RESPUESTA AL COMUNICADO DE ADIDE

INSPECCIÓN A LA INSPECCIÓN

             La Junta Directiva de ADIDE anda molesta por las críticas que han recibido las últimas actuaciones de inspectores en sus visitas a los centros educativos. Por ello ha decidido publicar una nota de prensa, que está dirigida a la opinión pública en general y, “muy especialmente”, al profesorado. Y he aquí el primer sobresalto, pues los hechos objeto de controversia son bien conocidos (y padecidos) por el estamento docente. ¿Para qué entonces dirigirse a él? De acuerdo con el tono del documento -sobre todo, el último párrafo-, la interpretación más plausible no tiene nada que ver con intenciones comunicativas o dialógicas sino estrictamente conminatorias. Lo analizamos infra.Who watches...

ADIDE manifiesta que sus actuaciones “se ajustan a los criterios y procedimientos descritos en el Plan de Actuación de la Inspección de Educación”. En realidad, las voces críticas que se han alzado contra la inspección dan esto por supuesto: nadie piensa que los inspectores actúen por propia iniciativa, ojalá fuera así. El cuestionamiento es más profundo y afecta al propio modelo. Si hay un grado mayor de ánimo réprobo hacia los inspectores es únicamente porque constituyen el eslabón de la cadena que está en contacto directo con el docente.

A continuación, el comunicado nos habla de la necesidad de analizar los resultados de manera “colectiva y colaborativa” entre todos los sectores implicados. Salvo en el estilo, no podemos estar más de acuerdo. El problema es que esa reflexión “colectiva y colaborativa” tiene fijadas de antemano las conclusiones. La Consejería impone, como en el chiste del borracho, buscar las llaves donde hay más luz (para ella) y los inspectores afanosamente velan y desvelan para que los profesores escudriñen sólo bajo las faldas homologadas (por la AGAEVE, por ejemplo). Pero siempre hay docentes que aman su profesión o sencillamente el trabajo bien hecho, y se resisten: quieren decir la verdad, vaya por Dios. Tal como ese testigo, en época de caudillo, que fue llamado a declarar en el proceso contra Julián Marías. Comoquiera que sus palabras eran de inconveniente encomio hacia el acusado, el juez le recriminó: “Oiga, le recuerdo que usted ha sido llamado como testigo de cargo”, a lo que contestó con inocente arrojo: “Ah, yo creía que se me había llamado para decir la verdad”. Algo así le pasa al docente de hoy que no ha renunciado a serlo de manera cabal. “Oiga, le recuerdo que usted está aquí para mejorar los rendimientos escolares”. “Ah, yo creía que estaba aquí para enseñar y decir la verdad sobre los aprendizajes alcanzados”. Pues eso.

Pero hoy en día está feo censurar a alguien por sus ideas o por la praxis derivada de ella (la libertad de cátedra, no se olvide, es derecho constitucional). Los métodos de `normalización´ han de ser más sutiles. Uno de ellos aparece en el documento de los inspectores: la abrumadora burocracia que recae sobre el profesorado que presenta el peor de los síndromes: suspender al que no sabe.

Volvamos inmediadamente a las palabras de los inspectores: “La solicitud de informes al profesorado y a los Centros en ningún caso constituye una medida de presión como se ha manifestado por algún colectivo sindical y ha sido recogido en distintos medios de comunicación, sino que forma parte del trabajo habitual de la Inspección de Educación”. Que forme parte del trabajo habitual, eso es seguro; que no suponga una medida de presión, evidentemente no. ¿Qué conexión oculta puede haber, si no, entre resultados académicos y solicitudes como la realización de un inventario del departamento o las instrucciones prolijísimas acerca de cómo rellenar el libro de actas (por parte, además, de quienes rarísima vez dan una instrucción por escrito)?, ¿de dónde sacar tiempo para realizar programaciones de aula (con 20 horas lectivas) o para los interminables seguimientos individualizados? Tal ánimo de exhaustividad documental nos recuerda a aquel Imperio borgiano donde el mapa coincidía exactamente con su geografía física. No serían suficientes las 37´5 horas semanales, ni el doble, para dar cumplida cuenta a estas pesadillas oficinescas; porque, en realidad, no se ordenan para que se lleven a cabo sino que su finalidad es bien otra: servir de viagra curricular para que el profesor empine sus notas. Por eso, y he aquí lo verdaderamente revelador, sólo se prescriben al profesor que suspende.

