus de los manifestantes sobre este particular es comprensible, pues las mismas razones que prohíben a los jueces hacer declaraciones sobre asuntos políticos son las que exigen al vicepresidente del Gobierno (o cualquier otro cargo público de relieve) a hacer lo propio con respecto a las resoluciones judiciales. Es un lapsus, pues, por exigencias del guion.
  • El tono de afrentosa superioridad presente en todo el documento, en mi opinión, descalifica a los suscribientes, pues dejan clara su intención de clausurar de antemano cualquier posibilidad de debate. La sentencia expone exhaustivamente los fundamentos de Derecho (normas y jurisprudencia) en los que se basa, pero nada de eso les anima a plantear la crítica en el ámbito científico y, por tanto, con inflexión más sosegada. Se diría que se han sumergido de lleno en la oportunidad de mostrar indignación por razón de pureza ideológica y bandería. Una emanación más del principio de supremacía moral de la izquierda: nada de rebajarse a dialogar con jueces «irracionales»; el diálogo queda para golpistas y filoetarras; somos el Bien y encarnamos la Verdad Absoluta; y viva la Madre que nos parió tan rojos y tan rebeldes sin pausa.

Nosotros, más humildemente, celebramos la máxima estrella de que estos «cráneos previlegiados» estén uno jubilado y el otro expulsado de la carrera judicial. Chinchín.

VII. REACCIONES DE MEDIOS SUPUESTAMENTE OBJETIVOS

Sería inabarcable analizar las reacciones de la prensa en general, así que me ocupo únicamente de dos medios a los que se les supone o declaran una relación especial con la objetividad.

La agencia EFE es la agencia oficial de noticias. Así informó de la condena: «Isabel Serra es condenada por intentar frenar un desahucio». Como es asunto ya explicado, pasamos al siguiente.

Más elaborada y alevosa es la actitud de Newtral (https://www.newtral.es/condena-isabel-serra-delitos-cometidos/20200423/). El título dice: «Nos preguntáis por la sentencia que condena a Isa Serra a prisión y en qué pruebas se fundamenta». No se hace la menor referencia a los motivos de la condena, a pesar de que la pregunta obvia que subyace es si la han condenado por manifestarse o por agredir.

Tampoco el subtítulo entra a dilucidar la cuestión: «A la diputada autonómica de UP se le ha impuesto además una multa y la sala la ha inhabilitado para ejercer su cargo público. Con todo, la sentencia no es firme y cabe recurso». Esta última frase se repite justo al final del artículo, que quede bien claro.

A pesar de que, como hemos visto, esta sentencia se ha convertido en un inmenso pararrayos de bulos, Newtral no declara haber dado caza a ninguno, vaya por Dos, ni siquiera a un bulo del calibre de «la han condenado por protestar contra un desahucio». Se limita a extraer párrafos de la sentencia para concluir:

Por tanto, el tribunal considera que el testimonio de los agentes, así como los informes periciales de las agresiones, son elementos suficientes para considerar que Serra es culpable de los delitos por los que la fiscalía pedía procesarla.

Es decir, se subjetiviza la decisión de los jueces utilizando dos veces el verbo «considerar», lo que unido a «elementos suficientes» componen una cierta imagen de fragilidad probatoria. Hubiera sido muy distinto redactar por ejemplo: «El Tribunal considera por unanimidad como hechos probados los insultos, agresiones y daños ocasionados por Isabel Serra». Ni siquiera se hace la menor mención a esa decisión unánime, otro descuido.

A continuación, se dedica a exponer la versión «paranoide» de Isabel Serra que ya hemos analizado arriba, sin el menor comentario o amago de banderillas por asome de cante por bulerías. Y termina el texto así:

Con todo, la resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Supremo, algo que su defensa ya ha anunciado que «hará sin duda» para demostrar la inocencia de Serra.

«Con todo», es decir, «a pesar de todo lo anterior», la sentencia no es firme, algo que ya vimos que formaba parte del Subtítulo. Esta insistencia en el carácter no firme de la sentencia es llamativa si atendemos a que es algo común al 99% de ellas; es como si se pretendiera sugerir que esta sentencia es especialmente no definitiva y apelable. Las últimas palabras —la inocencia de Serra— aparecen sin entrecomillar, como algo que pertenece a la naturaleza de las cosas mismas y no a la opinión de la defensa.

