EL PAPEL DEL REY EN LOS INDULTOS SEGÚN LA CONSTITUCIÓN

Hace unos días me pronuncié en contra de la posibilidad de que el rey se negara a firmar los indultos. Mis argumentos eran claros: el margen de maniobra de una monarquía parlamentaria se reduce al ámbito diplomático y simbólico, y no puede asumir otro tipo de responsabilidades.

La polémica por las palabras que Ayuso no dijo, me hizo darle vueltas al asunto: ¿es que acaso se corresponde mejor con la pulcritud democrática que la Gracia recaiga exclusivamente en manos del Gobierno (en realidad, de su presidente)?

Hace un rato me he encontrado en las redes con un análisis de Mario Conde (y es buena ocasión de recordar este principio racional: da igual quién sea el analista, lo que importa es lo que argumenta), que me ha aportado una información muy valiosa. La resumo, comento y amplio en estas líneas.

1) LA LEY DE 1870, ACTUALMENTE VIGENTE, CONCEDE LA POTESTAD DE GRACIA AL REY

  1. La ley de Indulto es de 1870 y desarrolla la Constitución del año anterior.
  2. En su Exposición de Motivos dice: «En el artículo 73 de la Constitución del Estado se otorga al Rey la facultad de conceder indultos particulares con sujeción a las leyes. Es, por consiguiente, manifiesto que debe haber una Ley con arreglo a cuyas disposiciones la Corona ha de ejercer tan preciosa prerrogativa».
  3. La potestad corresponde claramente al rey. Sin embargo, el artículo 30 de la citada Ley establece: «La concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en decreto motivado y acordado en Consejo de Ministros, que se insertará en la Gaceta.» ¿Por qué esta discordancia? Pues porque cuando se aprueba la ley, España carecía de monarca (la Revolución de 1868 —la Gloriosa— había obligado a exiliarse a Isabel II).
  4. La Constitución de 1869 consagraba, pues, la potestad regia de indulto. Tenemos una Ley, la de 1870, que desarrolla la Constitución y que reconoce en el preámbulo esa atribución real. Pero, al carecer en ese instante de rey, se delega en el consejo de ministros. En el buen entendido que, cuando volviera a haber rey, se aplicaría lo recogido en la Exposición de Motivos, con una simple enmienda del artículo 30.
  5. En 1871 España volvió a tener rey, Amadeo I de Saboya, pero abdicó y decidió volverse a Italia en 1873. Supuso el inicio de la I República, cuyo primer presidente, Estanislao Figueras, imitó el gesto pero con más gracia: «Señores, voy a serles sincero: estoy hasta los cojones de todos nosotros». Al día siguiente se subió al tren que le llevaba a Francia sin molestarse siquiera en presentar la dimisión (Estanislao, Amadeo, mis hermanos, ¡Vds. sí me representan!).
  6. En 1874 volvían los borbones al trono. La ley de 1870 se quedó tal cual estaba, pero, desde entonces (con el inevitable hiato de la II República y los años de Franco), fueron los monarcas los encargados de administrar la gracia del indulto.
  7. Incluso se ocupó de tales lides la regenta María Cristina, con tanto celo que dio inicio a su regencia en 1885 indultando a 1885 presos. Y, más adelante, hizo lo propio a unos militares republicanos que, a las órdenes de Villacampa, se habían sublevado en 1886 con resultado de condena a muerte.

2) LA CONSTITUCION DE 1978

El artículo 62 establece entre las funciones propias del rey:

—f) Expedir los decretos acordados en consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.

— i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.

`Expedir´ quiere decir según el DRAE: «tr. Despachar, extender por escrito, con las formalidades acostumbradas, bulas, privilegios, reales órdenes, etc.» O sea, equivale a dar curso, despachar, remitir, enviar. Sin que corresponda en ningún momento al rey discutir ni contradecir su contenido.

Pero muy distinto es el campo semántico del verbo `ejercer´. De nuevo, el DRAE:

1. tr. Practicar los actos propios de un oficio, facultad o profesión. U. t. c. intr. Es abogado, pero no ejerce.

2. tr. Hacer uso de un derecho, capacidad o virtud. Ejerce sus cualidades de orador.

3. tr. Realizar sobre alguien o algo una acción, influjo, etc. Ejerció presión sobre las autoridades.

Otrosí: el hecho de que se traten de apartados diferentes alude a ejercicios diferentes. Si se trataba sin más de `expedir´ indultos (como se pretende), ¿por qué no se añadió como un elemento más del artículo f), o sea, como un contenido más que debe obligatoriamente firmar a instancias del Consejo de Ministros?

Pero es que además el artículo 102.3 dice literalmente: «La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo» (asuntos tales como responsabilidad criminal del presidente, alta traición y por el estilo). Es decir, la prerrogativa de gracia es «real», corresponde al rey. De hecho, usa la misma fórmula que aparecía en la Constitución de 1869 y en la Exposición de Motivos de la propia ley de 1870.

3) LEY 1/1988 MODIFICADORA PARCIALMENTE DE LA LEY DE 1870

La ley de 1870 sufrió una modificación (artículo 30) en 1988 para adaptarlo al texto constitucional de 1978. Así es la nueva redacción:

—En el artículo 30, la palabra «Gaceta» queda sustituida por «Boletín Oficial del Estado», y las palabras «Decreto motivado y acordado en Consejo de Ministros», por «Real Decreto». 

La motivación y acuerdo del Consejo de Ministros se sustituyen así por Real Decreto. Ahora bien, si el Real Decreto no emana del Consejo de Ministros, ¿de dónde podrá emanar? Es inevitable interpretar que solo puede referirse al apartado i) del artículo 62, o sea, a una potestad del rey.

En conclusión, la competencia corresponde al rey.

5) EL USO ESPURIO DEL INDULTO POR PARTE DEL GOBIERNO

¿Tiene sentido que la competencia para indultar recaiga sobre el Gobierno? Claramente, no. Por los siguientes motivos:

  1. Atenta contra la separación de poderes. Indultar supone enmendar la plana al Poder Judicial (obviamente este obstáculo se eliminaría si se colocara como requisito insoslayable el informe positivo de las instancias judiciales oportunas).
  2. Los gobiernos de España han abusado con creces de esta potestad, de ahí que los beneficiarios hayan sido habitualmente políticos condenados por corrupción (según el modelo habitual, los Gobiernos del PSOE han indultado a los dirigentes del PP y viceversa).
  3. La situación actual es aún más ilícita, pues el Gobierno se indulta (para poder seguir gobernando) indultando (por eso ha sido llamado `autoindulto´). Todos los partidos que apoyan al Gobierno (incluyendo su socio Unidas Podemos) defienden, ¡exigen!, ardorosamente los indultos. Es inconcebible que el Gobierno pudiera sobrevivir ni siquiera un mes en esas adversas circunstancias.
  4. El precedente es gravísimo y antidemocrático en su esencia. Un presidente del Gobierno puede indultar absolutamente a quien le dé la gana sin más restricción que haber sido condenado y estar cumpliendo condena. El referente no puede ser otro que la monarquía absoluta.
  5. El peaje lo paga el pueblo español, al mismo tiempo rehén y pagador de un descarado chantaje. Además, debe padecer otra vez la actividad impune de los delincuentes («lo volveremos a hacer») al mismo tiempo que solicitan y recogen otras «nueces» (nuevo Estatut, sinecuras, apaciguamientos…). Es difícil encontrar un ejemplo más nítido de acción contraria al interés general. Y, por tanto, ilegal.

6) OBLIGACIÓN DEL REY DE MEDIAR

El Poder Ejecutivo está dispuesto a indultar y el Poder Judicial ha decretado que no procede, que el indulto es indeseable. En principio, se trata de una situación que se acomoda bien al papel que corresponde al rey según el artículo 56 de la Constitución:

«1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones (…)».

Y el rey no puede mediar «dando gusto» a lo que le pone por delante el Ejecutivo, pues supondría ignorar los argumentos esgrimidos por el Poder Judicial. Si el rey firma los indultos estaría incumpliendo el cometido que le encarga la Constitución en el artículo 56.

7) ¿TIENE SENTIDO QUE RECAIGA LA POTESTAD DE INDULTAR EN EL REY?

Ciertamente reconocer al rey esta potestad resolvería el conflicto entre poderes del Estado. No obstante, repugna a una sensibilidad democrática que una persona —con independencia del cargo que ocupe o de cuál sea su rango— pueda decidir sobre estos asuntos que, como en el caso actual, pueden tener una enorme trascendencia, además de generar agravios y desigualdades.

La respuesta pasa por regular de manera clara y garantista todo ejercicio de indulto:

  1. Dejando claro que es un recurso límite y requiere el concurso de circunstancias extraordinarias. No es una manera de eludir la responsabilidad ante la sociedad sino de contemplar otras variables (de justicia) que pudieron no ser posible en el proceso judicial que le condenó.  
  2. Nunca puede concederse CONTRA el Poder Judicial. El informe positivo de los tribunales implicados ha de ser un requisito indispensable.
  3. La justificación ha de poseer validez intersubjetiva. No puede generar controversia.

Con estos principios normativos como punto de partida, la situación cambiaría radicalmente. A mí me parece que, con estas limitaciones esenciales, tiene más sentido que sea el rey el que los conceda y no un Gobierno que tiene siempre muchos intereses cruzados en juego. En el equilibrio de poderes y contrapoderes en que consiste la democracia, esta opción resulta más garantista y menos expuesta al abuso.

Quizás la situación actual sirva como oportunidad para aclararnos al respecto.

8) ¿QUÉ HACER AHORA?

La situación es ciertamente peliaguda. El rey no puede enfrentarse a una decisión del Gobierno. La monarquía parlamentaria lo excluye por principio. Ahora bien, firmar un indulto que no cuenta con más aval que el del Gobierno y los afectados (es decir, de las partes directamente interesadas), y que tiene en contra el dictamen del Supremo y el sentir mayoritario de los españoles, acarrea importantes costes a la institución. Para empezar, la humillación y el descrédito por el hecho de que el mismo rey que invocó con firmeza la ley, la igualdad y la lealtad institucional convalide con su firma la burla más cumplida a esos principios. Supone dar aire a los peores en el peor momento.

El rey tiene obligación de actuar con responsabilidad. También la tiene el Gobierno, pero este dispone de una cierta coartada para ser irresponsable: los españoles lo han votado. Por lo demás, la monarquía ha de sobrevivir a este y a otros muchos gobiernos. En cualquier caso, un enfrentamiento abierto conduciría a una situación de inestabilidad política indeseable, donde se radicalizarían aún más los radicalismos.

No conozco un desafío diplomático mayor que el que tiene enfrente de sí la institución monárquica: ha de ser firme y servir a sus fines de concordia sin abandonar las restricciones constitucionales inherentes a su diseño.

Por mi parte, me gustaría hacer un llamamiento a la cordura. En una doble dirección:  1) a aquellos impacientes que reclaman que el rey se ponga manos a la obra contra la degradación en marcha les recordaría la posibilidad de un rey futuro que no se pareciera al actual, que fuera cómplice de lo peor (como han abundado en nuestra historia); y a los que entienden la figura del rey como meramente decorativa (y, a pesar de eso, empeñan muchos esfuerzos en erradicarla, incluso en tiempos de pandemia), señalarles que el rey es una garantía democrática más, en el juego de contrapesos de una democracia, y que eso nos permite, a pesar del ruido y la furia, estar un poco más tranquilos.

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EL MARCO JURÍDICO DE LOS INDULTOS

Esta entrada es un poco técnica, pero creo que es indispensable detenernos previamente en estos conceptos jurídicos-políticos. Intentaré resumir la cuestión de la manera más fácil que pueda, rehuyendo los tecnicismos, pero sé que será un intento, como mínimo, parcialmente fallido, pues dispongo de poco tiempo para la elaboración propia. Me coloco bajo la luminosa estela del profesor Eduardo García de Enterría (especialmente de su obra Democracia, jueces y control de la Administración, que recomiendo encarecidamente para orientarse rectamente ante el sargazos, normativo y ejecutivo, de nuestra actualidad).

1. EL IMPERIO DE LA LEY ABSTRACTA Y UNIVERSAL COMO RASGO NO SOLO DEMOCRÁTICO SINO MODERNO

Frente a la voluntad individual y arbitraria, frente a los privilegios y las derogaciones singulares, que definían el contenido típico del sistema jurídico medieval y absolutista, la noción moderna de ley sólo contiene preceptos generales, universales, que alcanzan por igual a todos los ciudadanos, generalizando y unificando en un solo régimen común la pluralidad de status y de situaciones jurídicas singularizadoras precedentes. «He aquí por qué la Ley expresa la esencia misma de la democracia: la libertad, la igualdad, la autodisposición de la sociedad sobre sí misma.» (Eduardo García de Enterría).

Otra manera de expresar la misma idea es el apotegma de que «sólo la Ley es superior al ciudadano».

2. LA DEMOCRACIA ES EL RÉGIMEN QUE PERMITE EL CONTROL DEL PODER

Hans Kelsen lo formuló de una manera categórica: «El destino de la democracia moderna depende en una gran medida de una organización sistemática de todas estas instituciones de control. La democracia sin control no puede durar. Si excluye esta autolimitación que representa el principio de legalidad, la democracia se disolverá en sí misma».

Existe el error de entender la democracia como nudo gobierno de la mayoría. Esta concepción está más próxima a las teorías absolutistas del contrato social de Hobbes o de la mística de Bossuet sobre la unión del Rey con su pueblo, que de la estrictamente revolucionaria. Ya Madison y Jefferson, en los albores de la democracia moderna, previnieron contra la perversión de la democracia como un «despotismo electivo».

De modo que ha podido decirse que «el poder del pueblo se intentó no primariamente para hacer posible su voluntad política, sino para defenderse de la opresión». Y para ello es fundamental el papel de los contrapoderes y de todos los mecanismos institucionales anti-despóticos.

3. EL PAPEL DE LOS GOBERNANTES

Los   gobernantes son, simplemente, gestores, subordinados a la voluntad general formalizada. Como decía Locke, «están en una relación fiduciaria con el pueblo». A través de esta relación, el pueblo confía su gestión a las personas que él elige; pero el objeto de esa gestión sigue siendo propiedad del pueblo y sus fines no son otros que los intereses del propio pueblo. Cualquier «desconexión» en este sentido es intrínsecamente corrupta.

4. LOS ACTOS EJECUTIVOS

Como decía Carré de Malberg, «el acto ejecutivo no es nunca un acto legislativo, y debe ser, por el contrario, legal». Rousseau decía lo mismo con otras palabras cuando distinguía entre «acto de soberanía», que es exclusivamente el de la Ley y no puede ser más que general, y «acto de magistratura», que es siempre un acto singular de ejecución de la Ley.

No es cierto que las decisiones de estos gobernantes expresen, por virtud de su origen democrático, ninguna verdad sostenida por su carácter de representantes del pueblo. Por eso la Administración y sus gestores NO puedan beneficiarse de la idea de representación política.

Así lo expresa Eduardo García de Enterría: «La Administración no es representante de la comunidad, sino una organización puesta a su servicio, lo cual es en esencia distinto. Sus actos no valen por eso como propios de la comunidad —que es lo característico de la Ley, lo que presta a ésta su superioridad y su irresistibilidad—, sino como propios de una organización dependiente, necesitada de justificarse en cada caso al servicio de la comunidad, a la que está ordenada.»

De donde se sigue necesariamente que: «La organización administrativa es tanto más democrática cuanto mejor asegure la ejecución de la ley, como forma suprema de expresión de la voluntad popular, debiendo calificarse de antidemocrática a una organización propicia a realizar en los actos administrativos la voluntad de los individuos frente a la voluntad general que se manifiesta en la Ley.»

5. EL IMPERIO DE LA LEY ES EL IMPERIO DEL DERECHO

El imperio de la Ley ha de entender­se no en su sentido estricto, como imperio de las leyes forma­les y concretas, sino imperio de la Ley y del Derecho, es decir, de fidelidad a los fines de ordenación social justa que persigue.

6. LA ADMINISTRACIÓN HA DE SOMETERSE DE MANERA PLENA AL DERECHO

La Constitución fija con total claridad tanto su carácter servicial (art. 103.1: «La Administración sirve con objetividad los intereses generales»), como su condición subordinada y sometida (art. 103.1: «con sometimiento pleno a la Ley y a Derecho»);

Alejandro Nieto, por su parte, afirma que «mientras se viva dentro de la Constitución, el artículo 103.1 servirá de criterio de conducta para los poderes públicos. Y en el momento en que dichos criterios dejen de ser operativos, no se tratará ya de una infracción constitucional, sino de algo mucho más grave: el Estado y su aparato administrativo habrán dejado de ser democráticos».

Más claro no se puede decir. Y si no hubiera sido escrito hace bastante años uno estaría tentado a interpretar que se ha escrito para el momento actual.

7. ACTOS JURÍDICOS INDETERMINADOS Y CONTROL DE LA DISCRECIONALIDAD

Rehusar el control judicial por la Ad­ministración equivale a convertir en ilimitados y dejados a su solo arbitrio las potestades que la Ley ha querido determinadas y li­mitadas.

Tampoco, en ningún caso, la discrecionalidad puede equipararse a la Ley o pretender sustituirla. Por ello no puede aplicarse jamás a la discrecionalidad la irresistibilidad que corresponde a la Ley. Por amplia que sea cualquier discre­cionalidad, siempre habrá de estar «sometida plenamente» a la Ley y al Derecho, y, en consecuencia, se podrá impugnar.

Cualquier ejercicio de la discrecionalidad habrá de realizarse entre alternativas igualmente justas o entre indiferentes jurídicos no incluidos en la ley. Lo contrario no sería más que un ejercicio nudo de arbitrariedad, prohibida expresamente por la Constitución (artículo 9.3 «La Constitución garantiza (…) la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos»). Cualquier decisión del gobernante habrá de ser no solo legal sino justificada racionalmente como preferible y en aras del interés general.

8. SUPERVISIÓN JUDICIAL

No hay Derecho sin juez. El juez es una pieza absolutamente esencial en toda la organización del Derecho. Así reza el artículo 106.1 de la Constitución: «Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican». Por tanto, cuando haya cualquier desvío de los principios vertebradores de la acción de Gobierno, cualquier ciudadano puede impugnarlo ante los tribunales.

9. REQUISITO INSOSLAYABLE DE RAZONABILIDAD DE LOS ACTOS DISCRECIONALES

El diseño del Estado de derecho obedece al sometimiento del poder a la razón en vez de la tradicional subordinación de la razón al poder. El Derecho es uno de los instrumentos de racionalización del po­der. Las decisiones de los órganos no se justifican simplemente en razón de la autoridad que las dicta. Es necesario aportar razones intersubjetivamente válidas, a la luz de los criterios generales de la racionali­dad práctica y de los criterios establecidos en el ordena­miento jurídico.

De nuevo García de Enterría: «La justificación del Derecho sólo es posible otorgarla a los actos del poder que son algo más que desnudas decisiones de su­perioridad, a los actos que pueden explicarse como racio­nales y razonables, como impregnadas de principios jurí­dicos, ante un juez objetivo, esto es, como no arbitrarias.». O sea, es obligación del gobernante explicar en términos de razonabi­lidad todos sus actos, incluidos sus actos discrecionales, y quizás especialmente, para no presentarlos como fruto de la simple y desnuda voluntad.