Continúa el comunicado: “Es un ejercicio saludable que, como funcionarios públicos, expliquemos a los principales usuarios de los centros educativos, a las familias y a la sociedad en general, la razón de ser de los resultados escolares que obtenemos, sobre todo si éstos se desvían, de forma evidente, de las medias local, provincial y regional (e incluso de las de los centros con un índice socioeconómico similar)”. Sin duda, es ejercicio saludable (al igual que repasar las normas de la Real Academia de la Lengua sobre la tilde diacrítica). Lo negativo es pretender el monopolio de las explicaciones y exigir luego, además, unanimidad a fortiori. El profesorado también es funcionario público, precisamente el único que está en contacto directo con los alumnos. Quizás tenga algo interesante que decir al respecto de dónde se hallan las causas de los malos resultados.

Lo de las medias estadísticas se ha constituido en una suerte de furor, muy a tono con el `amor censual´ que por las cumbres torretrianeras gusta de se practicar. También es de sobras conocido cuál es el tremendo liguero para tanta media: el incremento de las cifras del éxito escolar. A tal punto que una de las iniciativas más originales de la inspección ha sido establecer en los centros “porcentajes de conformidad”. Lo explicamos: el profesor cuyo porcentaje de suspensos se desvíe un 15% de la media del resto de asignaturas (incluyendo la religión y las marías laicas) deberá tomársele declaración. Por tanto, se decreta que todos los centros han de estar en la misma media, como si los evaluados en vez de sujetos fueran  melones (vaya, acaso debimos elegir otro ejemplo). A nosotros, hemos de reconocer, que más que el tema de los tantos por ciento nos preocupa el de los tontos por cientos que el sistema fabrica sin desmayo (“borriquitos con chándal”, según la sagaz y condensada fórmula de Sánchez Ferlosio), pero, claro, nosotros somos simples profesores de a pie y no esclarecidos inspectores o expertos en evaluación. Ahora bien, en esta gran epifenomenía del igualitarismo mediano (y del peritaje según el mismo ras cero) sobrevive y cómo la regla de que unos sigan siendo “más iguales” que otros: los centros han de estar en la media según el índice socioeconómico (ISC) que les corresponde. Una declaración así, que supone el reconocimiento de que los más pobres deben aprender menos, en otra época más despejada de hipnotismos pedagógicos, hubiera constituido un escándalo mayor de clasismo; sin embargo, pasa ahora por el non plus ultra de enseñanza democrática. Vivir para ver (y para aprobar).

Extraordinariamente significativo (aunque nada sorprendente) es que, en ningún momento, el documento se refiera a la mejora de los conocimientos (o competencias) sino únicamente de los resultados. Y uno comprende que el político desee siempre el mejor escaparate, estadísticas recién peinaditas y bien perfumadas, pero precisamente la razón de ser de los “funcionarios públicos” es, en gran medida, servir de freno a estas pretensiones pro doma sua, ya que tienen la obligación legal de actuar según criterios exclusivamente técnicos al servicio del interés general. Esto es justo lo que necesita la educación: labor callada, a largo plazo y en la dirección correcta.

Y, sin rodeos, uno de los problemas más serios de la educación actual es precisamente la pérdida de este horizonte público en la inspección educativa, que funciona cada vez menos según criterios profesionales y cada vez más según la lógica de cargos de libre designación (fidelidad incondicional al que manda), por tanto sensible a directrices que van más allá (o más acá) de su estricto cometido profesional. Aquí está el núcleo de la queja del profesorado: la percepción del inspector como una avanzadilla del dominio ilegítimo que sobre la enseñanza anhelan los dirigentes políticos. Atendamos a lo que dice sobre esta cuestión un inspector jubilado hace poco, José Luis Luceño: «El gobierno andaluz ha multiplicado por tres el número de inspectores educativos en la última década a base de inflar la nómina con profesores en comisión de servicio, afines al partido, que han ingresado en el cuerpo por cooptación. Y después de triplicar su número, los ha enterrado en papeles y burocracia inútil a la vez que vaciaba de contenido sus funciones, delegando cuestiones tan importantes como la evaluación en una administración paralela».