Todo esto no tendría mayor importancia en cualquier otro medio, pero son sesgos inaceptables en el que pretende dar lecciones de deontología periodística y de lucha contra las fake news (podríamos poner muchos otros ejemplos de Newtral, incluso peores, pero que no vienen ahora al caso).

 

VIII. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA SENTENCIA Y EL PODER JUDICIAL

  1. Sobre la sentencia

Quiero dejar claro que no me pronuncio acerca del fondo de la cuestión, es decir, si Isabel Serra participó en los hechos de la manera que recoge la sentencia. No puedo saberlo. Para ello necesitaría, al menos, tener acceso a los testimonios, a los vídeos y a los peritajes. En este dossier me he ocupado de lo único que está a mi alcance (y que, como he explicado, supone una muestra inequívoca de degradación democrática).

A nivel personal, y esto es ya una mera opinión (por tanto, con total disposición a cambiarla ante mejor evidencia), me parece que todo lo que expone la sentencia es muy sólido. Por otro lado, la palabra de Isabel Serra queda muy en entredicho cuando miente en cosas fácilmente demostrables (que ha sido condenada por protestar un desahucio), cuando se contradice (al manifestar sorpresa por una sentencia que, según ella, han dictado jueces co-inspirados por intereses poderosos y malignos) o cuando atribuye intenciones sin la menor prueba o sombra de indicio racional. No estamos nada lejos del nivel Trump.

Por otra parte, y en mayor o menor medida, todos hemos sido objeto de injusticias o de trato arbitrario por parte de la Administración (de Justicia o la General). El hecho de que se invierta tantísima energía (y dinero, pues la defensa la paga el partido) en defenderla puede ser un excelente ejemplo de esa desigualdad entre privilegiados (en este caso, por pertenencia a la élite de un partido) y desheredados que denuncian. Qué lejana y sola, como la Córdoba del poema lorquiano, queda la exigencia de igual consideración y respeto a todos los ciudadanos. De hecho, ha habido ya cuatro personas condenadas por el mismo desahucio de las que no sabemos nada. ¿Qué justifica la diferencia de trato? Sería interesante que las explicaran (y ya de paso por qué el partido ha pagado generosamente a la escolta de Irene Montero para que no vaya a juicio contra ella).

Tampoco las consecuencias para Isabel Serra parecen muy dramáticas: no va a ir a la cárcel y la multa —si es que la paga ella— no va a suponerle ningún descalabro económico (pertenece a una familia acomodada; de hecho, el día de los autos, según Lucía Etxebarría, venía de un máster bastante caro).

Claro, alguien podría objetarme «¡es el Relato, estúpido!» (y esta condena, no lo olvidemos, es a una militante por ejercer de tal). Y tendría razón, pero que en las circunstancias actuales continúen estas prioridades «narrativas» resulta, como poco, triste y merece ser constatado.

  1. Sobre el poder judicial

El Estado de derecho es un instrumento civilizatorio que ha costado siglos erigir y que es conditio sine qua non para una sociedad justa. Ahora se ve seriamente amenazado: todas las instituciones imparciales que garantizan el servicio al interés común están recibiendo un ataque sin precedentes. Este retroceso de corte iliberal también está ocurriendo en Europa, principalmente de la mano de la extrema derecha (Polonia y Hungría como ejemplos más claros); en España, sin embargo, viene de la mano de la izquierda.

Alertar sobre esta degradación no implica el reconocimiento de que tenemos una Justicia impecable. Mi opinión, al menos, no es esa. Tenemos una institución judicial muy mejorable (y también —y quizás principalmente— muy empeorable). Son muchos los aspectos necesitados de reforma radical: el método de elección del CGPJ, el sistema de acceso a la judicatura, la sobrecarga de los Juzgados, etc. Y, por supuesto, soy partidario de que las sentencias puedan ser criticadas (yo mismo lo he hecho en varias ocasiones, a veces con dureza; también he padecido alguna sentencia «difícil de entender»… pero no por turbios intereses políticos 😊).