Es un hábito tan frecuente como preocupante el gobernante que pretende justificar una decisión (mucho más si es controvertida) sobre la muy escuálida (en doble sentido) base de la «confianza personal».

10. SITUACIÓN ACTUAL

Este Gobierno incumple prácticamente todo lo enumerado anteriormente. Pretender una enumeración mínimamente representativa nos ocuparía muchísimo tiempo y espacio. De hecho, hay fundamento de sobra para afirmar que este Gobierno trabaja para demoler el edificio democrático-jurídico que hemos descrito y que constituye la seña más reconocible de la civilización.

Ya el mero hecho de pretender que el Gobierno sea juez y parte (el indulto es, en realidad, un autoindulto) vulnera el principio jurídico más elemental.

Y qué necesariamente esperpénticos aparecen a nuestros ojos aquellos que, declarándose `progresistas´, andan defendiendo que un presidente, a modo de Luis XIV, pueda hacer lo que le salga de los versalles en asuntos esenciales que nos competen a todos. A lo peor es que entienden el progreso como los cangrejos: de culo y para atrás.

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ES ESENCIAL QUE LOS COLEGIOS ESTÉN ABIERTOS, PERO NO QUE LOS DOCENTES ESTÉN VACUNADOS

ES ESENCIAL QUE LOS COLEGIOS ESTÉN ABIERTOS, PERO NO QUE LOS DOCENTES ESTÉN VACUNADOS

Una manera bastante certera de medir el grado de civilización de una sociedad es comprobar el trato que dispensa a sus docentes. Nuestra especie humana ha llegado a ser lo que es gracias al conocimiento. Por tanto, la institución social encargada de su transmisión resulta esencial en el proyecto de ser más y mejores humanos.

No son los mejores tiempos para reconocer la verdad de estos principios vertebradores (no corresponde ahora analizar por qué). Para este curso se impuso una consigna compartida en la clase política: las escuelas tenían que estar siempre abiertas sí o sí. Y la han cumplido a rajatabla: hemos sido el único país de nuestro entorno que ha mantenido esta resolución de manera inflexible.

Por desgracia, las medidas adoptadas en los centros educativos no han estado a la altura, y ello ha generado contagios y brotes. Ha habido localidades donde únicamente los servicios esenciales (farmacias, ambulatorios y supermercados) y los centros educativos han permanecido abiertos. Ojalá fuera indicativo de un extraordinario afán por aprender. Por desgracia, no es así: la institución escolar es considerada y usada como una guardería; aquí empieza y termina su “esencialidad”. Todos los partidos se han puesto espontáneamente de acuerdo en que el precio a pagar en impopularidad por cerrar las escuelas -o sea, el servicio de guardería- no era asumible. Quizás no haya otro ejemplo de un consenso político tan extenso e intenso como este en la España de hogaño y rebaño

Con independencia de cualquier otra valoración, parece lógico pensar que si, para preservar un bien social, a un colectivo se le somete a un riesgo especial, es obligado proporcionarle una protección igualmente especial.

Pues bien, el sector del profesorado más expuesto (el que se sitúa en el tramo de edad de 55 años en adelante) no ha recibido a fecha de hoy ninguna vacuna contra el Covid-19. Cada día tiene que vérselas con centenares de alumnos, que cambian de aulas, que no siempre cumplen las normas y que, durante el recreo, se quitan la mascarilla para comer y beber. Además, desde el fin del estado de alarma, un buen número de ellos participa en “aglomeraciones festivas” (vamos a decirlo así). La mayor parte de la jornada laboral docente se desarrolla en un aula cerrada con decenas de adolescentes separados por una distancia mínima. Tampoco han sido “casos aislados” los alumnos que han ido al centro con coronavirus porque los padres tenían que ir a trabajar. No era posible detectarlos porque la inmensa mayoría de adolescentes son asintomáticos. Desde la más elemental aplicación de la teoría de juegos, la apuesta resulta insolidaria pero indudablemente racional. Precisamente corresponde a las autoridades públicas crear el marco legal donde rijan otras reglas del juego que preserven el interés de los demás (y el verdadero esperanto de la humanidad se llama sanción y multa).

A pesar de la permanente exposición al Covid-19, este sector ha sido declarado de facto no esencial. Estamos ya en el mes de mayo y no ha recibido ni una sola dosis. Y sigue arriesgando su salud día a día como si no hubiera vacunas disponibles. En muchos lugares del territorio español, la vacunación ha llegado ya a ese tramo de edad. Por tanto, se considera que un docente que trabaja en las condiciones descritas no ha de tener ninguna preferencia sobre una persona de 60 años, que podría estar jubilada y con mínima o nula exposición al virus.

La sociedad, a través de sus gestores, deja así meridianamente claro lo poco que importa un docente, no ya como experto en conocimiento (al fin y al cabo, una labor de ´guarda´ -según la reconversión profesional señalada- la puede ejercer cualquiera), sino meramente como ser humano, al no existir correspondencia alguna entre la protección que se le dispensa y el riesgo en que desarrolla su trabajo.

Los sindicatos docentes tampoco se han mostrado especialmente activos en denunciar la situación. ¿Por qué razón? Empecemos con estas dos:

  • La pléyade de liberados sindicales que desarrollan su actividad lejos de cualquier centro educativo. Es decir, ellos no están expuestos.
  • La inmensa mayoría del sector docente perjudicado (mayores de 55 años) no votará en las próximas elecciones sindicales pues estarán jubilados.

Hay una tercera causa de alcance más genérico y permanente: la inmensa mayoría de recursos de un sindicato los recibe directamente de la Administración y no de sus afiliados o de los trabajadores a los que representa. Hoy mismo, en medio de innumerables recortes e incrementos tributarios, anuncia el presidente del Gobierno un aumento del 26% en subvenciones a los sindicatos para cursos de formación.

Tampoco cabe demasiada sorpresa. Los políticos no valoran la enseñanza porque la sociedad no lo hace. Y mucho menos valora –es una consecuencia más- a sus profesionales. No obstante, constituye una obligación cívica dejar constancia de esta anomalía. Decían los romanos que optimi corruptio pessima: la corrupción de lo mejor es la peor. Por eso, será un signo inequívoco de que los tiempos empiezan a reconducirse que la escuela se vuelva a considerar un espacio de conocimiento. Ello conllevará, inevitablemente, la estima social de sus docentes (los cuales, obvio es decirlo, deberán estar a la altura de la tarea y ser seleccionados según los más exigentes criterios). Que nuestros ojos lo vean… antes de que anochezca.

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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL DEBATE ELECTORAL EN LA CADENA SER

  1. LA GRAVEDAD DE LOS HECHOS DENUNCIADOS

La violencia hay que tomarla en serio y atajarla siempre. Sin excepción. Mucho más cuando tiene como destinatarios a representantes políticos, lo que supone un ataque frontal a pilares básicos de la democracia como son el sufragio pasivo y activo. Quien mira el color del político contra el que se ejerce violencia no está en contra de la violencia sino de la convivencia y la democracia.

No caben titubeos ni evasivas: cuando la violencia política aparece en escena, es necesario poner en marcha todos los medios necesarios para derrotarla sin paliativos. No puede haber prioridad mayor en un Estado democrático y de Derecho.

Tolerarla para sacar ventaja o por puro ejercicio de odio es el único residuo inequívoco que queda en el presente del fascismo o, en general, de cualquier totalitarismo (estalinista, maoísta, etc.).

2. SEÑALAMIENTOS

La amenaza que ha recibido Pablo Iglesias (las otras dos no han sido dadas a conocer) es bastante genérica y no posee —al menos de manera directa— connotación política: lo único que se “argumenta” es que Iglesias ha «dejado morir a nuestros padres y abuelos» (lo cual apunta a alguien joven, si hemos de atender a su literalidad). Es decir, tiene como único referente explícito la gestión de las residencias y no se debe a la aplicación de ningún programa político de izquierdas por parte de Iglesias. Podría, pues, venir motivada por una indignación apolítica (a modo de hipótesis, por la pérdida de un ser querido en una de esas residencias). A pesar de ello, Pablo Iglesias, sin ninguna prueba o indicio, no ha dudado en señalar de inmediato a la extrema derecha. Es más, lo presenta como el corolario inevitable de una escalada promovida por VOX.

(Tampoco es la primera vez: a VOX se le acusó nada menos que de poner una bomba en un centro de menas. Cuando se supo que había sido un ex mena enojado, ploff, se hizo el silencio total).

Esto es algo más que una temeridad: se trata de una vulneración flagrante de las más elementales reglas del juego democrático.

Además Iglesias ha comentado que la amenaza se realiza con «armas de guerra», es decir, señala al ejército como responsable. De nuevo, de manera falaz: estos proyectiles se usan actualmente sobre todo en fusiles de caza y no para uso militar.

¿Por qué descarta el señor Iglesias que el autor sea una persona trastornada, de las muchas que hay en cualquier parte del mundo? Él sabrá.

3. LAS DUDAS

Yo no tengo ni idea de la realidad de las amenazas. La cuestión que se plantea es la legitimidad de la duda. He aquí algunas preguntas al respecto:

  1. ¿Es imaginable que el ex vicepresidenta mienta? ¿Existe algún precedente de que haya hecho uso de la mentira (con implicaciones penales) para finalidades políticas?
  2. Cui prodest?, o sea, ¿a quién beneficia esta amenaza?
  3. ¿Existen precedentes de «violencia o amenaza amiga»?

Muy brevemente:

  1. Basta recordar cómo Pablo Iglesias se inventó una acusación de «grave acoso sexual» para perjudicar a Calvente, testigo incómodo de las corruptelas del partido. Sinceramente me gustaría pensar en «algo» que, conveniéndole políticamente, desistiera de hacer, pero no se me ocurre nada (esta es una apreciación personal).  
  2. Dejo a la inteligencia de cada cual el análisis del nuevo escenario que ha emergido, en plena campaña electoral, y cuáles son sus beneficiarios.
  3. Recordemos el autoatentado de François Mitterrand en un momento de muy baja popularidad política y cómo este hecho relanzó su carrera hacia el Eliseo.

No entro, por carecer de conocimientos, en las dudas que se han planteado acerca de la viabilidad del envío postal. Solo espero que los verdaderamente expertos dictaminen con claridad al respecto.

4. QUÉ ES LO DEMOCRÁTICAMENTE INACEPTABLE

Dos cosas:

  1. No condenar una violencia (y, por supuesto, toda amenaza es violencia).
  2. No actuar contra ella. O, aún peor, impedir actuar.

Que uno albergue dudas en estos tiempos tan dogmáticos y cerrados nunca podrá ser el problema. Ahora bien, VOX ha condenado la violencia (toda violencia), si bien descree de la denuncia concreta que ha hecho Pablo Iglesias. Pero lo que de verdad importa no es el grado de fe de VOX (o de cualquiera) sino que no obstaculice la investigación de los hechos y la condena que correspondiera (y, según parece, este partido se ha personado como causa particular en la denuncia).

Por cierto, conceder crédito a lo que dice Pablo Iglesias, en el caso de VOX, supondría también aceptar que ellos mismos son los instigadores —de manera indirecta y quizás directa— de la amenaza. ¿Tengo que creerte cuando me señalas precisamente a mí como la causa última de la violencia? Quizás sea pedirles mucho, ¿no?

Ojalá las niñas «tuteladas», o sea, prostituidas y violadas en Baleares hubieran recibido el mismo trato por parte de Podemos. Ojalá este partido hubiera permitido y no bloqueado la investigación que permitiera depurar responsabilidades… aunque no creyera a las niñas.

5. LA ACTITUD DE MONASTERIO EN EL DEBATE

He aquí la transcripción de la intervención de Rocío Monasterio que dio pie al escándalo: «Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que el señor Pablo Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas. Yo le animo a que vaya a una comisaría a denunciar estas amenazas. Yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Si usted es tan valiente levántese y lárguese».

Hay cuatro elementos:

  1. Condenamos todo tipo de violencia
  2. Nos gustaría que Podemos hiciera lo mismo
  3. No nos creemos su denuncia
  4. Levántese y lárguese.

No he escuchado el debate completo (lo siento, a veces es necesario respirar); por tanto, no sé si se refiere a que se vaya a denunciar la amenaza a una comisaría o a que se vaya del debate.

De estos cuatro elementos solo me parece censurable el cuarto en su peor interpretación (lárguese y no debata). Pero resulta que eso es exactamente lo que viene pidiendo Podemos con respecto a VOX: que no puedan participar en ningún debate.

Es evidente que el tono de Monasterio es chulesco y, por tanto, inapropiado para un debate político. Pero, ¿realmente eso justifica lo que vino después? La asimetría, una vez más, es asombrosa, pues a Podemos se le ha permitido desde su nacimiento comportamientos y desplantes mil veces peores.

Naturalmente en la prensa del «movimiento», se practica la confusión interesada y se repite el mensaje de que VOX no condena la violencia (he leído ya varias noticias y artículos en eldiario.es y otros en esa dirección). Son dos planos: los hechos y la valoración de los hechos. En este segundo plano VOX ha presentado una condena categórica. Ya quisiéramos que Podemos hubiera hecho lo mismo en este segundo plano respecto a la violencia etarra, de los CDRs o cualquier otra ejercida contra sus adversarios políticos.

[Digresión: Recientemente una ex alumna de Monedero ha presentado unos hechos que tienen como protagonistas a Iglesias y Monedero que encajan como un guante en el concepto podemita de «abuso sexual». Lo obvio: que alguien no la crea no significa que esté a favor del abuso sexual. ¿Verdad, Irene Montero?].

6. OTRAS RESPUESTAS QUE SE DIERON EN EL RIFIRRAFE

Atendamos a otros elementos que han pasado mayormente desapercibidos:

—Mónica García le dice a Monasterio: «Qué poca vergüenza», «A mí me gustaría escuchar a una demócrata», «¿Puede hacer algo digno en su vida?», «No solo es usted mala gente sino que es una aberración».

A mí me parecen palabras durísimas, que ingresan de lleno en la descalificación personal. Sin embargo, Monasterio solo responde: «A mí me gustaría escuchar una condena de la violencia como hemos hecho nosotros». Es evidente que el rechazo que manifiesta hacia Iglesias no se deriva de que este milite en una ideología política opuesta (pues la de Mónica García es igual o similar) sino por los posicionamientos personales de aquel.

—La «moderadora» le dice a Iglesias: «Quiero que usted responda a la provocación de la ultraderecha». Es decir, la periodista toma partido de manera inequívoca, pues presupone que: a) lo que ha hecho Monasterio es una provocación; b) es un partido de ultraderecha (el equivalente a llamar a Podemos un partido bolivariano o estalinista).

Ante eso Rocío Monasterio la acusa de «activista». Puede resultar exagerado o inapropiado, pero desde luego es una reacción que no surge de la nada. ¿Quién fue más incorrecta, quién estuvo más fuera del papel que le cumplía representar?  

7. LA REACCIÓN DE PABLO IGLESIAS

En principio, desde la perspectiva de Iglesias, que una «fascista» no te crea no suena especialmente grave. No me imagino yo a Alexandr Solzhenitsyn lloriquear porque Stalin lo considerara `contrarrevolucionario´, `mentiroso´ o `fascista´. Imagino que pensaría algo así como: «Es Stalin, ¿qué cabe esperar de él?».

¿Es que acaso Pablo Iglesias acudió a ese debate con la confianza de que Rocío Monasterio la iba a creer? ¿Por qué le da tanta importancia? Solo tiene que atender las cosas que él mismo afirma sobre VOX para que no haya margen de sorpresa y viniera ya de casa con la «decepción» puesta.

Es inevitable sospechar que estamos ante un teatrillo que venía ya ensayado de antemano. De hecho, algunos lo venimos anunciando desde hace tiempo: vamos a ver muchas cosas en esta campaña de Madrid, sobre todo si las encuestas no son —como no están siendo— favorables a Iglesias.

Ahora bien, aplicando el mismo principio: (hay que «abandonar un debate con quien no condena la violencia y la amenaza de muerte»), resulta que Podemos no podría participar en ninguno. El listado de barbaridades sobre ETA (violencia con causas políticas, Otegi como hombre de paz…), sobre la no condena a los ataques a sedes de Cs, PP y VOX, sobre los hechos de Alsasua (agredidos y agredidas) o el acto que se celebró allí («han venido a provocar» —repetían a coro), sobre los mítines a pedradas, tornillos y ladrillazos (no solo no condenadas sino jaleadas con retórica incendiaria, como en Vallecas), la agresión a Rocío de Meer replicada por Echenique con un: «Sólo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo» (el «bulo», o sea, la herida, por cierto, fue confirmada hasta por `malditobulo´ de Ana Pastor)…

Aquí está el enlace del rifirrafe de Iglesias con Iván de los Monteros donde el primero dice, con el dontancredismo alevoso de Patxi López: «Vds. quieren dar un golpe de Estado pero no se atreven». ¿Se puede decir algo más grave en sede parlamentaria? Puro 1936. Aquí el momento: https://www.youtube.com/watch?v=qBbz78y1llQ

Más ejemplos de un listado demasiado interminable: las balas que recibieron Albert Rivera y Rita Barberá (acosada e intimidada hasta su muerte), el silencio ante la agresión a una niña en un colegio catalán por pintar la bandera de España (¡niña y gitana además!), el acoso a Villacís embarazada de 9 meses, el «jarabe democrático», los escraches, los sabotajes a actos académicos, declaraciones como «me emociona ver a encapuchados pateando a un policía» o esta en una herriko taberna (https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0nd2TcRf4JfqnPvTV8goc__w4HUwBBwI0IkGJ3L4sW8qb5l7dvS4fzJe8&v=kiULMhRME-4&feature=youtu.be) donde Pablo Iglesias dice literalmente: “Quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Por mucho procedimiento democrático que haya, hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el Marco de la legalidad española, por muchas cosas que diga la legalidad española”. ¡Tiro en la sien, pum, al Estado de Derecho!

Cayetana hizo un buen recorrido de la apología de la violencia de Pablo Iglesias en el Congreso. Pueden verlo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=ddMm0-OiKDw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0qmch35PyORKX1OFKpQLzfvjShmO_G2CXxcWDDKYjZrGBUI_WG98Bq44E

8. LA NEGACIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL GOBIERNO

La misma actitud negacionista ante la violencia la encontramos en las más altas instancias. El presidente de todos los españoles dijo en el Congreso que VOX «había acudido a Vallecas a buscar bronca». Esto es de una gravedad inconcebible incluso en estos tiempos posdemocráticos. Tanto por ser el presidente del Gobierno (y no solo una candidata de un partido a la comunidad de Madrid) como por hacerlo en la sede de la soberanía nacional (no en una radio privada). No hacía otra cosa que legitimar a priori el lanzamiento de ladrillazos (y en Vallecas alguno pudo costar muertos) y el ejercicio de la violencia contra el rival político. Es justo lo contrario de lo que cabe esperar de un presidente del Gobierno.

9. VOX Y LA VIOLENCIA

Hasta donde yo sé (y agradecería corrección en caso de error u omisión), VOX no ha alentado ningún acto violento ni tampoco lo ha justificado. Lo máximo que he sido capaz de hallar fue —ciertamente de manera lamentable— las condolencias por la muerte de Rodríguez Galindo, un personaje involucrado en asuntos de malos tratos y torturas. O no condenar categóricamente los escraches en Galapagar. Tampoco el lenguaje que utiliza con los `menas´ o inmigrantes se caracteriza por su delicadeza. Y a veces ha utilizado expresiones despectivas respecto a extranjeros, no por aporofobia, como se suele decir, ya que han tenido como objeto a personas del estilo de Manuel Valls (“franchute”).