Y claro que visitan “muchas aulas”, pero únicamente las de aquellos docentes que suspenden más de lo “reglamentario” (a veces, por cierto, poniéndolos en evidencia delante de sus propios alumnos). ¿Por qué se concede, en cambio, inmediata presunción de buenadocencia al que aprueba mucho o todo? Puesto que el docente que suspende, a fin de cuentas envía a sus alumnos el mensaje de que deben estudiar más, ¿no debería la inspección centrarse más bien en el club de los que aprueban al por mayor cuyos alumnos, sin embargo, naufragan del todo en el piélago de la ignorancia?, ¿quién hace más daño a la sociedad? Un médico que te prescribe muchas pruebas puede resultar enojoso pero es, sin duda, preferible al que te da el alta cuando estás gravemente enfermo.

Una breve digresión ahora para detenernos en un síndrome transversal a profesiones, países y culturas: quien ofrece un acatamiento acrítico y pasivo a las directrices de arriba actúa luego de manera despótica con los de abajo. Y esto se observa especialmente bien en los “mandos medios”: inspectores y directores. Por eso es tan interesante que no se tomen como ofensas personales las críticas y juicios desfavorables a su labor, e incluso que valoren en ellos una oportunidad de salir de la lógica de la opresión (bien hacia arriba o hacia abajo). Les puede ayudar mucho en esta tarea autodesmitificadora y profiláctica contra el sentimiento de sentirse importantes tener presente que en un sistema educativo tan envidiadísimo como el de Finlandia, ¡no existen inspectores! (por el contrario, no tenemos todavía noticias de un sistema educativo sin profesores; quizás en la próxima modernización cejijunta).

Y nos acercamos al final. Se dice que un escrito ha de tener un colofón contundente. El de ADIDE lo tiene, aunque de manera heterodoxa. Dice exactamente así: “Por ello, denunciamos por cobardes, inapropiadas, injustas y demagógicas las descalificaciones genéricas que de la actuación de la Inspección de Educación de Andalucía se hacen desde estas organizaciones y que, en algunos casos, podrían ser constitutivas de delito por lo que esta Asociación, si procediera, emprenderá las acciones legales oportunas”.

La acusación es, en primer lugar, paradójica, pues acusan de cobardes a quienes no se menciona (“algún colectivo sindical”, se indica laxamente). ¿No hubiera sido más valiente dar nombres concretos? Tampoco se citan sus posibles delitos (¿de qué “descalificaciones genéricas” se trata?), nada menos que susceptibles de pena de cárcel. En esto son imitadores, seguramente involuntarios, del gran Gila y su método infalible para cazar a Jack el Destripador: “aquí hay alguien que se mete mucho con los inspectores, ¿eh?…”. Todo el documento gira, pues, en torno a una cuestión de fe. El comunicado no puede ser, por tanto, más vacío para la opinión pública. Para el profesorado es diferente: una suerte de advertencia general, en esa línea tan hispánica del cuidadito-con-nosotros y el usted-no-sabe-con-quién-está-hablando. O sea, el tono de quien está acostumbrado a mandar y a que le obedezcan. De esta manera prodigiosa el comunicado viene a confirmar exactamente lo mismo que pretendía desmentir.

Terminamos con un poco de humor, que suele ser buen antídoto cuando la prosopopeya impera. Un europeo pregunta a un profesor andaluz: “¿Qué tal la educación en Andalucía?” y este le responde: “Pues… no nos podemos quejar”. Y el otro: “Ah, entonces, ¿la educación andaluza goza de buena salud?”. “No, no, es que no nos podemos quejar.”

La Directiva ADIDE reconocía al principio como destinatarios de su nota a la opinión pública y al profesorado. Ante la primera, declara dulzonamente que los docentes no se pueden quejar; a los segundos, les requiere amenazante: ¡no os podéis quejar! Por ello quizás vaya siendo hora de recuperar la vieja sabiduría libertaria: las libertades ni se suplican ni se exigen, sencillamente se toman.

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Sobre las pruebas de diagnóstico

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La palabra objetividad  deriva de `objeto´ y expresa el ideal propio de la ciencia: un conocimiento que concuerde con lo que el objeto realmente es; por tanto, con la mínima intervención de elementos subjetivos (deseos, intereses, prejuicios, gustos…). Se trata, sin duda, de una aspiración muy difícil, especialmente cuando el objeto de investigación recae sobre sujetos humanos. En estos casos, el rigor científico articula procedimientos como los ensayos a doble ciego (en los que ni investigadores ni individuos sometidos a estudios conocen quién pertenece al grupo de control o al grupo experimental) e incluso a triple ciego (ni siquiera el estadístico que interpreta los resultados conoce qué intervención se ha hecho). La reciente condena a Ortega Cano ha traído a la actualidad el concepto de cadena de custodia de la prueba, que recoge todos los requisitos que ha de cumplir una evidencia para que se considere judicialmente relevante.