IX. EL ATAQUE A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL COMO PARTE DE UNA ESTRATEGIA TOTALITARIA

  1. Apreteu, apreteu

Hay lagunas en el ideal democrático de separación de poderes. Pero lo que importa ahora es subrayar la diferencia —en realidad, el antagonismo— entre la actitud de señalar defectos, para avanzar en su mejor cumplimiento, que hacerlo para arrasar cualquier vestigio de independencia judicial. Hoy día estamos asistiendo a un viraje totalitario que persigue el control ilícito del poder judicial.

Unidas Podemos impulsa esa dirección por una doble vía:

1) Desde el Gobierno: En esto comparte propósito con Pedro Sánchez, que no ha dejado la menor duda acerca de su intención de supeditar el Poder judicial a sus propios intereses (el sanchismo, de hecho, no es más que una praxis leviatanesca de acceso y permanencia en el poder; cualquier otra cuestión o teoría posee necesariamente un carácter adjetivo o subsidiario). El presidente en año y medio ha cesado a dos abogados del Estado (por actuar según criterios profesionales en la «cuestión catalana»); lo mismo, y por los mismos motivos, respecto a la Fiscal General del Estado, la progresista Mª José Segarra; en su lugar, nombró a Dolores Delgado (de cuyos precedentes no quiero acordarme), etc. Ahora, en pleno estado de alarma, su Gobierno ha preparado un decreto de reforma judicial de calado que afecta a cuestiones sustanciales del Poder judicial, según una perspectiva que, como mínimo, es ajena a la tradición democrática (más información aquí: https://www.abc.es/opinion/abci-abc-nuevo-objetivo-controlar-jueces-202004272316_noticia.html). Vendrán muchos más sobresaltos en este ámbito, ténganlo por seguro.

2) Desde «el Pueblo»: Como es sabido, Podemos no ha renunciado a la movilización desde abajo aunque estén ya muy arriba (asaltando cielos, en su argot). Digamos que es un rasgo irrenunciable de su programa, al igual que lo es la necesidad de inventar continuamente un enemigo sobre el que volcar todo el malestar (el existente y el generado). Junto al «pragmatismo sanchista», han dado forma a un estilo singular de gobierno, centrado en hacer oposición a la oposición y no en dirigir el país. Veamos a través de qué mecanismos Podemos lleva a cabo su propósito de «apretura popular»:

  • Las redes sociales. El grado de penetración en ellas le permite unas extraordinarias posibilidades de presión. Naturalmente, las multimillonarias subvenciones recibidas de gobiernos extranjeros han facilitado enormemente este posicionamiento dominante.
  • Los medios de comunicación afines. Aquí también hay capital privado que, por unas razones u otras, está interesado en el triunfo de las tesis que defiende UP.
  • Violencia presencial. Nos referimos a escraches, sabotajes, manifestaciones intimidantes y demás «jarabes democráticos» que usan para reivindicar que la calle es suya.
  • La supremacía moral de la izquierda. Es la supraestructura, por usar la jerga marxista tan de su lenin-agrado, para justificar cualquier atropello o ejercicio de medios coactivos. Si el fin es bueno (ayudar a los necesitados, instaurar la justicia social, etc.), cualquier medio también lo será (lo cual a veces llevan hasta las últimas y parabélicas consecuencias; holita Otegi 👋🏻).

Estamos en las antípodas de los ideales democrático-liberales, los mismos que han permitido lograr las mayores cotas de paz, justicia y prosperidad en la Historia. Pero el programa de UP sigue avanzando. Quizás su mayor éxito, después de todo, haya sido podemizar al PSOE. Como resultado, disponen de una cota real de poder muy por encima de sus resultados electorales (la actual crisis de pandemia lo está mostrando a la perfección: Sánchez no quiere bajo ningún concepto tener a Iglesias en la oposición; es fácil entender por qué).