Esta actitud es indudablemente controvertible o censurable y daría lugar a un análisis aparte, pero lo que se juzga ahora es si VOX promueve el ejercicio o legitimidad de cualquier violencia política o civil. Y yo no encuentro motivos para sostener algo así. VOX no cree a Pablo Iglesias, pero en ningún momento resta gravedad a la amenaza en sí. Hubiera sido preferible, claro, que Monasterio se expresase en condicional: «si es cierto lo que Vd. denuncia, puede contar con nuestra más enérgica condena y nuestra solidaridad, pues muchas veces nos ha tocado estar en ese lugar». Ya sea por torpeza o por cálculo electoral, no lo hizo así. Pero no se puede sostener que los principios democráticos hayan quedado lesionados. La no alineación se da únicamente en el plano de los hechos, no de los principios.

10. LA AMENAZA

Toda amenaza es inaceptable, pero la gravedad de una amenaza depende de su verosimilitud. Y ciertamente no es lo mismo una amenaza anónima cursada como correo postal (que vete a saber qué trastornado la ha podido hacer) que la que te hace una organización terrorista con medios, recursos, personal y centenares de muertos a sus espaldas.

El ex dirigente de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha tuiteado: «Esas amenazas no son nada con las que recibimos miles de resistentes a ETA, que nos obligaron a vivir años con escolta, dejar de trabajar o ir al destierro para salvar la vida. Y los autores eran los socios de Sánchez e Iglesias: los de Otegi. Menos hipocresía, Pabloiglesiasok».

Tampoco puede compararse con las amenazas y vandalismos que reciben tantos catalanes no secesionistas (simulacro de ahorcamientos incluidos); entre ellos, el juez Llarena en su propia casa o en un restaurante del que tuvo que salir huyendo. Esta intimidación al poder Judicial es gravísima y de índole totalitaria (llámenle fascista si quieren). Y en Cataluña hay grupos organizados que han demostrado capacidad para llevar a cabo acciones violentas de considerable impacto.

Naturalmente el hecho de que haya algo peor no resta ni un ápice de gravedad a cualquier violencia. Siempre hay algo peor. Si traemos hechos más graves a colación no es para diluir la gravedad o atenuar la respuesta, sino porque NO recibieron la menor condena por parte de Podemos. Ni una sola de ellas. Y esta hemiplejia moral es absolutamente inaceptable. ¿Dónde pensamos que hay más riesgo de sufrir una agresión, en un mitin de VOX en Rentería o en el chalet de Galapagar?

El hecho de que Iglesias lo primero que haya hecho, sin pruebas, sea señalar a la extrema derecha tampoco va muy en favor de la idea de que se haya sentido asustado o intimidado. Es como el chiste del borracho: busca las llaves donde hay más luz, o sea, más interés electoral. No es la actitud en principio que cabe esperar en alguien que quiere encontrar las llaves.

11. LA PRESIÓN A LOS MEDIOS

La campaña contra los medios ya se había iniciado. Ahora se le da una vuelta de tuerca más. El mensaje está claro: entrevistar o dar voz en los medios a un partido al que han votado cuatro millones de españoles supone «blanquear al fascismo». Pablo Iglesias decía a Angels Barceló: «Creo que cometes un error permitiendo consintiendo que esta gente pueda estar aquí defendiendo cosas que están en contra de la democracia. No vamos a debatir con la ultraderecha».

¿Puede alguien indicarme exactamente qué defiende VOX «contra la democracia»? Otra cosa es que nos guste lo que dice o cómo lo dice, pero es que la democracia es precisamente eso: una disensión reglada. El planteamiento es curioso: VOX es un partido que puede presentarse a unas elecciones (con notable éxito, por cierto) y, sin embargo, no es lo suficientemente democrático para que los medios recojan sus planteamientos y propuestas. ¡Y eso lo dictamina una parte con la que compite! Pura doctrina abertzale y en procès.

Obviamente solo un juez puede decidir qué partido incumple los requisitos democráticos. Y hasta la fecha nadie ha intentado siquiera presentar una demanda en los tribunales para ilegalizar a VOX. Si Pablo iglesias cree de verdad que VOX defiende cosas contra la democracia, pues que exponga sus razones en sede judicial y deje de acosar a los periodistas que quieren cumplir con su profesión. 

12. ALGUNAS CONCLUSIONES

El panorama es ciertamente feo. Se ha generado un clima tan rico en coartadas para la violencia que algún descerebrado puede tomarse en cualquier momento la justicia por su mano y ocurrir una desgracia.

VOX viene a representar para cierta izquierda un rol de «chivo expiatorio». El que no se aleje o repudie de este partido queda fatalmente `contaminado´. Sería interesante analizar el fenómeno desde una perspectiva antropológica. Este enfoque de `pureza´ tiene sin duda un gran potencial para generar retroalimentaciones negativas, como este país tuvo oportunidad de comprobar hace 90 años.

Hay muchas deficiencias estructurales, pero la peor —a mi juicio— es la ausencia de unos resortes institucionales —colonizados por un partidismo voraz— para que el Estado ejerza el monopolio legítimo de la violencia. En nuestro país, la violencia política ha arrojado y sigue arrojando dividendos jugosos. Y nada hace presagiar la decadencia de esta tradición de infamia.

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Explicación breve de qué es el republicanismo

2. El republicanismo

Si el liberalismo se erige a partir de la desconfianza a «la tiranía de la mayoría» y propugna como fundamento la preservación de los derechos individuales, el republicanismo se basa en el concepto de participación. Para el liberalismo el bien supremo es la capacidad individual de decisión; en cambio, para el republicanismo el bien supremo es el bien común. De ahí deriva su nombre: res publica, la «cosa pública» en latín (de hecho, es en Roma donde encontramos aplicado el primer modelo republicano; el liberalismo es históricamente muy posterior: en la época moderna).

Por eso, mientras el liberalismo diseña un modelo formal que funciona sin necesidad de virtud (o sea, vacío, para que cada individuo lo colme en su vida con los valores que quiera; el único contenido son las reglas de juego que permiten a todos los individuos poder jugar, por así decir), el republicanismo reivindica la virtud cívica como el sedimento mismo de la convivencia democrática (de donde se deriva la necesidad de participación, la mejor garantía democrática). También la concepción republicana de libertad es más «sustancial»: alguien es libre cuando está libre de cualquier forma de dominación (económica, ideológica, social…). Por tanto, una persona pobre, marginada o incapaz de entendimiento político, no sería libre.

De acuerdo con lo anterior, en el republicanismo adquiere un gran valor la ejemplaridad, tanto la de los dirigentes como la de los ciudadanos. A partir de estos principios generales, vamos a ir viendo otras diferencias.

2.1. Libertad positiva y negativa

Conviene distinguir entre libertad positiva y negativa. La primera apunta a la capacidad de cualquier individuo de ser dueño de su voluntad, y de controlar y determinar sus propias acciones, y su destino. Es la noción de libertad como autorrealización. Es ser libre para algo. Por ejemplo, únicamente quien ha aprendido el griego clásico dispone de la libertad positiva para leer a Platón en su idioma original.       

Se complementa con el concepto de libertad negativa, que considera que un individuo es libre en la medida en que nada o nadie restringe su acción, sea cual sea el carácter de esa acción. Mientras la libertad negativa de un individuo se refiere a que le permiten ejercer su voluntad, pues nadie se lo impide, la libertad positiva se refiere a que puede ejercerla, al contar con el necesario entendimiento de sí mismo, y la capacidad personal para ejercerla. La ley establece reglas para que no interfieran los derechos de otros individuos. Por ejemplo, que mi vecino no pueda hacer una fiesta a las 4 de la madrugada preserva mi libertad negativa a no ser molestado, que puedo aprovechar para ejercer mi libertad positiva de estar leyendo a Kant. La ley, naturalmente, no me puede garantizar que entienda a Kant sino únicamente concentración y, por tanto, ausencia de ruido. En otras ocasiones, sí legisla para garantizar libertades positivas (por ejemplo, la escolarización obligatoria).

Es importante entender que no son necesariamente compatibles, sino que pueden y suelen entrar en conflicto. Isaiah Berlin mostró que, históricamente, la utopía de la libertad positiva, en particular en regímenes caracterizados por el totalitarismo, ha sido utilizada a menudo como excusa para reprimir las libertades negativas de los ciudadanos. En la URSS, por ejemplo, se prohibió al arte burgués bajo la idea de que fomentaba la explotación del pueblo. Y se envió a los campos de trabajo forzados (Gulag) de Siberia a cualquier disidente.

Por otra parte, el olvido de la libertad positiva supone a menudo consagrar desigualdades estructurales. De nada me sirve que no haya ningún impedimento para elegir colegio, médico o vivienda si mis circunstancias concretas me hacen imposible ejercer esos derechos.

El liberalismo opta por la libertad negativa (con la mínima intromisión posible en mi vida), mientras que el republicanismo plantea una libertad positiva que se concreta en la virtud republicana (participación ciudadana y valores cívicos, como veremos).

Desde el liberalismo, no hay ninguna objeción a que cada uno haga lo que considere oportuno con su vida siempre que no afecte a la de los demás: puede drogarse, autoamputarse o suicidarse. En ese sentido, es el modelo político menos paternalista que existe. El republicanismo establece ideales de vida que pueden autorizar una intromisión estatal. Estamos hablando de modelos puros. En la práctica, hay una gran variedad de opciones en las que las diferencias son muy leves: liberalismo republicano, republicanismo liberal… También hay una amplia esfera compartida: primacía de la ley, división de poderes, etc.

2.2. La participación

El liberalismo parte, como vimos, de la desconfianza respecto a los ciudadanos. Desde esta perspectiva la democracia, entendida como autogobierno del pueblo, constituye un problema para el liberalismo. Parece exigir la participación de todos en decisiones que afectan a todos y eso supone una injerencia en la libertad negativa. El republicanismo reclama a los ciudadanos virtud, participación en la gestión de la vida colectiva, lo que no deja de ser —desde el pensamiento liberal— una forma de moralismo, una intromisión en los proyectos de vida.

2.3. Concepción del político y del ciudadano

En el liberalismo, el político tiende a ser profesional: un experto en la gestión de asuntos públicos. En el republicanismo, en cambio, tiende a conservar una dimensión amateur. Todos debemos ser políticos (en sentido etimológico, polités es el habitante de la polis, o sea, el ciudadano) y no debe existir una frontera rígida entre ocupar un cargo público y ser ciudadano de a pie. Lo ideal es que aquel, pasado cierto tiempo, pase a ser ciudadano. Incluso ve con buenos ojos el desempeño de un cargo por sorteo. Y también la renovación, de ahí que sean amigos de la limitación de mandatos (hablamos siempre de la teoría, claro, porque los mandatarios más longevos de la historia —Stalin, Mao, Fidel Castro…— fueron presidentes de República).

El ciudadano ha de estar permanentemente vigilante y con disposición a participar en los asuntos públicos para vigilar la legitimidad de las políticas públicas. Solicita entrevistas con sus representantes, escribe cartas al director, se moviliza colectivamente para expresar desacuerdos, forma organizaciones que defiendan sus intereses, etc. En el liberalismo nada de eso está «prohibido», pero tampoco se alienta al ciudadano a tomar un compromiso de esta naturaleza (al igual que tampoco se anima a nadie a dedicarse a la ciencia, al atletismo o a la pesca submarina).

La estrecha conexión que existe entre político y ciudadano podemos verla a través del ejemplo de representantes del alumnado en el consejo escolar. Un alumno que ejerza su cargo de manera republicana estará consultando constantemente a sus representados acerca de los temas que se vayan planteando (animándoles a estar informados). En el modo liberal, en cambio, gozará de cierta autonomía; más adelante rendirá cuentas y, a la hora de renovar cargos, los electores decidirán si lo ha hecho bien o no.

2.4. Importancia de la opinión pública

Una de las maneras privilegiadas de participación colectiva es a través de la opinión pública, que supone siempre un método de control de los gobernantes. No hay sistema político que pueda permitirse ciertas cuotas de impopularidad. Para ello, se necesita también una prensa libre. Naturalmente, es fundamental que la opinión pública sea capaz de manejar argumentos e ir más allá de la demagogia, de los planteamientos falaces o de la sentimentalización de la vida pública. Es decir, la cuestión educativa es vertebral en el republicanismo (condición sine qua non se podría decir). El liberalismo, en cambio, es capaz de soportar más la ignorancia colectiva.

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EXPLICACIÓN BREVE DE QUÉ ES `LIBERALISMO´

  1. El liberalismo político

El término `liberalismo´ no surgió hasta mediados del XIX para designar un proceso que había tenido lugar en los dos siglos anteriores. Esto ha generado cierta confusión sobre su contenido y aplicación. Sin embargo, todos los estados democráticos en la actualidad se erigen sobre los fundamentos del liberalismo (sería más correcto referirse a ellos, de hecho, como estados liberales-democráticos) y la mayor parte de nuestras instituciones provienen de esta doctrina política. Vamos a estudiarlo desde una doble perspectiva: la concepción de la convivencia humana y del poder.

1.1. Concepción del individuo y de la sociedad

a) El individuo goza de absoluta prioridad respecto a cualquier grupo o entidad colectiva. Sobre este aspecto, el liberalismo asume una herencia que se había ido desarrollando en Europa en los siglos anteriores y la erige como fundamento de su doctrina. El liberalismo reconoce que el ser humano se crea dentro de la sociedad y que, por tanto, la sociedad precede al individuo; sin embargo, este goza de primacía moral, pues solo el individuo sufre, muere, disfruta, etc.

Quizás no haya mejor expresión de este principio que este fragmento de El mercader de Venecia de Shakespeare en boca del judío Shylock:

Un judío ¿no tiene ojos, no tiene manos, órganos, dimensiones, sentidos, afectos, pasiones? ¿No se alimenta de lo mismo? ¿No lo hieren iguales armas? ¿Acaso no sufre de iguales males? ¿No se cura con iguales medios? ¿No tiene calor y frío en verano e invierno como los cristianos? Si nos pinchan ¿no sangramos? Si nos hacen cosquillas ¿no reímos? Si nos envenenan ¿no morimos? Y si nos ofenden ¿no nos vengaremos? ¡Si en todo somos semejantes también lo seremos en esto! Si un judío ofende a un cristiano ¿qué es o que hará este? ¡Vengarse! Si un cristiano ofende a un judío, ¿qué es lo que debería hacer siguiendo el ejemplo cristiano?

El Estado es un mero instrumento respecto al fin último, que es el de garantizar la existencia libre de las personas, es decir, lo político está al servicio del individuo, no al revés. Por eso el alcance de esta doctrina es universal, pues parte de situaciones concretas que afectan a todo individuo de cualquier parte del mundo: abuso de poder, sufrimiento, maltrato…

b) Podemos situar el origen histórico del liberalismo en el anhelo de evitar el sufrimiento. Las terribles guerras de religión del siglo xvi dejaron una huella profunda en Europa. Esto impulsó la articulación de un sistema de gobierno que evitase la cita siempre renovada con el horror. Nace, por tanto, más del sentido práctico (de la praxis) que de hallazgos teóricos.

c) No defiende ninguna concepción material del bien común. Por eso, no se puede considerar como una ideología más sino la defensa del marco en el que pueden convivir todas las ideas e ideologías (siempre que respeten una serie de valores básicos). Es inherente al liberalismo la cautela, el antidogmatismo, el carácter hipotético de toda idea, el recelo a eso que Isaiah Berlin definía como el `monismo´ (la creencia de que para cada cuestión hay una respuesta y una explicación, que además se transforma en un absoluto). La única verdad última sería la de la igual dignidad de los seres humanos.

d) El bien común es de naturaleza procedimental: El único “bien común” de la política es establecer reglas legítimas para la toma de decisiones colectivas y dejar que cada uno busque su bien individual a su manera. Es decir, defiende un bien común de naturaleza procedimental (la bondad está en los procedimientos, en los medios empleados) y no sustantiva. Son los procesos racionales a través de los cuales se aprueba una norma o se adopta una decisión los que las legitiman.

e) Posee un fuerte componente anti-utópico: promueve la “democracia posible” en la que los errores estén acotados y sean reversibles. Por lo demás, el Estado no tiene como misión hacer mejores o felices a sus ciudadanos, sino permitirles vivir según la peculiar manera de cada cual. No propone, pues, ningún ideal para la vida humana, sino que es marcadamente anti-perfeccionista. Los seres humanos son racionales y solo ellos saben qué es lo que más les conviene.

f) El único límite a la libertad es el daño a los demás, o sea, todo individuo tiene el derecho a actuar de acuerdo a su propia voluntad en tanto que tales acciones no perjudiquen o dañen a otros. Esta idea recibe el nombre de «principio del daño». Por tanto, si la realización de la acción solo atañe a la propia persona, la sociedad no tiene derecho a intervenir, incluso si cree que el sujeto se está perjudicando a sí mismo. Ahora bien, delimitar la cuestión del daño ajeno es cualquier cosa menos una cuestión clara y precisa.

g) Se valora positivamente el conflicto, incluso como elemento creativo. Frente a la concepción orgánica de la sociedad, que privilegia la armonía y el acuerdo, así como la subordinación de las partes al todo, el liberalismo establece el conflicto como estado normal de la sociedad; en primer lugar, como expresión de la libertad individual, pero también por su capacidad para hacer avanzar a la sociedad. Precisamente de la continua confrontación de ideas emergen las que consideramos, siempre de manera provisional (hasta que aparezcan otras mejores), como más fundadas, en un proceso sin fin. El liberalismo no es sino la institucionalización política del conflicto, proscribiendo, eso sí, cualquier tipo de violencia.

h) El liberalismo sostiene la unidad moral de la especie humana (universalismo) y concede una importancia secundaria a las asociaciones históricas específicas (pueblos, naciones…) y a las formas culturales. Se opone así expresamente al relativismo cultural, que considera todas las culturas equiparables, incomparables e imposibles de evaluar desde fuera.

i) Reconoce en el ser humano una naturaleza humana dual, tanto competitiva como sociable. Por un lado, el ser humano tiende al enfrentamiento (y es necesario fijar límites); por otro, tiende a la concordia y la paz. En este sentido, Kant habló de “la insociable sociabilidad humana”.