Todas estas cautelas metodológicas son inherentes a cualquier saber riguroso. Lo que asombra en el caso de las pruebas de diagnóstico no es que se trate de un propósito fallido, sino que más bien parece una senda que ni siquiera se ha intentado.

En el siguiente enlace se encuentra un artículo del presidente de trescatorce planteando estas y otras cuestiones fraudulentas al respecto de las pruebas de diagnóstico:

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Insfección educativa

Vivimos muy malos tiempos en la docencia. El listado de razones que avalan un aserto de esta naturaleza sería interminable: bajadas de sueldo, subidas de jornada laboral, de ratios, descuentos en nómina por enfermedad, sistema educativo malhadado, pedagogismo sectario e indocto, etc. 3

Pero quizás el frente más indocente, el que desmiente de manera más cumplida nuestra profesión, es el acoso que recibimos por parte de la inspección educativa, que ha olvidado su tradicional función de asesorar y supervisar, y se ha entregado con pasión a una labor fiscalizadora con vuelo inquisitorial. La menor sospecha de desafección a la Administración actual pone en marcha una poderosa maquinaria represiva.

Nos ocupamos ahora del expediente abierto a tres docentes del CEIP Gloria Fuertes de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) por razones banales (como es fácil de imaginar, las verdaderas razones son otras). He aquí un enlace a la solicitud dirigida a la Consejera de Educación y al Delegado de Sevilla donde se explican brevemente los hechos: https://docs.google.com/forms/d/1qgKm4CzD0bC5_0rQ5ENiOlv54dTfRrSIs_33mR7VV68/viewform?sid=14ed50187254fa1a&token=9vk1fz0BAAA.Nh8_mEZSVlI8bhawuJ-_rw.AxMX_S7prXFuQgOqevhX5A

A diferencia de otros casos, en esta ocasión ha existido reacción del profesorado. Se convocó una Asamblea en el CEIP Clara Campoamor de Bormujos  a la que acudieron unas cien personas. Y se han recogido más de seiscientas adhesiones de profesionales de la enseñanza.

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Disrupteca escolar

El viernes 26 de abril se produjo un caso más de eso que la Consejería no duda en calificar como “hecho aislado”, confirmando una y otra vez su vocación de Isla de des-hechos.

Un padre insultó y agredió a una profesora, la cual presentó correspondiente denuncia en la Policía.grosz4

Como muy bien saben en la Consejería, todos estos asuntos vienen nimbados de secretismo, pues Instituto que denuncia es muy probable que, involuntariamente, ponga en marcha una dinámica marginalizante (los padres de alumnos más motivados académicamente siempre preferirán los centros no asociados a la conflictividad). Diremos, pues, únicamente que tocó en localidad sevillana recientemente significada en la pedagogía contemporánea por el milagro de la transustanciación de suspensos en aprobados.

Una reflexión última: no deja de resultar curioso cómo Consejería tan pródiga en lenguajes no sexistas y perspectivas de género, posibilita como by product una situación tremendamente discriminatoria hacia la mujer, blanco predilecto de las acometidas de los elementos más agrestes de la comunidad escolar, a los que no se les ha hecho ver con firmeza que la institución escolar se rige por la fuerza de la razón y jamás por la razón de la fuerza.

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Local Academia de Policía

Qué preocupación cuando la lógica del sistema emerge tal cual a la superficie: las multas como lo que básicamente son: una manera espuria de recaudar dinero de la muy castigada ciudadanía.

En la foto pixelada (en cara y galones), un policía local hace la señal de la victoria mientras el otro sonríe ante el fajo de multas con retirada de grúa municipal, que le supondrán un pingüe complemento salarial.

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En este país choricete y conformado, una manera de poner coto a este tipo de prácticas abusivas sería la separación de “joderes”: por un lado, el que impone la multa; por otro, el que se beneficia de ella.

 

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Noticia en la prensa sobre el affaire del IES Vicente Aleixandre

El diario El Mundo se hace eco de la sentencia que condena a la Administración por el caso Vicente Aleixandre.