En el caso que nos ocupa, hay procesos judiciales «calientes» en las que los jueces se exponen a quedar en el centro de la diana (no solo profesional sino también humanamente; incluso sus familias) si no dan satisfacción a determinadas consignas «de izquierda». Ocurre igual, permítasenos el símil futbolístico, que cuando juega el Madrid o el Barça: el árbitro sabe perfectamente que los errores en un área tienen consecuencias muy distintas que en la otra. ¿Alguien ha salido a defender al TSJM (salvedad hecha del CGPJ)?, ¿alguien salió en su día a defender al juez discrepante de la sentencia de la Manada? Es lo mismo que pasa con el acoso escolar: el que salga en defensa de la víctima, pasará a ser objeto de ulterior linchamiento. La asimetría es palmaria. En un lado el aplauso o como mínimo la impunidad (no importa qué digas ni hagas); en el otro, el más pequeño desliz te convierte en un apestado integral. Y lo mismo cumple con cualquier personaje público (periodista, escritor, actor, deportista, famoso…). Y este matonismo va tejiendo su red de coacciones y pariendo un voraz Monstruo que, eso sí, posee una meliflua voz afectuosa.

  1. Obstáculos para el control totalitario de la sociedad

La historia nos muestra reiteradamente que el intento por instaurar un régimen totalitario pasa por el control de la opinión pública y la judicatura. En menor medida ocurre con la Administración Pública. Y digo en menor medida porque desde el Ejecutivo existen numerosos procedimientos para neutralizar la independencia de los funcionarios (nombramientos abusivos, incremento de puestos de libre designación, creación de agencias paralelas, redes de «premios y castigos»…). En este sentido, estamos asistiendo a la instrumentalización más intensa y extensa del Estado para fines particulares (patrimonialismo omnívoro) de nuestra historia democrática. Ningún Gobierno anterior se atrevió a tanto (o no se lo permitieron).

De la opinión pública hemos hablado ya antes. Aquí hay una doble dirección: el pastoreo de los medios de comunicación (convenientemente «incentivados») y el control de las redes sociales (para vigilar y censurar mensajes negativos y desafectos en las redes sociales).

El Poder Judicial escapa por ahora al control, pero se van haciendo inquietantes avances, tal como hemos explicado supra.

Pero hay otra institución que no controlan y donde no se atisba la menor progresión: la Corona. La intervención de Felipe VI el 3 de octubre de 2017 ante el golpe de estado posmoderno en Cataluña le consolidó, aún más, como garante último de los derechos y libertades constitucionales. No es extraño que UP saludara el inicio del confinamiento con sendas caceroladas al jefe de Estado (que solo se acabaron cuando constataron su efecto boomerang, que las cacerolas las podía cargar el diablo). El rey tiene al menos otro aspecto contraprogramático: representa y fomenta la unidad de España; justo la tarea contraria de quienes basan su política en la permanente división de los españoles. Nada puede extrañarnos que sea objetivo prioritario a abatir.

X, EPÍLOGO

Hay muchos aspectos dignos de reflexión al hilo de este affaire. Apuntamos ahora algunos sin ánimo de exhaustividad y a modo de borrador:

a) En cuanto al desahucio:

  • El desprestigio de la autoridad. Se ha convertido en algo ritual el insulto a quien la representa, un «valiente» gesto libertario (que además suele salir gratis). No puede extrañar en quien hace equivaler falazmente autoridad y autoritarismo, y además cuenta con un contexto de impunidad.
  • El crédito de la acción directa, o sea, del atajo violento para conseguir un fin que se declara «bueno». Recuerdo una charla con alumnos muy expresiva de esta mentalidad (autoritaria, por supuesto). Se habían puesto de huelga y un grupito de no más de diez habían cortado toda una avenida. Al preguntarle por las razones, alegaron: «es que, si no, no nos hacen caso». A su nivel, otro tanto podría haber dicho Lucky Luciano.
  • El desprecio de los procedimientos y las cautelas racionales: existe una confianza plena en los propios sentimientos y en la indignación que de ellos nace. Esa indignación, a su vez, justifica cualquier actuación atropellando ley, fuerzas de seguridad y lo que haga falta.
  • El triunfo del pensamiento dicotómico: el mundo se divide en buenos (ellos) y malos (los demás). No solo los jueces; también los policías y los arrendadores pertenecen al lado oscuro. Los arrendadores, cochinos capitalistas, deben acatar la filantropía obligatoria que se les ordena. Y la policía ha de desobedecer las resoluciones judiciales que UP sentencia como injustas (o sea, prevaricar y exponerse a la expulsión del cuerpo). Cualquier freno —instrumental o final— a la Justicia popular dictada por el partido ha de ser derribado. Nada queda de la concepción institucional de las fuerzas de seguridad como brazo ejecutor del poder judicial y parte inherente del mecanismo que hace valer la fuerza de la ley frente a la ley de la fuerza. Cumple traer a colación ese poema de Passolini, que era comunista militante, que hablaba de los «muchachos policías / que ustedes por sacro vandalismo (de selecta tradición /resurgimental) / de hijos de papá, han apaleado» para terminar declarando «¡yo simpatizaba con los policías!».