1.2. Concepción del poder

a) El objetivo es generar un Estado anti-despótico. Para lograrlo se buscan los artilugios institucionales que garanticen las condiciones materiales que lo hagan posible: una estructura de pesos y contrapesos (Estado de Derecho, imperio de la ley, división de poderes, libertad de expresión, la necesidad de una Constitución escrita…) que tienen la finalidad de someter a lo ideológico y a lo privado al interés común.

b) Propone reorganizar el poder mediante su limitación drástica. Esta es la idea política más genuinamente liberal: la limitación del poder para neutralizar la amenaza que siempre supone. El liberalismo siente miedo y desconfianza ante el poder, tal como expresó meridianamente Lord Acton con su aforismo: «El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente». Por tanto, ha de trocearse para que no invada al resto de la sociedad. Y es preciso entender al liberalismo más allá de un simple rechazo hacia el absolutismo monárquico para ampliarlo a la desconfianza de cualquier poder, sea del signo que sea, también del poder que emana de los ciudadanos.

c) El imperio de la ley. La primacía de la ley supone la primera limitación clara del poder político. Ya los griegos con su nomos basileus (“la ley es el rey”) se acercaron a este concepto. La consigna liberal por excelencia es el gobierno de las leyes (rule of law), no el gobierno de los hombres. Y es que la ley es un mecanismo anónimo, abstracto, general, para neutralizar los excesos y arbitrariedades de la voluntad, para despersonalizar el mundo. Ya vimos cómo el liberalismo busca la salvación en los procedimientos.

d) Separación clara entre el ámbito público y privado. La línea de lo privado está blindada y ningún poder puede sobrepasarla. No es fácil determinar esa raya que separa gobierno e individuo, pero la frontera debe existir siempre. Al principio, el ámbito privado protegido era mínimo (sobre todo, relativo a la libertad de conciencia religiosa), pero progresivamente se fue expandiendo.

e) El Estado ha de permanecer neutral respecto a cualquier ideal de la vida buena, lo que constituye una garantía de pluralismo y tolerancia. El liberalismo se opone, pues, frontalmente a la concepción paternalista que establece como misión del Estado la de hacer que los individuos realicen determinados ideales de excelencia humana.

f) Separación de poderes: Montesquieu parte de que «solo el poder frena al poder» y de ahí se sigue la necesidad de que los poderes del Estado se repartan en tres ramas completamente independientes y se vigilen entre sí: la de hacer las leyes, la de aplicarlas y la de juzgar conforme a ellas. O sea, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

h) Sistema representativo: La democracia directa es inviable en el momento en que aparecen sociedades hiperpobladas y complejas. El liberalismo propone entonces un modelo representativo. Para algunos, este fue el gran invento del liberalismo que hizo posible que la voluntad de los ciudadanos tomara parte efectiva en el gobierno. Existe el riesgo, sin duda, de que los representantes formen una casta aparte y actúen al margen de los intereses de los ciudadanos. No obstante, el hecho de que haya elecciones periódicas provoca que el representante anticipe el efecto futuro que sus decisiones puedan tener en los próximos comicios. Naturalmente para que este modelo funcione necesita una ciudadanía con una preparación suficiente y el establecimiento de controles efectivos. De lo contrario, pueden darse casos de nepotismo y corrupción. Es cierto, no obstante, que se tardó un tiempo en generalizar los derechos políticos a toda la población (en los primeros tiempos se promovió el sufragio censitario: únicamente una parte de la población podía votar). La historia real del liberalismo está llena de casos y ejemplos en los que se incumple flagrantemente sus propias verdades.

i) Ámbito de indecibilidad. El liberalismo blinda una esfera de cuestiones públicas que se declara al margen y por encima de los gobiernos y de las asambleas legislativas. Ninguna votación o decisión gubernamental puede afectarle. Son los Derechos Fundamentales que habitualmente se recogen en la Constitución. Más que limitaciones al juego se trata en realidad de las reglas que hacen posible ese juego. Aquí se incluyen los derechos a la libertad de expresión, de circulación, tutela judicial, inviolabilidad del domicilio, etc.

j) Igual libertad: puesto que confiere a todos los hombres el mismo status moral y los mismos derechos, deben gozar de la misma libertad, tanto en el ámbito jurídico como en el político (o sea, las mismas posibilidades de participar en la política). Es necesario, por tanto, una serie de medidas para que todas las personas tengan garantizado el ejercicio de la libertad en condiciones de igualdad. Y eso exige una labor de redistribución a través de la intervención estatal.

k) Libertad de expresión: además de un inalienable derecho individual, es una manera de limitar el poder y también —como vimos— un factor de desarrollo social. Es típicamente liberal la idea de que una mayor cuota de libertad redunda en un mayor nivel de bienestar, tanto en el ámbito personal (el ejercicio de la libertad individual conduce al bienestar del individuo), como en el político (como afirma Kant: «sólo el uso público de la razón traerá la Ilustración») o en el económico.

Se suele atribuir a Voltaire la frase, inequívocamente liberal, de «No estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo», pero en realidad la autoría corresponde a una biógrafa suya, Evelyn Beatrice Hall, en su obra de The Friends of Voltaire.

l) Áreas de intervención del Estado: El liberalismo defiende las instituciones como la clave que explica el éxito o fracaso de cada país. Es necesario que exista un Estado fuerte para promover las instituciones que garantizan la seguridad y reglas justas para todos. Ahora bien, a partir de ahí, es mejor que se inhiba en favor de la sociedad civil, pues cuando fomenta, entorpece, y cuando reglamenta, desorganiza. Esta concepción también supone la división entre Estado (estructura permanente) y Gobierno (dirección provisional). Si este último invade las competencias de aquel, entonces se está produciendo un viraje desde lo democrático hasta lo totalitario.

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LA VERDAD DE LAS MENTIRAS

Desembragando (digo, desenmascarando) al fascismo

No tuve estómago para seguir el debate de moción de censura, pero no he podido resistirme a leer este análisis de Escolar (valga el oxímoron): «Las mentiras de VOX» (https://www.eldiario.es/escolar/mentiras-vox-mocion-censura_132_6311374.html). Voy a intentar una réplica telegráfica y veloz, que tengo mejores huéspedes para mi tiempo.  Iré enumerando las «mentiras» de VOX según las expone el periodista, y en el mismo orden, para a continuación hacer balance de su mejor o peor fundamentación.

Antes de empezar, me detengo en la palabra elegida: `mentira´ y no falsedad o error. Es decir, Escolar atribuye a VOX una intención de engaño. Esto es muy coherente con la moralización del ámbito político tan típica de la dizque izquierda actual, pero no con otras afirmaciones vertidas en el texto que dan a entender que Abascal es un chalado, un idiota, un iluminado y otros cosas muy negativas pero que, al menos, atestiguarían que cree en lo que dice.

Por el imperio hacia VOX

-UNO. Se empieza criticando la afirmación de Santiago Abascal de que «El Gobierno de Pedro Sánchez es el peor Gobierno en 80 años de historia».

Pues aquí hay que dar toda la razón a Escolar: no se puede comparar nunca un Gobierno democrático con otro dictatorial. El primero puede ser catastrófico, infame, horrible, pablosanchesco, pero es el que han elegido los ciudadanos y esto lo sitúa en un horizonte moral totalmente distinto al de cualquier dictadura. La acusación a Abascal de «blanquear el franquismo» está aquí plenamente justificada. 1 a 0 para Escolar.

-DOS. Santiago Abascal dice que el Gobierno actual supone «el mayor fraude electoral de la democracia, el mayor engaño a un electorado que acudió a las urnas con una promesa de Pedro Sánchez de no pactar ni con Podemos, ni con los separatistas».

a) Escolar no está de acuerdo y cita otros precedentes (lo cual, por cierto, no cuestionaría que fuera un fraude electoral sino, en todo caso, que fuera el mayor): Aznar pactó con Pujol, «en contra de lo que dijo en campaña» y «Mariano Rajoy logró su segunda investidura con el apoyo de Albert Rivera, que prometió que nunca le votaría como presidente». Lo primero no es cierto: Aznar hizo una campaña muy dura contra el nacionalismo catalán, sin duda, pero nunca habló de no pactar con ellos (y las alternativas eran hacerlo con el PSOE o IU). Respecto al apoyo de Rivera a Rajoy, en primer lugar, no fue una coalición de Gobierno y, además, era la única manera de evitar unas catastróficas terceras elecciones consecutivas. De hecho, también fue necesaria la abstención del PSOE (a excepción del Doctor No y los de su negative club). Rivera planteó desde el primer momento que apoyaría al PP si el candidato no era Rajoy, pero no le quedó otra que abandonar esa postura. Nadie le reprochó ese cambio, pues sencillamente no había otra opción (y ojalá hubiera hecho lo mismo con Sánchez después de las elecciones de abril pasado).

b) Escolar se emplea aún más a fondo en salvar la honorabilidad electoral de Sánchez con respecto a su pacto de gobierno con Podemos. Usa palabras gruesas —manipulación «grosera y masiva»— para quienes interpretan que Sánchez prometió no pactar con Podemos: «Lo que dijo Sánchez no fue que pactar una coalición con Unidas Podemos le hubiera quitado el sueño –acababa de intentar una–, sino que “no dormiría tranquilo” si hubiera aceptado las peticiones de Iglesias y le hubiera entregado unos ministerios muy concretos para los que, a juicio de Sánchez, Unidas Podemos no tenía candidatos adecuados.»

No es cierto que Sánchez hablara de ministerios muy concretos. Sánchez se expresó exactamente así: «Tendría que haber aceptado, por ejemplo, que personas…». POR EJEMPLO. Es decir, que la objeción no queda circunscrita a unos cargos en áreas determinadas, sino que Sánchez hace una enmienda a la totalidad al proyecto de Podemos. Tampoco, que sepamos, se hablaron de nombres concretos; y no parece que Sánchez tuviera conocimiento de los cuadros de Podemos para diagnosticar si había o no personas adecuadas en esas áreas (y mucho más inverosímil es que, en ese caso, le importara).

De hecho, Sánchez declaró abiertamente que: «un Gobierno de coalición hubiera fracasado» y habló de las «serias discrepancias por ejemplo en política catalana». Aun más claramente solicitó reiteradas veces que su objetivo era «lograr una mayoría más amplia» que no necesitara de Podemos. Sin embargo, hubo Gobierno de coalición y no se ha detectado ninguna discrepancia en política catalana. Y esto puede calificarse de engaño.

Respecto al acuerdo al que llegaron horas después de las elecciones de noviembre es prácticamente calcado al que le hubiera «quitado el sueño». Esta era la petición original de Podemos (luego a última hora, como es sabido, Iglesias incluso la rebajó, lo cual no conmovió lo más mínimo a Sánchez):

«1) Una vicepresidencia de Derechos Sociales y Medioambientales, 2) un Ministerio de Derechos Sociales, Igualdad y Economía de los Cuidados; 3) una cartera de Trabajo, Seguridad Social y Lucha contra la Precariedad; 4) otra de Transición Energética, Medioambiente y Derechos de los Animales; 5) un Ministerio de Justicia Fiscal y Lucha contra el Fraude y el departamento de Ciencia, Innovación, Universidades y Economía Digital.»

Si cambiamos un poco los nombres es básicamente lo mismo que han conseguido en el segundo asalto: una vicepresidencia y cinco ministerios. Respectivamente: 1) Iglesias (vicepresidente y ministro); 2) Irene Montero; 3) Yolanda Díaz; 4) Garzón (en su caso, sí hay diferencias entre la cartera de la primera propuesta y la segunda); 5) Castells.

En cualquier caso, qué absurdo es plantear si Sánchez cumplió o no su palabra cuando prácticamente no hay afirmación suya que no tenga su simétrico revés en otro momento. No puedo recordar ningún político que se haya autodesmentido tantas veces; y eso que apenas si lleva cinco años en el «candelabro» político. Alguna vez espero que la Psiquiatría y la Psicología Social nos expliquen cómo hay gente que sigue creyendo en lo que dice Pedro, no solo en el «que viene el lobo fascista», sino cada vez que abre la boca.

-TRES. Ignacio Garriga: “La existencia de partidos separatistas, señorías, es una grave anomalía democrática, impensable en muchas de otras naciones europeas”.

«Falso. La verdadera anomalía democrática, impensable en toda Europa, sería dejar a la mayoría de los ciudadanos catalanes y vascos sin derecho a la representación política.»

En primer lugar, no son mayoría ni siquiera en el País Vasco (al menos hasta que el PNV no se defina como partido separatista; y será difícil que lo haga, pues según las últimas encuestas solo un 14% de los vascos está a favor de la segregación). En Cataluña son mayoría parlamentaria, por una Ley Electoral injusta (anti-aritmética), pero no son mayoría ni en votantes ni en la población. Pero lo importante es que, en todo caso, esa hipotética superioridad numérica, de haberla, solo plantearía un problema de pedagogía política. El mismo que si una mayoría de la población aprobara la agresión a las mujeres. En Alabama eran también mayoría los partidarios de linchar a personas de raza negra, pero eso no puede implicar que se acepte la existencia del partido político Ku Klux Klan. En Baviera tampoco faltan los que quieren separarse de Alemania (¿será causalidad que este sentimiento arraigue en las regiones más ricas?), pero no les queda otra que aguantarse. Las barriadas más ricas de las ciudades también les gustaría mayoritariamente emanciparse fiscalmente del resto, pero 1) es ilegal; 2) es antidemocrático; 3) es profundamente clasista. Estas tres mismas características las cumple las reivindicaciones de la burguesía más reaccionaria española: la catalana y la vasca. Por qué nuestra izquierda defiende esto constituye uno de los grandes misterios a «revolver».

-CUATRO. Ignacio Garriga: «Estos partidos, responsables del golpe de Estado en Cataluña, ya han demostrado que su único objetivo es destruir la democracia».

«Falso. No hubo golpe de Estado, a juicio del Tribunal Supremo. Por mucho que Vox lo repita.»

Sorprende la rotundidad del aserto escolar cuando no existe en nuestro Código Penal el concepto de `golpe de Estado´. El Supremo, por tanto, nada ha dicho —ni puede decir— al respecto (al igual que tampoco sobre cuestiones de estética o psicológicas, que podrían llenar varias enciclopedias Espasa, de los protagonistas del procès).

La sentencia dictaminó que los comportamientos eran clasificables jurídicamente dentro del concepto de Sedición, o sea, «Alzamiento público y tumultuario para impedir a las autoridades o a funcionario público, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de leyes o la ejecución de actos».

El Supremo no aplicó el delito de Rebelión, debido a la modificación del Código Penal, a través de la Ley Orgánica 10/1995, exigida por los partidos nacionalistas al debilitado último gobierno de Felipe González. El Supremo reconoce que en los hechos juzgados hubo «indiscutibles actos de violencia», pero que esa violencia no fue «instrumental, funcional y preordenada de forma directa para el logro de la independencia». Es decir, que no cree los encausados hubieran ido en serio sino de farol. No sé si confiere más dignidad concederles el estatuto de `golpistas´ que el de `bocazas mentirosos´, la verdad, pero ya se sabe que la épica no ha sido uno de los rasgos más definitorios del procès. Esta consideración del Supremo ha sido muy criticada por expertos juristas, para los cuales hubo claramente Sedición y Rebelión. Y precisamente esta semana ha salido a la luz documentos de Tsunamic Democràtic en el que habla abiertamente de «guerra», no en sentido metafórico, y un cargo de CDC reconoce que Rusia había ofrecido 10.000 soldados si el expresidente catalán proclamaba la independencia.

En cualquier caso, puesto que no pertenece a la terminología jurídica, uno puede considerar que lo que dice el Supremo (Sedición en toda regla y Rebelión only de boquilla) fundamenta sobradamente la adscripción de los hechos dentro del concepto coloquial de «golpe de Estado». Que este haya sido posmoderno, diferido y alevoso no le resta enjundia golpista.

-QUINTA. Santiago Abascal: “Nosotros consideramos que los partidos políticos que aspiran a destruir la soberanía nacional, y por lo tanto la ley y por lo tanto la Constitución y por lo tanto la convivencia, no deben ser legales en este hemiciclo que representa a la soberanía nacional. Así de claro”.

A lo que Escolar replica: «Entre todos los partidos independentistas catalanes y vascos representan a 2,4 millones de españoles. Si sumamos a Unidas Podemos –como partido que, según Vox, “aspira a destruir la soberanía nacional”– estamos hablando de 5,5 millones de ciudadanos.»

Cuatro consideraciones:

  1. ¿Por qué suma a Unidas Podemos? ¿Tan claro tiene que este partido pretende destruir la ley, la Constitución y la convivencia?
  2. Una vez más: no es un problema de aritmética: sencillamente no cumplir la ley no es —no debería ser nunca— una opción.
  3. Cabe la posibilidad de que el aviso de interdicto a quien no cumpla determinados requisitos haga a los partidos amoldarse a ellos, sin necesidad de ilegalizarlos. La «promesa» de Hacienda de que si no declaras lo que has ganado te hará una paralela suele convencer a los más escépticos de las bondades tributarias de pagar lo que deben. El 155 también obró milagros. Y hasta Sabino Arana se moderó muchísimo después de pasar por la cárcel.
  4. No deja de resultar paradójica esta «réplica aritmética» en el diario que nunca se ha quejado por las solicitudes de Podemos de ilegalizar a VOX (el tercer partido parlamentario, ya saben) o que insiste en la necesidad de establecer un cordón sanitario alrededor de este mismo partido, a pesar de que cuenta con un millón doscientos mil votos más que Podemos y que multiplica varias veces los de los partidos nacionalistas (4 veces más que ERC, 7 veces más que JxCat, 10 veces más que el PNV…).

-SEIS. Santiago Abascal: “No puede representar a la nación quien ha matado o aplaude a los que han matado para destruirla”.

Réplica escolar: «No hay un solo diputado en el Parlamento condenado por nada lejanamente parecido a un asesinato. Y la organización criminal con más muertos en su expediente de la historia reciente de España no es ETA, por mucho que sean execrables sus crímenes. Es la dictadura de Franco, con la que Abascal contemporiza»

1. Respecto al tema de la ausencia de diputados asesinos:

-a) Solo hay cinco diputados de Bildu en el Parlamento, pero su portavoz es fundadora del diario Gara (y directora entre 1999 y 2004), después del cierre por orden judicial del diario Egin al dictar la Audiencia Nacional (decretado por Baltasar Garzón, ¿eh?) que el diario actuó bajo la «dependencia absoluta» de la banda y que estaba integrado en la estructura de ETA. En 2001 tuvo que declarar en la Audiencia Nacional (otra vez citada por Baltasar Garzón). También ha escrito una biografía del líder de ETA Argala.

-b) Si no hubiera sido inhabilitado por el Supremo, su líder en el Congreso sería, como en otros tiempos, Otegi, condenado por pertenencia a banda armada y secuestro.

-c) En el Parlamento Vasco (que es, les guste o no, un parlamento español) encontramos entre los diputados de Bildu nada menos que a tres expresos de ETA.

2. Tratar al régimen de Franco como «organización criminal», al estilo del ISIS, resulta ridículo. En 1950 la Asamblea General de la ONU permitió a España integrase progresivamente en sus organismos, y finalmente (en diciembre de 1955) fue admitida como miembro de pleno derecho de la ONU. En 1964 se celebró la Eurocopa en nuestro país. También resulta un contrafáctico importante que esta hipotética organización criminal (y fascista) fuera visitada hasta tres veces por el icónico Ché Guevara, al que se vio en todo momento muy relajado; sobre todo, puro en boca, en la plaza de toros de las Ventas. Lo obvio para cualquiera no ideologizado hasta la idiocia pura: hay una enorme diferencia entre una dictadura (sin duda, muy sangrienta en los primeros años) y una simple organización criminal.  

3. Por último, `contemporizar´ significa «Acomodarse una persona al gusto o deseo ajeno por respeto o interés». A mí no se me ocurre cómo se puede contemporizar con alguien que lleva 45 años muerto (ni siquiera habla de franquismo sino directamente de Franco). A lo mejor si hubiera terminado alguna carrera habría elegido otra palabra más ad hoc.