Aquí enlace a la noticia: Varapalo

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Cronología de hechos en el affaire IES Vicente Aleixandre

eleazar-la-libertad-guiando-al-pueblo3CRONOLOGÍA DE HECHOS

 El IES Vicente Aleixandre de Sevilla se caracteriza por el excelente nivel académico, la ausencia de conflictividad y una demanda elevada de matriculación. Al mismo tiempo, por su desapego a la burocracia estéril y a la pedagogía insensata impuesta por la Administración. Obviamente no son dos características aisladas sino doble expresión de un mismo compromiso con la enseñanza.

Como consecuencia, ha recibido frecuentemente trato discriminatorio por parte de la Administración, deseoso de que tan peligroso modelo (Instituto ejemplar por razón de distanciamiento de los dogmas pedagógicos al uso) no siguiera cundiendo ejemplo.

Y la delegación parece hallar el momento oportuno para “intervenir” a final del curso 2006/07. Exponemos a  continuación una sucinta cronología de hechos.

1. El director del Instituto presenta su dimisión el 12 de abril de 2007 por problemas de salud.

2. Ante esta situación un equipo de profesores con destino definitivo en el centro decide postularse para dirigir el Instituto en el curso 2007/08. Dicho equipo está encabezado por Javier Manresa, con quince años de experiencia como director, once de los cuales han sido desempeñados en el mismo centro con el reconocimiento generalizado de todos. Al resto del equipo le avala asimismo prestigio profesional, una dilatada experiencia en cargos directivos y una prolongada trayectoria docente en el Instituto. Es el caso de Pedro Ruiz Morcillo, personalidad de reconocido prestigio en educación, como acreditan sus reconocidos artículos o que fuera invitado a comparecer en el Parlamento andaluz para informar sobre la situación de la educación en Andalucía. Todos ellos cuentan con el respaldo unánime de la comunidad educativa.

3. El inspector nos informa, sin embargo, de que el Delegado ha decidido que continúe el director con problemas de salud, pues es política de la Administración apostar por la continuidad de los equipos directivos. Precisamente el destinatario de este mensaje era el director “más continuo” de toda la historia del Vicente Aleixandre (el director enfermo, sin embargo, estaba en su segundo año como director).

4. Los padres solicitan entrevistarse con el inspector y con el delegado para hacerles llegar la conveniencia de que acepten el nombramiento de este equipo. Ambas peticiones son denegadas. Los padres no entienden por qué una medida en la que todos están a favor es vetada por la Administración.

5. El claustro de profesores y el consejo escolar envían sendos escritos a la delegación instando al relevo y describiendo las consecuencias negativas de continuar con el mismo director en las condiciones en que se halla. No reciben ningún tipo de respuesta. El jefe de estudios del equipo directivo se ofrece para dirigir el centro, pero es una opción que también se rechaza.

6. El viernes 29 de junio el director confirma la imposibilidad de que la delegación acepte su dimisión y, en consecuencia, se ve obligado a ratificar a los cargos directivos. Sin embargo, el 5 de julio, cuando el profesorado ya ha iniciado sus vacaciones, la delegación acepta la “renuncia motivada” del director (presentada 4 meses antes). La inspección, no obstante, comunica a los cargos su obligación de permanecer en funciones hasta nueva orden.

7. El día 16 de julio, ante la ausencia total de noticias, el equipo directivo en funciones envía un fax al Delegado, otro al Inspector, y uno más a Planificación, para requerirles aclaración sobre la situación del Centro, y sobre la manera como piensan solucionar dicho asunto. Es imposible organizar el curso siguiente si no se conoce qué profesorado va a estar afectado de reducción lectiva por ocupación de cargo directivo.

8. El inspector comunica al jefe de estudios en funciones ese mismo día que ha hecho lo humanamente posible para satisfacer las demandas del Claustro y el Consejo Escolar, pero que el delegado se ha negado tajantemente y manifiesta estar buscando a un nuevo director entre aspirantes ajenos a nuestro centro. Sin dar ninguna explicación. Se le pregunta asimismo el rumor llegado hasta sus oídos de que el delegado está buscando equipo directivo completo de fuera, pero el inspector manifiesta no saber nada al respecto, ya que “el delegado ha decidido tomar personalmente las riendas del asunto”.

9. El 18 de julio se presenta en el Instituto, José Manuel González al que le habían ofrecido la tarde anterior la posibilidad de dirigir este Instituto. Allí el jefe de estudios en funciones le informa de que la comunidad educativa tiene una candidatura completa que va a quedar “desalojada” con su nombramiento.