b) En cuanto a las intervenciones públicas:

Digámoslo sin rodeos: en nuestro país, no hay majadero (ni majadería) que, sahumado en botafumeiro progresista, no adquiera de inmediato aura de insobornable compromiso social e intelectual; y torne así, por inefable sortilegio, en paladín indomable de los desfavorecidos y de las buenas causas. Y pocas cosas hay más irresistibles para los vanidosos y los idiotas (por tanto, sobre todo, para los vanidosos idiotas, que nauseabundan en nuestra piel de toro) que este su progreso asegurado. Hay, además, otros beneficios secundarios en juego, a tal punto que se puede decir que el progresismo es también una forma de ganarse la vida: empiezas a contar para la prensa engagée, es fácil que te ofrezcan plaza de tertuliano o articulista, te posicionas idóneamente para cargo público, para subvención (artística, social, cultural), ¡para premio literario!… Y cuesta tan, tan poco. No hace falta casi nada. De hecho, en rigor, lo más probable es que te sobre —por ejemplo, cerebro o vergüenza, que han de quedar oportunamente desterrados—. Y ya sabes, la burrada siempre la más grande, ande o no ande.

La genuflexión a las consignas progres se ofrece al alcance de todos, ¿cabe mayor muestra de igualitarismo democrático? Basta con repetirlas mántricamente, mucho mejor si incluyen —aquí entra la creatividad— algún chistecito supremacista (carapolla Almeida, nivel cuñado, bocachanclas fachas, capitán a posteriori, extrema extrema extrema derecha, Rajoy deja ya de fabricar secesionistas, hombre, putero Juan Carlos, Paul Married, pizzas Ayuso, jajaja, trifachito, cocaína Rivera, Letizia me envicia, carita de zorra Soraya, malaputa Arrimadas, institutriz Pastor, vaya cuello Cayetana…); añádase alguna lagrimita por las causas correctas (Excalibur, menas, palestinos…) y la indignación contra putaespaña, los borbones, Sión, VOX…¡¡y ya tienes el pack completo para triunfar!!

En fin, permítaseme este desahogo después de tantas páginas de disección de lo inane. Eso sí, he terminado borrando unos cuantos ejemplos confirmadores de la regla (aunque en las páginas de este documento se hallan otros igualmente diáfanos). Será muy difícil que España remonte el vuelo sin desenmascarar esta impostura cretinógena (o, mejor dicho, hasta que los más no reconozcan la fuente impostora que sostiene el entramado).

c) En cuanto a España como nación y su gobierno:

España afronta una de sus horas históricas. La crisis del Covid19 va a golpear fuertemente nuestra economía (más que a otras por nuestra dependencia del turismo y de la construcción), una economía que arrastra ya de por sí un nivel altísimo de deuda y de paro. Tenemos, además, un modelo de Estado autonómico muy costoso, por no hablar de las tensiones en los territorios dizque históricos, cuya solución —con este Gobierno— ni está ni se la espera (solo el apaciguamiento, que a unos permite ganar tiempo y a otros recoger las ganancias y continuar de matraca en matraca). También merece interés la hiperinflación de redes clientelares y empleados públicos, que se antoja insostenible en estos tiempos, pero que se sostendrá a toda costa (les va la gobernanza en ello). Y para dominar todas estas fuerzas desbocadas, un Gobierno que opera a espaldas de la realidad sin más miras que la confirmación de los propios dogmas y la demonización del rival político.

¿Qué puede salir mal?

 

 

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