-SIETE. Santiago Abascal: “No se puede culpar al Gobierno de la fabricación del virus chino, pero desde luego sí se le puede acusar de no haber pedido responsabilidades al país, China, que o bien lo produjo artificialmente o bien permitió que se propagara por todo el mundo entre ocultaciones y entre engaños”.

«Falso. No hay una sola evidencia científica que apunte a que el virus fuese creado artificialmente en China. Tampoco de que Bill Gates pretenda inocular nanorrobots en toda la población mundial con la vacuna. Ni de que nos gobiernen alienígenas reptilianos, por citar otras teorías de la conspiración con las que tal vez nos ilustrará Abascal en próximas entregas.»

Abascal plantea una disyunción. Y en una disyunción basta con que un elemento sea verdadero para que la fórmula también lo sea. Si digo «o me llamo Carlos o soy el rey de España», la proposición es verdadera. Esta es una disyunción excluyente (un dilema). La que usa Abascal es incluyente (los dos términos pueden ser simultáneamente verdaderos), pero igualmente basta para que sea verdadera con que uno de sus dos elementos lo sea. «Para trabajar aquí hay que saber inglés o ser hijo del jefe». Si yo sé inglés puedo trabajar ahí, aunque el jefe no sea mi padre. En consecuencia, todas las derivaciones que hace Escolar se quedan sin pie. Típicas falacias de hombre de paja y de pendiente resbaladiza. Una ridiculización boomerang, muy marca de la casa.

Es obvio que no hay ninguna prueba de que el virus haya sido sintético y muchas en sentido contrario. Pero es también inequívoco que el Gobierno chino ha mentido y ocultado información. Lo que dice, por tanto, es correcto. En fin, se le puede reprochar —yo lo haría— la referencia a un coronavirus de diseño, que introduce confusión, es innecesaria y también contraproducente. Al igual que con el cambio climático, VOX debería callar y dejar que hablaran los científicos exclusivamente. Pero Escolar no plantea su crítica en esos términos.

-OCHO. Santiago Abascal: “Su Gobierno, señor Sánchez, es el único Gobierno de la democracia que ha atacado al Jefe del Estado”.

«Falso. Y es justo al contrario. Si la monarquía aún permanece en España es, en gran medida, porque el PSOE aún la apoya. Sin el respaldo de Pedro Sánchez y sus diputados, la mayoría absoluta del Congreso sería republicana. Y los políticos que más ponen en peligro la continuidad de Felipe de Borbón como jefe del Estado no son los de Unidas Podemos. Son Santiago Abascal y Pablo Casado, que están deteriorando la ya tocada imagen del rey al asimilarlo con esta derecha cavernaria.»

Lo que dice Abascal es incuestionable. Nunca ningún Gobierno español había atacado, caceroleado y menospreciado a la Corona. Eso no significa que todos los miembros del Gobierno hayan atacado al jefe del Estado (aunque, a excepción de Margarita Robles, la división principal se da entre quienes le atacan y quienes callan). La información que proporciona no desmiente nada. Es obvio que el PSOE permite una degradación controlada de la institución, sin secundar el peronismo incendiario y antimonárquico de sus socios. Nada de eso resta ni un ápice de verdad a lo que dice Abascal.

Por último, el trasvase que plantea entre los defensores y el defendido es gratuito, burdo e infundado. Con la misma lógica, Podemos se estaría falangizando (por la militancia de Saenz de Ynestrillas) o convirtiéndose en un partido frívolo, de salsa rosa y garrafón (por los apoyos de JJ Vázquez, Mercedes Milá, Paula Vázquez…). O aún peor: el apoyo de Irán determinaría que fueran partidarios del feminicidio, del teocentrismo y de la persecución de cualquier mínimo conato izquierdista o liberal.

-NUEVE. Santiago Abascal: “Ni siquiera sabemos cuántos españoles han caído con esta enfermedad. ¿58.000, 60.000, 62.000? Y no lo sabemos porque el Gobierno ha incumplido con el deber moral de dar cifras y de contar unos muertos que son nuestros muertos”.

«Falso. No lo sabemos porque no hay un solo país en el planeta que tenga esa cifra con exactitud».

Una vez más, la falacia del hombre de paja. De «no saber con exactitud» a los malabarismos con las cifras que hace este gobierno hay una franja en la que entra la casi totalidad de los países del mundo. ¿Quién se fía en el ámbito internacional de nuestros datos? El Gobierno tampoco ha escuchado la petición de decenas de organizaciones científicas para llevar a cabo una auditoría independiente de la gestión de la pandemia. ¿Por qué será?

-DIEZ. Santiago Abascal: “Muerte y destrucción de las que Pablo Iglesias es directamente responsable en su peor aspecto: en el que trata del inhumano abandono a decenas de miles de ancianos en las residencias”.

«Falso. La competencia sobre la Sanidad y las residencias es de las autonomías.»

Desde el momento en que está declarada la pandemia la responsabilidad recae en el Gobierno central. A las autonomías en todo caso corresponde materializar las medidas que el Gobierno adopte.

En el Real Decreto-Ley con medidas para hacer frente al impacto económico y social de la crisis, publicado el 17 de marzo en el BOE, se incluyó una partida de 300 millones de euros para «financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales en comunidades autónomas, diputaciones provinciales o corporaciones locales». Entre otros, se aseguraba que financiaría el refuerzo de las plantillas de las residencias de mayores y la adquisición de equipos de protección individual y recursos sanitarios. Su coordinación recayó en Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, de la misma manera que se le encomendó la labor de coordinar las labores de desinfección llevadas a cabo por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las residencias de mayores. Él mismo lo anunció personalmente en rueda de prensa y la cuenta twitter de su ministerio hizo lo mismo el 22 de marzo

-ONCE. Ignacio Garriga: “No hicieron nada, a pesar de que tenían la información (sobre la pandemia). Prueba de ello es que ustedes si se protegieron con guantes morados en la manifestación del 8 de marzo”

«Falso. Es un bulo que hace meses propaga Vox y del que también se ha hecho eco Isabel Díaz Ayuso. Es mentira porque se trata de un símbolo feminista que se ha usado en otras manifestaciones del 8M, porque las ministras solo lo llevaron durante un tramo de la marcha y porque ni siquiera utilizaban dos guantes, solo uno.»

Tiene razón Escolar en que se trata de un bulo lo de los guantes protectores, aunque lo que dice (solo durante un tramo y solo un guante) no es cierto en todos los casos. Más significativo hubiera sido mencionar la grabación del 8M en que se dan instrucciones a la cabecera de la manifestación: «Que no se besa, que hay virus». O el off the record de Irene Montero difundido por la televisión vasca.

En cualquier caso, eso solo contesta a una parte de lo que plantea el diputado y no precisamente a la más importante: tenían información sobre la preocupante expansión del virus desde bastante antes de la manifestación. Dejamos la documentación de esta conclusión para otro momento.

-DOCE. Santiago Abascal: “El vicepresidente ha dicho que la oposición ya nunca llegará al poder por medios democráticos, y eso sólo quiere decir una cosa: que los comunistas se mantendrán en el poder exclusivamente por medios antidemocráticos y que hurtarán las urnas a los españoles, hasta que lo tengan todo controlado y todo atado y bien atado”.

«Falso. Iglesias dijo algo muy diferente: que la derecha “ha condenado su futuro” por “caminar con la ultraderecha”, y que por eso “nunca volverán a ocupar el Consejo de Ministros”. Es un diagnóstico acertado, que también comparte, a su manera, alguien poco sospechoso de comunista: José María Aznar. Hace tiempo que el presidente de la FAES advierte al PP de que la fragmentación de la derecha “les condena a la derrota”. El único que hurtó las urnas durante décadas no fue ni será Iglesias: fue Franco, ese dictador cuyos gabinetes Abascal considera mejores que el actual Gobierno democrático. Y solo desde la teoría de la conspiración más extrema –como la del virus fabricado en China– se puede creer que este Gobierno pretende imponer una dictadura comunista.»

Franco aparece mencionado hasta 5 veces en el artículo (4 con su nombre y 1 como franquismo). Curioso, ¿no?

En cuanto a las palabras de Iglesias, es más que comprensible que no suenen bien viniendo de alguien que reivindica la memoria de Stalin, de Chávez, de Fidel Castro… y la «política» actual de Maduro. ¿Qué pensaría Escolar si esas palabras las hubiera dicho VOX en situación inversa? Lo que dice Aznar no tiene nada que ver; más bien debe interpretarse como una llamada a la unión, al estilo de un entrenador que comenta a sus jugadores: «hasta que no juguemos en equipo no ganaremos». Que un vicepresidente manifieste que ya no volverán al Gobierno, sin siquiera circunscribirlo a un periodo concreto (no sé, diez años, por no quedarnos corto), es un gesto como mínimo autoritario; mucho más, viniendo de alguien que tiene mando en plaza y que está en la comisión que controla al CNI. Ciertamente en su admirada Venezuela, no hay manera de desalojar a los suyos desde que llegaron al poder. En definitiva, se trata de una afirmación democráticamente indefendible.

-TRECE. Santiago Abascal: “El señor Soros también es enemigo declarado de las fronteras europeas del presidente norteamericano y también del Estado de Israel. Ese especulador multimillonario, enriquecido con el sufrimiento de millones de personas, nunca recibe el ataque de la izquierda, sorprendentemente, ni de la izquierda política, ni de la izquierda mediática, aunque incluso ha reconocido que hizo dinero con las víctimas del Holocausto”.

No vamos a hablar ahora de Míster Soros. Me limito a señalar que, paradójicamente, la defensa encendida que, a continuación, hace Escolar de él supone lo contrario de una refutación de lo que expone Abascal.

-CATORCE. Santiago Abascal:  “Y por eso se lanzan a la ocupación del Poder Judicial”.

«Falso. La única ocupación del Poder Judicial es la que está aplicando el PP, al incumplir la Constitución y negarse a renovar el CGPJ para mantener artificialmente una mayoría conservadora que emana de la mayoría absoluta de Rajoy de 2011 y que han perdido en las urnas. La propuesta de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que han hecho el PSOE y Unidas Podemos es imperfecta e indeseable, pero bastante más democrática que el bloqueo que aplica el PP a la renovación cada vez que pierde las elecciones, y que sirve a la derecha para nombrar jueces casi vitalicios en el Supremo con un CGPJ caducado.»

Este tema es demasiado denso para abordarlo ahora. Pero sinceramente describir lo que está ocurriendo como «ocupación del Poder Judicial» resulta bastante preciso (por supuesto, hay bastantes precedentes okupas en los gobiernos anteriores, todos, aunque ninguno de tanta gravedad como el actual).

-QUINCE. Santiago Abascal: “El Gobierno ha promovido y promueve públicamente el odio contra Vox y, por lo tanto, actos de acoso contra Vox y contra otros partidos de la oposición que han terminado en violencia y en agresiones”.

«Falso. El acoso más flagrante e indecente contra unos dirigentes políticos que se está produciendo en estos momentos en España es el que sufren desde hace meses en su casa Irene Montero, Pablo Iglesias y sus tres hijos por parte de los partidarios de Abascal.»

Antes del escrache galapagarino, hubo otros muchos que afectaron a otros dirigentes (negando a Rosa Díez la libertad de palabra nada menos que en el templo de la palabra, la Universidad, o en el domicilio particular de la vicepresidenta Soraya). La gran diferencia es que estos escraches estaban alentados y dirigidos por los actuales líderes de Podemos, mientras que no se conoce ninguna exhortación —al menos, yo no— por parte de los dirigentes de VOX para el escrache de Galapagar.

Las exhortaciones contra VOX también han sido alentadas por los mismos líderes podemitas. Son tantos los ejemplos. Pero seleccionamos uno muy significativo: la «alerta anti fascista» que Pablo Iglesias decretó contra lo que había votado la ciudadanía en las elecciones andaluzas, que se saldó —¿podía ser de otra manera?— con agresiones y vandalismo.

-DIECISÉIS. Santiago Abascal: “Hay que perseguir a las mal llamadas ONG que han hecho del drama humanitario que se vive en África un auténtico negocio (…) deben ser perseguidos por colaborar con las mafias del tráfico de personas”.

«Falso. Abascal se refiere a los numerosos bulos que relacionan a las ONG que rescatan a inmigrantes de una muerte segura en el Mediterráneo, como Open Arms, con las mafias que se aprovechan de su desesperación para cobrarles por una plaza en las pateras. Es el mismo discurso de la extrema derecha italiana o húngara, y es completamente falso. Donde estas ONG no actúan, también hay pateras. Solo cambia que las cifras de muertos son aún mayores.»

Este es un tema demasiado complejo para abordarlo aquí. No obstante, concedo la categoría de hecho a la sincronía no casual entre rescatadores «humanitarios» y mafias que hacen negocio con las pateras.

-DIECISIETE. Santiago Abascal: “¿De verdad creen ustedes que la mayoría del pueblo español va a permanecer paralizado mientras les roban sus libertades, su nación y su futuro?  Que sus medios de comunicación subvencionados, bien subvencionados, oculten las multitudinarias manifestaciones que se han producido contra este Gobierno no quiere decir que no existan”.

«Falso. Las manifestaciones de Vox aparecen a diario en la prensa –en ocasiones, como con las protestas en Núñez de Balboa, por encima de la importancia que tienen–. Existe un desequilibrio en el panorama mediático en España, pero a favor de la derecha, no de la izquierda. Y los medios más favorecidos por “subvenciones” desde el Estado han sido, históricamente, los agraciados por el dinero y favores que repartía a dedo la Comunidad de Madrid en la que Abascal era alto cargo, con Esperanza Aguirre al frente…».

Esto es o un juicio de valor o una síntesis global que requiere de muchísima información comparativa para sostenerla (algo que ni intenta Escolar). Es una cuestión que desborda las pretensiones de este texto. Apuntaremos solo que hay fundamentos de sobra para concluir lo contrario: los medios de comunicación y las redes sociales están dominadas por la izquierda. Después de la caída del muro de Berlín, la izquierda (o lo que se denomina como tal) se atrinchera en la hegemonía cultural y el discurso identitario, y eso implica volcarse en la propaganda (de hecho, el único ámbito donde el proyecto de la URSS tuvo éxito). Centrándonos en España, no olvidemos que fue fundamental para echar al Gobierno de Rajoy la enorme campaña mediática organizada con ocasión de la sentencia de la Gürtel (gracias, en gran medida, a un juez que redactó unos párrafos sin apoyo jurídico, como se ha demostrado ahora). Dada la trascendencia de lo que había en juego, fue una buena ocasión para medir el peso respectivo de la derecha y la izquierda en los medios.

Llama, por último, la atención que Abascal hable de España y Escolar le responda con consideraciones sobre la Comunidad de Madrid.

-DIECIOCHO. Santiago Abascal: “Un proceso que empezó con Rodríguez Zapatero sumando a ETA a un frente común contra toda la derecha democrática”.

«Falso. Rodríguez Zapatero fue el presidente que enterró a varios militantes socialistas, asesinados por ETA. Y también el presidente que acabó con ETA, a pesar de todas las trabas que puso entonces la oposición a un proceso de paz que todos los anteriores Gobiernos democráticos habían intentado antes, que fue clave en el final del terrorismo y que no supuso concesión política alguna.»

La verdadera persona responsable del fin de ETA fue Mayor Oreja, que yuguló las vías de financiación del terrorismo etarra. También influyó la respuesta ciudadana al vil secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco («el miedo cambió de bando», como gusta decir a Iglesias). El horror del 11-S además quitó bastante glamour al terrorismo. Todos estos factores decisivos se dieron durante el gobierno de Aznar, no de ZP, cuya acción más destacada en este ámbito fue chivarse a ETA de que Francia estaba preparando una operación contra ella (y que en un país mediamente serio hubiera provocado la inmediata solicitud de declaración ante un juez y una investigación a fondo).

-DIECINUEVE. Ignacio Garriga: “ETA no ha sido derrotada”.

«Falso. ETA ya no existe. No mata desde hace más de diez años y no logró ni uno solo de sus objetivos políticos.»

En primer lugar, Garriga no dice que ETA siga asesinando, sino que no ha sido derrotada (hombre de paja again). Otegi declaró el pasado verano que la lucha había merecido la pena (o sea, que no habían sido derrotados). Si no se consiguieron los objetivos políticos, al menos se avanzó tanto en ellos que ahora solo queda disfrutar de las nueces (conciertos y cuponazos) y, en todo caso, rematar la faena. Bildu tiene 22 diputados en País Vasco (la segunda fuerza política) y 5 en el Congreso de España.

Por lo demás, los homenajes a ETA se cuentan al año por centenas: no hay etarra —no importa el crimen que cometiera— salido de la cárcel al que no le espere celebraciones, reconocimientos y festejos. Hay más de doscientos asesinatos sin aclarar. El Gobierno no exige colaboración a la hora de concederles beneficios o excarcelaciones. Sin duda, se trata de una victoria de ETA y una derrota del Estado de Derecho y de las víctimas. Para completar el distópico panorama, la kale borroka reaparece de vez en cuando (como en Alsasua).

-VEINTE. Ignacio Garriga: “Las mociones de censura sirven para cambiar Gobiernos, pero también sirven para dejar constancia en la sede de la soberanía nacional, de la falta de la confianza de los diputados en el Gobierno, así como expresar el malestar que asola a la nación y además, la posibilidad de una alternativa”.

«Falso. Lo que va a dejar claro esta moción de censura es que la confianza en el Gobierno es rotundamente mayoritaria en el Congreso y que Vox no es, afortunadamente, ninguna alternativa».

Aquí hay un simple juego de interpretaciones; por tanto, es un terreno resbaladizo y, sobre todo, refractario para sentenciar falsedades. Si hacemos caso a las encuestas o a las afiliaciones, no parece que la moción le haya ido muy mal a VOX.

Por lo demás, Escolar confunde una moción de censura con una moción de confianza. Derivar una confianza en el Gobierno del hecho de que el parlamento por abrumadora mayoría rechace la propuesta presidencial de Abascal es absurdo. En cualquier caso, ni los más optimistas voxeros plantearon en ningún momento que la moción tuviera la menor posibilidad de prosperar.

Quizás convenga recordar que el PSOE cimentó la mayoría más absoluta en democracia (202 diputados en 1982) con la moción de censura a Adolfo Suárez en 1980, sabiendo perfectamente que la iban a perder. No digo que la historia se vaya a repetir, sino que hay en juego múltiples perspectivas y eso casa mal con el tono dogmático y concluyente.

En fin, Escolar sigue con la matraca, pero yo aquí llegué a mi límite por puro hastío y conciencia de inutilidad. Que sigan otros más esforzados… o más masoquistas.

No me gusta tu actitud, Carlos

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MEDITACIONES CARTESIANAS SOBRE LA POLÍTICA EN NUESTRO PAÍS

Archivo:Descartes diagram.png - Wikipedia, la enciclopedia libre

Uno de los grandes males de nuestra vida pública es, sin duda, la simplificación: se pretende reducir a causas simples lo que es intrínsecamente complejo. Pero esa constatación no debe impedirnos elevar la mirada y abstraer los elementos clave que hay en juego. Es justo lo que pretendemos en este artículo.

Desde mi punto de vista, la disputa política en España puede comprenderse a partir del siguiente eje de coordenadas.