10. José Manuel González tiene su destino en Paterna del Campo (Huelva), donde ejerce precisamente el cargo de director. Este Instituto queda, pues, a partir de esa fecha sin dirección.

11. Son aspectos no aclarados los siguientes:

  • Qué competencias posee un delegado de Sevilla sobre profesores de Huelva.
  • Cómo permite el delegado de Huelva que un Instituto de su provincia se quede sin dirección en mitad del verano.
  • Qué razones avalan el cese de director en Paterna del Campo, pues no parece posible acogerse a ninguno de los supuestos legales estipulados.

12. El 20 de julio toma posesión el nuevo director en el IES Vicente Aleixandre. Trae consigo a un jefe de estudios y a un secretario, también con destinos en Paterna del Campo.

13. Todos los nombramientos son ilegales, contraviniendo aspectos básicos de la LOE y del Decreto de la propia Junta de Andalucía. Nos remitimos al anexo 1: “Recurso de alzada” sobre este particular.

14. La Consejería de Educación también interviene en el asunto, dictando el 26 de junio, a través de la Dirección General de Ordenación Educativa, unas Instrucciones sobre elección de directores que vulneran principios básicos en Derecho Administrativo. Véase anexo 2: “Sobre las instrucciones ad hoc”.

15. Todos los cargos cesantes en el IES Vicente Aleixandre, a pesar de haber estado desempeñando sus funciones durante el mes de julio, son cesados con fecha 30 de junio.

16. El nuevo equipo se incorpora con una dotación de horas de reducción que excede en mucho la legal. A pesar de tratarse de un centro pequeño (15 unidades), el director viene con 0 horas de clase, el jefe de estudios cuenta con 6 horas y el secretario 6 horas igualmente. O sea, el equipo directivo sólo imparte 12 horas de clase. Entre los tres casi doblan (42 horas) las reducciones del equipo anterior que estaba constituido por 4 cargos (24 horas). De esta manera se incrementa el gasto público más allá de lo normativo y de lo justificable. Si estos sobresueldos -así hay que entender estas reducciones graciosas de horas de clase- ocurren en un nivel administrativo tan bajo, da grima pensar qué puede ocurrir en otras esferas más encumbradas.

17. El profesorado que se incorpora no responde a las necesidades de la plantilla. El jefe de estudios pertenece a la especialidad de Filosofía (en cuyo departamento incluso faltan horas), y el secretario, al de Tecnología, donde ocurre lo mismo. Ello provoca que no se incorpore el profesor de la especialidad necesaria (Biología) y un “deslizamiento” que tiene como resultado que muchos profesores impartan asignaturas diferentes a las de su especialidad.

18. Durante las primeras reuniones se manifiesta una tensión entre el nuevo equipo directivo y el claustro de profesores, que compromete el buen funcionamiento del Instituto: la situación generada por la delegación provincial hace imposible centrarse en los aspectos docentes y organizativos.

19. El claustro decide reaccionar ante la imposición no legal ni justificada, convocando reuniones, de donde nacen varios escritos dirigidos a la Administración. También un recurso de alzada que, ante la sistemática falta de respuesta, se termina convirtiendo en un recurso administrativo firmado por la casi totalidad de profesores con destino definitivo en el centro.

20. A pesar de que la Administración no responde, el 18 de septiembre decide que jefe de estudios y secretario vuelvan a sus centros de destino.

21. El director, ante la situación creada, decide dimitir de su cargo, y así lo comunica en claustro el miércoles 19 de septiembre. Su dimisión la presenta con carácter incondicional, “aunque me abran expediente”.  El día siguiente lo pasa entero en la delegación, al parecer entrevistándose con el inspector y el delegado. Es digno de reseñar que estos días el centro funcionaba sin cargos directivos, lo cual constituye una grave irresponsabilidad propiciada por la Administración.

22. El viernes 21-S el director comunica al claustro que decide continuar en el cargo, ya que el delegado no acepta su dimisión. Pero que, como consecuencia del enfrentamiento con el claustro, va a pedirse una baja.

-El director no volverá ya más a poner un pie en el Instituto. Un año entero de baja (cobrando su sueldo íntegro), al término de la cual fue nombrado inspector interino.

23. El director redacta un documento en el que denuncia haber sido llamado “esbirro, tonto y comisario político”. De esta manera concede a la Administración la posibilidad de represaliar al profesorado disidente por insultos a un superior, algo que está especialmente penado en Derecho Administrativo.