EJE VERTICAL: CIVILIZACIÓN O BARBARIE

-Arriba del punto O estaría lo que llamaré CIVILIZACIÓN. Los que se sitúan aquí defienden las reglas del juego democrático, es decir, aquellos artilugios institucionales que impiden, al mismo tiempo, que nos matemos unos a otros y el despotismo. Abogan por la primacía de la ley, la separación de poderes, los mecanismos de control, el Estado de Derecho, una Administración independiente a la que se accede por mérito y al servicio del interés general…; en definitiva, el sistema de pesos y contrapesos con el que se edifica una democracia. Otra manera de caracterizarlo sería decir que cultivan un laicismo integral (usaría el nombre de republicanismo si no fuera por las connotaciones —antirepublicanas— que tiene en nuestro país). Este enfoque rigurosamente laico se extiende mucho más allá del estricto contexto religioso para aplicarse a fenómenos como el nacionalismo, las ideologías salvíficas o cualquier credo que pretenda administrar la esfera estrictamente individual. El espacio de la ciudadanía es el del «lugar vacío», en tanto que vaciado a priori de toda particularidad. Cada individuo tiene como tarea propia e intransferible la de elegir sus fidelidades y afectos, o sea, sus adscripciones identitarias. No caben jerarquías en tanto que ciudadanos, ni nadie está nunca legitimado para establecer quiénes son o qué deben sentir.

-Por debajo del punto 0 se encontraría lo que llamaré BARBARIE. Lo conforman aquellos que pretenden suplantar el Estado de Derecho por otras instancias trascendentes: Nación, Pueblo, Lucha de Clases, Identidades Colectivas (relacionadas bien con el Género, la Raza, las Creencias, etc.). En esta opción se legitima la violencia en distintos grados (desde el escrache o el acoso digital hasta el crimen político). Una praxis «tan fuerte» (por no decir pre-política) necesita del apoyo de teorías conspirativas que planteen un escenario de lucha contra el Mal: el heteropatriarcado, la mentalidad franquista de jueces, la «policía patriótica», el España ens roba, la Casta organizada, el Contubernio judeo-masónico, el IBEX-35, entre un largo tontietcétera.   

El verdadero drama de nuestro país es que la gran mayoría de los partidos —entre los que figuran todos los considerados de izquierda— pertenecen a la opción bárbara, y el resto milita en la civilizada de manera tímida, deficiente o con significativas «lagunas». El PP, por ejemplo, dista mucho de ser un garante leal de las reglas democráticas. Y tampoco, ya saben, existen demasiadas razones para ilusionarse con Cs y VOX… ¡si no fuera por el contraste con los «bárbaros»!

EJE HORIZONTAL: DERECHA O IZQUIERDA

Vayamos con el segundo eje. A contracorriente de lo que es habitual en nuestro país, tiene una importancia muy inferior. Hacernos creer lo contrario es una gran `astucia de la sinrazón´, por decirlo a la manera para-hegeliana. De hecho, aunque hemos recurrido gráficamente al eje de coordenadas, en realidad, hablamos de dos niveles correlativos; es decir, más que de una disposición espacial se trata de una sucesión temporal. En primer lugar, debe instituirse un marco donde se garantice la igualdad de derechos y el disenso civilizado; y solamente luego adquiere sentido examinar las diferentes concepciones para organizar lo común. Sin lo primero, esto último posee un carácter necesariamente adjetivo, contingente, accidental. No recuerdo quién dijo que una clave para el conformismo con que los españoles aceptaron el franquismo fue la certeza de que, ganara quien ganara la guerra civil, era seguro que después vendría una dictadura. ¿Stalin o Franco? ¿Maduro o Bolsonaro? Pues mire Vd., mejor paso turno.

En la anómala hora actual, que concede simultánea acogida a ambos niveles, la militancia civilizada hermana a personajes tan heterogéneos como Félix Ovejero, Cayetana Álvarez de Toledo, Joaquín Leguina, Mario Vargas Llosa, Jon Juaristi, Adolfo Suárez Illana o Andrés Trapiello. Todos pertenecen al mismo bando esencial, definitorio: están a favor de la civilización.

Una vez dicho lo anterior, casi no quedan ganas de deslindar el eje horizontal derecha-izquierda (o progresismo-conservadurismo). Además, no es tarea fácil. En primer lugar, porque no está claro el objeto de la distinción: depende en gran medida de lo que queramos entender por derecha e izquierda. En segundo lugar, porque distan de ser conceptos estáticos. Así, la intransigencia respecto a la «pluralidad de concepciones del bien» (por decirlo con John Rawls) está adscrita tradicionalmente a la tradición de derechas; sin embargo, es la izquierda la que actualmente gusta de imponer ortodoxias de pensamiento y de estilos de vida (por poner un ejemplo reciente, la prescripción por parte de Podemos de lunes «cuaresmales» sin carne).

No obstante, resulta necesario abordar también este segundo eje, precisamente porque se utiliza para justificar o solapar la decisión verdaderamente trascendental: la de ser políticamente bárbaro o civilizado. Lo haremos ahora de manera breve y deteniéndonos únicamente en el aspecto que se presenta como nuclear: la mayor o menor intervención del Estado en los asuntos económicos. La izquierda defiende lo primero: un Estado fuerte y redistribuidor de riqueza. La derecha, por el contrario, confía en la espontaneidad de los mercados para generar riquezas y considera que la intervención estatal genera disrupción y «entropía». No es el momento, como decíamos, de desarrollar estas ideas, sino únicamente de apuntar lo siguiente:

  1. Importa entenderlo como un asunto meramente instrumental, sin que quepa derivar de él valoraciones morales (y mucho menos de índole supremacista). Según nuestra más oligofrénica tradición izquierdista, la derecha está a favor de los ricos y la izquierda de los pobres. Este relato solo funciona con incautos, que desgraciadamente no escasean en nuestro país. Se excluye a priori la posibilidad de que pueda haber alguien muy interesado en la justicia social y en la igualdad que, al mismo tiempo, piense que la mejor fórmula para alcanzarlas pase por dar la máxima libertad a los mercados. Creer que el «izquierdista» Maduro se preocupa más por los desheredados que la conservadora Ángela Merkel se parece mucho a un delirio clínico. Pocas tareas hay más necesarias en nuestro país que deconstruir esta trama mitológica, lo cual exige indudablemente saldar la sobredosis de moralina que posee.  Albert Camus se declaraba de izquierdas, pero añadía que sería de derechas si creyera que la derecha estaba en lo cierto. Ahí se resume todo.  
  2. También constituye un error plantearlo como una cuestión de blanco y negro. En muchos ámbitos el mercado libre funciona como un reloj; en muchos otros, es imprescindible la intervención del Estado (para paliar externalidades negativas, redistribuir, imponer reglas más afinadas…; en definitiva, para garantizar el bien común). Solo los fanáticos o integristas plantean que la actividad económica haya de pivotar exclusivamente sobre el mercado o el Estado.
  3. Es especialmente importante diferenciar dos planos: por un lado, la generación de riqueza y la detección de necesidades sociales, y por otro, la redistribución de recursos. La historia ha demostrado que en el primero el mercado es imbatible. Los modelos de planificación central sencillamente han fracasado. No deberían, pues, formar parte ni de la derecha ni de la izquierda (ya sabemos que este precepto normativo dista mucho de ser realidad). Ahora bien, eso no resuelve la tarea de determinar qué áreas han de quedar excluidas de la lógica mercantil (por poner un ejemplo que suscite poca polémica: el trasplante de órganos). Y luego, por supuesto, está la cuestión trascendental de la redistribución. Nos interesa ahora únicamente subrayar la compatibilidad de defender el mercado como eje vertebrador de la producción de riqueza con la acción vigorosa del Estado a la hora de redistribuir dicha riqueza. En esencia es lo que ha dado en llamarse socialdemocracia, que tendría su concreción histórica en el Estado del Bienestar.

Obra completa de Albert Camus llega a MéxicoPara mí, existen razones justificadas para una decidida intervención del Estado en ciertos ámbitos clave. Debería haber más y mejor sanidad pública, más y mejor enseñanza pública, una generosa política pública de la vivienda… En ese sentido, pienso que el Gobierno actual no puede considerarse de izquierdas bajo ningún criterio relevante, pues abandona negligentemente la tarea de mejorar estas áreas decisivas con el propósito, casi exclusivo y casi excluyente, de perpetuarse en el poder (para lo cual no duda en promover propaganderías pueriles y falaces o aliarse con las élites más reaccionarias de Cataluña y el País Vasco). En el tema de la vivienda, por ejemplo, nunca dejaré de asombrarme de que toda su iniciativa al respecto se limite a otorgar una suerte de carta blanca para la okupación.

Por otro lado, sobran las razones para oponerse al omnipresente subvencionismo estatal (nada menos que 122.000 millones de euros al año se destinan para pensionar iniciativas sociales, culturales, humanitarias, etc.), tenga o no intenciones clientelares (que casi siempre las tiene). Por limitarnos a la dimensión en apariencia más noble e inocente, la cultural, sencillamente el Gobierno no puede decidir qué libro, película o espectáculo teatral merece la pena subvencionar. Eso no significa que carezca de responsabilidad en el fomento de la cultura. Por supuesto que la tiene. En primer lugar, estableciendo un sistema educativo de calidad (o sea, justo el contrario del que padecemos desde hace al menos dos décadas) y, en segundo lugar, a través de medidas indirectas (indirectas en el sentido de que no dictaminan acerca de la calidad de la creación cultural): a través de instrumentos como la supresión o reducción del IVA, la exención o aminoración de impuestos, etc. Y en aquellos contadísimos casos en que sea necesaria, además, una ayuda directa —como es el caso de una orquesta—, la resolución ha de recaer exclusivamente en un comité técnico sin ningún vínculo con la política. De otras anomalías contumaces, como las relacionadas con los estatus sindicales, los subsidios agrarios y agrestes, las ONGs que continúan la propaganda gubernamental por otros medios, o el síndrome que Octavio Paz llamó «el ogro filantrópico», hablaremos otro día.

Concluyo ya mi autoubicación y también el artículo. En el eje vertical me situaría claramente —confío en que sin hiatos o excepciones— en el cuadrante civilizado. Respecto al eje horizontal, me hallaría más bien en el lado estatista o de izquierdas (con todas las precauciones que, en el distópico contexto actual, acreditan mi posicionamiento como intempestivo o heterodoxo): la máxima desregulación compatible con la más eficaz protección social (que no cabe confundir en absoluto con ningún paternalismo de ogro usurpador). El mercado ha de estar especialmente acotado en asuntos relacionados con la enseñanza, la justicia o la sanidad (nadie puede tener más derecho al conocimiento, a la protección jurídica o a la salud). Y también ha de estarlo, de otra manera más laxa y específica, en el acceso a la vivienda. Ahora bien, conviene dejar claro que eso no me eleva moralmente ni un milímetro de quien prefiere conceder mayor margen al mercado, no informa sobre mi calidad personal, ni tampoco me concede ventaja epistémica (nada dice sobre las posibilidades de estar acertado o equivocado). Es justo aquí donde empieza el debate, no donde acaba. Si alguien me demuestra que los fines descritos se consiguen mejor dejando los mercados a sus propias inercias, entonces, a la manera de Camus, sencillamente cambiaré de bando.

Quizás recordar estas cosas pudiera suponer un cierto punto de partida para evitar la polarización que tantos réditos procura a ciertas formaciones políticas, pero que nos lleva directos a la discordia civil.

Carlos Rodríguez Estacio

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LA OTRA OTRA PANDEMIA

«Una verdad a medias es la más cobarde de las mentiras» (Mark Twain)

Desde que era joven (ay, hace ya demasiados lustros) sigo la obra de Muñoz Molina. Como novelista, articulista e incluso ensayista (Todo lo que era sólido me parece un meritorio intento de comprensión de algunas derivas hispanas). A veces me distanciaba sus conclusiones precipitadas o su tono vehemente (recuerdo cuando, en los años más duros de terrorismo etarra, escribió: «al País Vasco habría que darle la independencia e inmediatamente después declararle la guerra»), pero siempre me pareció que aportaba elementos interesantes al debate público. También pienso que no sería injusto si le dieran el premio Nobel. Valga esta introducción para dejar claro que nada tengo contra personaje y obra.

No ha sido nunca un hombre de acción (aunque me aseguran que apoyó la fundación de UPyD), pero con cierta regularidad ha ido publicando artículos que pasaban revista a la actualidad política. De un tiempo a esta parte, estas publicaciones se han ido haciendo más esporádicas y, sobre todo, más acogedoras a los relatos hegemónicos (por ejemplo, se ha mostrado recientemente partidario de un referéndum «bien planeado» en Cataluña). Hay quien defiende que la clave de esta evolución se halla en el ofrecimiento de Pedro Sánchez a Elvira Lindo para que fuera su ministra de Cultura. Esta lo declinó, pero quedó más que halagada y agradecida (ascender, en no muchos años, de guionista de mamachicho en Tele 5 a ser la titular de Cultura es —a pesar de que hasta mí sobrevuela, zascandil, cierta cita de Groucho— un progreso notable). No nos interesa entrar en cotilleos ni tasar la conjetura de que una declinación llevó a la otra (y tampoco hay forma de saberlo, al menos yo). El objetivo de este texto pretende ser más serio: analizar el artículo «La otra pandemia», que Muñoz Molina ha publicado esta semana en su diario de siempre: El País. La otra pandemia, naturalmente, es la pandemia política. Vayamos, pues, a él.

El artículo empieza con una introducción acerca de lo mal que estamos y de la pésima calidad de nuestra clase política. Es imposible no estar de acuerdo, pero de inmediato aparece la primera afirmación controversial: «Los científicos nos dicen que nuestro país tiene vulnerabilidades mayores que otros». Cualquiera que lea eso, pensaría que son razones objetivas, naturales (orográficas, demográficas, quizás genéticas), las que provocan que nuestro país esté a la cabeza en todos los parámetros negativos. Ya Carmen Calvo, en su estilo de maruja-ficción, dijo en su día que «el coronavirus venía del este» y por eso Portugal, que está «un poco más al oeste», tenía mejores estadísticas que nosotros. El virus, para la segunda ola, ha debido darse la vuelta justo en la frontera inter-ibérica, pues la historia se repite. Pero dejemos a nuestra indiosincrásica vicepresidenta y volvamos a lo que dice Molina, que, por razones obvias, es más digno de consideración y, por tanto, de refutación. Por supuesto, los científicos nada dicen sobre esta cuestión. Son los datos los que hablan (¡gritan!), sin que se haya identificado ninguna vulnerabilidad natural asociada a ellos. Si uno recorre la frontera portuguesa va encontrando dos «vulnerabilidades» muy distintas a un lado y otro, a veces con escasos kilómetros de distancia. Y eso únicamente apunta a la gestión política.

Poco después afirma: «Una generación entera tiene en suspenso su porvenir porque no se sabe si podrán seguir abiertas las escuelas». Tengo que volver a leer esta frase para creerla. España tiene un 43´9% de paro juvenil, lo que casi triplica la media europea, 17,6% (y nonoplica la de Alemania: 5´8%), ¿y un porvenir tan romo va a depender ahora de unos meses con las escuelas cerradas? ¿Qué vale un título en España?, ¿qué porvenir garantiza? Más radicalmente aún: ¿qué se enseña en nuestras escuelas? No sé cuántos artículos he leído al autor denunciando la destrucción de la enseñanza en nuestro país. Así en 2013 denunciaba en RTVE que «Lo que ocurre en España con la Educación es una vergüenza». Y en un artículo de algunos años antes había señalado claramente el origen: «Las leyes educativas de este Régimen, que se revisten de una bochornosa capa progresista, suministrada por el interés o la ceguera de los sindicatos, y la llamativa complicidad de la denominada “Izquierda Unida”, son el atentado más dañino contra el saber y la instrucción pública que se ha perpetrado en España desde el triunfo del franquismo». Si hay algo seguro es que, en 2020, todo es mucho peor. Los jóvenes están a merced de un adoctrinamiento sin más adobo que el de la prístina ignorancia. La presión para que abran las escuelas en estos tiempos pandémicos no proviene —con las debidas excepciones— del afán por aprender o por labrar un porvenir, sino únicamente para que cumpla su sobrevenida función de guardería. Sin esto, y sin el título que ya casi garantiza la ministra Celaá con la matrícula, las escuelas no habrían abierto.

El segundo párrafo se abre con una afirmación contundente y acertada: son razones de tipo político las que provocan que el virus mate más en nuestro país. No puedo estar más de acuerdo. Y se enumeran algunas causas (incompetencia, corrupción, clientelismo, privatizaciones…). Todas ellas pueden achacarse a los principales partidos, si bien la privatización suele cargarse exclusivamente en el debe del PP (por cierto, ¿seguro que no puede haber privatizaciones justificadas en el bien común?). Y añade: «Un logro tan necesario como el ingreso mínimo vital queda empantanado por la indigencia de una administración desbordada». Es un logro de este gobierno, claro está. Ahora bien, el arte de la política es el arte de lo posible: proponer una medida que no se puede cumplir, no es un logro sino, en todo caso, la expresión de un ideal. También es un indiscutible logro que todos los españoles tengan una aceptable cultura o un nivel de renta como el suizo. Pero eso no se consigue a despecho de lo real, con un decreto o una declaración pública. Nos guste o no, entre el 1 y el 3, siempre está el 2. Y no entro, para no cansar, en algunos problemas que el «logro» ha supuesto, en el peor momento, para los sectores más desfavorecidos.

Casi a continuación habla «de dirigentes políticos que prometen el paraíso de la independencia o la igualdad». Quizás me pase de suspicaz, pero colocar al mismo nivel la independencia (por cierto, es mucho mejor hablar de `secesión´ o `segregación´; Cataluña no depende de España sino que es España) que la igualdad, por mucha ironía que haya en ese `paraíso´, a mí me parece desafortunado.

Y, por fin, el primer ejemplo claro de lo que denuncia: «La Comunidad de Madrid tiene el ritmo de contagios más alto del mundo y su pomposo vicepresidente inaugura un dispensador de gel hidroalcohólico en una estación de metro». La primera frase no es cierta ni siquiera para España. Actualmente Navarra supera a Madrid. Seguramente no fue así cuando escribió el artículo, pero esa misma incertidumbre, sabiendo que el texto se publicaría días después, debería haberle llevado a la cautela. Madrid dista mucho de ser un caso aislado en nuestro país. Nueve de las diez regiones europeas con la mayor incidencia acumulada en septiembre se encuentran en España (Navarra, Castilla-La Mancha, La Rioja, Euskadi, Murcia, Aragón…). Únicamente la francesa Provence-Alpes-Côte d’Azur impide un top-ten exclusivamente español al ocupar el décimo lugar. Cualquiera de las regiones de arriba están en condiciones de ponerse a la cabeza en cualquier momento (o Cataluña, que ya lo hizo en diversos momentos de la primera ola). Por otro lado, los demás países del mundo no llevan su contabilidad por comunidades o regiones. En consecuencia, la comparación carece de sentido y da la impresión de estar motivada únicamente por intereses políticos (o sea, que el autor incurre en lo mismo que censura).