24. A las 8.30 del día siguiente (lunes, 24-S) se presenta el inspector para realizar un interrogatorio a tres profesores del claustro y tomarles declaración en las diligencias previas a expediente disciplinario grave. Le acompaña una administrativa para transcribir cada una de las palabras pronunciadas. A estos tres docentes no se les muestra previamente el informe del director.

25. Entretanto, el Instituto se encuentra sin ningún cargo directivo activo (el único que la Administración reconoce como tal, está de baja). Por ello el profesorado convoca esa misma tarde una reunión en la que decide:

a) Solidarizarse al 100% con las expresiones y/o actuaciones de los tres encausados;

b) Elaborar un escrito de respuesta por la desinformación sistemática y cobarde del informe del director;

c) Proponer a los tres profesores encausados para los cargos pendientes: vicedirector, jefe de estudios y secretario.

26. Al director no le queda otra que nombrar como cargos directivos a los mismos tres profesores que ha denunciado en su informe para que los expedienten.

27. Dicho equipo directivo recibe el apoyo unánime de toda la comunidad educativa.

28. La delegación, no obstante, no da el visto bueno al nombramiento hasta el miércoles 26, a pesar de que no contaba con ninguna alternativa. Durante este tiempo, de viernes a miércoles, el Instituto ha estado sin cargos directivos, generando la Administración, de manera tan gratuita como arbitraria, una situación gravísima e incompatible con la mínima responsabilidad. Dice mucho del Instituto que durante esos días reinara el orden y el buen funcionamiento. Y dice mucho de la Administración su resistencia a aceptar una solución que contaba con el apoyo al cien por cien de todos los sectores de la comunidad educativa.

29. El Instituto funcionó ejemplarmente durante ese curso, a pesar de que sólo estuvieron tres de los cuatro cargos directivos, por la baja del director que se prolongó hasta fin de curso. Estos tres cargos, además, contaban con las reducciones fijadas por la ley y no las generosísimas que había ofrecido la Delegación al equipo de fuera.

30. Las consecuencias negativas de la manera de actuar de la Administración llegaron a muchos ámbitos, por ejemplo:

  • Los nuevos nombramientos exigieron rehacer todos los horarios y que prácticamente todos los grupos cambiasen de profesorado (empezaron el curso con unos profesores y ahora se les asignaba otros).
  • El delegado decidió además que tenía que caerse un profesor de cupo, de nuevo sin explicaciones y con el curso comenzado. Eso obligó lógicamente a estrechar aún más las posibilidades de encaje horario.

31. De las diligencias informativas, la Delegación decide incoar expediente por falta disciplinaria grave a D. Pedro Ruiz Morcillo, reconocido articulista crítico con la política educativa de la Administración. En él, de nuevo, se vulneraron todas las garantías procesales, pues nunca quedó claro de qué se le acusaba ni tampoco tuvo conocimiento del informe del director que había motivado la incoación. El 15 de noviembre a este profesor le llega comunicación del delegado informándole de que dispone de 10 días para realizar alegaciones contra la inminente resolución de su falta disciplinaria. Pero la resolución fue cualquier cosa menos inminente. Sólo muchos meses después se archivó, por cierto, sin serle comunicada tal decisión al afectado. En consecuencia, la Administración decidió que el jefe de estudios del centro (cargo que poseía Pedro Ruiz Morcillo) estuviera todo el curso con la amenaza de suspensión de empleo y sueldo sobre su cabeza.

32. El procedimiento judicial ha venido marcado por los sucesivos aplazamientos, en los que la Administración ha llegado a alegar que los cargos de jefe de estudios y secretario nunca estuvieron en el Instituto.

33. Finalmente, el 30 de enero de 2013 el Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Sevilla sentencia contra la Consejería de Educación, a la que condena el pago en costas. Nos extendemos sobre este tema en el anexo 3: “Sobre la sentencia”.

34. A pesar de las conclusiones categóricas y muy duras del juez, la Consejería ha decidido recurrir la sentencia.

 

Enlaces:

SENTENCIA

Recurso Alzada

Comentarios a la sentencia: http://wp.me/pXFCO-19

Nota de prensa: https://trescatorce15926.wordpress.comhttp://wp.me/pXFCO-19/2013/04/07/un-instituto-derrota-judicialmente-a-la-delegacion/

 

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