Respecto a la anécdota del vicepresidente madrileño es ciertamente ridícula, pero, a diferencia de otras «ocurrencias», es también perfectamente inocua. Compárese con el lema 8M: «el machismo mata más que el coronavirus» (cuando compareció la realidad resultó que, desde mediados de marzo hasta mediados de junio, el día con menos muertos por Covid ha multiplicado varias veces los fallecimientos anuales por violencia de género). O, por limitarnos, a las de recientísima cosecha septembrina y citando de memoria: la solicitud de lunes sin carne, el informe del Ministerio de Igualdad cuestionando aquellas series con actrices de belleza extraordinaria, el Plan para las mascotas de mujeres denunciantes de maltrato (Proyecto Viopet, con generosa dotación económica), la retirada de honores a antiguos franquistas (¡antes de que se mueran!…, si es que queda todavía alguno), la revisión de juicios de hace 80 años o más (como el de Companys, responsable del asesinato de más de 8.000 personas), la solicitud de celebrar cuanto antes un referéndum sobre la monarquía (no olvidemos que ministros del Gobierno actual saludaron el inicio del confinamiento con sendas caceroladas al rey actual), la solicitud para que España pida perdón a las víctimas de los «crímenes colonialistas» con programas de ayuda incluidos, la dizque-ley de Demoria Memocrática, etc., etc. Estamos a diario en el alambre de lo inverosímil, de lo estúpido y de lo tóxico, en comparación con lo cual la idiotez del vicepresidente de Madrid solo puede mover a una sonrisa condescendiente, y no a conferirle la categoría de ejemplo en un artículo que pretende denunciar atentados graves de lesa ciudadanía. No me suscita la menor simpatía el vicepresidente Aguado, ni personal ni política, pero quizás haya mejores ejemplos de «pomposidad» en el Gobierno actual (como el inefable Castells).

Justo a continuación afirma: «Ciento cincuenta científicos de primer rango publican en The Lancet un manifiesto en el que solicitan que las administraciones españolas hagan un examen completo, riguroso e independiente de la gestión de la pandemia en nuestro país». Leyendo esta frase uno pensaría que los científicos se dirigen a algo así como una confederación de naciones sin Gobierno central que las coordine (como la CEI pos-soviética). Pero ese sueño húmedo nacionalista todavía no se ha hecho realidad (si España continúa siendo un país democrático, nunca se hará realidad). Y la normativa establece que es el Gobierno central el responsable sanitario en caso de pandemia, con independencia de las competencias transferidas (de hecho, la OMS informa exclusivamente al Gobierno central y no al de cada una de las autonomías).

La misma idea aparece en la frase que sigue: «El manifiesto aparece a principios de agosto, cuando la curva de contagios ya está ascendiendo: ni una sola institución se hace eco». Habla de «institución», así, a secas. Como si apelara igual al Consejo de Ministros que a una peña del Real Betis Balompié. Obviamente el destinatario exclusivo de la solicitud solo puede ser el único con competencias para llevar a cabo ese «examen completo, riguroso e independiente»: el Gobierno de España. Escuchen al doctor Pedro Cavadas, uno de los pocos científicos que se han atrevido a ejercer la responsabilidad derivada de su condición de experto, y atiendan a quién se dirige: a Sánchez, a Simón y, por decirlo a la manera almodovariana, a otros cargos del montón.  

En este mismo párrafo, sobrepasado ya el meridiano del artículo, aparece la primera mención a un miembro del Gobierno: el ministro de Sanidad. Hasta ese instante, para hablar de las dos pandemias, no le ha hecho falta dirigirse en ningún momento al Gobierno o a alguno de sus ministros.

El siguiente párrafo se inicia denunciando cómo la clase política «se ha convertido en un obstáculo no ya para la convivencia civilizada, sino para la sostenibilidad misma del país, para la supervivencia de las instituciones y las normas de la democracia». Ya se sabe que donde todos son culpables no le es nadie. En ningún momento, el autor hace el menor esfuerzo por individualizar la culpa o identificar responsabilidades, trámite bastante necesario para proponer luego remedios. Y ello a pesar de que un partido, Podemos, se ha propuesto precisamente como objetivo la división, la legitimación de la violencia con fines políticos (sus fines políticos, claro), la alianza con quienes declaran abiertamente que su intención es «romper el país» y la permanente invención del enemigo, según las más elementales consignas populistas. Nada de eso anima al autor a recogerlo en su escrito.

Y más adelante: «Por perjudicar al adversario son capaces de sabotear lo que sería beneficioso para la mayoría.» ¿De verdad piensa Muñoz Molina que esto ha de predicarse igual de todos? Entender el escenario actual como una suerte de pelea de gallitos sorprende, también, por la falta de finesse. En realidad, perjudican al adversario porque, al carecer de un programa constructivo para el país, es la única forma que tienen de llegar al poder y de mantenerse después. Y esto no solo se aplica a Podemos sino también al partido sanchista (no le llamaremos ahora PSOE por respeto a su pasado), que ha comprendido perfectamente que solo puede gobernar uniéndose a la morralla filoetarra, peronista, racista, etnomaníaca y golpista. No encuentro ninguna justificación racional para que no haya ni una sola referencia a esto en el artículo. Por supuesto, eso no legitima a la derecha que padecemos, es cierto, pero son dos niveles completamente distintos. Una cosa es vampirizar del Estado y otra intentar destruirlo (o, como mínimo, ponerlo en peligro).

Continúa con una alusión crítica al Gobierno actual: «Ya nadie se acuerda, pero hace un año tuvimos que repetir elecciones, porque los partidos más favorecidos por la ciudadanía en las elecciones anteriores de abril fueron incapaces de llegar a un pacto de gobierno, lo cual nos obligó a una larga interinidad de la que solo empezábamos a salir, de manera vacilante, cuando irrumpió la pandemia y nos puso delante sin excusa todas las fragilidades que llevan muchos años arrastrándose por la incuria y la incapacidad de la clase política».

Ahora bien:

  1. No se hace ninguna mención concreta a personas ni partidos, como si fuera un acontecimiento impersonal.
  2. No es cierta la expresión «los partidos más favorecidos por la ciudadanía», pues en las elecciones de abril de 2019 tanto PP como Ciudadanos superaron ampliamente a Podemos (y VOX obtuvo casi el mismo número de votos).
  3. Se abunda en la impersonalidad e indefinición: son fragilidades que llevamos muchos años arrastrando. Se deja así abierta la opción para que cada uno complete, a su gusto, bien con Rajoy, Aznar, González, ZP… ¡o con el Mismísimo Franco!
  4. Afirma también que el coronavirus nos ha sorprendido cuando empezábamos a salir de la interinidad. Y es cierto que la toma de posesión de Sánchez como presidente fue dos meses antes (enero). Pero también lo es que esta interinidad ha sido el intervalo más tranquilo que hemos tenido en el último año y medio. La investidura elevó significativamente el nivel de sobresaltos. Sin ánimo de (imposible) exhaustividad: Ábalos y Delcy; las purgas de Marlaska; Dolores Delgado como Fiscal General del Estado; prostitución de niñas tuteladas por el Consell de Mallorca y la consecuente negativa de Podemos-PSOE a cualquier investigación; los nombramientos de Irene Montero, racializados y sui degéneris; el increíble affaire en la embajada de Méjico en Bolivia; las siempre penúltimas concesiones a los nacionalismos, etc., etc., etc.

Inicia Molina el penúltimo párrafo exponiendo que pensó que la realidad brutal de la pandemia obligaría a los partidos al entendimiento. A la hora de explicar por qué no ha ocurrido eso, arma, ahora sí, el dedo acusador: «Pero yo recuerdo que en los días más oscuros la derecha española daba tanto miedo en su saña destructiva como el coronavirus, y se confabulaba perfectamente con esa otra derecha integrista que a algunos les parece de izquierdas tan solo porque se declara antiespañola: a quienes más se parecen ahora los independentistas catalanes en su insolidaridad y en sus ganas de gresca y de aprovechamiento del desastre es a los patriotas españolistas que malgobiernan la Comunidad de Madrid». Según el «santo» de Elvira Lindo (así lo llama ella en sus tintos de vegano), la derecha daba entonces tanto miedo como el coronavirus (no es necesario señalar el paralelismo —en énfasis y realidad— con el mantra «el machismo mata tanto o más que el coronavirus»). En un país donde golpistas, terroristas y racistas gobiernan o están en las instituciones; donde se amenaza y escracha a jueces; donde la kale borroka se considera un medio legítimo de lucha política; donde se agrede a representantes políticos por un dar un mitin; donde centenares de crímenes terroristas siguen sin aclarar; donde, con total impunidad, se cortan carreteras, calles y se zambulle a una ciudad en el caos; lo que da miedo es… la derecha. Ahora bien, con los resultados electorales en la mano, una de dos: o Muñoz Molina debe analizar ese miedo (y mirar si acaso no fuera personalísima fobia) o hemos entrado en un escenario de guerra civil. Tertium non datur.

Pero aún va más lejos: añade que esa derecha está «confabulada perfectamente» con los independentistas (ya saben, secesionistas) catalanes. Puesto que no da la impresión de que estos últimos deseen un cambio de gobierno, sería estupendo que nos aclarara cuáles son los objetivos últimos de esa confabulación perfecta. Debo reconocer que mi inteligencia no es capaz ni de adivinarlos. Por lo demás, la comparación entre golpistas xenófobos y los patriotas españolistas del Gobierno de Madrid es sencillamente una difamación; bastante «ligera» e inverosímil, por cierto. ¿Se aporta alguna prueba de que estos patriotas hayan promovido algún tipo de violencia, desobediencia a la ley, supremacía, desigualdad o expresado su deseo de hacer extranjeros a quienes no piensan o no tienen apellidos como ellos? Una vez más se escamotean los puntos de apoyo para lo que se afirma. Todo adquiere, pues, un carácter a priori como en la peor metafísica. Por eso la palabra que describe su análisis, para mí, solo puede ser «fraude intelectual».

En la misma línea la frase que viene a continuación: «A unos y a otros, el daño que puedan hacer al Gobierno central les importa más que el perjuicio de todos». La responsabilidad queda, por fin, acotada: corresponde a la derecha (la madrileña y la catalana). En un momento en que muchos socialistas históricos han abandonado el Titanic gubernamental (que no tiene orquesta, pero que, a cambio, cuenta con egregios representantes de la canción prostata como Pablo Hasel, Valtonic o Ramonsín), Muñoz Molina, con una trayectoria acreditada de crítica al PSOE, hace algo que se parece mucho a salir en su defensa; precisamente del peor PSOE de siempre.

Como el artículo empieza ya a resultar excesivamente panegírico e incluso maniqueo, el autor arria velas y retoma un tímido hilo de crítica gubernamental: «… en el Gobierno mismo, mal avenido y desnortado, los bocazas y los irresponsables entorpecen el trabajo de los que sí saben lo que hacen». Hace tiempo que expuse cómo la bipolaridad del Gobierno resulta muy útil para que las dos familias (no necesariamente en sentido siciliano) que lo constituyen carguen las culpas alternativamente a la otra de lo que no quieren asumir ante su gente. La misión histórica (jajaja) de «parar a la extrema derecha» obliga a seguir gubernamentalmente juntos y eso exige hacer concesiones inevitables a la otra parte, sin asumir nunca que son los «nuestros» los responsables de los dislates. Esta quincallería hemipléjica asombrosamente les funciona, y aún es más asombroso que su eficacia alcance a alguien de la talla de Muñoz Molina. A mí me encantaría preguntarle quién en este Gobierno sabe lo que hace, no en el sentido cínico sino en el de servicio a la ciudadanía. Quizás, por contraste, podría ser Calviño. Pero, ¿quién más? ¡Uno más!

El artículo termina con este párrafo: «No sé, sinceramente, qué podemos hacer los ciudadanos normales, los no contagiados de odio, los que quisiéramos ver la vida política regida por los mismos principios de pragmatismo y concordia por los que casi todo el mundo se guía en la vida diaria. Nos ponemos la mascarilla, guardamos distancias, salimos poco, nos lavamos las manos, hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos. Si no hacemos algo más esta gente va a hundirnos a todos». En primer lugar, no comparto el victivismo que aureola a esta coda: estos políticos están ahí porque les hemos votado. Pero, sobre todo, no comparto la mención, de nuevo sin definir, a «esta gente» que «va a hundirnos a todos» (bueno, quizás él, que vive bastantes meses al año en Lisboa y tiene ingresos asegurados —como articulista de El País, para empezar— es posible que se hunda menos que cualquier otro ciudadano normal). Al repasar los ejemplos y adjetivos descalificativos de este artículo, parece justificado concluir que esta gente que hunde es mayormente la derecha madrileña, por lo que una regla de acción posible sería: «Hay que echar a Ayuso». Y casi lo mismo valdría para la oposición en su conjunto, que tiene la osadía de oponerse al desmantelamiento del Estado que no cesa.

No encuentro, por desgracia, ningún asidero para creer que la expresión «esta gente» incluya a aquellos que indultan a golpistas, pactan con (filo)etarras, pretenden cargarse la independencia del Poder Judicial, y a la única institución que la defiende (la monarquía), fomentan (o permiten) la desigualdad entre regiones, patrimonializan los bienes públicos, desembarcan sin pudor en los medios, siembran la discordia, imponen o apoyan la inmersión lingüística obligatoria, sacan a pasear a Franco cada vez que conviene, aumentan la crispación entre españoles para quedar impunes, vetan investigaciones parlamentarias por asuntos gravísimos (como las niñas prostituidas de Mallorca, el caso Delcy o los hechos ocurridos en la embajada de México), instrumentalizan las instituciones, confunden interesadamente Gobierno y Estado, destituyen a cualquier cargo público que no se pliega a sus intereses partidistas, despilfarran en subvenciones clientelares, envuelven a todo el país en una espiral peronista de la que no se vislumbra el fondo ni el final, y un interminable etcétera.

Vayamos terminando. El 19 de marzo de 2019 la Vanguardia publicaba una entrevista a Muñoz Molina en Barcelona. En ella, nuestro autor decía «Hay un prestigio de la acción y la inmediatez que me parece exagerado. En el taoísmo hay un concepto muy interesante que es el “no hacer” ¡porque el no hacer es una cosa activa!». No sé si la Cataluña actual es el mejor escenario para reivindicar el no hacer; quizás tenga su importancia la posición social, el nivel de ingresos, vivir fuera o el origen de tus apellidos (al menos de los dos primeros). Pero tengo que darle la razón, de manera parcial, en que es preferible no hacer nada a escribir artículos que contribuyen a prolongar la hegemonía de los mismos principios teóricos y práxicos que nos han llevado en volandas à la merde.

PD: No creo que haga falta, pero por si acaso. Defiendo y defenderé con todas mis energías que Muñoz Molina escriba lo que quiera… con las mismas energías que mi derecho a criticarlo.

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¿ESCUELAS SEGURAS O ESQUELAS SEGURAS?

I. ¿Qué sabemos del Covid19?

Sobre todo, dos cosas:

-1) Que es altamente contagioso, muy especialmente en espacios cerrados: el riesgo de contagio del coronavirus es 19 veces más alto que al aire libre. De ahí la normativa que prohíbe las reuniones de 10 personas (y en algunos países incluso menos: en el Reino Unido solamente 6).

-2) Que los niños y adolescentes son los que más contagian, principalmente porque pueden llevar durante semanas el virus en su organismo sin presentar síntomas.

En un principio se pensó que los niños (especialmente los más pequeños) contagiaban menos, pero varios estudios científicos han determinado justo lo contrario. Así, por ejemplo, el equipo dirigido por Laura Battisti y Pirous Fateh-Moghadam en la provincia de Trento, determinó que las personas menores de 15 años transmitieron de manera más eficiente la enfermedad, con 22.4% más contagios que la población entre las edades de 30 a 49 años.

De acuerdo con estas dos premisas, no hay peor idea que reunir a niños y adolescentes por decenas en espacios cerrados.
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Criterios para determinar la peligrosidad de una actividad:

Del análisis de los expertos cabe extraer seis parámetros para evaluar la peligrosidad de una práctica:
1. ¿Dónde se realiza? (al aire libre / en interior con buena ventilación / en interior con mala ventilación)
2. ¿Cómo se realiza? (en silencio / hablando en voz baja / hablando en voz alta)
3. ¿Con cuántas personas se realiza? (pocos / hasta 10 / más de 10)
4. ¿A qué distancia? (más de dos metros / entre 1 y 2 metros / menos de un metro)
5. ¿Durante cuánto tiempo se realiza? (poco tiempo / mucho tiempo)
6. ¿Con qué medios de protección se realiza? (aquí hay una amplia gradación dependiendo de varios factores: uso de mamparas, control de temperatura, gel, mascarilla…).

La enseñanza tal como está establecida para este curso arroja unos datos difícilmente empeorables: en 5 de esos parámetros se encuentra en el extremo más peligroso (en el parámetro 5, por ejemplo, el alumno está cinco horas en el colegio de Primaria y seis horas y media en el Instituto de Secundaria). Únicamente en el parámetro 6 estamos en una situación intermedia: sin mamparas, pero sí con gel y mascarillas… al menos mientras los alumnos se decidan a usarlos y no a jugar con ellos. Vamos a verlo con más detalle en el apartado II. ______________________________________________________________

II. El contexto español

En nuestro país concurren además circunstancias que agravan la situación de reunir bajo techo a muchos jóvenes:

-1) Prácticamente no se ha producido una disminución de la ratio.

  • a) Se suele señalar como excepción la Comunidad Valenciana. Y, en efecto, es la que ha hecho un esfuerzo mayor en la contratación de docentes: cuatro mil. Ahora bien, una vez repartidos por los dos mil centros educativos de la comunidad, arroja una media de dos profesores por centro, lo que solo puede tener una incidencia muy modesta a efectos de rebaja del número de alumnos por clase.
  • b) La comparación con Italia resulta elocuente: ellos han contratado 84.000 docentes, nosotros no llegamos a 25.000.
  • c) Un equipo de expertos de la Universidad de Granada realizó el pasado junio un estudio matemático que concluía que meter a 20 niños en un aula suponía un total de 808 contactos cruzados en dos días y 15.000 contactos en tres días. Como la inmensa mayoría de las aulas de este país supera la media de los 25 alumnos (e incluso la treintena), el ritmo de contagio será aún más alto que el descrito.
  • d) Desde el inicio de curso, los profesores están subiendo a las redes sociales fotografías de sus aulas en las que puede comprobarse que no hay siquiera un metro de distancia entre pupitres (contraviniendo así la distancia interpersonal de seguridad de al menos 1,5 metros, recogida en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio). En algunas ocasiones, los alumnos comparten además mesa (distancia cero).
  • e) En la ESO y bachillerato la situación es aún peor, pues, debido a la optatividad de asignaturas, los alumnos cambian de aula con bastante frecuencia, incrementando así las posibilidades de contagio.

-2) La importancia —ignorada— de la calidad del aire.

  • a) El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (Cogiti) advierte de que «una mala calidad del aire, como la de los centros educativos, puede ser decisiva en la propagación del coronavirus», y pide que intervengan expertos en calidad de aire en la elaboración de los planes de cada centro.
  • b) Cogiti citaba un estudio de la Universidad de Sevilla publicado en abril de 2020 (Calidad del aire en las escuelas andaluzas) establece que sólo el 17% de los casos estudiados cumplían con los valores de concentración de CO2 recomendados por la OMS. Por lo que se recomendaba «la implementación de sistemas de ventilación mecánica controlada según recogen tanto la reglamentación actual para edificios nuevos, como las normas de ergonomía ambiental desarrolladas en Europa». En la misma línea, la Organización Médica Colegial (OMC) considera necesario «realizar una evaluación de las condiciones reales de nuestros centros de enseñanza en lo referente a la calidad de su aire interior y su influencia en el riesgo de transmisión entre personas por vía aérea del Covid-19».
  • c) Nada de eso se ha producido en ninguna comunidad. Y muchos docentes no dudan en describir sus aulas como auténticos zulos.

-3) Todas las decisiones se han delegado a los propios centros educativos. Han sido los docentes los responsables de tomar decisiones y establecer protocolos acerca de una cuestión tan trascendental de salud pública de la que lo ignoran todo. Se trata de un disparate peligroso que solo puede entenderse como un intento ilícito de esquivar responsabilidades, en primer lugar, ante posibles contagios, pero también ante el previsible enfado de padres (bien por adoptar fórmulas de enseñanza no presencial o por lo contrario). Los docentes no tendrían que haber aceptado jamás esta responsabilidad. La secuencia hot potato ha sido esta: el ministerio delega en las comunidades autónomas; las comunidades autónomas en los equipos directivos y estos en el claustro. En algún centro circulan formularios —para profesores y/o para familias— que se parecen muchísimo a un consentimiento informado. El papel de la Administración andaluza se ha limitado a nombrar a un docente como coordinador Covid (que, como es natural, nada sabe de coronavirus ni pandemias) y a un enfermero de referencia. En todos los casos que conozco, este enfermero no ha aparecido por el centro, nunca ha cogido el teléfono ni ha devuelto la llamada.

-4) España es el país con peores cifras de contagio, tanto en la primera ola como en la segunda. Los estudios señalan que la seguridad de la reapertura de los colegios está más vinculada al éxito en el control epidemiológico del entorno que en las acciones preventivas que puedan implantar los centros. En buena lógica, pues, España debería haber sido el país que adoptara las medidas más radicales y claras. Sin embargo, lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario: las decisiones adoptadas no son sino apaños de ultimísima hora (a finales de agosto o, en algún caso, comienzos de septiembre), poco concretas y sin apenas inversión pública. La falta de liderazgo del Ministerio es evidente y la respuesta de las consejerías autonómicas ha ido en la misma línea marinera.

-5) Dinamarca es un país que ha hecho los deberes con mucha solvencia. Su ministra de Educación, Pernille Rosenkrantz-Theil, le dijo al Gobierno que «las medidas de seguridad eran ‘no negociables’ y que todo debía estar preparado antes de reabrir». Y continuaba con esta advertencia: «La lección es no reabrir antes de que el virus esté controlado. Cuando las cifras van a la baja, la reapertura puede comenzar. Entonces, se debe escuchar a las personas que tienen que hacer el trabajo y ayudarlas a hacerlo. La cooperación es clave». Una vez más, aquí se ha hecho justo lo contrario de lo que ha demostrado funcionar: se abren los colegios cuando las cifras de contagio están en subida libre y sin consultar a los docentes.

-6) En nuestro país se ha cultivado un modelo educativo basado en —por así decir— la «espontaneidad» y el repudio a la disciplina (en el doble sentido de la palabra). Pensar que el alumno ahora va a tener un comportamiento responsable y ajustado a norma, que centenares —en muchos centros, miles— de adolescentes, con un sentimiento de normatividad más bien endeble (por decirlo de manera amable), van a cumplir durante 10 meses los protocolos de seguridad nos conduce más que a los dominios de lo real a los de donde pasta el unicornio. Mucho más indiciario de la realidad juvenil son las denominadas «fiestas del Covid», donde los jóvenes tosen en los vasos para contagiar a los demás, el partido de fútbol organizado entre infectados y negativos, o aquellos, deslumbrados por el nuevo poder de intimidación sobrevenido, que hablan muy cerca de la cara de policías que han osado recriminarles cualquier conducta (y hablamos de policías, no de docentes, cuya autoridad para el alumno no alcanza el rasante de sombra de humo).

-7) Resulta muy instructivo darse una vuelta, poco antes del inicio de la jornada o poco después de su finalización, por los alrededores de un centro educativo: pandillas de jóvenes interactúan desenmascarillados, no ya sin respetar el espacio de seguridad sino en estrecho contacto físico entre ellos. El mensaje de que esta enfermedad afecta solo a los «viejos» tampoco ayuda. Ni el sistemático ocultamiento de las imágenes más duras de la pandemia, cuya difusión hubiera hecho más fácil la toma de conciencia.

-8) No resulta difícil anticipar que va a ser un curso con muchas bajas docentes (ya se ha percibido un incremento significativo en las prejubilaciones). La consigna compartida es no ir al centro educativo al menor síntoma. Y el miedo es libre y liebre. El resultado será más hacinamiento y descontrol.

-9) Llama mucho la atención el contraste con las medidas que se adoptan en otros ámbitos. Algunos ejemplos extraídos de la función pública:

  • a) No hay institución más esencial en una democracia que el Parlamento, pues allí se encuentran los representantes legítimos del pueblo. Y su tarea nunca es más necesaria que en momentos como los actuales, en los que se discuten y se toman decisiones cuyas consecuencias van a marcar los próximos años o quizás décadas. La norma establece, sin embargo, que solo puedan asistir la mitad de los diputados, un 50% de reducción de ratio nada menos. Pero aún un parlamento con el 100% de asistencia sería mucho más seguro que centros educativos que concentran en menos espacio a la población potencialmente más contagiosa.
  • b) Otro pilar insoslayable de la democracia es el Poder Judicial, que tiene como atributos esenciales la transparencia y la publicidad. Pero aquí de nuevo se produce un recorte que ni siquiera se cuantifica: se concede al juez la potestad de determinar a quién se le permite la entrada en la sala de vistas.
  • c) Para entregar un simple papel en cualquier oficina de registro de la Administración (que suele llevar menos de un minuto) se requiere cita previa, enorme mampara interpuesto e ingreso individualizadísimo. Lo mismo cumple para cualquier trámite en consejería o delegaciones, que han pasado los lugares urbanos con menos personas por metro cuadrado.
  • d) Muchas piscinas municipales están cerradas (a veces con la excusa de obras de mejora); y para usar instalaciones deportivas se establece un horario restringido, cita previa y DNI de los participantes, incluso para deportes de tan escaso nivel de contacto como el tenis.

-10) El uso constante de mascarilla en clase, por otro lado, provocará una calidad de enseñanza muy baja por las siguientes razones:

  • a) nos escucharemos muy poco y muy mal (ni siquiera se ha dotado a los centros de un micrófono para que la voz del docente llegue con cierta claridad al final de la clase).
  • b) se incrementarán los casos de faringitis e infecciones de garganta (al estar continuamente respirando el agente patógeno tras la mascarilla).
  • c) toda la dinámica de aula será extremadamente artificial (con movimientos controlados y sin que los alumnos puedan salir a la pizarra).
  • d) aumentarán exponencialmente las posibilidades de sabotear la clase: ¿cuántos ruidos anónimos pueden hacer los alumnos amantes de la disrupción amparados en la máscara?

III. ¿Y cuáles son las razones para, a pesar de lo anterior, defender la presencialidad?

1. La enseñanza presencial es lo primero. Desde la Consejería se deja bien claro: «Deseamos que la enseñanza sea presencial porque la educación tiene que ser prioritaria». Ahora bien, ¿prioritaria respecto a qué? La ministra ahonda en la misma línea: «merece la pena el riesgo». Pero un riesgo puede merecer la pena cuando lo asume uno mismo y no se hace asumirlo a otro (y el riesgo del que estamos hablando puede significar la pérdida de la vida o importantes secuelas). En ese sentido no deja de resultar significativo que consejero y ministra se hayan prodigado únicamente en reuniones telemáticas y reconozcan no haber visitado ni un solo centro educativo. No resulta nada anecdótico que, por primera vez, el consejero andaluz diera por inaugurado el curso en una comparecencia virtual, en lugar de asistir a un colegio en compañía del presidente andaluz, como era la costumbre.

2. Los jóvenes ya están de botellona, de fiesta, de discoteca, etc.; por tanto, no van a estar en peor situación en los centros educativos.

  • En primer lugar, son actividades, en efecto, con alto índice de contagio… y que están prohibidas. Por tanto, el principio de acción correcto es establecer controles más eficaces y no extender la permisividad. En cualquier caso, estas observaciones obvian un detalle que se nos antoja relevante: en el centro educativo hay adultos involuntariamente implicados (los docentes y PAS). Teachers lives matter.
  • La misma perspectiva de «invisibilidad profesional» y de pivotaje exclusivo sobre los alumnos la hallamos no solo en los políticos («los niños estarán más seguros en el colegio que en la calle», Imbroda de nuevo), sino también en expertos médicos, como la vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría (AEP), Inmaculada Calvo, a la que le parece absurdo que los padres no tengan miedo cuando sus hijos están sin mascarilla en la playa o piscina y sí lo tengan a la hora de llevarlos al colegio. Ella aboga por «no tener más tiempo a los niños encerrados porque al final aparecerán otras enfermedades derivadas de esto». La respuesta es obvia: 1) Cualquier actividad al aire libre —playa, piscina— es mucho menos peligrosa que en el aula (vid supra); 2) No tiene sentido plantear como única alternativa a estar encerrados la asistencia al colegio (que tampoco tiene como función servir de «terapia ocupacional» o afines); 3) La vida de los profesores (también) importan.
  • El desprestigio que se ha hecho recaer sobre la función docente en los últimos años ha sido extenso e intenso, así que no hay demasiados motivos para extrañarse de que su salud no cuente socialmente. Sin embargo, es claro el incumplimiento del artículo 25 de la Ley de Riesgos Laborales 31/1995, que dice así:

«Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa, ponerse en situación de peligro

  • El Covid19 afecta a todos, pero especialmente a adultos de cierta edad. No es exagerado afirmar que ahora mismo, y como vimos al principio, no existe actividad laboral más expuesta al coronavirus que la de dar clase a decenas de adolescentes en un espacio cerrado (téngase en cuenta además que la enfermedad será tanto más grave cuando mayor sea la carga viral a la que uno se expone). Ni siquiera se han instalado mamparas de separación. Tomar la temperatura es una solución a todas luces insuficiente, pues la inmensa mayoría de los alumnos son asintomáticos («propagadores silenciosos» los califican los investigadores de los hospitales de Massachussetts, que han determinado la mayor carga viral de los niños y el papel decisivo que juegan en la propagación del Covid19; véase la revista virtual Redacción Médica, 20/08/2020: https://www.redaccionmedica.com/secciones/pediatria/covid-ninos-propagadores-silenciosos–9701).
  • El hecho de que el docente mire por su salud (y/o por la de su familia) ya ha sido calificado por cargos públicos como «insolidario y egoísta», y se nos compara negativamente con enfermeros y médicos. Ahora bien:

a. El personal sanitario trabaja con EPIS, es decir, con equipos fiables de protección individual. En la mayoría de los centros docentes, el profesor solo cuenta con mascarillas y gel (cuestión aparte es la negligencia, presuntamente de naturaleza penal, de los poderes públicos a la hora de suministrar protección a los sanitarios; pero eso ha de ser una actuación a erradicar —con condena judicial— y no a exportar a otros colectivos).

b. Son profesiones distintas: los sanitarios tratan con enfermedades, nosotros no. Y las consecuencias también son distintas: los alumnos no se mueren si no van al colegio.

c. Asumir un riesgo de salud solo puede ser una opción libre, individual, intransferible, o sea, no exigible profesionalmente. Desde nuestra perspectiva, es absurdo e inaceptable aceptar este riesgo cuando existen alternativas viables, cuando ha habido tiempo de sobra para haberlas implementado y cuando la razón para no hacerlo estriba únicamente en se prioriza otro tipo de gastos e intereses.

3) Los niños tienen que ir al centro para que los padres puedan ir a trabajar. Este argumento expresa de manera meridiana una triste realidad: los centros educativos se han convertido, de facto, en guarderías. Sin embargo, su función no es esa sino ser el espacio propio de la transmisión de conocimiento (eso es lo que hace a la escuela la institución social más valiosa). Esto no significa que no deba darse respuesta social a la problemática que plantea el cierre (parcial o total) de los colegios, sino que no es tarea que corresponda asumir a los centros educativos.

4) Los jóvenes necesitan socializar. En gran medida, vale lo expresado en el anterior apartado. Por otro lado, conviene reivindicar intempestivamente la diferencia entre la realidad y el deseo. Un niño necesita hacer ejercicio físico, pero si ha sufrido un politraumatismo severo es mejor (es menos malo) que guarde reposo. No se trata de elegir lo ideal (siguiendo el más inane wishful thinking) sino la opción más razonable de las posibles.

5) La enseñanza telemática aumenta la brecha escolar. Nuestro sistema educativo es profundamente clasista (dejamos para otro momento la fundamentación de este aserto). Acabar con la desigualdad estructural en la escuela supone analizar cabalmente las causas que la provocan, como inevitable paso previo para proponer remedios eficaces. Lo que genera la brecha escolar es un mal sistema educativo como el que tenemos. Las dificultades que plantea la enseñanza telemática, si hubiera una enseñanza a la altura de su misión, serían fácilmente salvables con un mínimo de voluntad política.

IV. Qué se puede hacer

  1. La única manera de continuar con la enseñanza presencial es contratando a muchos docentes. Es un esfuerzo económico que no se ha querido hacer (ni se ha planteado siquiera). Hay que reconocer que el desembolso económico hubiera sido enorme en un momento de crisis y, sobre todo, que no es compatible con dispendios como el Estado de las autonomías, la sobreabundancia de cargos políticos, el Gobierno más hipertrofiado de nuestra historia (tanto en ministerios como en altos cargos), la elefantiasis de la Administración, la política de subvenciones (nada menos que 122.000 millones al año), el Senado, etc. Los recursos son finitos y es necesario establecer preferencias. Nuestra clase política, con alguna contada excepción, ni siquiera ha manifestado la menor intención de recortar en las partidas enumeradas arriba. También en esto Italia ha seguido otra senda y votará próximamente en referéndum si reduce en un tercio el número de diputados.
  2. La enseñanza presencial, en condiciones normales, es muy superior a cualquier enseñanza telemática, eso debe quedar claro. Pero en las condiciones actuales, y por las causas que hemos descrito, no es así. Se puede aprender mucho más con medios tecnológicos a distancia (principalmente si existen unas bases educativas firmes) que con el modelo confuso e inseguro por el que se ha optado. Naturalmente esta afirmación requiere la garantía de que todos los alumnos han de tener acceso virtual garantizado. Sin una sola excepción.
  3. La tarea es difícil, en cualquier caso, porque esta pandemia actúa sobre otra pandemia previa: un modelo que minusvalora los contenidos y una concepción formalista de la enseñanza que considera a los centros educativos como un espacio lúdico más próximo a la asistencia social que a la adquisición de conocimientos. La crisis actual, como todas las crisis, puede suponer una oportunidad para tomar conciencia de los lastres y deficiencias de nuestro sistema educativo.
  4. Un centro educativo, ya lo hemos dicho, no ha de tener como tarea la guarda legal de niños y adolescentes. Eso no significa que no se puedan usar sus espacios para tal fin y permitir así a los padres desarrollar su actividad laboral en las mejores condiciones. Se puede usar cualquier otro espacio con las condiciones requeridas: parques, polideportivos, zonas recreativas…, incluso, por qué no, parlamentos, diputaciones, ayuntamientos o patios anejos a dependencias políticas, en los que, a diferencia de los centros educativos, suelen sobrar los metros cuadrados. Por lo demás, la tarea de custodia no puede recaer sobre los docentes, que están para otra cosa. En Alemania se ha contratado a un gran número de jóvenes (ya se sabe, el colectivo al que menos afecta el Covid19) para, en espacios preferentemente abiertos, atender a los menores. Ello permite además que su sueldo sea inferior y públicamente asumible.
  5. La enseñanza propiamente dicha, en la situación actual, ha de ser básicamente telemática. He aquí un esbozo de los aspectos principales:
    1. Establecer un sistema de tutorías individualizadas presenciales, especialmente para guiar a alumnos con problemas de aprendizaje.
    2. La Administración tendría que desarrollar un modelo bien vertebrado y con abundantes recursos virtuales de calidad; ello exigiría contratar a personas competentes para la creación de contenidos (o llegar a acuerdos con editoriales del ramo).
    3. El docente habría de adaptarse a la nueva situación y está obligado a aprovechar los medios que ponga a su disposición la Administración, para empezar aprendiendo cualquier herramienta que pueda resultar útil: grabación de podcasts, edición de vídeos, manejo de aplicaciones internáuticas para interactuar mejor con sus alumnos, etc. No caben excusas.
    4. El alumno debe entender que el esfuerzo es condición ineludible para el éxito educativo y que en ningún caso el inevitable cambio metodológico acarreará una rebaja de contenidos (ya de por sí exiguos).
    5. Los exámenes serían todos presenciales con especiales medidas de seguridad (por ejemplo, fraccionando la clase en distintas aulas).
    6. Resulta desolador constatar los meses que se han perdido sin haber avanzado nada. Es un síntoma más de lo poco que importa la enseñanza en nuestro país. La preocupación de los políticos ha estado más bien en no disgustar a los padres y en hacer como que hacen.
  6. Entre las respuestas peores de los políticos se encuentra, sin duda, la del consejero andaluz. En plena alza de la ola, con aulas escasamente ventiladas y superpobladas, la «solución» del consejero pasa por amenazar a los padres que no quieren llevar a sus hijos al colegio. Por fortuna, empiezan a vislumbrarse en la sociedad civil reacciones prometedoras:
    1. Rafael Budo, director del Instituto Andaluz Para la Prevención del Acoso Escolar, avisa del peligro, anima al absentismo (sus hijos no van al colegio) y recluta a padres-policías para que certifiquen en los centros educativos, no solo en Andalucía sino en toda España, el carácter inadecuado de las medidas sanitarias adoptadas.
    2. Manuela Biedma, por su parte, es abogada y ha ofrecido su despacho de forma totalmente altruista a cualquier padre que sea denunciado por no llevar a sus hijos al colegio.
    3. Save The Children, por su parte, ha pedido una mayor inversión económica para que las medidas sean realmente seguras.
    4. La Plataforma Estatal de Enfermera Escolar ha informado a la Fiscalía de Menores del «grave riesgo» que sufren los niños y jóvenes en los centros educativos. El Foro Español de Pacientes (FEP) se ha sumado a la denuncia.
    5. No deja de ser también expresivo, que la Federación de Fútbol recomiende a los futbolistas dejar a sus niños pequeños en casa para evitar contagios.
  7. A título individual, un docente puede hacer lo siguiente:
    1. En primer lugar, negarse a dar clase en cualquier aula donde no se respete el metro y medio de distancia o concurra cualquier otra circunstancia de inseguridad. Lo mismo si se trata de una guardia.
    2. Entregar por registro las razones de la negativa.
    3. Solicitar la recepción por escrito, debidamente firmada, de cualquier instrucción que pueda suponer un riesgo para la salud. Determinar quién se hace responsable es fundamental en un modelo que se ha diseñado para anublar ese aspecto.
    4. Entregar en cualquier oficina de registro un escrito detallando: a) los peligros a los que se expone en su centro; b) el incumplimiento del precitado artículo 25 de la Ley 31/1995; c) y el consecuente exhorto a que la Administración, primero, enmiende el estado de cosas y, en su caso, asuma la responsabilidad legal ante cualquier contagio en el centro de trabajo.

Carlos Rodríguez Estacio

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